LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN COSTA RICA, ENFOCADA EN LOS CASOS DE BLANQUEO DE DINERO EN COSTA RICA ^*

Fernando Lara Gamboa**

Resumen:

El objetivo del artículo es realizar un estudio de la figura de la extinción de dominio, existente y propuesta, en la República de Costa Rica, siendo un tema que ha generado un gran debate, ya que por algunos se visualiza como una herramienta para luchar contra conductas delictivas, entre las que se encuentra el blanqueo de dinero, y para otros representa un peligro en cuanto a la violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada. Se analiza la normativa aplicable, los sujetos, las autoridades competentes, las características, los proyectos de ley archivados, y la propuesta que fue objeto de consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional de Costa Rica y podría llegar a ser ley de la República.

Palabras clave:

Comiso, decomiso, incautación, propiedad privada, dominio, extinción del dominio, confiscación, depósito judicial, pena, consecuencia civil, blanqueo de dinero, crimen organizado.

Abstract:

The objective of this article is to carry out a study of the figure of the extinction of ownership, existing and proposed in the Republic of Costa Rica. This topic has generated significant debate, since for some it has been seen as a tool to fight against criminal conduct, among which is money laundering, and for others it represents a danger in terms of the violation of the rights to due process and private property. It analyzes the applicable regulations, involved parties, the competent authorities, the characteristics, the legislative bills, and the legislative proposal that was subject to a consultation of constitutionality in the Constitutional Court of Costa Rica, which could become a law of the Republic.

Keywords:

Forfeiture, seizure, private property, ownership, asset forfeiture, confiscation, judicial deposit, penalty, civil consequence, money laundry, racketeering, conspiracy.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La extinción de dominio. 3. Tipificación del delito de blanqueo de dinero en Costa Rica. 4. El tratamiento de los capitales emergentes en Costa Rica. 4.1. El comiso en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 4.2. Extinción de dominio en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 4.3. Simplicidad procedimental del proceso para la extinción de dominio. 4.4. Las normas aplicables por los Tribunales Contencioso-Administrativos. 5. Cuestionamientos de constitucionalidad a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica. 5.1. El derecho a no ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley (artículo 28 de la Constitución Política). 5.2. Derecho al debido proceso (artículo 39 de la Constitución Política). 5.3. Derecho a la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política). 5.4. Principio de especialidad de la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 49 de la Constitución Política). 6. De la creación de una Ley Especial de Extinción de Dominio a la inclusión de tres artículos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 6.1. La malograda Ley Especial de Extinción de Dominio. 6.2. Cambio de estrategia. Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2013, con la intención de modificar el proceso existente en la Ley Contra la Delincuencia Organizada número 8754 del 24 de julio de 2009, y hacer una ley independiente para regular lo relativo a la posibilidad de la pérdida del patrimonio del incremento de capital sin causa lícita aparente, el Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley número 18964, novedoso en su momento, para permitir la extinción de dominio en la legislación costarricense. Posteriormente en el año 2015 el diputado Antonio Álvarez, en su condición de diputado presenta el proyecto número 19571, buscando el mismo objetivo.

En la exposición de motivos de este último proyecto se afirma que:

La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por el ordenamiento jurídico en contra de personas tanto físicas o jurídicas que han incorporado a su patrimonio bienes o derechos originados en actividades ilícitas y criminales o destinados a ellas. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso e inclusive necesario para combatir el crimen organizado y la corrupción, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos, derechos y bienes, que integran la riqueza derivada de la actividad ilícita o criminal. Es una respuesta eficaz, eficiente, proporcional, razonable y necesaria ante la realidad social del enriquecimiento ilícito de redes criminales.^{^[1]}

Pese a que el proyecto estaba dirigido a que, en la extinción de dominio, no se juzgara a las personas por hechos delictivos, sino que se investigara el origen de los bienes o los derechos corporales o incorporales, o el destino que se les esté dando, es decir enfocándose en contra de los bienes y no contra la persona, ya que, el delincuente muchas veces no puede ser juzgado debido al derecho de abstención de declarar en contra de sí mismo o de parientes cercanos. Esto provocó una gran división de los juristas, ya que unos apoyaban la iniciativa y otros no.

Para efectos del presente artículo se tendrá como definición de extinción de dominio la existente en el proyecto de ley número 19571, que dice:

La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de pérdida de los bienes originados o destinados de actividades ilícitas o delictivas, el cual va en contravención del ordenamiento jurídico interno. Dicha pérdida se resolverá por medio de sentencia en firme con base en el debido proceso, y se declarará la titularidad a favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado.^{^[2]}

Gran cantidad de los defensores de la iniciativa se han basado en que la “Extinción de Domino” es una herramienta esencial para combatir el blanqueo de dinero, el cual ha venido evolucionando de la mano con el internet y las tecnologías de la información.

La evolución del internet ha sido exponencialmente más rápida que la radio, o la televisión, y no sólo ha servido para promover el desarrollo y la conectividad, sino que también ha permitido facilitar el ocultamiento de dinero o bienes obtenidos al margen de la ley (dinero sucio).

Las criptomonedas, las transferencias internacionales de dinero, las transferencias rápidas, entre otras transacciones modernas, permiten que, contrario a lo que sucedía hace aproximadamente cuarenta años, en donde el dinero proveniente de delitos se guardaba en un colchón en efectivo, hoy se pueda sacar del país o esconder en múltiples cuentas bancarias anónimas, tipo telaraña, en minutos, lo que hace muy difícil seguir el rastro del dinero, y sus dueños.

Al igual que en España, y otros países iberoamericanos, a finales de los años 80´s empezó una carrera por la regulación y expansión a otras actividades del delito de blanqueo de dinero, de forma positivista^{^[3]}, y Costa Rica no ha sido la excepción ya que la primera legislación al respecto se crea en el año 1988.

Este artículo pretende examinar la figura de “Extinción de Dominio”, propuesta mediante los distintos proyectos de ley en Costa Rica, los cuales aún no se han aprobado, así como la regulación y debido proceso que se ha venido utilizando para decomisar los bienes producto del blanqueo de dinero.

2. LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

Para efectos del presente artículo se tendrá como punto de partida la definición anteriormente mencionada, la cual menciona que:

En el mismo sentido, el Profesor Cárdenas Chinchilla dice que:

La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. … Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistente en: la pérdida del Derecho de Dominio a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.^{^[5]}

La sentencia N.º C-459/11 de la Corte Constitucional de la República de Colombia declaró sobre la definición de la extinción de dominio lo siguiente:

La extinción del dominio ha sido definida por esta Corporación como una institución autónoma, constitucional, de carácter patrimonial, que permite al Estado mediante un proceso judicial que no es de carácter penal, rodeado de todas las garantías procesales, desvirtuar el derecho de propiedad de quien dice ostentarlo, debido a que nunca lo ha adquirido en razón del origen ilegítimo y espurio de su adquisición. La extinción implica que los bienes objeto de la misma pasen a ser propiedad del Estado, quien en virtud de la decisión judicial, no debe pagar indemnización o retribución alguna por el bien que recibe. Es una restricción legítima de la propiedad.

Ahora bien, con respecto a la figura del comiso, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “comiso” es un sinónimo de “decomiso”, de hecho, bajo esa palabra se remite directamente a la palabra “decomiso”, la cual se define como: “Pena de perdimiento de la cosa, en que incurre el que comercia en géneros prohibidos”^{^[6]}.

En España el comiso y el decomiso, son sinónimos, ya que, el cambio de comiso a decomiso viene de un cambio legal que se realizó en el año 2015^{^[7]}.Sin embargo, en Costa Rica son dos figuras distintas. Considerando que, en Costa Rica, la:

… acepción comiso implica una sentencia jurisdiccional firme que acarrea la pérdida definitiva de los efectos y vehículos de un delito. Por ello el decomiso es diferente toda vez que significa incautación o secuestro provisional de cualquier bien relacionado con un delito. …

Por ende, entendemos al comiso como aquel secuestro definitivo de los vehículos y productos de un hecho punible. Su fundamento es una obligación legal (Obligatio Ex Lege) que debería aplicarse mediante una sentencia jurisdiccional debidamente fundamentada…

Otra diferencia entre el decomiso y el comiso, es que en cuanto al primero el mismo se decreta sobre cualquier bien relacionado con el delito, sin que medie comprobación de su relación con la comisión del delito al momento del decomiso. Contrario a ello, en cuanto al comiso la debida fundamentación es requisito para que proceda el comiso.

De lo dicho anteriormente se puede concluir que la mayor diferencia entre una y otra figura es el carácter definitivo del comiso frente al carácter provisional del otro.^{^[8]}

Debido a la similitud de la definición general, algunos doctrinarios le llaman a la “extinción de dominio” como “decomiso sin condena”, debido a la ausencia de una condena en contra del titular de los bienes.

Según la profesora Silvia del Saz:

En términos generales, el comiso puede definirse como la pena o sanción accesoria en virtud de la cual el infractor pierde la titularidad de los objetos que han sido utilizados o constituyen el objeto del delito o la infracción.

Al igual que en el ordenamiento penal en el cual el decomiso o comiso se presenta como una pena accesoria preceptiva [toda pena que se impusiere por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provinieren y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado. Los unos y los otros serán decomisados (…) En efecto, no es extraño encontrar que el comiso establecido en la legislación administrativa se limite en muchos casos a decretar el comiso de los géneros objeto de la infracción, o los medios que hayan servido para llevarlo a cabo, o incluso, en materia de contrabando, los medios de transporte utilizados para cometer la infracción, pero sin afectar a los beneficios ilícitos obtenidos o derivados directamente de la infracción, de los que la Administración se resarce incorporándolos a la multa principal.^{^[9]}

Es importante tener claro las diferencias entre la extinción de dominio y otras figuras como la confiscación, el decomiso, los bienes abandonados y la expropiación^{^[10]}:

DIFERENCIAS
FIGURA	EXTINCION DE DOMINIO	CONFISCA-CIÓN	DECOMISO	BIENES ABANDONA-DOS	EXPROPIACIÓN
OBJETO	Pérdida de los derechos de propiedad sobre un bien.	Pérdida total del patrimonio del culpable como sanción al delito cometido. (Prohibida constitucional-mente).	Privación parcial de los bienes, decretada por la autoridad judicial a favor del Estado, aplicada como sanción a una infracción por la comisión de un delito.	Pérdida del derecho de propiedad sobre una cosa, mediante la desposesión de esta.	Bienes que resulten causa de utilidad pública para realizar obras de interés general o beneficio social.
SUJETOS AFECTADOS	El dueño del bien o quien se ostente o comporte como tal.	Persona en contra de quien se determine la responsabili-dad en la comisión del delito.	La persona contra de quien se ordene el decomiso.	El que pretende dejar de ser propietario del bien.	Los propietarios de los bienes.
BIENES AFECTADOS	· Instrumento objeto o producto del hecho ilícito. · Bienes utilizados para ocultar o mezclar bienes productos del delito. · Bienes utilizados para la comisión de delitos por un tercero.	La totalidad del patrimonio del sujeto en contra de quien se determinará dicha sanción.	Pueden ser objetos, instrumentos o productos de un delito.	Los bienes que adquieren el carácter de abandonados o mostrencos.	No son instrumento, objeto o producto de actividades delictivas.
INDEMNIZACIÓN	No hay contraprestación ni retribución alguna.	No procede.	No procede.	No procede.	Existe indemnización.
PROCEDIMIENTO O NATURALEZA	De carácter jurisdiccional, autónomo e independiente al procedimiento penal.	Penal.	Se deriva del procedimiento penal como una sanción a una infracción por la comisión de un delito.	Civil.	A través de la declaratoria de expropiación de carácter administrativo.

En resumen, la extinción de dominio no es una expropiación, al no haber contraprestación, siendo la expropiación una compra forzosa en donde se le cancela al expropiado el valor del bien expropiado. Tampoco es confiscación, ya que la confiscación es la pérdida total del patrimonio de un condenado a favor del Estado. Por lo tanto, este último se deja en su totalidad el patrimonio afectado, lo cual es independiente de si proviene o no de un delito. Tampoco es comiso, ya que no es una pena accesoria, sino que es un proceso independiente a los procesos penales.

El proyecto de ley número 19571 de Extinción de Dominio, logró obtener un dictamen afirmativo en comisión y se llegó a discutir en el Plenario Legislativo; sin embargo, no se logró aprobar y se archivó el 14 de mayo de 2023. Paralelamente el 9 de diciembre de 2021 se presentó el proyecto de ley número 22834, “REFORMA A LA LEY 8754 LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”, que en lugar de hacer una ley nueva pretende reformar la ley actual, y establecer un régimen similar al propuesto en el proyecto 19571. Actualmente la ley que dispone el comiso en los casos de blanqueo de dinero es la ley número 8754 “LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”, la cual se explicará de forma más amplia, así como también el proyecto 22834.

3. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN COSTA RICA

A nivel mundial se empezó regulando el delito del blanqueo de dinero, o legitimación de capitales, circunscrito únicamente a los delitos relacionados con el narcotráfico; posteriormente se ampliaron a todo tipo de delitos, se agravaron las penas en algunos casos, como por ejemplo en el caso de los funcionarios públicos, o delitos contra la Administración Pública; se ha venido también reformando las normas imponiendo más años de prisión a este tipo de delitos, como si se estuviera en una competencia en donde la normativa tiene que intentar alcanzar a la tecnología y nuevas formas de delincuencia. Sin embargo, en lugar de evitar el blanqueo de dinero ilegal, las leyes al final solamente pueden sancionar a aquellos que finalmente terminan siendo sometidos al debido proceso jurisdiccional, y hay muchos que nunca llegan ahí.

Mediante la ley número 7093, “LEY DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS”, del 22 de abril de 1988, se regula por primera vez en Costa Rica, el delito de Legitimación de Capitales, imponiendo así en su artículo número 15 una pena de prisión de “ocho a quince años a quien realice cualquier acto o contrato, real o simulado, de adquisición, posesión, transferencia o disposición de bienes, tendente a ocultar o a encubrir el origen de recursos económicos obtenidos por medio del tráfico ilícito de drogas o de delitos relacionados con esa actividad, independientemente del lugar en donde el acto ilícito se haya cometido. Cuando el hecho se hubiere cometido en el extranjero, su comisión podrá acreditarse por cualquier medio.”^{^[11]}

Posteriormente esa ley amplía su ámbito de aplicación extendiéndolo a un número mayor de delitos, que se incluyen en la misma ley, y luego en mayo de 1991 se aumenta la pena de prisión de 8 a 20 años^{^[12]}, cita en el:

Artículo 17.-Se impondrá prisión de ocho a veinte años a quien interviniera en cualquier tipo de contrato, ya sea real o simulado, de enajenación, de inversión, de pignoración, de cesión, de conversión. de transferencia, de guarda, o de encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, cosas, valores, títulos o bienes provenientes de los hechos delictivos tipificados en esta ley o del beneficio económico obtenido de dichos delitos, siempre que hubiera conocido ese origen y tienda con esas acciones a ocultar o encubrir el origen de los recursos o a eludir las consecuencias jurídicas de ellas, independientemente del lugar donde esos actos ilícitos se hubieran cometido.

El favorecimiento personal del delito establecido en este artículo será sancionado con la pena señalada para el autor. Cuando el tráfico de drogas o los delitos relacionados con esa actividad, aun los referidos a las conductas tipificadas en este artículo, se hayan ejecutado en el extranjero, su respectiva demostración podrá acreditarse por cualquier medio de prueba, siempre que se respeten las garantías establecidas en la legislación nacional y en las convenciones internacionales aceptadas por Costa Rica en protección de los derechos del imputado.

Sin embargo, se requiere que se tenga conocimiento previo del origen, y que se esté tratando de ocultar o encubrir el origen de esos bienes.

Actualmente el blanqueo de dinero se encuentra regulado por dos vías. En primer lugar, por el artículo 69 de la ley 8204, "LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO", con una pena de 8 a 20 años, y de 10 a 20, cuando su finalidad sean actos de terrorismo, tal como se expone en el numeral 69 ibidem;

Artículo 69.- Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años:

a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos.

b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más.

La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas.^{^[13]}

Y en segundo lugar por el artículo 37 de la ley número 9699 "RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS DELITOS” del 10 de junio de 2019, reformado por la ley número 10373 “REFORMAS A LEYES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN PARA ATENDER RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SOBORNO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)", del 20 de setiembre del 2023; la cual impone una pena de uno a ocho años, a “quien oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad a bienes, activos o derechos, a sabiendas de que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que este le brinda.”^{^[14]}

De forma complementaria al delito de blanqueo de dinero, para poder golpear a las organizaciones criminales que lavan dinero, resulta esencial que el Estado pueda apropiarse del capital emergente de origen ilícito, y ahí es en donde adquiere relevancia la figura de la extinción de dominio.

4. EL TRATAMIENTO DE LOS CAPITALES EMERGENTES EN COSTA RICA

Actualmente en Costa Rica, lo relativo al tratamiento de los capitales emergentes (equivalente a los bienes sujetos al blanqueo de dinero), están regulados por la Ley número 8754 “Ley Contra la Delincuencia Organizada”^{^[15]}, del 24 de julio del año 2009, la cual desde su promulgación se ha reformado en cinco oportunidades y en estos momentos hay un proyecto de Ley, número 22834.

Dicha ley regula el decomiso, el comiso, y también prevé una figura muy parecida a la extinción de dominio.

4.1. El comiso en la Ley Contra la Delincuencia Organizada

Conviene mencionar rápidamente la regulación que hace la Ley 8754 sobre el comiso. El artículo 34 de la Ley número 8754 dispone que:

A excepción de lo comisado en aplicación de la Ley N.º 8204, ordenado el comiso de bienes muebles o inmuebles por sentencia judicial o por aplicación del presente artículo, a favor del ICD, este podrá conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la represión del crimen organizado, rematarlos o subastarlos.

Decretado el comiso de vehículos, buques, naves o aeronaves, se extinguirán todas las obligaciones económicas derivadas de la imposición de multas, anotaciones que consten en el Registro Público que se encuentren prescritas y sanciones por infracciones a las normas de tránsito. Asimismo, quedarán exentos del pago del derecho de circulación hasta que se defina su destino, de conformidad con el primer párrafo de este artículo.

Ordenado el comiso de bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquier otra forma de contribución, hasta que se defina su destino, de conformidad con el primer párrafo de este artículo.

Cuando en sentencia se ordene el: comiso y resultara materialmente imposible lograr su recuperación, el tribunal impondrá la obligación pecuniaria equivalente al valor del bien comisado, en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Además, el artículo 54 aclara que “El comiso a que se refiere esta Ley procederá también cuando se apliquen soluciones alternativas al juicio.”

Como ya se dijo anteriormente el comiso es considerado una pena accesoria por lo tanto debe de existir un proceso principal en donde se llegue a condenar al imputado, y como medida accesoria, se le decomisarán los bienes en sentencia firme.

4.2. Extinción de dominio en la Ley Contra la Delincuencia Organizada

Sin embargo, el capítulo IV de la ley dispone lo referente a los capitales emergentes estableciendo un tipo “decomiso sin condena”, muy similar a lo que anteriormente habíamos definido como extinción de dominio.

En este caso el proceso se inicia con una denuncia de la Contraloría General de República^{^[16]}, el Ministerio de Hacienda^{^[17]}, el ICD^{^[18]}, o el Ministerio Público^{^[19]}.

En otros países estos casos son conocidos por los jueces penales, sin embargo, en Costa Rica quien conoce es el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, ante quien se debe de interponer la denuncia. Posiblemente en su momento el legislador estimó que debía ser la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, debido a que el fin de estos procesos es que los bienes pasen a manos del Estado.

La competencia para el conocimiento de estos asuntos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se dispuso, con base en el acuerdo de la Corte Plena en la sesión número 18-10 efectuada el 14 de junio del 2010, en el que la Corte decidió formular una propuesta de reforma legislativa necesaria para articular de una manera congruente la normativa pasando las competencias que la Ley Contra la Delincuencia Organizada le asigna al Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, a la Jurisdicción Penal, mientras tanto se tramita la referida reforma legislativa, en los textos en que en la referida legislación se señala Juzgado Sumario Civil de Hacienda deberá entenderse Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, recayendo ante el Tribunal de Apelaciones de dicha jurisdicción el conocimiento de los recursos de apelación. Procesalmente la Ley Contra la Delincuencia Organizada debe de guardar relación con los artículos 11, 39, 41 y 49 de la Constitución Política^{^[20]}, haciendo necesario que exista la garantía a un debido proceso que garantice a aquellas personas que sean sometidos a enfrentar los efectos de un procedimiento (administrativo) o un proceso (judicial) que le pueda implicar la imposición de medidas sancionatorias, sea en sede administrativa o en la vía jurisdiccional. Dicha garantía se ha venido desarrollando jurisprudencialmente^{^[21]}, los requisitos necesarios para el ejercicio y la observancia de este derecho fundamental.

Por otra parte, la consulta judicial de constitucionalidad que se realizó ante la Sala Constitucional, en el expediente número 11-004831-007-CO sobre el alcance y contenidos de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, fue resuelta mediante el Voto número 2013-007250 de las 09:05 horas del 31 de mayo del 2013, en el que la Sala Constitucional resolvió que los artículos 20, 21 y 22 de la citada normativa NO LESIONAN los artículos 35 y 49 de la Constitución Política^{^[22]}. De tal manera que, en este momento, y hasta tanto se produzca la reforma legislativa que habría instado el Poder Judicial ante la Asamblea Legislativa, el Juzgado Contencioso Administrativo es la autoridad jurisdiccional competente para conocer los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada previstos en los artículos 20, 21 y 22 del citado cuerpo normativo^{^[23]}.

Según el artículo 20, la denuncia, versará sobre el incremento de capital sin causa lícita aparente por parte de algún funcionario público o persona de derecho privado ya sea física o jurídica, y puede comprender incluso hasta diez años en retrospectiva.

Es importante resaltar que debido a que paralelamente a la delincuencia organizada, existe también blanqueamiento de dinero en estos casos se suele solicitar y conceder el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación, y también se puede solicitar la evacuación de la prueba anticipada siempre que exista indicio suficiente para estimar que existe peligro para la vida, la integridad física o el patrimonio de alguna persona, o de los allegados a esta, que vaya a suministrar información comprometedora de la responsabilidad de los sospechosos, de los imputados o de la organización delictiva, así como que exista peligro en la demora, es decir, debe configurarse que exista peligro de imposibilidad de practicarla posteriormente o que, aun pudiendo practicarla, pueda perder su eficacia. La orden será emitida por el juez, a requerimiento del Ministerio Público.

Según el artículo 18 de dicha ley:

Si, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte de un grupo financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente, y finalizan, cuando se notifique, oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria firme.

En el caso de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero del ICD, en el mismo acto de notificación a las entidades financieras o aparte de un grupo financiero sobre la existencia de dicha investigación, la Unidad mencionada deberá poner a conocimiento del Ministerio Público el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco días naturales valore solicitar al juez competente la medida cautelar correspondiente. Cumplido el plazo señalado, sin que medie orden del juez competente para reiterar la medida cautelar, las entidades financieras levantarán las acciones preventivas adoptadas.

Una vez recibida la denuncia, el Juzgado deberá dar audiencia al interesado por veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; la ley establece que en la resolución se deberá ordenar, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros. Contra dicha medida cautelar cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual se tiene que interponer en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.

Posteriormente a los veinte días el Juzgado resolverá en sentencia lo que en derecho corresponda, y contra lo resuelto únicamente se podrán interponer recurso de apelación el denunciante y el interesado, debidamente motivada, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución.

Una vez presentado el recurso, se enviará el expediente al Tribunal quién resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto. Contra la decisión de segunda instancia no cabrá recurso alguno.

Las personas, físicas o jurídicas, que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, serán condenados a la pérdida del patrimonio emergente, podrán ser multados, y también condenados al pago de las costas del proceso.

Este proceso es semejante al descrito como extinción de dominio ya que no es una pena accesoria a algún proceso penal. El fallo será ejecutado por el juzgado de primera instancia, y podrá disponer la presentación de bienes, su secuestro, su traspaso registral y la disposición de toda clase de productos financieros. Estos bienes se entregarán al ICD para lo que corresponda.

En el artículo 23, se establecen penas severas de cinco a quince años de prisión, cuando se distraigan bienes:

Se impondrá pena de prisión de cinco a quince años, a quien conociendo de la existencia de diligencias de justificación del patrimonio emergente en su contra o en contra de su representada, aunque no se le haya notificado el traslado de la denuncia o la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice, los haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite o dificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia.

El funcionario público o judicial o de entidades financieras que colabore con el autor, será sancionado con pena de ocho a dieciocho años de prisión e inhabilitación por diez años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales.”

También se sanciona la distracción culposa del patrimonio en el artículo 24:

Se impondrá pena de prisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o de entidades financieras que por culpa facilite a otro la distracción del patrimonio descrita en el artículo de esta Ley.

4.3. Simplicidad procedimental del proceso para la extinción de dominio

La Ley Contra la Delincuencia Organizada establece un procedimiento para los capitales emergentes que no puede ni debe de ser de tramitación compleja, es decir, el legislador, posiblemente para evitar que los bienes se deterioren en custodia del Estado, no quiso establecer un procedimiento complicado o sujeto a formalidades excesivas o prolongadas que vengan a entorpecer su curso normal para la pronta resolución de este tipo de asuntos.

El legislador quiso utilizar un procedimiento de tramitación sumaria dotado de plazos abreviados como por ejemplo el plazo de veinte días establecido en el artículo 20 antes comentado. Dicho plazo se establece para contestar la demanda y ofrecer prueba de descargo, pero a diferencia con otros procesos es el despacho judicial, quién evacúa la prueba y no la parte que la ofrece. El artículo 20, dice que en el mismo tiempo el demandado debe de contestar la denuncia y evacuar prueba; lo cual no es congruente. Es por ello por lo que se ha interpretado que los 20 días corresponden para contestar la acusación y ofrecer la prueba de descargo que estime adecuada a sus intereses. La Ley autoriza a que el Juez pueda adecuar los plazos, pudiendo modificar las resoluciones que considere necesario. Luego de cumplido el plazo el despacho debe de evacuar la prueba suministrada por el acusado, y para ello debe dar la audiencia a los interesados (acusado, el ICD, y el acusador). Vale la pena mencionar que se invierte la carga de la prueba, ya que el denunciado debe demostrar la legitimidad de las transacciones realizadas con su patrimonio, y la legitimidad del origen o fuente de procedencia de ese patrimonio, en un proceso en donde si el acusado no aporta la prueba necesaria de que el aumento del capital corresponde a una causa lícita, lo más probable es que se resuelva en su contra. De igual forma es evidente la voluntad del legislador de establecer un proceso sumarísimo, ya que ordena que en alzada el Tribunal debe de resolver los recursos sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.

Sobre los alcances del procedimiento estudiado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Tal y como se ha indicado el procedimiento es de carácter sumario, lo que significa en la práctica “corto” o abreviado, desprovisto de formalidades excesivas, característica que se traduce en celeridad en la tramitación, brevedad en los plazos y términos empleados para su trámite, plazos cortos respecto a la parte y al despacho judicial para justificar las decisiones que toma. En resumidas cuentas: a) no puede ser un trámite complejo de conocimiento ordinario sujeto a otros requisitos procesales que implican generalmente un proceso más largo y sujeto a la posibilidad de las partes de crear y rebatir prueba. b) El trámite impone celeridad para que el Despacho asuma el asunto e inicie su trámite y para que el encausado recurra en apelación contra la medida cautelar que ordena la ley, cuyo plazo es de 24 horas, mucho más corto de lo usual. c) Dispone de un plazo corto para que el encausado y/o interesado conteste el traslado de la acusación y presente la prueba que estime pertinente. d) Impone una medida cautelar de efecto inmediato, ya que en el mismo auto en el que el despacho da curso a la acusación y emplaza al encausado, está en la obligación de emitir como medida cautelar el secuestro de bienes y la inmovilización registral de esos bienes y de toda clase de productos financieros. Nótese que no es facultativo, el Juzgado debe de aplicar la medida cautelar. e) El proceso fue concebido para que en un término breve se llegue al dictado de la sentencia de fondo, ya que, vencido el plazo desde la audiencia para evacuación de la prueba, inmediato posterior al de la contestación de la acusación y ofrecimiento de prueba, el despacho tiene que dictar fallo de fondo resolviendo sobre la denuncia presentada debiendo ser ejecutado a la brevedad por este mismo despacho según el artículo 22.

4.4. Las normas aplicables por los Tribunales Contencioso-Administrativos

El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para la tramitación y resolución de este tipo de asuntos, no solo debe de seguir al pie de la letra la Ley número 8754, " Ley Contra la Delincuencia Organizada", del 24 de julio de 2009, sino también las disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) que es la Ley número 8508 vigente desde el día 1° de enero del 2008. Por consiguiente, resulta también aplicable el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, aprobado mediante el Artículo IX de la sesión número 02-08 efectuada el 21 de enero del 2008.

5. CUESTIONAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD A LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA

Tanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia^{^[24]}, como también su marco normativo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son el resultado de un proceso de debate legislativo extenso el cual se dio en Costa Rica a finales de los años 80´s. La Sala Constitucional se crea con la finalidad de concentrar el control de constitucionalidad en un solo órgano.

El 18 de agosto de 1989 se promulgó la Ley número 7128 “Reforma Constitucional de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política: Creación de la Sala Constitucional”, mediante la cual se crea de este tribunal constitucional, el cual se podría calificar como la institución más importante que se ha creado en Costa Rica, durante la vigencia de la constitución de 1949. Es importante mencionar que, “la primera Sala Constitucional fue designada un 25 de septiembre de 1989 e inició sus labores dos días después, aplicando las disposiciones vigentes hasta que se promulga la Ley de la Jurisdicción Constitucional”^{^[25]}.

La Sala Constitucional tutela los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por Costa Rica; además, emite sentencias erga omnes que interpretan las normas constitucionales^{^[26]}.

Como parte de sus competencias se encuentra la consulta de constitucionalidad sobre los proyectos legislativos y la consulta judicial efectuada por los jueces en función de sus cargos. El primer tipo de consulta es un control constitucional previo, que se le aplica a los proyectos de ley, que están en trámite de formación de ley en la Asamblea Legislativa, y aún no son leyes de la República^{^[27]}, por ejemplo, el proyecto número 22834 “REFORMA A LA LEY 8754 LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”, el cual es objeto de estudio en el presente artículo.

El segundo tipo de consulta corresponde a un control de constitucionalidad posterior, que se realiza sobre a aquellas normas vigentes, de las cuales existen dudas sobre su constitucionalidad por parte de los jueces que resuelven basándose en dichas normas^{^[28]}. Es importante resaltar que la Sala Constitucional tiene la potestad de anular las leyes que considere inconstitucionales.

El actual proceso existente de extinción de dominio establecido en la Ley número 8754, “Ley Contra la Delincuencia Organizada”, que anteriormente se comentó, ha sido objeto de varias consultas judiciales de constitucionalidad cuestionando algunos artículos del capítulo IV de la ley (artículos 20, 21 y 22)^{^[29]} en donde los jueces estimaban que estos artículos podrían reñir principalmente con los derechos constitucionales de: a) Derecho de no inquietar ni perseguir por acto que no infrinja la ley (artículo 28 de la Constitución Política), b) Derecho al debido proceso (artículo 39 de la Constitución Política), c) Derecho a la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política) y d) Establecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa para garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado (artículo 49 de la Constitución Política).

5.1. El derecho a no ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley (artículo 28 de la Constitución Política)^{^[30]}

En la última de las consultas se expuso que la ley a juicio del consultante:

… constituye una intromisión injustificada en la esfera de privacidad de los ciudadanos. Manifiestan que de la lectura de las actas de la Asamblea Legislativa se concluye que la intención del legislador fue establecer un procedimiento de pérdida del patrimonio para los ciudadanos que no justificaran su procedencia, aún cuando no hubiera de por medio un delito de legitimación de capitales. La norma consultada regula la pérdida del capital a favor del Estado, sin ligamen alguno con delito, partiendo de la presunción de demanialidad de los recursos del particular que no logre justificar. Esa presunción que subyace de la norma consultada es contraria al derecho de libertad de los ciudadanos recogida en el artículo 28 constitucional, que sustenta en el principio de protección a la esfera personal de los ciudadanos que es una esfera extraña al derecho donde no puede llegar la ley. (…) cuando no hay vinculación alguna con delito, el artículo 28 constitucional señala claramente que el legislador no puede incursionar en la regulación de la vida privada. De ahí que el Tribunal dude de la constitucionalidad de la incursión del legislador en la esfera privada de los ciudadanos al no encontrar que el artículo 20 de la Ley No. 8750 regule actuaciones que afecten la moral, el orden público o los derechos de terceros.^{^[31]}

La Sala resolvió que:

… no necesariamente ocasiona una lesión al orden público o perjudica a terceros, ya que sin una debida demostración de la existencia de algún ilícito, no se produce la afectación de esos bienes jurídicos. Sostiene que el sistema de libertad es una garantía de que ni siquiera la ley puede invadir la esfera intangible de libertad, autonomía e intimidad, cuya intervención debe ser restrictiva. (...) De todo lo expuesto se colige que no lleva razón la jueza consultante en el sentido de que las normas consultadas infringen el artículo 28 de la Constitución Política. El Estado tutela un sistema armónico de valores, principios y normas en que se funda la organización política y jurídica. Dentro de la concepción de un Estado social y democrático de derecho, donde se protegen valores tales como la justicia, la vida, la igualdad, la libertad y otros, no resulta válido tutelar o cohonestar formas de adquisición del dominio que lesionen precisamente esos valores. Los títulos ilegítimos generan solo una relación de hecho entre el aparente titular y los bienes, que no es protegida por el ordenamiento jurídico y que puede declararse extinta por la acción del Estado. Conforme se indicó, el incremento de un capital sin causa lícita sí ocasiona un perjuicio de grandes dimensiones al orden público. Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. De ahí que se estime razonable la creación de esta herramienta (comiso sin condena) para fortalecer la lucha contra la delincuencia, otorgando al Estado un instrumento legal para incautar bienes sobre los que no se demuestre una forma de obtención lícita.^{^[32]}

5.2. Derecho al debido proceso (artículo 39 de la Constitución Política)^{^[33]}

Con respecto al debido proceso la Sala Constitucional ha reiterado que:

… el principio y el derecho al debido proceso implica la obligatoriedad de respetar un debido proceso constitucional en todo procedimiento que tienda a la imposición de una sanción o supresión de un derecho. Asimismo, constantemente se ha indicado que el amparo constitucional solamente es procedente contra actos evidentemente arbitrarios que conculquen en forma directa derechos fundamentales, es decir, de violaciones graves, burdas y claras al derecho de defensa y al debido proceso.^{^[34]}

La segunda de las consultas formulada por la jueza Rosibel Jara Velásquez del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, plantea que:

… el artículo 39 de la Constitución Política establece el debido proceso según el cual es indispensable la tipicidad del delito o falta sancionada por ley anterior previa oportunidad al indiciado para su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. (…) La consultante señala que se producen varias violaciones al debido proceso: 1) la conducta que se sanciona no se encuentra debidamente tipificada; 2) no se da una demostración de la culpabilidad por parte del órgano acusador; 3) las normas cuestionadas se aplican en forma retroactiva, pues los bienes pudieron haber sido adquiridos desde antes de la vigencia de éstas y aún así se aplica la sanción y 4) se requiere que quien acuse sea un tercero y no el mismo juzgador y por tanto se viola el principio de imparcialidad del juez.^{^[35]}

Al respecto la Sala indica sobre la violación al debido proceso que:

… al no estarse ante la aplicación del derecho penal, no se requiere una tipificación de la falta; basta con que la ley establezca la posibilidad de denuncia del incremento de capitales sin causa lícita aparente y el procedimiento que debe seguirse para determinarlo. (…) el artículo 20 consultado señala que la denuncia puede formularse con una retrospectiva hasta de diez años; sin embargo, esto no resulta contrario al artículo 34 de la Constitución Política, porque si el patrimonio fue obtenido por causas ilícitas, sea que carece de legitimidad, se estima que el derecho nunca llegó a constituirse válidamente y por ello carece de protección jurídica. El Código Procesal Contencioso Administrativo establece en el artículo 82, que el juez deberá determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso, analizando los elementos de prueba conforme a las reglas de la sana crítica.^{^[36]}

En la última consulta en donde se cuestionó de inconstitucional la norma debido a que se violaba el debido proceso, la Sala dispuso:

Sobre lo alegado debe señalarse, en primer término, que al no estarse ante la aplicación del derecho penal, no se requiere una tipificación de la falta; basta con que la ley establezca la posibilidad de denuncia del incremento de capitales sin causa lícita aparente y el procedimiento que debe seguirse para determinarlo. Tampoco se requiere una demostración de culpabilidad del acusador, pues se trata de un proceso dirigido contra los bienes y no contra la conducta de un sujeto en particular, donde no interviene el Ministerio Público como órgano acusador. El Estado (Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense contra las Drogas y el Ministerio Público) realiza determinada actividad probatoria que lo lleva a la conclusión de que el patrimonio se ha incrementado ilícitamente y el denunciado tiene el derecho de desvirtuarla. En cuanto a la aplicación retroactiva de la ley, el artículo 20 consultado señala que la denuncia puede formularse con una retrospectiva hasta de diez años; sin embargo, esto no resulta contrario al artículo 34 de la Constitución Política, porque si el patrimonio fue obtenido por causas ilícitas, sea que carece de legitimidad, se estima que el derecho nunca llegó a constituirse válidamente y por ello carece de protección jurídica. Por último, no es cierto lo que señala la jueza consultante en cuanto a que el juez “acusa”. No se está ante un proceso que requiera de una “acusación”, sino de una denuncia que, como se indicó, puede ser interpuesta por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense contra las Drogas y el Ministerio Público. El denunciante debe presentar la prueba en que fundamenta la denuncia y el juez lo que debe hacer es valorarla de conformidad con las reglas de la sana crítica, otorgándole además audiencia al investigado para que presente la prueba de descargo que considere conveniente. El Código Procesal Contencioso Administrativo establece en el artículo 82, que el juez deberá determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso, analizando los elementos de prueba conforme a las reglas de la sana crítica: (...) Por lo expuesto, no se estima que se produzcan las violaciones al debido proceso señaladas.^{^[37]}

Sin embargo, es importante mencionar que la entonces Magistrada, y hoy Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López salvó el voto y declara que es inconstitucional el artículo 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada por invertir la carga de la prueba en contra de la persona física o jurídica accionada.

5.3. Derecho a la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política)^{^[38]}

La propiedad privada es el “el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa; en principio, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar”^{^[39]}. Asimismo, en el Código Civil, Ley número 30 de 01 de enero de 1888 se indica que, la propiedad privada comprende ciertos derechos que le dan un carácter absoluto, exclusivo y particular, señalando en el numeral 264 ibidem que, “el dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- De posesión; 2º.- De usufructo; 3º.- De transformación y enajenación; 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización”.^{^[40]}

Según lo expuesto en la última de las consultas ^{^[41]} la Sala manifiesta sobre la alegada violación al derecho de propiedad que:

Considera la Sala que no resulta afectado el derecho de propiedad, porque quien adquiere bienes ilícitamente o derivados de actividades ilícitas, no tiene la protección y reconocimiento del Estado, de manera que no consolida su derecho de propiedad, siendo el dominio que ejerce solo es aparente, por tener un vicio originario que no es susceptible de convalidación y que habilita al Estado a desvirtuarlo en cualquier momento. (...) Dentro de los requisitos esenciales para la celebración de un acto o contrato, sin duda se encuentra la causa justa o lícita. La extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento del derecho de propiedad, en el entendido de que los bienes adquiridos por actividades ilícitas no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal. La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general.

En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas y en consecuencia se estima que no existe una vulneración a lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política.^{^[42]}

En síntesis, la Sala Constitucional no considera que la normativa que se aplica actualmente para la delincuencia organizada, en especial sobre el incremento de capitales sin causa lícita aparente o blanqueo de dinero sea contraria a la Constitución Política, en otras palabras, a pesar de que hay una extinción del dominio, o un “comiso sin condena” no se considera que esto viole el derecho de propiedad privada.

5.4. Principio de especialidad de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política)^{^[43]}

El cuestionamiento constitucional de la posible transgresión al artículo 49 constitucional hecho en las consultas pudo haber sido un intento solapado de la jurisdicción contencioso-administrativa de limitar su competencia, denunciando de inconstitucional su atribución para atender denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, sin embargo, la Sala Constitucional señaló que no se lesiona el artículo 49 de la Constitución Política.

En la primera de las consultas que se estudió la posible transgresión al artículo 49 constitucional se dijo que:

… el constituyente originario y el poder reformador se ocuparon de definir la competencia material y, por consiguiente, la extensión y alcances de dos jurisdicciones esenciales para el Estado Social y Democrático de Derecho. En efecto, en los ordinales 10 y 48 se establece la competencia material de la jurisdicción constitucional y, en el numeral 49, la de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior deja patente, en la voluntad del constituyente originario y del poder reformador, la trascendencia tanto del control de constitucionalidad como de legalidad de los poderes públicos en aras de garantizar el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales y humanos. (…) En otras palabras, el artículo 49 de la Constitución, lo que hizo fue ampliar las facultades de establecer el derecho al Poder Judicial, concediéndole la potestad de revisión de la legalidad de los actos administrativos (…) establece la garantía del juez natural, por cuanto, la ley le atribuyó esa competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no a una jurisdicción ad-hoc.^{^[44]}

En la última consulta la Sala reitera que:

Este aspecto, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de oportunidad y conveniencia legislativa. En efecto, el legislador ordinario está habilitado, constitucionalmente, para atribuirle a esa jurisdicción nuevas competencias, en tanto no se vacié su contenido esencial, al respecto goza de libertad de configuración. Prueba de lo anterior lo constituye la atribución a la jurisdicción contencioso-administrativa, de las denominadas cuestiones civiles de hacienda, en las que las administraciones públicas ejercen su capacidad de Derecho Privado y por la unidad de jurisdicciones, dispuesta legalmente, le corresponde al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo conocer y resolver de tales conflictos de interés, aunque lo conveniente, desde una perspectiva de especialidad jurisdiccional, sería que los conociera el juez civil y comercial. El legislador ordinario tiene, entonces, una incuestionable libertad de conformación sobre el particular, al añadir o agregar competencias a la jurisdicción contencioso-administrativa, no así para detraer las establecidas constitucionalmente. Asignarle a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de las denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva de hasta diez años, fue una opción legislativa constitucionalmente válida. Como podría, también, el legislador ordinario asignarle la competencia a la jurisdicción penal de hacienda, quizá, por administrativos, sin que del texto de la norma citada pueda desprenderse la forma concreta en que habría de materializarse tal jurisdicción, y menos aún que tal vía razón de la materia, la más idónea y apta para conocer y resolver de tales extremos. Nótese, en todo caso, a pesar del componente penal de lo controvertido, que la denuncia la interpone un órgano del Estado (Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público), sea contra un funcionario público o persona de Derecho privado, física o jurídica, de modo que la materia no resulta absolutamente ajena al juez contencioso-administrativo encargado, desde una perspectiva subjetiva o mixta, de tutelar las situaciones sustanciales de los administrados frente a cualquier poder público, sea este un órgano o un ente público. Sobre el particular, desde el Voto No. 787-95 de las 17:15 hrs. de 8 de febrero de 1995, esta Sala Constitucional había indicado que no existe … («) una prohibición para el legislador de asignarle a dicha jurisdicción, el conocimiento de otro tipo de causas más o menos afines a la materia contencioso-administrativa. En otras palabras, el artículo 49 de la Constitución, lo que hizo fue ampliar las facultades de establecer el derecho al Poder Judicial, concediéndole la potestad de revisión de la legalidad de los actos habría de ser exclusiva para dicho fin («) … Aún más, en aras de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico resulta absolutamente necesario asignarle esta competencia a algún orden jurisdiccional, dado que, se trata del combate a la delincuencia organizada y, particularmente, al narcotráfico, que constituyen un flagelo de cualquier comunidad social y políticamente organizada. Bajo esta inteligencia, no se produce ninguna infracción del artículo 49 constitucional, como tampoco del artículo 35 constitucional en cuanto establece la garantía del juez natural, por cuanto, la ley le atribuyó esa competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no a una jurisdicción ad-hoc.”

Con base en lo expuesto, no estima la Sala que se infrinja el contenido del artículo 49 constitucional.^{^[45]}

En síntesis, a pesar de los intentos de excluir de la jurisdicción contenciosa-administrativa la extinción de dominio, debido a que es una materia afín al derecho penal, que implica emitir la sentencia mediante la cual se extrae del dominio de grupos delictivos con gran historial de violencia, relacionados generalmente con el narcotráfico, corrupción y otros actos criminales que suelen poseer y ejercer un gran poder e influencia, se ha mantenido la postura de mantener la competencia para recibir las denuncias acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente o blanqueamiento de dinero en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios así como en el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo cuando se decrete una medida cautelar, tal como lo es el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros.

En consecuencia, en las tres consultas de constitucionalidad que se efectuaron se concluyó, por parte del Tribunal Constitucional, que las normas son constitucionales.

6. DE LA CREACIÓN DE UNA LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO A LA INCLUSIÓN DE TRES ARTÍCULOS A LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

En el accidentado proceso de formación de ley, en donde inicialmente se intentó hacer una ley especial, para después cambiar la estrategia para intentar reformar la ley 8754, se podrían definir dos momentos distintos, a) La creación de la ley especial de extinción de dominio y b) La reforma a la ley existente 8754.

6.1. La malograda Ley Especial de Extinción de Dominio

Han existido dos intentos de crear una ley especial de extinción de dominio.

El primero proyecto fue presentado por parte del Gobierno de Dña. Laura Chinchilla Miranda. El proyecto número 18964, se presentó el día 6 de noviembre de 2013, y se asignó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, constaba de 89 artículos y 5 transitorios. Este proyecto se llegó a consultar a diversos sectores, sin embargo, no llegó a tener mayor discusión, tampoco se llegó a dictaminar, y fue archivado el 18 de enero de 2018, por vencimiento del plazo cuatrienal según el artículo 119 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa^{^[46]}.

Probablemente con el cambio de partido político en gobierno, en el año 2014, se tornó inviable la aprobación del proyecto 18964 (cómo se dice coloquialmente en la Asamblea Legislativa, el proyecto se quedó sin papá), y es por ello que, en el año 2015, por iniciativa del Diputado Antonio Álvarez Desanti, se presenta un nuevo proyecto, bajo el número de 19571, se presentó el día 13 de mayo de 2015, y se asignó también a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, constaba de 110 artículos y 3 transitorios. Este proyecto si dio mucho más que hablar que el primero, de hecho, generó una gran discusión, se dictaminó, y se envió al Plenario Legislativo en donde se le presentaron mociones de fondo^{^[47]}, muchas de ellas se aprobaron, luego regresa a Plenario en donde se decide enviarlo a una comisión especial^{^[48]}, una vez cumplido el plazo cuatrienal, se prorroga, y termina archivando el 15 de mayo de 2023. En el interín el proyecto 19571 cambio su número al 20868. Debido a que estos proyectos se archivaron y no fueron aprobados por plenario, no merece estudiarlos a mayor profundidad, ya que representaron únicamente un antecedente.

6.2. Cambio de estrategia. Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada

Debido a que cada vez se fue tornando más difícil, la aprobación legislativa de una ley especial de extinción de dominio compleja, y al haber cambiado la conformación de la Asamblea Legislativa, se decidió presentar el proyecto de ley número 22834 “Reforma a la ley 8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, el cual lo que hacía era incluir inicialmente cinco artículos a la ley 8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada y a lo largo del proceso legislativo se limitó únicamente a tres.

La presente reforma se presenta el 9 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo^{^[49]}, sólo cinco meses antes del cambio de Gobierno, y Asamblea Legislativa.

El proyecto nace con la intención de instituir:

… la persecución patrimonial de manera autónoma a la persecución penal, como estrategia para combatir el crimen generador de cuantiosas y exorbitantes sumas dinerarias, insertó un elemento esencial para garantizar su eficacia, concretamente, delegar en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la competencia de resolver los asuntos que fueran planteados.

Justamente, la persecución patrimonial tiene elementos propios que la distinguen y hacen de ella una herramienta autónoma, dentro de los que se pueden citar: no está subordinada a la responsabilidad penal, se dirige contra los bienes, no contra las personas y no rigen las reglas, principios ni los postulados del Derecho Penal.

Si bien es cierto, la persecución patrimonial al igual que la penal, tienen como objetivo común el combate del crimen, enfocado principalmente al generador de altas rentabilidades, se debe recordar que la primera pretende sanear el acceso a la propiedad privada (proteger la obtenida lícitamente), mientras que la segunda, es la imposición de penas a sujetos que sean considerados responsables de un delito (prevención general y especial de la pena), es por ello, que acertadamente el legislador consideró no delegar la competencia en la Jurisdicción Penal para que conociera los asuntos de Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente, a fin de que esta, no tuviese alguna incidencia negativa o distorsionará su verdadera naturaleza al momento de resolver el caso concreto; producto de ello, por conveniencia y oportunidad legislativa fue designada a la jurisdicción Contencioso Administrativa.^{^[50]}

Es por ello por lo que al examinar el tipo de proceso que pretende el proyecto podemos encasillarlo en la definición que los demás proyectos utilizaban para la “Extinción de Dominio”.

Una vez publicado en el Diario oficial el proyecto, se asignó a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico en donde siguió su trámite legislativo de formación de ley, siendo consultado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Contraloría General de la República (CGR), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Fiscalía General de la República, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), y la Corte Suprema de Justicia. El 27 de marzo de 2023, el proyecto es dictaminado de forma unánime por los miembros de la comisión, y se traslada al Plenario legislativo, para su aprobación.

Una vez en Plenario, y debido a las fuertes críticas que fue objeto el proyecto, por diferentes juristas, empresarios, exdiputados y exmagistrados, varios diputados presentaron mociones de fondo, de acuerdo con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, buscando un consenso de los diferentes grupos de presión con respecto al proyecto.

Algunas de dichas mociones se aprobaron, eliminando dos artículos de los que se habían aprobado en el dictamen, y modificando los otros tres artículos. Realmente el cambio al proyecto se dio mediante las mociones de fondo, y no como fruto de discusión en la comisión, ya que el dictamen es muy similar al proyecto inicial.

El 13 de mayo de 2024, el proyecto fue aprobado en primer debate y posteriormente, el 6 de septiembre de 2024, fue remitido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para consulta de constitucionalidad.

El 8 de octubre de 2024, la Sala resolvió lo siguiente:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el inciso a) del numeral 20 ter, contemplado en el artículo único del proyecto denominado ‘Reforma a la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa’, que se tramita en el expediente legislativo N.º 22.834, presenta vicios de constitucionalidad al no garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso. En lo demás, este Tribunal no observa problemas de constitucionalidad en los términos planteados. Los magistrados Castillo Víquez y Fernández Argüello, así como la magistrada Garro Vargas, consignan notas por separado. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a las diputadas y los diputados consultantes. Comuníquese. ^{^[51]}

Ante la respuesta a la consulta, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa procedió a modificar el texto del proyecto, eliminando por completo el artículo 20 ter, referente a las notificaciones. Con esta corrección, el texto superó la revisión constitucional. Sin embargo, dado que se trataba de una modificación sustancial al proyecto aprobado en primer debate en mayo, fue necesario someterlo nuevamente a votación en primer debate.

El 13 de agosto de 2025, el proyecto se sometió nuevamente a votación en el Plenario Legislativo, pero fue rechazado al no alcanzar los 29 votos requeridos, por lo que correspondía su archivo.

No obstante, antes de que la votación quedara en firme, se presentó una moción de revisión de la votación, la cual fue aprobada. Previo a repetir la votación, se presenta otra moción, la cual se aprobó, para enviar de nuevo el proyecto a la Comisión para considerar cambios y buscar la viabilidad del proyecto.

Actualmente, el proyecto continúa en la corriente legislativa, y para convertirse en ley deberá ser aprobado en dos debates por la Asamblea Legislativa y posteriormente firmado por el Presidente de la República y el Ministro del ramo. Si bien estuvo a punto de archivarse, gracias a la moción de revisión, el proyecto aún tiene posibilidades de ser aprobado y convertirse en ley.

Se expone enseguida los cambios sufridos por los artículos a lo largo del proceso de formación de ley:

a) Artículo 20 bis

El artículo 20 bis habilita al Ministerio Público a solicitar como una medida cautelar anticipada aun un mes antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente, concediendo audiencia de tres días hábiles a las partes, y en caso de que se conceda la medida cautelar los bienes podrán ser anotados e inmovilizados registralmente, así como también se podrá congelar los valores.

Proyecto Original

(09-12-2021)

Dictamen Afirmativo en Comisión

(27-03-2023)

Texto Actualizado

Mociones 137

(06-08-2024)

Redacción final

Aprobada I Debate

(02-09-2024)

ARTÍCULO 20 BIS

Medida anticipada y provisional.

El Ministerio Público podrá solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés, cuando se requiera autorización jurisdiccional. Para la adopción de la medida no se requiere otorgar audiencia. Concedida la medida anticipada, el Ministerio Público contará con un plazo de un mes para la interposición de la denuncia, contado a partir de la notificación del auto que ordena la medida o de la ejecución efectiva de la diligencia. Transcurrido ese plazo sin que se haya planteado la denuncia respectiva, el juez ordenará el cese de la medida anticipada adoptada.

Los mandamientos que ordenan medidas cautelares expedidos en cualquier etapa del proceso estarán exentos del pago de todo tributo, sin que para ello se requiera tramitar una solicitud de exención.

Los mandamientos que ordenan medidas cautelares expedidos en cualquier etapa del proceso estarán exentos del pago de cualquier tributo, sin que se requiera la nota respectiva del Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda. (Lo en negrita fue eliminado del texto que se aprobó en primer debate)

Medida anticipada y provisional.

Los mandamientos que ordenan medidas cautelares expedidos en cualquier etapa del proceso estarán exentos del pago de todo tributo, sin que para ello se requiera tramitar una solicitud de exención.

Medida anticipada y provisional.

El Ministerio Público, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica, podrá solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. Esta medida cautelar anticipada y provisional se decretará a solicitud de parte.

La autoridad jurisdiccional podrá autorizar la medida cautelar anticipada y provisional que considere adecuada, cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados. Una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos. Transcurrido el plazo indicado, el juez podrá hacer una valoración de los alegatos y las pruebas aportadas, para mantener, modificar o revocar la medida cautelar anticipada y provisional.

En caso de admitirse la medida cautelar anticipada y provisional, la persona juzgadora emitirá los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero. La Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas podrán apersonarse al proceso como coadyuvantes.

Concedida la medida cautelar anticipada y provisional, el Ministerio Público, deberá en el plazo de un mes interponer la denuncia respectiva. Este plazo correrá a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida cautelar anticipada y provisional.

Habiéndose decretado la caducidad de la medida cautelar anticipada y provisional, no podrá la instancia legitimada para denunciar, repetir la gestión, salvo que se aleguen motivos diferentes, sustentados en hechos nuevos.

Medida anticipada y provisional.

El Ministerio Público, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica, podrá solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. Esta medida cautelar anticipada y provisional se decretará a solicitud de parte.

La autoridad jurisdiccional podrá autorizar la medida cautelar anticipada y provisional que considere adecuada, cuando haya elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados. Una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos. Transcurrido el plazo indicado, el juez podrá hacer una valoración de los alegatos y las pruebas aportadas, para mantener, modificar o revocar la medida cautelar anticipada y provisional.

Concedida la medida cautelar anticipada y provisional, el Ministerio Público deberá interponer, en el plazo de un mes, la denuncia respectiva. Este plazo correrá a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida cautelar anticipada y provisional.

b) Artículo 20 ter

El artículo 20 ter, no merece mayor mención ya que el mismo se eliminó, con las mociones vía artículo 137.

Proyecto Original

(09-12-2021)

Dictamen Afirmativo en Comisión

(27-03-2023)

Texto Actualizado

Mociones 137

(06-08-2024)

Redacción final

Aprobada I Debate

(02-09-2024)

ARTÍCULO 20 TER

Los bienes o productos financieros sujetos a una acción de Incremento de Capital sin Causa Lícita Aparente serán entregados en depósito judicial del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), requiriéndose únicamente la respectiva anotación registral del proceso cuando corresponda. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrá disponer de los bienes o productos financieros, según lo dispone esta ley y su reglamento.

El Juzgado que conoce del proceso de Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente, estará en la obligación de notificar al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en calidad de tercero interesado, para que se apersone en el plazo de diez días hábiles; transcurrido ese plazo asumirá el proceso en el estado en el que se encuentre. (artículo eliminado del proyecto votado en primer debate)

Se elimina

c) Artículo 20 ter (antiguo 20 quater)

Al eliminarse el artículo 20 ter, se altera el orden de los artículos y el artículo 20 quater, se convierte en el nuevo artículo 20 ter.

Este artículo dispone lo referente a las notificaciones, y además de los medios de notificaciones de aplicación general, dispone que se podrá notificar al denunciado o al representante, en caso de persona jurídicas, por cualquier medio de en su momento haya indicado ante cualquier autoridad judicial. En el caso de las personas jurídicas estas podrán ser notificadas en el domicilio contractual, en el domicilio social, real o registral. La Sala Constitucional en su resolución 29411-2024, antes citada, dispuso que este artículo tenía vicios de constitucionalidad al no garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso, y debido a ello se eliminó del Proyecto.

Proyecto Original

(09-12-2021)

Dictamen Afirmativo en Comisión

(27-03-2023)

Texto Actualizado

Mociones 137

(06-08-2024)

Redacción final

Aprobada I Debate

(02-09-2024 y eliminado del proyecto el 08-10-2024 por opinión consultiva de la Sala Constitucional)

ARTÍCULO 20 QUATER

Notificaciones.

Además de los medios establecido en la Ley de Notificaciones Judiciales (Ley N° 8687), la notificación del traslado de la denuncia también podrá practicarse en los siguientes supuestos:

a) Por cualquier medio que voluntariamente la parte denunciada o su representante para el caso de personas jurídicas, haya indicado ante cualquier autoridad judicial o administrativa para ese fin, aun antes de iniciarse formalmente el proceso.

b) A la dirección electrónica señalada por la parte denunciada en cualquier otro proceso judicial.

c) En el domicilio social, real o registral de las personas jurídicas, para tal efecto se conservará vigente la personería jurídica y sin necesidad de nombrar un curador o un liquidador, según corresponda, aunque se encuentre morosa conforme la ley N° 9024, con personería vencida, disuelta o su ubicación sea imprecisa, incierta o inexistente. Se tendrá por notificada, según acta que realice el notificador designado.

La autoridad jurisdiccional que conoce de la denuncia podrá ordenar al personal del Organismo de Investigación Judicial dar asistencia a la Oficina de Notificaciones, cuando la diligencia represente un riesgo para la seguridad del notificador o la persona a notificar evidencie dificultades o conductas evasivas para ser notificado. De ser necesario y estar debidamente justificado, la autoridad jurisdiccional también podrá ordenar al Organismo de Investigación Judicial la detención y presentación de la persona a notificar para realizar la diligencia en estrados.

Las notificaciones que deban realizarse en el extranjero a cargo del personal diplomático competente estarán exentas del pago de honorarios y tributos. (Lo en negrita fue eliminado del texto que se aprobó en primer debate)

Notificaciones.

Además de los medios establecido en la Ley de Notificaciones Judiciales (Ley N° 8687), la notificación del traslado de la denuncia también podrá practicarse en los siguientes supuestos:

a) Por cualquier medio que voluntariamente la parte denunciada o su representante para el caso de personas jurídicas, haya indicado ante cualquier autoridad judicial o administrativa para ese fin, aun antes de iniciarse formalmente el proceso.

b) A la dirección electrónica señalada por la parte denunciada en cualquier otro proceso judicial.

Las notificaciones que deban realizarse en el extranjero a cargo del personal diplomático competente estarán exentas del pago de honorarios y tributos.

Se convierte en Artículo 20 ter

Notificaciones

Además de los medios establecidos en la Ley N° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales de 4 de diciembre de 2008 y sus reformas, la notificación del traslado de la denuncia también podrá practicarse en los siguientes supuestos:

a) Por cualquier medio establecido por la parte denunciada o su representante, para el caso de personas jurídicas, que haya indicado ante cualquier autoridad judicial aun antes de iniciarse formalmente el proceso.

b) Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Asimismo, quedará debidamente notificada en el domicilio contractual, en el domicilio social, real o registral.

La autoridad jurisdiccional que conoce de la denuncia podrá ordenar al personal del Organismo de Investigación Judicial, dar asistencia a la Oficina de Notificaciones, cuando la diligencia represente un riesgo para la seguridad del notificador o la persona a notificar evidencie dificultades o conductas evasivas para ser notificado. De ser necesario y estar debidamente justificado, la autoridad jurisdiccional también podrá ordenar al Organismo de Investigación Judicial la detención y presentación de la persona a notificar para realizar la diligencia en estrados judiciales.

Se elimina, al concluir la Sala Constitucional existían vicios de inconstitucionalidad al no garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso.

Notificaciones

Además de los medios establecidos en la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, la notificación del traslado de la denuncia también podrá practicarse en los siguientes supuestos:

a) Por cualquier medio establecido por la parte denunciada o su representante, para el caso de personas jurídicas, que haya indicado ante cualquier autoridad judicial aun antes de iniciarse formalmente el proceso.

b) Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Asimismo, quedarán debidamente notificadas en el domicilio contractual, en el domicilio social, real o registral.

La autoridad jurisdiccional que conoce de la denuncia podrá ordenar, al personal del Organismo de Investigación Judicial, dar asistencia a la Oficina de Notificaciones, cuando la diligencia represente un riesgo para la seguridad del notificador o la persona a notificar evidencie dificultades o conductas evasivas para ser notificada. De ser necesario y estar debidamente justificado, la autoridad jurisdiccional también podrá ordenar, al Organismo de Investigación Judicial, la detención y presentación de la persona a notificar para realizar la diligencia en estrados judiciales. (lo en negrita fue adicionado al texto original)

d) Artículo 22 bis

El artículo 22 bis, asigna la competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de conocer de los asuntos por Incremento de capital sin causa lícita aparente.

Proyecto Original

(09-12-2021)

Dictamen Afirmativo en Comisión

(27-03-2023)

Texto Actualizado

Mociones 137

(06-08-2024)

Redacción final

Aprobada I Debate

(02-09-2024)

ARTÍCULO 22 BIS

Competencia. Corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocer de los asuntos por Incremento de Capital sin Causa Lícita Aparente, al Juzgado en primera instancia y al Tribunal en segunda instancia.

Competencia.

Corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocer de los asuntos por Incremento de Capital sin Causa Lícita Aparente. El Juzgado Contencioso Administrativo resolverá en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conocerá en alzada, mediante el recurso de apelación.

Contra el auto que resuelva la medida cautelar anticipada y provisional, solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, dentro del plazo de veinticuatro horas.

La prueba para mejor resolver ofrecida en segunda instancia queda supeditada a la admisión o el rechazo que decida el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Esta prueba no podrá suplir las deficiencias demostrativas indicadas por la sentencia impugnada, salvo que se trate de prueba nueva, acaecida con posterioridad al dictado de la sentencia y que pudiera tener incidencia en el descargo, o que hubiese sido imposible de conocer, por parte del interesado, antes del dictado del fallo recurrido, lo cual deberá valorar el Tribunal de alzada.

Competencia.

Corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocer de los asuntos por Incremento de capital sin causa lícita aparente. El Juzgado Contencioso Administrativo resolverá en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocerá en alzada, mediante el recurso de apelación.

Contra el auto que resuelva la medida cautelar anticipada y provisional solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, dentro del plazo de veinticuatro horas.

La prueba para mejor resolver ofrecida en segunda instancia queda supeditada a la admisión o el rechazo que decida el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Esta prueba no podrá suplir las deficiencias demostrativas indicadas por la sentencia impugnada, salvo que se trate de prueba nueva, acaecida con posterioridad al dictado de la sentencia y que pudiera tener incidencia en el descargo o que hubiese sido imposible de conocer, por parte del interesado, antes del dictado del fallo recurrido, lo cual deberá valorar el Tribunal de alzada. (lo en negrita fue adicionado al texto original)

e) Artículo 22 ter

El artículo 22 ter, no merece mayor mención ya que el mismo se eliminó, con las mociones vía artículo 137.

Proyecto Original

(09-12-2021)

Dictamen Afirmativo en Comisión

(27-03-2023)

Texto Actualizado

Mociones 137

(13-12-2023)

, Texto Actualizado

Mociones 137

(06-08-2024) y Redacción final

Aprobada I Debate

(02-09-2024)

ARTÍCULO 22 TER

Legislación supletoria.

En lo que sea aplicable y compatible con su naturaleza jurídica, téngase como legislación supletoria para las investigaciones, las medidas provisionales y anticipadas, y los procesos de conocimiento correspondientes a Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente, los siguientes cuerpos normativos: Ley N° 63, del 28 de setiembre de 1887 (Código Civil); Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964 (Código de Comercio); Ley N° 8204, del 26 de diciembre del 2001 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996 (Código Procesal Penal) y la Ley N° 9342, del 03 de febrero de 2016 (Código Procesal Civil); y sus respectivas reformas, así como los principios generales del derecho”. (artículo eliminado del proyecto votado en primer debate)

Legislación supletoria.

En lo que sea aplicable y compatible con su naturaleza jurídica, téngase como legislación supletoria para las investigaciones, las medidas provisionales y anticipadas, y los procesos de conocimiento correspondientes a Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente, los siguientes cuerpos normativos: Ley Nº 63, del 28 de setiembre de 1887 (Código Civil); Ley Nº 3284 del 27 de mayo de 1964 (Código de Comercio); Ley Nº 8204, del 26 de diciembre del 2001 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), Ley Nº 7594 del 10 de abril de 1996 (Código Procesal Penal) y la Ley Nº 9342, del 03 de febrero de 2016 (Código Procesal Civil); y sus respectivas reformas, así como los principios generales del derecho”.

Se elimina

7. CONCLUSIONES

Desde 2009, está vigente el proceso de “extinción de dominio”, o “decomiso sin condena” en Costa Rica, regulado en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 8474 Contra la Delincuencia Organizada. Este proceso produce la pérdida de activos en favor del Estado, sin ningún tipo de indemnización, por medio de una sentencia Judicial sin que exista una condena penal previa. Es un proceso que se dirige contra de los bienes y no contra las personas.

Ante las preguntas de: ¿si es conveniente, o no, esta reforma a esta ley?, o ¿si es necesaria, o no, esta reforma a esta ley?, podemos concluir que no es conveniente, ni necesaria la reforma a la ley 8474, debido a que la reforma propuesta, pese a los cambios que ha sufrido durante el proceso de formación de ley, sigue teniendo graves defectos técnicos y prácticos, incluso podría acarrear graves problemas al implementarse.

La ley vigente se aprobó sin discusión pública alguna, y faculta para que de forma sumarísima se congelen bienes con pocas garantías para el ciudadano.^{^[52]} El proceso vigente es rápido, y muy simple, de hecho, está estructurado para que con la presentación de la denuncia por parte de la Contraloría General de República, el Ministerio de Hacienda, el ICD, o el Ministerio Público, se deba ordenar la medida cautelar de anotación e inmovilización de bienes y de congelamiento preventivo del dinero, para qué después, en pocas semanas, el proceso llegue a su final, y pasen los bienes a manos del Estado. Siendo así, no existe mucha razón para que un mes antes de la presentación de la denuncia se pueda pedir la medida cautelar e inmovilizar los bienes, ya que, de acuerdo con la misma ley, hoy en día, se otorga la medida cautelar con la presentación de la denuncia, antes de siquiera haber sido notificado el proceso.

Es decir, el proyecto propuesto pretende que de previo a la presentación de la denuncia se pueda decretar una medida cautelar provisional, un mes antes de la presentación de la denuncia, es decir sin siquiera intimar al posible denunciado. Una vez adoptada la medida cautelar se les da a las partes una audiencia de tan solo tres días hábiles, lo cual es muy poco tiempo. El afectado en esos tres días deberá buscar abogado, y buscar las pruebas que justifiquen la adquisición de sus bienes en una retrospectiva hasta de diez años, para intentar que se levante la medida, sin siquiera saber los hechos que se le imputaran. Además, se invierte la carga de la prueba, de forma que el futuro denunciado debe de probar que los bienes o el capital, no provienen de una actividad ilícita. Tampoco existe ninguna seguridad de que una vez presentada la denuncia se llegue a levantar la medida cautelar sobre los bienes y los dineros.

Está medida anticipada y provisional propuesta, podría propiciar una cacería de brujas, ya que, como no está limitada a ciertos delitos en especial, sino que se dirige al incremento de capital, por cualquier causa ilícita aparente, pudiéndose aplicar incluso, a aquellos que transportan personas de forma remunerada utilizando aplicaciones telefónicas, que, aunque no es legal en Costa Rica, es muy utilizado. También hay que tomar en cuenta que el contexto en donde se pretende aprobar esta reforma es un país en el cual casi el 40% de la población trabaja en la informalidad.^{^[53]}

Dicho proceso además de poner en riesgo la actividad económica de cualquier empresa o empresario honesto, y prácticamente ponerlo de rodillas, ya que sería muy difícil suportar la inmovilización de bienes o congelamiento de cuentas e inventarios, por varios meses, forzándolos a incumplir con sus proveedores y clientes, perdiendo su recurso humano, y dando ventaja a sus competidores; también le podría generar un daño reputacional muy grande, ya que sin ninguna prueba, debido a que, ni siquiera se habría presentado la denuncia, se le podría ligar injustificadamente con actividades criminales. Incluso podría darse el caso de que se solicite la medida provisional, y por falta de pruebas nunca se llegase a presentar la denuncia, creando un daño económico y reputacional enorme. El Ministerio Público no estaría exento a equivocarse, y ante esa posibilidad se debe de garantizar el derecho de defensa, el principio de inocencia, el principio de in dubio pro reo, y la propiedad privada, en cualquier proceso de extinción de dominio.

Cuando existe un mecanismo represivo que se aplica en un Estado de Derecho, tiene que haber seguridad jurídica, y se debe de garantizar el debido proceso, de lo contrario se estaría creando un proceso inquisitorial, rompiendo el principio del contradictorio y el derecho a la defensa.

Vale la pena mencionar que, pese a que en Costa Rica la extinción de dominio se conoce en la jurisdicción contenciosa-administrativa, debería ser conocida en la jurisdicción penal, ya que, en cuanto a los sujetos resulta inadecuado que exista participación del Ministerio Público, y los fiscales, en una jurisdicción en donde quienes participan representando al Estado son los procuradores. No existe coherencia técnica en la participación de los fiscales, y si la intención es que ellos litiguen en esta materia se debe a la especialidad en derecho penal; con el mismo razonamiento al ser más afín la jurisdicción penal los delitos que permitieron el capital emergente, la persona llamada a resolver el tema es el juez penal. Por otro lado, al versar sobre bienes propiedad de cualquier persona de derecho privado, física o jurídica, el juez competente naturalmente debería ser el juez penal, y no el contencioso-administrativo, ya que al ser privado no hay relación con lo contencioso-administrativo. Los procesos de lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, y corrupción le corresponden de principio a fin al derecho penal, la extinción de dominio también debería corresponderle. Los fiscales no son expertos en derecho administrativo, y, por lo tanto, el Ministerio Público, no debería asumir el papel de la Procuraduría General de la República, quien son los que representan al Estado en la jurisdicción contenciosa-administrativa.

El otro tema delicadísimo, en esta reforma propuesta, que aunque fue estimado con vicios de constitucionalidad por la Sala Constitucional y ya no es parte del proyecto, es importante mencionar, era el cambio en la forma de notificar estos procesos. Mientras que, en la ley vigente, el proceso se debía de notificar, como cualquier otro proceso, en donde se debe de notificar de forma personal o en su casa de habitación al denunciado, y en caso de que se pruebe que es imposible su notificación de esta forma, se podrá hacerlo por publicación; la propuesta de ley incorporaba formas de notificación que podrían llevar a la indefensión o violación al debido proceso, a los sujetos en estos proyectos. El artículo 20 ter, gratamente eliminado, con sustento en el criterio de la Sala Constitucional, facultaba a notificar por cualquier medio establecido por la parte denunciada o su representante, que se haya indicado como medio de notificación previamente ante alguna autoridad judicial. Aplicando esto a la práctica, se podría dar el caso de que, en algún momento, por ejemplo, en un juicio de tránsito, se haya indicado el correo electrónico de un abogado que 20 años después ya no tiene ninguna relación ni contacto con el denunciado, y que, si se notifica en esa dirección, estaría notificado correctamente. Si el fin de las notificaciones es informar al interesado, de esta forma, lo más seguro es que el interesado no se llegara a informar, y que la notificación perdiera completamente su función de informar, y simplemente sea un trámite previo para juzgar a alguien en ausencia, violando su derecho a defenderse.

Igualmente, en el caso de las personas jurídicas, se pretendía notificar en el domicilio “real”, o “contractual” de la compañía, cuando actualmente se puede únicamente notificar a los representantes, o en el domicilio de la compañía, debidamente inscrito en el Registro Público. Surge la duda, de: ¿a qué es lo que refieren por domicilio real?, o ¿quién daría fe, de que algún lugar es, o no, el domicilio real? Es decir, ¿si se puede interpretar libremente dándole el rango de domicilio real, a cualquier lugar que tenga relación con la empresa? En el caso de una cadena de supermercado, ¿se les podría notificar en cualquiera de sus establecimientos? De haberse podido hacer eso, también se violaría groseramente el derecho de defensa. Tampoco se podría aceptar un domicilio contractual, ya que estos se disponen únicamente para efectos del contrato, y una empresa que firme muchos contratos podría tener infinidad de domicilios contractuales durante su operación.

A lo largo de este breve repaso por la legislación costarricense, en donde se incluye la legislación vigente, los intentos de reforma que han habido, y la posible reforma que podría estar pronta a convertirse en ley de la República; podemos decir que es importante seguir contando una ley de extinción de dominio como complemento a las leyes que sancionan el lavado de dinero, ley 8204^{^[54]}, y ley 7093^{^[55]}; sin embargo, desde el año 2009 Costa Rica tiene una ley de extinción de dominio, que permite perseguir los bienes producto de actividad criminal, ante la eventual imposibilidad de condenar a los capos responsables de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, trata de personas y la corrupción, a quienes, debido a las nuevos tecnologías, cada vez es más difícil condenar.

No es necesario una ley especial, y la propuesta de reforma a la ley actual no mejorará la norma, al contrario, la empeorará. La extinción de dominio debe de mantener un balance entre una norma que sume a la lucha contra la criminalidad organizada, sin que por ello permita abusos o arbitrariedades. Lamentablemente la norma propuesta convertirá el sistema actual en un sistema arbitrario.

La ley vigente se puede mejorar a nuestro juicio, y coincidimos en que en la ley de extinción de dominio, se debe: a) de eliminar la referencia a bienes adquiridos sin causa lícita aparente, por ser un concepto jurídico indeterminado; b) de exigir al denunciante que tenga que probar de manera fehaciente e indubitable, sin invertir la carga de la prueba, que los bienes fueron adquiridos construidos o desarrollados con dineros provenientes de las actividades puntualmente señaladas, cómo por ejemplo: narcotráfico, tráfico, terrorismo, corrupción o lavado de dinero, y c) Que el juez deba de señalar los hechos probados para motivar sus resoluciones^{^[56]}, y también sería importante sacar de la jurisdicción contenciosa-administrativa, el proceso de extinción de dominio, y trasladarlo a la jurisdicción penal, sin embargo, la propuesta de reforma legal no incluye estos cambios.

En la práctica la ley vigente podría seguir funcionando tal cual lo hace, incluso se podría mejorar muchísimo su aplicación. Si la presente ley no ha sido más usada, no es porque la ley tenga algún problema que la hace inaplicable, sino porque no ha existido voluntad, o necesidad de implementarla por parte de las cuatro instituciones que hoy día tienen legitimidad para presentar las denuncias. Es decir, la herramienta existe, y si no se está utilizando más, es porque se no se ha querido. Es importante no caer en el error de interpretar que la incorrecta aplicación de la ley se soluciona con una reforma legal. El problema no es la ley, es la aplicación. No será la primera, ni la última vez en que, para justificar la inaplicabilidad de una norma, se dice que la ley tiene que ser reformada, cuando de lo que depende es de la voluntad de las autoridades. Como bien lo dice el Prof. Francesco Carnelutti, “Es bastante más preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces, que buenas leyes con malos jueces”, y con buenos jueces es posible aplicar la ley actual, con eficiencia, sin necesidad de nuevas reformas.

8. BIBLIOGRAFÍA

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Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2013). Voto 2013 007766, expediente 11-014009-0007-CO.

Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2015). Resolución número 18946-2015.

Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2016). Resolución número 01691-2016.

Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2021). Resolución Nº 19152 - 2021 de las 09:15 horas del 27 de agosto del 2021. San José, Costa Rica.

Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2024). Resolución número 29411- 2024 de las 09:55 horas del 8 de octubre de 2024. San José, Costa Rica.

Voto nro. 2024-026373

Expediente: 24-022734-0007-CO

Tipo de asunto: Consulta Legislativa Preceptiva

Proyecto consultado: Proyecto de “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES”. Expediente legislativo nro. 23.701

Magistrado Ponente: Paul Rueda Leal

Descriptores: Extradición. Vida humana. Equilibrio de intereses.

Transcripción de Contenido

Exp: 24-022734-0007-CO

Res. 2024026373

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y quince minutos del once de setiembre de dos mil veinticuatro.

Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, referida al proyecto denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES”, que se tramita en el expediente legislativo nro. 23.701.

Resultando

1.- La consulta se formula en cumplimiento de lo que establece el numeral 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Fue recibida en la Secretaría de la Sala a las 12:52 horas del 16 de agosto de 2024, junto con una copia certificada del expediente legislativo.

2.- La Presidencia de la Sala tuvo por presentada la consulta mediante resolución de las 15:20 horas de 20 de agosto de 2024. En aplicación del ordinal 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala Constitucional debe evacuar la consulta preceptiva de constitucionalidad dentro del mes siguiente a su recibo, en este caso, el plazo vence el 16 de setiembre de 2024.

3.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO Y ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. El proyecto de ley consultado, intitulado “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES”, se tramita en el expediente legislativo nro. 23.701. Por tratarse de una reforma parcial a la Constitución Política, su tramitación en este órgano se rige según los preceptos 96 inciso a), 97 y 98 párrafo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En atención a tales normas, esta consulta fue planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa el 16 de agosto de 2024, luego que el proyecto de marras fue aprobado de manera unánime por 39 diputados en primer debate de la primera legislatura en la sesión plenaria ordinaria nro. 39 del 5 de agosto de 2024. Así las cosas, la consulta es admisible, por lo que se procede a evacuarla.

II.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE NRO. 23.701 EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. El proyecto de reforma al canon 32 de la Constitución Política, tramitado en el expediente legislativo nro. 23.701, ha seguido el siguiente iter:

1. El 24 de abril de 2023, 10 diputados y diputadas presentaron ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa la proposición denominada “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES” (folios 1-8 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

2. Mediante decreto ejecutivo nro. 43997-MP del 3 de mayo de 2023 se convocó la proposición de reforma del ordinal 32 constitucional a sesiones extraordinarias (folios 21-26 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

3. En la sesión plenaria ordinaria nro. 7 del 10 de mayo de 2023 se dio primera lectura a la proposición de reforma del numeral 32 constitucional (folios 9-20 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

4. En la sesión plenaria ordinaria nro. 12 del 24 de mayo de 2023 se dio segunda lectura a la proposición de reforma del precepto 32 constitucional (folios 27-32 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

5. En la sesión plenaria ordinaria nro. 20 del 7 de junio de 2023 se dio tercera lectura a la proposición de reforma del canon 32 constitucional. Asimismo, inició su discusión (folios 33-41 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

6. En la sesión plenaria ordinaria nro. 34 del 5 de julio de 2023 continuó la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del artículo 32 constitucional (folios 42-57 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

7. En la sesión plenaria ordinaria nro. 38 del 19 de julio de 2023 prosiguió la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del ordinal 32 constitucional (folios 58-72 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

8. En la sesión plenaria ordinaria nro. 40 del 26 de julio de 2023 reanudó la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del numeral 32 constitucional (folios 73-79 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

9. En la sesión plenaria extraordinaria nro. 49 del 16 de agosto de 2023 continuó la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del precepto 32 constitucional (folios 80-89 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

10. Mediante oficio AL-DEST-IJU-215-2023 del 6 de octubre de 2023, el Departamento de Servicios Técnicos remitió el informe jurídico sobre el expediente nro. 23.701 al director del Departamento de Secretaría del Directorio Legislativo (folios 90-121 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

11. Mediante decreto ejecutivo nro. 44240-MP del 1º de noviembre de 2023 se convocó la proposición de reforma del canon 32 constitucional a sesiones extraordinarias (folios 122-124 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

12. En la sesión plenaria ordinaria nro. 86 del 8 de noviembre de 2023 prosiguió la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del artículo 32 constitucional (folios 125-136 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

13. Por medio del decreto ejecutivo nro. 44255-MP del 23 de noviembre de 2023 se retiró la proposición de reforma del ordinal 32 constitucional de sesiones extraordinarias (folios 137-140 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

14. Mediante decreto ejecutivo nro. 44452-MP del 1 de mayo de 2024 se convocó la proposición de reforma del numeral 32 constitucional a sesiones extraordinarias (folios 141-145 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

15. En la sesión plenaria ordinaria nro. 5 del 8 de mayo de 2024 reanudó la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del precepto 32 constitucional (folios 146-160 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

16. En la sesión plenaria ordinaria nro. 8 del 15 de mayo de 2024 continuó la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del canon 32 constitucional (folios 161-178 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

17. En la sesión plenaria extraordinaria nro. 1 del 22 de mayo de 2024 prosiguió la discusión de admisibilidad de la proposición de reforma del artículo 32 constitucional y se aprobó su admisibilidad por unanimidad de 43 votos (folios 179-208 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

18. En la sesión plenaria ordinaria nro. 15 del 29 de mayo de 2024 se integró la Comisión Especial para analizar esta proposición de reforma constitucional. Sus integrantes recibieron los siguientes votos: Oscar Izquierdo Sandí 41 votos, Paulina Ramírez Portuguez 39 votos; Pilar Cisneros Gallo 39 votos, Eliécer Feinzaig Mintz 42 votos, David Segura Gamboa 39 votos, Horacio Alvarado Bogantes 42 votos y Priscilla Vindas Salazar 40 votos (folios 209-260 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

19. Por medio del decreto ejecutivo nro. 44475-MP del 31 de mayo de 2024 se retiró la proposición de reforma del numeral 32 constitucional de sesiones extraordinarias (folios 262-263 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

20. Mediante decreto ejecutivo nro. 44477-MP del 5 de junio de 2024 se convocó la proposición de reforma del precepto 32 constitucional a sesiones extraordinarias (folios 264-266 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

21. El 5 de junio de 2024 se instaló la Comisión Especial que analiza el expediente legislativo nro. 23.701 (folio 267 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

22. El 5 de junio de 2024, la Secretaría del Directorio de la Asamblea legislativa entregó el expediente nro. 23.701 a la Gerencia del Departamento de Comisiones (folio 268 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

23. El 5 de junio de 2024, el Área Legislativa I recibió el expediente nro. 23.701 (folio 269 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

24. En la sesión extraordinaria nro. 1 del 10 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 aprobó mociones para acordar el horario de las sesiones ordinarias, consultar ese expediente a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia y Paz, convocar en audiencia a expertos y al ministro de Seguridad Pública, y convocar en audiencia al fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público. Asimismo, se recibió en audiencia a expertos (folios 279-331 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

25. En la sesión extraordinaria nro. 2 del 13 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 recibió en audiencia a expertos (folios 347-376 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

26. En la sesión ordinaria nro. 3 del 17 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 aprobó mociones para recibir en audiencia a la directora de Asunto Internacionales de la Fiscalía General de Colombia y al fiscal especial para Asuntos Internacionales de México, y consultar el criterio de la Procuraduría General de la República. Además, se recibió en audiencia al ministro de Seguridad Pública y al fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (folios 381-423 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

27. En la sesión extraordinaria nro. 4 del 24 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 aprobó una moción para recibir en audiencia al Asesor II de la Dirección de la Fiscalía General de Colombia y dejar sin efecto la convocatoria a la directora de Asunto Internacionales de esa Fiscalía. Además, se recibió en audiencia a un experto (folios 436-461 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

28. En la sesión ordinaria nro. 5 del 24 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 aprobó una moción para recibir en audiencia a una exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se recibió en audiencia al fiscal especial para Asuntos Internacionales de México y el Asesor II de la Dirección de la Fiscalía General de Colombia (folios 464-495 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

29. Mediante oficio nro. SP-238-2024 del 21 de junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia se refirió al expediente nro. 23.701 (folios 496-519 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

30. En la sesión extraordinaria nro. 6 del 26 de junio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 aprobó una moción para solicitar por escrito el criterio de la exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a imposibilidad técnica de una audiencia oral (folios 573-578 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

31. Mediante oficio nro. PGR-OJ-082-2024 del 2 de julio de 2024, la Procuraduría General de la República se refirió al expediente nro. 23.701 (folios 579-601 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

32. Por oficio del 2 de julio de 2024, la exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió al expediente nro. 23.701 (folios 603-607 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

33. En la sesión ordinaria nro. 7 del 8 de julio de 2024, la Comisión Especial para el expediente nro. 23.701 discutió el expediente por el fondo y lo aprobó por unanimidad de 7 diputados (as). Asimismo, aprobó una moción para que se publicara el texto original de la proposición (folios 611-631 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

34. El 10 de julio de 2024, el Área Legislativa I remitió al Directorio el expediente nro. 23.701 y el dictamen unánime afirmativo (folios 641-730 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

35. El 11 de julio de 2024, la Secretaría del Directorio recibió el expediente nro. 23.701 (folio 731 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

36. En sesión plenaria extraordinaria nro. 6 del 22 de julio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden de posposición para entrar a conocer en forma inmediata varios proyectos, entre ellos, el expediente nro. 23.701 (folios 743-751 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

37. En sesión plenaria ordinaria nro. 38 del 30 de julio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden de posposición para entrar a conocer en forma inmediata varios proyectos, entre ellos, el expediente nro. 23.701. En esa sesión se aprobó una moción de fondo (folios 752-751 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

38. En sesión plenaria extraordinaria nro. 8 del 31 de julio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden de posposición para entrar a conocer en forma inmediata varios proyectos, entre ellos, el expediente nro. 23.701. En esa sesión, finalizó la discusión de mociones de fondo. Además, inició la discusión por el fondo en primer debate de la primera legislatura (folios 777-804 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

39. En sesión plenaria ordinaria nro. 39 del 5 de agosto de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden de posposición para entrar a conocer en forma inmediata varios proyectos, entre ellos, el nro. 23.701. Además, continuó la discusión por el fondo del expediente nro. 23.701. Luego, se sometió a votación y fue aprobada con el voto unánime de 39 diputados (as) (folios 808-827 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

40. En el Alcance nro. 138 a La Gaceta digital nro. 145 del 8 de agosto de 2024 se publicó el texto actualizado del proyecto de ley del expediente nro. 23.701 (folios 833-835 de la copia certificada del expediente legislativo nro. 23.701).

III.- Sobre el procedimiento legislativo en el caso concreto. Según se desprende del expediente legislativo nro. 23.701, la proposición de reforma constitucional denominada “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES” fue planteada el 24 de abril de 2023 por 10 diputados (as), con lo que se satisfizo la cantidad mínima de diputados (as) contemplada en el canon 195 inciso 1) de la Constitución Política. Las tres lecturas exigidas por el inciso 2) de tal artículo se llevaron a cabo los días 10 de mayo, 24 de mayo y 7 de junio, todos de 2023. Si bien se excedió el plazo de 6 días dispuesto en la citada norma, la Sala ha entendido que se trata de un plazo ordenatorio, sin que su superación acarree un vicio sustancial del proceso, salvo casos en que tal dilación sea excesiva e implique que las lecturas no sean efectuadas por una misma integración legislativa (sentencias nros. 2023008903 de las 16:40 horas del 19 de abril de 2023, 2000007818 de las 16:45 horas de 5 de setiembre de 2000 y 2010009927 de las 14:59 horas del 9 de junio de 2010). En la sesión plenaria extraordinaria nro. 1 del 22 de mayo de 2024 se aprobó la admisibilidad de la proposición de reforma constitucional por unanimidad de 43 votos. Se acota que se alcanzó la mayoría absoluta exigida por el inciso 3) del ordinal 195 de la Constitución Política. En la sesión plenaria ordinaria nro. 15 del 29 de mayo de 2024 se conformó la Comisión Especial que conocería tal expediente. El 5 de junio de 2024 se instaló la Comisión Especial que analiza el expediente legislativo nro. 23.701. El 5 de junio de 2024, la Secretaría del Directorio de la Asamblea legislativa entregó a la Gerencia del Departamento de Comisiones el expediente nro. 23.701. Ese mismo día, el Área Legislativa I recibió el citado expediente. El expediente fue objeto de estudio y discusión por parte de la Comisión durante siete sesiones. En la sesión ordinaria nro. 7 del 8 de julio de 2024, la Comisión Especial discutió el expediente por el fondo y lo aprobó por unanimidad de 7 diputados (as). El 10 de julio de 2024, el Área Legislativa I remitió al Directorio el expediente nro. 23.701, así como el dictamen unánime afirmativo. Se advierte que la aprobación de la proposición de reforma y emisión del dictamen en comisión pudo exceder el plazo de 20 días regulado en el inciso 3) del artículo 195 constitucional. Si bien se podría requerir prueba para mejor resolver a la Asamblea Legislativa a los efectos de precisar los días hábiles legislativos de ese periodo, se estima innecesaria tal diligencia a partir del criterio establecido por la Sala en la resolución nro. 2008-010728 de las 17:54 horas del 26 de junio de 2008, donde se estimó que no se incurría en un vicio procedimental sustancial por el hecho de superar el citado plazo dentro de lo razonable:

“III.- SOBRE LA INOBSERVANCIA DEL NUMERAL 195 INCISO 3) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. En la misma sentencia de cita, se ha dicho que la inobservancia del procedimiento legislativo de reforma de la Constitución Política, propiamente la aplicación del artículo 195 inciso 3), no importa ningún roce de inconstitucionalidad, pues el plazo ahí contenido es ordenatorio y no perentorio:

“VIII — El artículo 195, que dispensa a la Asamblea Legislativa la potestad de reformar parcialmente la Constitución, no confiere al legislador ordinario una facultad ilimitada. Más bien, sujeta el ejercicio de esa potestad a un procedimiento especial agravado. En este sentido, el artículo 195 tiene un doble carácter. En primer lugar, carácter instrumental, al dotar a la Asamblea de una potestad y de un procedimiento para realizarla, procura el medio apto para que el texto constitucional, a pesar de su aspiración de perdurabilidad y permanencia, y de su consiguiente rigidez, encuentre manera de adaptarse a los cambios que demandan los tiempos. En segundo lugar, carácter sustantivo o garantista, puesto que la potestad legislativa ha de ceñirse al artículo 195, o, como éste mismo dice, puesto que la Asamblea ha de proceder "con absoluto arreglo" a sus disposiciones, protege la rigidez de la Constitución, o, lo que es igual, los contenidos de la Constitución, en tanto conjunto de normas fundamentales del ordenamiento jurídico, que no pueden reformarse por el procedimiento ordinario para la emisión de las leyes.

IX — La expresión "con absoluto arreglo" no significa, empero, que el régimen de la reforma parcial de la Constitución se agota en el artículo 195, o, dicho de otro modo, no significa que la plenitud del régimen de la reforma parcial está en este artículo. En el artículo 10 inciso b) la Constitución impone la consulta del proyecto ante la Sala Constitucional; en el artículo 121 inciso 22) atribuye a la Asamblea potestad de autorregulación, y es bien sabido que el Reglamento legislativo, que resulta del ejercicio inmediato de esa potestad, contribuye con muchas de sus disposiciones, aunque no fueran específicas, a la regulación del régimen de la reforma parcial. Pero si se observa de cerca el curso real del procedimiento de reforma parcial, en casi cualquier caso concreto, es fácil advertir que ni siquiera el Reglamento alcanza a configurar, con el artículo 195, la plenitud del régimen jurídico de ese procedimiento. A este régimen se suman, para decirlo de modo muy general, usos, prácticas, costumbres y convenciones, que se caracterizan en común por que se perpetúan a lo largo del tiempo, sin contrariedad o controversia, todo lo que impregna el procedimiento y lo conduce efectivamente con convicción de juridicidad, y que es ineludible resultado de las exigencias que plantea la estructura, composición y funcionamiento de un órgano político representativo y deliberativo como la Asamblea Legislativa. De aquí deduce el ordenamiento que la rige (el Derecho parlamentario) el carácter dinámico y flexible que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen abrumadoramente como condición necesaria y legítima.

X — Ahora bien, el origen legislativo de la proposición de reforma parcial de la Constitución, la exclusión del Poder Ejecutivo de la iniciativa del proyecto y después del veto de la adoptada y el hecho de que solo muy posteriormente esta última acabe mutando en un proyecto de reforma en el seno mismo de la Asamblea, de modo que es ésta la que concibe, delibera y construye autónomamente el texto de la reforma, guarda estrecha relación con la índole de la reforma constitucional, así sea parcial, porque vincula el fenómeno a la naturaleza del Poder Reformador de la Constitución. De otro lado, los trámites que corren entre la proposición y el proyecto se inscriben en lo que evidentemente es una fase preparatoria el inciso 5° del artículo 195, cuando dice:

"Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión…".

En el ínterin, la Asamblea —en pleno— tiene varias oportunidades para decidir si admite la proposición, o si la impulsa, o si la desecha. A este último supuesto se refiere de modo expreso el inciso 2° del mismo, cuando dice que la proposición se lee "para resolver si se admite o no a discusión"; todo lo cual pone de manifiesto, en todas las fases del procedimiento, el protagonismo de la Asamblea —en pleno, que es el órgano llamado, en exclusiva, a ejercer el Poder Reformador de la Constitución, y el carácter simplemente auxiliar que tienen las comisiones a que se refiere el dicho artículo. Carácter apenas auxiliar, porque no es decisorio, ni podría serlo sin que esto suponga invadir una competencia que no les dispensó a ellas la Constitución, sino, como se ha visto, sólo a la propia Asamblea, y proceder sin el "absoluto arreglo" que la Carta demanda.

XI — Así, pues, en lo referente específicamente a la Comisión dictaminadora de la proposición, no cabe duda de que es obligatorio el plazo fijado en el inciso 3° del artículo 195, y que el incumplimiento de dictaminar o de hacerlo en tiempo puede ser reprochado a sus miembros, de acuerdo con lo que se disponga en el Reglamento legislativo. Pero carecería de todo sentido lógico, a la luz de lo dicho, reconocer la necesidad de respetar la integridad del poder decisorio de la Asamblea en esta materia, que le pertenece por entero a ella, y deducir a la vez de la letra del artículo 195 la consecuencia de que una Comisión dictaminadora —o aun una simple mayoría dentro de ella— esté en posibilidad real de hacer nugatorio ese poder, deliberadamente o no, con sólo abstenerse de dictaminar o dictaminando extemporáneamente. Obsérvese que la Asamblea sólo puede actuar a posteriori de ese incumplimiento, cuando ya se ha producido, y carecería de todo sentido lógico castigar esta impotencia sustrayéndole la potestad de alcanzar el fin concreto que el ejercicio de esa potestad persigue, a saber, la reforma parcial de la Constitución. Este sería, sin embargo, el resultado que se conseguiría si se estima que el incumplimiento ya no solo puede aparejar una sanción a los miembros de la Comisión, lo que es del todo comprensible, sino la invalidación del procedimiento y de su producto, como está pedido en estas acciones. Pero, además, el carácter garantista del procedimiento de reforma parcial, del que también se ha hablado aquí, antes que ser satisfecho con el mencionado resultado, sería violado por éste, en la medida en que se impediría al Poder Reformador de la Constitución su adecuación y, en esa medida, se compromete su perdurabilidad, su permanencia, su misma rigidez y las del orden a que ella aspira.

XII — El carácter auxiliar de la Comisión dictaminadora a que se refiere el inciso 3° del artículo 195 no ha de ser, sin embargo, menospreciado. La simple lectura de este artículo muestra que el procedimiento especial de reforma parcial de la Constitución es pausado, y diseñado de tal manera que la voluntad de la Asamblea se produzca mediante sucesivas deliberaciones y decisiones destinadas a crear espacios de reflexión, discusión y acuerdo, todo muy en consonancia con el citado carácter garantista de ese procedimiento. Es en función de esas exigencias, que guardan conformidad con principios como los de participación democrática y publicidad, que ya este Tribunal ha estimado esencial el trámite de Comisión previsto en el inciso 3° del artículo 195, como lo ha hecho ver el Procurador General de la República en su informe. Es en este contexto que se explica la reforma constitucional que extendió el término final del plazo concedido a la Comisión, de ocho a veinte días, en virtud de la Ley No. 6053 de 15 de junio de 1977, dado que, como ya se ha explicado, el plazo es obligatorio, y resultaba ser, antes de su reforma, manifiestamente insuficiente para cumplir a cabalidad la función dictaminadora, pero esto no permite deducir el carácter anulatorio de su incumplimiento, mucho menos una vez ejercido el Poder Reformador de la Asamblea. La consecuencia invalidante del procedimiento legislativo que se atribuye al exceso del plazo es el resultado de una interpretación de algunas expresiones empleadas en el artículo 195, y, especialmente, de la que dice que la reforma se deberá hacer "con absoluto arreglo" a lo que en ese artículo se dispone. Hacerlo supondría que, por ejemplo, cualquier exceso de los plazos de seis días establecidos en el inciso 2° del mismo artículo, que median entre las lecturas que anteceden a la primera decisión de la Asamblea, tengan el mismo efecto invalidante, sin importar siquiera las razones que lo expliquen o justifiquen.

XIII — A los efectos de resolver las presentes acciones, este tribunal no ha encarado el laborioso esfuerzo de detectar los eventuales casos en que infracciones de esta naturaleza se pudieran haber producido. Pero sí consta que hay un relevante número de leyes de reforma parcial de la Constitución producidas con exceso del plazo del inciso 3° del artículo 195. En todos los casos en que se dio esta circunstancia, la Asamblea continuó el procedimiento hasta su finalidad propia. Para conocer la persistencia, incidencia o reiteración de este fenómeno, es indiferente que en otros casos se dictaminase dentro del plazo, porque ninguna cuestión podía hacerse sobre este hecho. Se trata, en consecuencia, de acuerdo con la información recabada, de una reiterada e inalterada práctica, nunca contradicha ni controvertida, que es lo que hace, precisamente, la costumbre constitucional. De otra parte, es evidente que el legislador que produjo la reforma impugnada se atuvo, pues, a una interpretación indiscutida, y, tanto antes de 1969 como después, a lo largo de todos los períodos constitucionales y de todas sus diversas integraciones, reformó parcialmente la Constitución, en muchas de sus disposiciones, todas las cuales podrían ser suprimidas si este Tribunal resolviera conceder la gravísima consecuencia de la nulidad al exceso del plazo. Se ha alegado que esa consecuencia anulatoria es intrascendente, o un asunto extrajurídico, porque el rigor formal —o formalista— en la interpretación constitucional debe imperar por encima de cualquier otra consideración; pero esto, lejos de implicar el imperio del Derecho de la Constitución, lo desvirtúa, mediante una interpretación de nuevo cuño, contradictoria, por cierto, con aquella en la que se fundó una práctica legislativa que acuñó, en conjunto, a lo largo de los años, una notable enmienda de la Constitución por sucesivas reformas, y que, a juicio de este tribunal, integró el sentido de la Constitución con plena validez jurídica. Esto no es ajeno a un riguroso razonamiento jurídico y, desde luego, nada irrelevante: por el contrario, no escapan a este Tribunal las desgarradoras consecuencias que acoger la tesis de los accionantes implicaría para la integridad del Derecho de la Constitución, para su legitimación como normativa fundamental del ordenamiento, para la seguridad jurídica, y, en suma, para la propia integridad y legitimidad del derecho subordinado a la Constitución.

XIV — Para destacar esas desgarradoras consecuencias basta con observar que, de un total de cuarenta y ocho reformas parciales incorporadas a la Constitución de 1949, hasta las del 27 de mayo de 1999, solamente veinte no serían inválidas, por haber sido dictaminadas dentro del plazo constitucional — de 8 días hasta 1977, de 20 después — , mientras que sí lo serían y, en consecuencia, absolutamente nulas, las veintisiete restantes — más de un 56%, que afectaron 45 disposiciones, y casi todas las más importantes —, las cuales fueron informadas tardíamente, incluso las que reformaron los artículos 157, sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia (Ley #1749 de 8 de junio de 1954); 93, 95, 100 y 177 sobre el sufragio, la composición del Tribunal Supremo de Elecciones y su presupuesto (Ley #2345 de 20 de mayo de 1959); 73, sobre administración del Seguro Social (Ley 2737 de 12 de mayo de 1961); de nuevo 177, sobre el presupuesto (Ley #2738 del 12 de mayo de 1961); 16 párrafo 1, sobre convenios de doble nacionalidad (Ley #2739 de 12 de mayo de 1961); 106 y 171, sobre composición de la Asamblea Legislativa y elección de regidores municipales (Ley #2741 de 12 de mayo de 1961); 111, sobre incompatibilidades de los diputados (Ley #3118 de 16 de mayo de 1963); 49, de creación de la nueva Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 3124 de 25 de junio de 1963); de nuevo 100 y 101, sobre composición del Tribunal Supremo de Elecciones (Ley 3513 de 24 de junio de 1965); 7, 33, 121 incisos 4) y 15), 141 inciso 10), 188 y 196, sobre tratados y convenios internacionales, principio de igualdad, competencia legislativa para la aprobación de tratados y de empréstitos, potestad del Poder Ejecutivo para negociar tratados, régimen de autonomía de las instituciones descentralizadas e incluso reforma general a la Constitución (Ley #4123 de 31 de mayo de 1968); 90, sobre concesión de la mayoridad y ciudadanía a los 18 años (Ley #4763 de 17 de mayo de 1971); 75, que eliminó la autorización al legislador para excluir a las instituciones de beneficencia de las garantías sociales (Ley 4764 de 17 de mayo de 1971);96 inciso e) y, después, párrafo 2°, sobre contribución económica del Estado a los partidos políticos (Leyes #4765de 17 de mayo de 1971 y #4973 de 16 de mayo de 1972); 78, sobre educación general básica (Ley 5202 de 30 de mayo de 1973); 10 párrafo 1, 124 párrafo 2 y 140 inciso 19) sobre irrenunciabilidad de la potestad de legislar y naturaleza no legislativa de actos administrativos autorizados por ley —contratos leyes hasta entonces— (Leyes 5701 y 5702 de 5 de mayo de 1975); 76 que incluye el título de la educación y la cultura (Ley 5703 de 6 de junio de 1975); 9, que adicionó al Tribunal Supremo de Elecciones en el elenco de los poderes públicos (Ley 5704 de 5 de junio de 1975); 85, sobre financiamiento de la educación superior (Ley 6052 de 15 de junio de 1977); 162, sobre nombramiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia (Ley 6769 de 2 de junio de 1982); 124, sobre creación de comisiones con potestad legislativa plena (Ley 7347 de 17 de julio de 1993); 50, que incluyó el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Ley 7412 de 3 de junio de 1994); 16 y 17, sobre perpetuidad de la nacionalidad costarricense (Ley 7514 de 6 de junio de 1995); 139 inciso 5), sobre viajes del presidente de la República fuera del país (Ley 7674 de 17 de junio de 1997); 78 sobre financiamiento de la educación (Ley 7676 de 23 de julio de 1997); todo esto, además de la propia reforma de los artículos 10, 48, 105 y 128 (Ley 7128 de 18 de agosto de 1989), que incorporó a la Carta la nueva Jurisdicción Constitucional personificada en esta Sala; y, desde luego, de la que aquí se impugna al 132 inciso 1°, sobre no reelección del Presidente y Vicepresidentes (Ley # 4349 del 11 de julio de 1969). De hecho, algunas de las dichas se dictaminaron en plazos tan largos como 87 días, las de los artículos 157 y 49; 117 días, la de los artículos 7 y demás, incluso la del 188 y 196; la del 162, 173 días; o la del 16 y 11, 247 días… y las cuatro últimas incluso después de la sentencia N°6674-93 en que la Sala destacó, por primera vez, la importancia del trámite de comisión.

XV — Ciertamente que correspondió a este Tribunal, en sentencia N° 6674-93 de las 10:15 hrs. del 17 de diciembre de 1993, y a nadie más antes de él — cosa importante, porque impidió a la Asamblea contrastar oportunamente su interpretación y su práctica con un intérprete autorizado de la Constitución — , calificar el vicio al que se refieren los accionantes, ocasión en que, al responder una consulta legislativa preceptiva, consideró que el vicio tenía efectos invalidantes, en el sentido específico de cancelar el procedimiento de reforma y causar el archivo del expediente; criterio que reiteró en la No. 4453-99 de 9:45 hrs. del 11 de junio de 1999, pero limitándose a transcribirlo, sin cuestionárselo ni darle especial importancia, dado que en este caso lo que consideró invalidante del procedimiento fue, principalmente, la introducción en Plenario de modificaciones que no tenían nada que ver con el proyecto de reforma constitucional original. Cabe señalar, pues, que ambos precedentes se dieron en sendas consultas legislativas, en las cuales la Sala puede y suele ser más rigurosa con las irregularidades de procedimiento, fácilmente reparables y en las que aun no se ha perfeccionado la voluntad constitucional de la Asamblea, pero no se han reproducido nunca en materia de control a posteriori de constitucionalidad, que es, por su naturaleza más traumático y demás grave consecuencias. En todo caso, entre ambas opiniones consultivas, la propia Sala se desentendió del criterio mantenido en ellas; por ejemplo, en sus resoluciones No. 1394-94 de 16 de marzo de 1944, No 1314-95 de 8 de marzo de 1995, No. 2933-95 de 7 de junio de 1995, y No. 1941-95 de 18 de abril de 1995. En estos casos, constreñida la Sala al examen del procedimiento de diversas reformas parciales en virtud de las correspondientes consultas facultativas, declaró no haber hallado vicios de procedimiento que pudieran tener efectos invalidantes. Además este es el primer caso en que la Sala, en ejercicio de su competencia de control a posteriori, se pronuncia a este respecto”

No existen motivos que permitan a la Sala cambiar los criterios externados en el fallo de cita y declarar que los plazos establecidos para las reformas constitucionales, propiamente, el rebasar el plazo concedido a la Comisión dictaminadora, provoque un efecto anulatorio de la reforma, mucho menos una vez ejercido el Poder Reformador de la Asamblea Legislativa”.

Después de entregado el dictamen de la comisión, la proposición fue conocida por el Plenario en varias sesiones. En la sesión plenaria ordinaria nro. 38 del 30 de julio de 2024 aprobó una moción de fondo. Luego, en la sesión plenaria ordinaria nro. 39 del 5 de agosto de 2024, la proposición fue sometida a votación y aprobada por unanimidad de 39 votos en primer debate de la primera legislatura.

Finalmente, en el Alcance nro. 138 de La Gaceta digital nro. 145 del 8 de agosto de 2024 se publicó el texto actualizado del proyecto de ley del expediente nro. 23.701.

Concerniente a tal publicación, en la sentencia nro. 2019015575 de las 9:15 horas del 21 de agosto de 2019 se refirió la Sala al principio de publicidad en el trámite de reforma constitucional en estos términos:

“VI.- SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA CONSTITUCIONAL. Como principio esencial en el proceso de formación de las leyes se encuentra el principio de publicidad, en el tanto garantiza la transparencia y posibilita la participación de quienes pudieran tener algún interés en un determinado proyecto. Concretamente, en la tramitación de un proceso de reforma parcial a la Constitución Política, la Sala ha sido enfática en señalar que la publicación de un específico proyecto deviene en fundamental, de conformidad con lo dispuesto, al efecto, en el numeral 195, inciso 4°), en consuno con lo señalado por los artículos 116 y 121, ambos del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En ese particular, en la Sentencia No. 2006-9567 de las 16:10 hrs. de 5 de julio de 2016, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“VI.- Del principio esencial de la publicidad en el trámite de reforma de la Constitución Política. Del precedente citado supra, en relación con el procedimiento de formación de la ley que es reforma de la Constitución que se analiza, debe entenderse que una vez que el proyecto de reforma cuenta con el informe de la comisión nombrada al efecto, éste es presentado a la Asamblea Legislativo dentro del plazo de 20 días que señala en inciso 3 del artículo 195 de la Constitución Política, y debe además observar el trámite dispuesto en el inciso 4) siguiente, según el cual:

“4) Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea;”

De la lectura del mandato constitucional recién transcrito se infiere que en el trámite de reforma de la Constitución Política debe ajustarse además el Legislador a los principios que informan la formación de ley ordinaria. Como principio esencial en la formación de las leyes está el Principio de Publicidad, en el tanto garantiza un amplio debate que facilita el contacto con la opinión pública en general y, en particular, con quienes pudieran tener interés, por razón de sus actividades económicas, en conocer y hasta participar en la deliberación del asunto, o, igualmente, la posibilidad de escuchar a órganos públicos, en este caso las municipalidades. En este punto es importante reiterar lo ya expuesto en anteriores consultas evacuadas por este Tribunal, en cuanto ha señalado que la publicidad de los procedimientos parlamentarios resulta además esencial dado el carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, siendo que la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes, según lo dispone el artículo 105 constitucional. (En tal sentido ver sentencia 2000-03220 de las diez horas con treinta minutos del dieciocho de abril del dos mil). Extraña la Sala en este asunto, que después de la presentación del informe por la Comisión nombrada al efecto en el año dos mil uno, se obvió la publicación del texto previo a la inclusión en el orden del día y primer debate iniciado tres años más tarde, en la sesión número 12 del dieciocho de mayo de dos mil cuatro, (folios 104 a 107 del expediente legislativo). Tal omisión resulta contraria al principio de publicidad de los procedimientos parlamentarios que se entiende inmerso en el procedimiento de reforma de la Constitución Política, y que según mandato del inciso 4) del artículo 195 de la Constitución Política - en relación con lo dispuesto en los artículos 116 y 121, ambos del Reglamento de la Asamblea Legislativa-, debe publicarse el proyecto de ley en el Diario Oficial, previo a la inclusión del mismo en el Orden del Día. Conviene agregar a lo expuesto que al tratarse de una reforma de la Constitución Política cuya tramitación es más compleja que la formación de la ley ordinaria, no podría válidamente acordarse el trámite de dispensa de publicación previsto en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. La omisión de trámites no es posible en cuanto a reformas parciales a la Constitución Política, en primer lugar por la naturaleza misma de las reformas a la Constitución Política que es formal y agravada; y en segundo lugar porque, del trámite de reforma parcial a la Constitución que establece la Constitución Política, se desprende expresamente la exigencia de la Comisión nombrada al efecto, de elaborar el respectivo informe (Artículo 195 incisos 3 y 4 de la Constitución Política). En otros términos se puede afirmar que la publicación constituye un trámite esencial en el procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política, cuya omisión se constituye en un vicio invalidante; y no puede la publicación ser omitida en los términos ya explicados. (…)”. (Criterio reiterado en el Voto No. 2010-11043 de las 15:00 hrs. de 23 de junio de 2010).

Ahora bien, pese a lo dicho anteriormente, resulta menester destacar que mediante la Sentencia No. 2018-3851 de las 11:51 hrs. de 7 de marzo de 2018, esta Sala señaló que si bien la regla que debe prevalecer es la publicación de este tipo de proyectos de reforma constitucional antes de su votación en primer debate de primera legislatura, esta última igualmente se podría llevar a cabo con posterioridad a tal votación e, incluso, luego de presentado el asunto en consulta ante esta jurisdicción, sin que esto suponga un vicio sustancial del procedimiento. Así, en dicha ocasión se indicó expresamente lo siguiente:

“IV.- (…) Ciertamente, tal como se señaló en la sentencia N° 2006-009567, la omisión de publicación constituye un vicio esencial que invalida el trámite legislativo debido a su relevancia a los efectos del principio democrático. Ahora bien, a la luz de lo señalado en la sentencia N° 2013-008252, deviene necesario advertir que el principio de publicidad no es un fin en sí mismo, sino que su importancia radica en, por un lado, garantizar la transparencia, y, por otro, posibilitar la participación de los sujetos interesados. Como se dice en la sentencia N° 2013-008252 recién transcrita “… Tal cualidad potencia a nivel constitucional el propósito fundamental de la publicidad: promover la intervención de la ciudadanía en las decisiones fundamentales del Estado. Si este fin no resulta vulnerado y se advierte que no se ha dado una verdadera obstaculización a la participación popular, entonces un error en la publicación no puede llegar a configurar por sí solo un vicio esencial del procedimiento legislativo.” (El subrayado es agregado). Mutatis mutandis, si la publicación se realiza en un momento procesal diferente, deberá valorarse si ha ocurrido una verdadera obstaculización a la participación popular o se ha afectado gravemente la transparencia del procedimiento legislativo, a los efectos de determinar la existencia de un vicio sustancial en el procedimiento legislativo; de no ser ese el caso, no se estaría en presencia de un vicio de tal tipo.

La Sala enfatiza que el procedimiento legislativo de reforma constitucional es especial y diferente del procedimiento ordinario de aprobación de una ley. Ciertamente, se trata de un procedimiento agravado que exige la iniciativa por parte de al menos 10 diputados (o al menos 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral condicionado a que se trate de reformas parciales a la Constitución, no de tipo general, caso último en el que rige de manera exclusiva lo dispuesto en el ordinal 196 constitucional); además, su aprobación requiere de una mayoría calificada en dos legislaturas diferentes, entre otros requisitos.

La Sala estima necesario acudir a las actas del Constituyente para determinar la validez de la publicación después de la aprobación en primer debate en este caso concreto, con el propósito de dilucidar si la publicación realizada de esta forma contraviene o no el texto constitucional. Dentro de esta perspectiva, es menester advertir que el Constituyente originario no se refirió de manera clara a la publicidad del proyecto al momento de discutir y determinar el procedimiento de reforma constitucional. Sin embargo, sí se expresó sobre el propósito de las etapas procedimentales, en particular, aquellas previstas en los incisos 6) y 7) del artículo 195 constitucional, etapas pendientes en el procedimiento legislativo sub examine. El motivo que generó la discusión de dichos incisos es que fueron ellos (junto al inciso 1) los que sufrieron las mayores modificaciones con respecto al texto base, que era el de la Constitución de 1871.

La Sala observa que la redacción actual del inciso 6) se dio como consecuencia de una moción presentada por el constituyente Baudrit González. Al respecto, se indica en el acta N° 149 de las 15:00 horas del 12 de setiembre de 1949:

“El Representante BAUDRIT GONZALEZ presentó moción para que el inciso 6) se leyera así:

‘El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo y éste lo enviará a la Asamblea junto con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria con sus observaciones o recomendándolo’. [195.6]

El señor Baudrit observó que con el proyecto que la Asamblea envía al Ejecutivo sólo pueden hacerse dos cosas: o bien el Ejecutivo le introduce reformas, variaciones, o bien lo recomienda absolutamente. Su moción contempla ambos extremos.

Puesta a votación, fue aprobada.” (El subrayado es agregado).

La intención de dicho inciso fue aclarada nuevamente por el diputado Baudrit en dos momentos. En la misma acta N° 149 señaló:

“El señor BAUDRIT GONZALEZ expresó que el punto era de gran trascendencia. De acuerdo con su manera de pensar, el texto de la Carta del 71, relacionado con las reformas de la Constitución, es bien claro. Lo entiende en el sentido de que la facultad de efectuar reformas constitucionales le corresponde, en una forma privativa, a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con un proceso que luego se indica en varias disposiciones. El Poder Legislativo viene, en cierto modo, a desempeñar las funciones de una Constituyente. Para que el país no fuera sorprendido con una reforma y para que ésta se meditara lo más posible, se estableció el método de dos legislaturas, dándole tiempo al mismo pueblo para que se pronuncie en relación con la reforma y a la propia Cámara para discutirlas en una forma más honda.” (El subrayado es agregado).

También en el acta siguiente, durante la discusión del inciso 7), dicho diputado aclaró el sentido del inciso 6) que había propuesto:

“El Representante BAUDRIT GONZALEZ expresó: “Al hablarse aquí del inciso 6), artículo 139, intervine para dejar sentado, y así fue admitido, que el Poder Ejecutivo -incluyendo desde luego el Consejo de Gobierno- tiene que devolver el plan de reformas constitucionales enviado por la Cámara, al iniciar ésta la siguiente Legislatura, junto con el Mensaje Presidencial, consignando las observaciones o la recomendación de aquel Poder.” (Acta N° 150 de las 15:00 horas del 13 de setiembre de 1949).

El resultado de dicha modificación se observa al contrastar el texto aprobado en 1949 con el de la Constitución de 1871. El primero reza:

“6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo;”

Mientras que el inciso de la ley fundamental de 1871 señala:

“6ª.- El mencionado proyecto se pasará al Poder Ejecutivo, quien, después de haber oído al Consejo de Gobierno, lo presentará con su mensaje al Congreso en su próxima reunión ordinaria.”

La mayor modificación sufrida por el texto constitucional es la introducción expresa de la potestad concedida al Poder Ejecutivo para realizar observaciones al proyecto de reforma constitucional o recomendarlo. Indubitablemente, el Constituyente originario tenía la intención de conceder al Ejecutivo la capacidad de estudiar la conveniencia del proyecto y remitir sus observaciones a la Asamblea Legislativa, todo ello dentro de un proceso de retroalimentación para con la propia Asamblea. Debe rescatarse que esta es la única intervención significativa del Ejecutivo en el procedimiento de reforma constitucional, toda vez que carece del poder de iniciativa y de la facultad de vetar el proyecto.

Ahora bien, objeto de discusión en la Asamblea Constituyente también fue el efecto que tendrían esas observaciones o la recomendación, pues se cuestionó, si el Poder Ejecutivo podía ejercer alguna especie de veto mediante el uso de dicha potestad. La determinación de este cuestionamiento incidió en la redacción actual del inciso 7) del numeral de cita.

Al referirse a la relación entre la Asamblea Legislativa y el Presidente durante el procedimiento de reforma constitucional, el diputado Vargas Fernández se pronunció de la siguiente manera:

“El sistema de nuestra vieja Constitución es el mejor, es casi perfecto. No acepta otra intervención del Ejecutivo, en el proceso de una reforma constitucional, que la que le asigna la Carta del 71. ¿Por qué quitarle a la representación nacional en virtud de un veto del Ejecutivo, la facultad de reformar la Constitución que le corresponde en una forma exclusiva? Entiende que la Constitución del 71 al proponer que la Asamblea Legislativa debería consultar al Ejecutivo sobre todo proyecto de reforma constitucional, era el de darle la oportunidad de manifestarse. Si las razones del Ejecutivo en contra del proyecto son de tal naturaleza justificadas, muy posiblemente la Asamblea desechará el proyecto, que no podrá alcanzar los dos tercios requeridos. Además, si notoriamente el proyecto es inconveniente para el país, es muy posible que el Ejecutivo -para lo cual tendría el tiempo suficiente y los medios indispensables- moverá la opinión pública en contra del proyecto. Ante esta situación, la Asamblea no seguirá adelante con el proyecto, si sabe que detrás del criterio del Ejecutivo se ampara el sentir del pueblo.” (Acta N° 150 citada; el subrayado es agregado).

Sin embargo, el inciso respectivo de la vieja Constitución preveía una única votación con posterioridad al mensaje presidencial, pues solamente indicaba:

“7ª.- El Congreso, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto, y lo que resolviere por dos tercios de votos, formará parte de la Constitución, comunicándose al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.”

Dicha redacción fue modificada gracias a la propuesta del diputado Arias, según se desprende del acta N° 151 de las 15:00 horas del 14 de setiembre de 1949:

“El Diputado ARIAS indicó que para armonizar este inciso con uno anterior era necesario establecer que la votación para aprobar definitivamente el proyecto de reforma sería de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. También considera que debe establecerse que el mencionado proyecto, al ser enviado a la Asamblea por el Ejecutivo en su Mensaje, antes de su aprobación final deberá someterse de nuevo al trámite de tres debates. Lo que resuelva la Cámara por los dos tercios de la totalidad de sus miembros, formará parte de la Constitución.

(…)

El Representante ARIAS presentó moción para que el inciso 7) se lea del modo siguiente:

“La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates y lo que aprobare por dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, comunicándose al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia”. [195.7] (…)

El señor ARIAS le aclaró que no se podía establecer que el proyecto definitivamente aprobado sea el mismo, letra a letra, que el presentado originalmente firmado cuando menos, por diez Diputados. Con frecuencia en los debates ocurren modificaciones, adiciones o supresiones. El proyecto así aprobado pasa al Ejecutivo para su estudio, quien podrá hacerle las observaciones del caso, las cuales podrán ser o no acogidas por la Cámara, según lo acordado. Es claro que el Ejecutivo no podrá incorporarle al proyecto conceptos nuevos, que varíen fundamentalmente el sentido y propósito del mismo. (…)” (El subrayado es agregado).

La propuesta del diputado Arias fue adversada por quienes consideraban que debía mantenerse la regulación de 1871, con un solo voto de aprobación del proyecto por parte del Congreso. En esa misma sesión, se manifestó:

“El Diputado CHACON expuso las razones que lo llevan a no estar de acuerdo con la moción del señor Arias, ya que estima que la redacción de la Carta del 71 es completa y clara. No hay razón alguna para variarla. El artículo sobre las reformas constitucionales de la vieja Constitución es perfecto. El país ha vivido por espacio de muchos años con esa disposición, sin que nunca se hubiera presentado una dificultad. No se han presentado reformas constitucionales sorpresivas o casuísticas. Todas las que se han aprobado obedecían a motivos muy justificados. Comprendo que exista mucho interés en rodear de toda clase de seguridad a las reformas constitucionales, dijo, pero sin ir a los extremos. El cambio que sugiere el señor Arias lo encuentro inoperante. Cuando por primera vez conoce del proyecto de reforma la Asamblea Legislativa, sufre tres debates prolongados, durante los cuales cada Representante expone sus puntos de vista. Pasado al Ejecutivo y vuelto a la Cámara ya no se justifican de nuevo tres debates. La Cámara se concretará simplemente a ratificar su criterio anterior aprobándolo definitivamente, o bien a desechar el proyecto, ya que no se le podrán hacer al mencionado proyecto en esta fase final, más que modificaciones de forma. Los tres debates, en consecuencia, no se justifican. El proponente indicó que la disposición del inciso 7) en debate se ha prestado a serias dificultades; las cuales se han evitado por cuanto la Cámara siempre ha prestado atención a las objeciones del Ejecutivo. Sin embargo, no podemos garantizar que en el futuro las Asambleas legislativas se acogerán en un todo al pronunciamiento del Ejecutivo con respecto a una reforma constitucional. Sobrevendrán muy serias consecuencias en caso de rozamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. De ahí su interés en que esta Constituyente resolviera, en una forma u otra, el punto. El criterio de la Cámara es que aún contra la opinión del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa podrá pasar una reforma constitucional por los dos tercios de sus votos. Añadió que el inciso 7) adolecía de una deficiencia, suplida por los reglamentos del Congreso. La práctica seguida con el proyecto que devuelve el Ejecutivo, es el de someterlo a tres debates, antes de su aprobación definitiva. Su moción no tiende más que a remediar esa deficiencia. Sin embargo, se inclina ante los que más saben y retira su moción, que acoge el señor Gómez Rojas.

“El Diputado ACOSTA PIEPPER manifestó que desde el principio le llamaron la atención las muy bien fundadas observaciones del señor Arias, hombre conectado con la política por espacio de muchos años, de una gran experiencia parlamentaria, que debe tomarse en cuenta en la discusión de estas materias. Luego pasó a exponer sus puntos de vista con relación al inciso en debate. Se ha tomado el proyecto de reforma constitucional -dijo- como un conjunto, pero se olvida que en el mismo pueden comprenderse varias materias, pidiéndose la reforma de uno o varios artículos. El Poder Ejecutivo, al estudiar el proyecto, podrá acoger la reforma de un artículo o varios, y desechar las otras. Devuelto el proyecto a la Cámara, ésta acoge las observaciones del Ejecutivo, como ocurrió en el caso citado por el señor Arias en 1903. Si no se han presentado conflictos se ha debido a que la Asamblea siempre ha acogido la opinión del Poder Ejecutivo. Pero esto no quiere decir que en el futuro no se presentarán conflictos o rozamientos entre ambos poderes, con motivo de una reforma constitucional. Los conflictos bien pueden llegar a presentarse. Obligación nuestra es evitarlos en la medida de lo posible, exigiendo un poco más para que el proyecto se apruebe en definitiva por la Cámara. Por eso estoy de acuerdo con la fórmula presentada por el señor Arias, como estuve de acuerdo con la del compañero Volio Sancho.” (El subrayado es agregado)

Los extractos anteriores permiten a la Sala arribar a las siguientes conclusiones. Se destaca que, desde un principio, la prolongada duración del trámite de reforma constitucional tiene la finalidad no solo de agravar el procedimiento, sino de permitir la difusión del proyecto respectivo en la población, de manera que este pudiera ser discutido y comentado por la ciudadanía.

Por otro lado, en cuanto al papel del Poder Ejecutivo, se observa que de modo expreso se incluyó su potestad para plantear observaciones al proyecto de reforma o recomendarlo. No debe restarse importancia a esta labor, ya que al Poder Ejecutivo le permite dictaminar sobre la conveniencia del proyecto y canalizar inquietudes, incluso provenientes de diversos sectores de la sociedad, a la Asamblea Legislativa. Además, es inobjetable que el Constituyente pretendía que las observaciones del Poder Ejecutivo pudieran tener incidencia en el proyecto de reforma constitucional, toda vez que reiteradamente se menciona que el Parlamento puede allanarse a dichas observaciones e, incluso, se manifiesta que “…la Asamblea siempre ha acogido la opinión del Poder Ejecutivo…”, ilustrando lo que parece ser la costumbre parlamentaria de aquel momento y que fue receptada en la reforma constitucional.

Tras el mensaje presidencial, la discusión regresa al Parlamento, ocasión en la que él define, si acoge o no las observaciones del Poder Ejecutivo, en caso de que se hubieren dado. La voluntad de reformar la Constitución –ya sea en el sentido del proyecto original o adoptando las observaciones ejecutivas- debe ser ratificada mediante tres debates. De este modo, sobresale la posibilidad de que, por un lado, la Asamblea Legislativa altere el proyecto a partir de las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo en su mensaje (siempre que no varía sustancialmente el proyecto), y, por otro, que este debe ser sometido a tres debates a fin de que el mismo, con o sin modificaciones, sea conocido en segunda legislatura según el trámite ordinario de un proyecto de ley (trámite ordinario en los términos del procedimiento anterior a la reforma constitucional operada mediante Ley N° 7347).

Esto significa que en ese momento, en segunda legislatura, todavía es posible modificar el proyecto de ley, con todos los insumos que la Asamblea Legislativa, instancia decisora, haya recibido. Si bien la esencia del proyecto debe mantenerse a lo largo de todo el procedimiento del trámite parlamentario, desde que inicia con una mera proposición, lo cierto es que dicho proyecto mantiene un carácter maleable hasta que la Asamblea lo conoce en segunda legislatura.

La Sala no desconoce la redacción actual del numeral 184 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuyo inciso 7) establece que no podrán conocerse mociones de fondo en el primer debate de la segunda legislatura. No obstante, se estima que la lectura de dicho artículo debe procurar su compatibilidad con el texto constitucional y la voluntad del Constituyente, transmitida en las actas anteriormente expuestas. El jurista Rubén Hernández Valle expuso cómo se ha manejado el tema:

“Aquí surge un problema interesante, pues a pesar de la expresa prohibición del artículo 72 del Reglamento Interno de la Asamblea en el sentido de que el primer debate de la segunda legislatura no caben las mociones de fondo, en la praxis legislativa se han presentado y aprobado mociones de esa naturaleza en proyectos de reforma constitucional en el primer debate de la segunda legislatura.

La tesis que ha sustentado tal praxis es que la prohibición se refiere, única y exclusivamente, a mociones que provengan de los diputados, pero no las que deriven de las observaciones que haga el Presidente de la República en su mensaje anual del 1 de mayo, ya que, en tal caso, perdería todo sentido el darle la posibilidad al Presidente de formular objeciones si luego estas no pueden incorporarse al texto del proyecto de reforma constitucional en discusión.” (Rubén Hernández Valle. Derecho Parlamentario Costarricense, IJSA, San José, 1991, p. 253. El subrayado es agregado).

Así, nuevamente, se ratifica que la tesis favorable a la posibilidad de efectuar modificaciones al proyecto a partir de las observaciones del Ejecutivo, deviene jurídicamente plausible y es la que mejor corresponde a la voluntad del Constituyente originario. Este Tribunal advierte que el autor citado no comparte el criterio de la praxis parlamentaria descrita, pues estima que el mismo texto debe ser aprobado en ambas legislaturas, es decir, que el mismo no admite cambios. Esta tesitura fue sostenida de igual modo por la Sala en el voto N° 980-91 de las 13:30 horas del 24 de mayo de 1991. Sin embargo, la revisión de las actas del Constituyente lleva a este Tribunal a una mejor ponderación del tema a fin de armonizar la necesidad de que el proyecto sea aprobado en dos legislaturas, con el reconocimiento de la potestad del Poder Ejecutivo de realizar observaciones y que estas puedan ser acogidas por la Asamblea Legislativa. La Sala nota que dichos puntos encuentran satisfacción mediante las limitaciones derivadas de las propias actas del Constituyente “…el Ejecutivo no podrá incorporarle al proyecto conceptos nuevos, que varíen fundamentalmente el sentido y propósito del mismo.” Es decir, el Poder Ejecutivo puede presentar observaciones y pretender la modificación del texto, pero tales observaciones no pueden trastocar la esencia del proyecto, el cual debe mantener su conexidad con la proposición inicial que fue aprobada en primera legislatura. De esta manera, el proyecto aprobado en primera y segunda legislatura guardará la misma esencia y conexidad. La Sala enfatiza que la regla que debe imperar, es la publicación del proyecto antes de su votación en primer debate de primera legislatura; sin embargo, la publicación acaecida en circunstancias como la actual no llega a consistir en un vicio de tal magnitud en el procedimiento, como para catalogarlo como “sustancial”.

A través de la exposición antecedente, este Tribunal determina que el trámite previo a la segunda legislatura constituye una etapa de análisis, reflexión y discusión sobre la conveniencia del proyecto de reforma constitucional. Lo anterior se torna notorio, cuando este trámite se compara con el de una ley ordinaria, cuyo proyecto únicamente puede ser modificado en primer debate. En el caso de las reformas constitucionales, el proyecto todavía puede sufrir cambios en segunda legislatura -que no trastoquen su esencia- como consecuencia de las observaciones del Poder Ejecutivo, pues aún debe superar el trámite ordinario de aprobación de una ley en tres debates.

En este tanto, mientras el proyecto sea publicado durante la primera legislatura, persiste la posibilidad de emitir observaciones y recomendaciones para que sean tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo en su mensaje y por la Asamblea Legislativa en la segunda legislatura, cuyos debates definen el futuro del proyecto. En el caso de marras, la publicación del proyecto se dio en primera legislatura, existiendo todavía –procesalmente hablando- suficiente tiempo, oportunidad de participación y de discusión del proyecto, para cumplir a cabalidad con la necesidad de transparencia y participación pública que exige el principio democrático. En consecuencia, la Sala descarta algún vicio de procedimiento en el trámite parlamentario del proyecto en consulta. (…)” (El destacado no forma parte del original).

En el caso bajo estudio, este Tribunal observa que la publicación de la proposición de reforma al ordinal 116 constitucional se efectuó el día 31 de julio de 2019, en primera legislatura, luego de su votación en primer debate (lo que ocurrió el día 25 de junio de 2019) y con posterioridad a la remisión en consulta ante la Sala (lo cual se llevó a cabo el 3 de julio de 2019). Según se aprecia, el texto reformado de la proposición de reforma al artículo 116 de la Carta Magna (aprobado finalmente por el plenario legislativo el 17 de junio de 2019), fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 143 del citado 31 de julio de 2019.

Ahora bien, tomando en consideración lo señalado en el precedente supra citado, esta Sala es del criterio que tal actuación no representa un vicio sustancial del procedimiento.”

A partir de lo expuesto, hasta este punto, la Sala no observa ningún vicio sustancial del procedimiento, por lo que es avalado.

IV.- Sobre los límites del numeral 32 constitucional. Esta norma originaria de nuestra Carta Magna indica, de manera general, que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.

Con base en ese texto, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha considerado que el artículo 32 de la Constitución Política abarca el supuesto de la extradición, tomando en cuenta que ella, aunque sea un instrumento jurídico reconocido en la comunidad internacional, tiene la finalidad de obligar a una persona a abandonar el territorio de un país. Así, en la sentencia nro. 2018016943 de las 9:20 horas del 10 de octubre de 2018 se indicó:

“Sobre la extradición de nacionales. En el artículo 5, párrafo 1. del Tratado, se establece que "fijada Estado tendrá el derecho de denegar la extradición de sus nacionales". Como bien lo señala el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en su informe, en el caso de Costa Rica no se trata de un derecho, sino de una obligación constitucionalmente impuesta de no extraditar a nacionales. La palabra "derecho" podría, erróneamente, entenderse como que es potestativo del Estado costarricense conferir o no la extradición de nacionales. Se debe de entender que Costa Rica, a tenor de lo dispuesto tanto en el artículo 32, de la Constitución Política, que señala que "Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional", como en el artículo 3°, inciso a), de la Ley de Extradición, que indica: "No se ofrecerá ni concederá la extradición: a) Cuando al cometer el hecho punible el reclamado fuera costarricense por nacimiento o por naturalización tiene la prohibición absoluta de expulsar o extraditar a cualquier nacional. Así, en el caso de Costa Rica, se denota, con meridiana claridad, la inexistencia de un margen de discreción para permitir la extradición de un nacional ante la República de Italia. A mayor abundamiento y. sobre este mismo tema en particular, conviene hacer alusión a lo señalado por esta Sala en la Opinión Consultiva N° 8292-1999 de las 12:57 horas del 29 de octubre de 1999, cuando, al analizar una norma de la Convención Interamericana sobre Extradición en relación con la extradición de nacionales, consideró lo siguiente:

"(...) l- (...) En cuanto a la nacionalidad del extradito es necesario un comentario especial acerca de la regla contenida en el artículo 7 inciso I) de la Convención, el cual reza: "1. La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como cansa para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario."

De los artículos 32 constitucional y 3 inciso a) de la Ley de Extradición N°4 "95 de 16 de julio de 197 / v sus reformas se deriva que ningún costarricense -por nacimiento o por naturalización- puede ser extraditado y así ha sido ratificado por este Tribunal, entre otras, en la sentencia N°6780-94 del 22 de noviembre de 1994, que en lo que interesa, dispuso:

"VIII. En razón de los argumentos anteriores es que la interpretación dada al inciso a.) del artículo 3 de la Ley de Extradición, en el sentido de conceder la extradición cuando se trata de un nacional naturalizado, resulta contraria a los principios y disposiciones constitucionales, por cuanto dicha norma no establece ninguna distinción en la condición en que se ostenta la nacionalidad, sea originaria (por nacimiento) o por naturalización, y no resulta procedente establecer una distinción en ese sentido cuando el mismo texto constitucional no la hace. El artículo 32 de la Constitución dice:

"Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional."

A mayor abundamiento la Corte Plena en función de Tribunal Constitucional en sesión celebrada el seis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, consideró:

"En su condición de costarricense naturalizado, el recurrente está protegido por el artículo 32 de la Constitución Política, el cual dispone, sin ninguna salvedad, que los costarricenses no pueden ser competidos a abandonar el territorio nacional. De ahí que la orden de captura expedida contra el perjudicado dentro de las diligencias de extradición, resultó ilegitima y el recurso de habeas Corpus es procedente."

Asimismo (sic), por sentencia número 2894-94, de las catorce horas treinta y seis minutos del catorce de junio de este ano esta Sala consideró:

"A lo anterior, es necesario agregar que el Constituyente reguló la extradición en una norma que se refiere precisamente, a los extranjeros, por lo que queda fuera de duda que la extradición no procede contra los nacionales y añade:

"En conclusión, mientras el artículo 32 constitucional disponga lo que dispone, no es jurídicamente posible extraditar a los ciudadanos costarricenses."

Visto lo anterior, a juicio de la Sala el artículo 7.1 de la Convención consultada no es inconstitucional, porque pese a que su primera frase establece que la nacionalidad no será obstáculo para conceder la extradición, seguidamente (fice: "salvo que la legislación del Estado requerido disponga lo contrario " De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende claramente que en nuestro país no es posible la extradición de nacionales por lo que debe entenderse que se encuentra cubierto por la salvedad indicada. La Sata considera que tal y como afirmaron los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales, es innecesario que el Gobierno de Costa Rica haga una reserva expresa en este sentido, sin embargo, en ejercicio de su competencia constitucional podría la Asamblea Legislativa consignar en la ley de aprobación de la Convención que el artículo 7.1 de la Convención no resulta aplicable en Costa Rica (...) ' (El destacado no forma parte del original).

Rajo dicha inteligencia y, luego de emitidas las consideraciones arriba señaladas, esta jurisdicción estima que el ordinal 5 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Italiana, es acorde con la Constitución Política”. (Este criterio fue reiterado en las sentencias nro. 2022-021837 de las 9:30 horas del 26 de setiembre de 2022 y 2022-026474 de las 9:45 horas del 8 de noviembre de 2022).

Se trata, entonces, de una interpretación jurisprudencial que ha entendido a la extradición como parte del ordinal 32 constitucional.

Dada esta protección constitucional, en el expediente legislativo, como punto medular de muchas exposiciones de diputados (as) y voces expertas en la materia constitucional, sobresale si la Asamblea Legislativa tiene la competencia, en tanto Constituyente derivado, para modificar esa norma. La duda surge a partir de la doctrina consignada en la sentencia nro. 2003002771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003:

“VII. DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. Ninguna norma, por su necesario ajuste al cambio de los tiempos puede revestirse de la calidad de estática, de perpetua. La norma constitucional, aun cuando muestra una elasticidad menor que las de menor rango, tampoco es inalterable. Es así que es indispensable la armonización y ajuste constante de las normas en general a los cambios de actitudes y a las nuevas necesidades sociales. En el caso de la reforma a la Constitución se presenta una gran e importante diferencia: aquellas normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, sólo pueden ser reformadas por una asamblea constituyente de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política. En beneficio de la contundencia de la afirmación, repetimos que las normas originarias acerca de los derechos fundamentales y los sistemas políticos y económicos, únicamente pueden ser disminuidas por una asamblea constituyente. Las otras normas de la Constitución y las leyes secundarias son susceptibles de ser revisadas por la Asamblea Legislativa en uso de las atribuciones que le da el numeral 195 constitucional; tal es su ámbito de competencia en materia de reforma legislativa. No es lo mismo establecer una Constitución que reformarla, pues lo primero es un acto de máxima soberanía popular, un acto creador; es la facultad soberana del pueblo para darse su propio ordenamiento jurídico-político. La reforma es un procedimiento para la revisión de lo ya establecido y cuyos mecanismos, alcances y sujetos se encuentran estipulados en la Constitución. Repetimos, existen algunos límites al poder de revisión constitucional por la Asamblea Legislativa y ello es debido a que esta potestad normativa no puede oponerse al poder constituyente en aquellos aspectos explicados extensamente en este texto. La existencia del poder legislativo no supone un desdoblamiento de la soberanía popular, sino simplemente, la delimitación jurídico-institucional de una competencia dada por el propio poder originario y que actúa dentro de la organización del Estado, subordinada en todo momento a la voluntad del pueblo. La doctrina ha sido insistente en señalar que “los elegidos son los representantes de la nación soberana, pero no los representantes soberanos de la nación”. En nuestro país el órgano competente para reformar parcialmente la Constitución es la Asamblea Legislativa, de conformidad con el Título XVII de la Constitución Política, artículos 195 y 196, siempre y cuando su actividad no afecte negativamente a los derechos fundamentales, ni al sistema político y económico, que sustancialmente se dieron los costarricenses mediante el poder constituyente. Por otra parte, la institución estatal obligada a decidir si en algún momento la Asamblea Legislativa sobrepasó sus potestades, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el mecanismo de garantía de que disponen los ciudadanos para instar a la Sala es la Acción de Inconstitucionalidad y en su caso, los Recursos de Amparo y Hábeas Corpus. En esta línea de pensamiento, la Sala misma, no debe sobrepasar su mandato de defensa de los derechos fundamentales generando normas. Con esta fórmula, la Constitución se defiende a sí misma y se protege como conjunto de normas básicas y fundamentales del ordenamiento jurídico. Es también por ello que se ideó un procedimiento especial agravado para su reforma, con lo que se pretende evitar que la superioridad de ciertas normas constitucionales pueda ser desvirtuada, ya sea mediante actividad legislativa o judicial. El pueblo costarricense, tal como lo demuestra su historia constitucional y tal como lo interpreta esta Sala Constitucional, no ha querido, desde la independencia, dejar a la voluntad de una o varias instituciones, ni el núcleo de derechos fundamentales, ni el sistema político y económico, sino que cualquier cambio en estos sentidos debe ser producto de un acuerdo que abarque un espectro político mucho mayor y mucho más independiente de los avatares político-electorales, de tal forma que su extensa aceptación social no solo sea perdurable en el tiempo, sino que sea efectivamente una manifestación de la voluntad popular. Según lo dicho en anteriores considerandos, el principio de la rigidez es una resultante de especial importancia del pacto social y por tanto, es también, en buena parte, el fundamento de la legitimidad del Estado. Se erigió como la condición determinante para que los ciudadanos dieran su consentimiento al texto constitucional. Este principio opera, en oposición, no sólo ante cualquier intento de modificación del estatuto de los derechos fundamentales por parte del gobierno, sino también ante la actividad del legislador ordinario o de cualquier autoridad en el mismo sentido. El costarricense históricamente ha querido mantener para su Constitución un procedimiento agravado y ésta sólo se puede reformar en relación con las tres dimensiones dichas –derechos fundamentales, sistema político y sistema económico- por una asamblea constituyente convocada expresamente para ello. En razón de lo anterior y aceptando –debido a la trascendencia de la decisión inserta en esta sentencia- el riesgo de que se califique este texto como reiterativo, volvemos a señalar, que tal es la razón por la cual existe un control constitucional sobre las reformas a la Constitución y que este control lo ejerce esta Sala, o sea no se trata que la Sala reforma el texto constitucional, se trata de que el mandato de esta Sala incluye la defensa de la Constitución y trata de evitar que se reformen las normas relativas a derechos fundamentales y al sistema político y económico por vía no autorizada por el pueblo, autorización expresada mediante el poder reformador originario. Es así que este control, competencia de esta Sala Constitucional, procede cuando la reforma se produce con vicios de procedimiento, ya sea por violación a las reglas específicas previstas en los artículos 195 (en relación con el 124) y 196 de la Constitución Política, o bien cuando sea empleado el procedimiento de reforma parcial para la modificación de un aspecto esencial de la Constitución, por haberse reformado disposiciones, cláusulas o estructuras que no son susceptibles de enmienda, por estar expresamente sustraídas de una reforma parcial, o por estarlo implícitamente, en el caso de los derechos fundamentales. Estos derechos pueden ser objeto de reforma parcial, únicamente cuando se trate de modificaciones positivas, que son aquellas que amplían los contenidos de los derechos ciudadanos, -particularmente el de libertad- por la Asamblea Legislativa, sin embargo, las negativas, que son aquellas que reducen los contenidos de los derechos ciudadanos, únicamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente. Es decir, la Asamblea Legislativa puede ampliar los contenidos y alcances de los derechos fundamentales, pero no puede el poder constituyente derivado suprimir o reducir tales contenidos, pues de esta forma podría destruir el orden básico instituido por el poder constituyente originario. La rigidez de la Constitución no admite que tales disposiciones sufran detrimento por la actividad legislativa o de gobierno, porque si ello fuera admisible, podría suponerse que el poder legislativo o ejecutivo tienen competencia legítima para emitir normas en contra de la Constitución, -lo que a su vez significaría que podrían sustraerle la soberanía al pueblo, ya que actuarían en contra de sus intereses declarados. Al instituir la Constitución competencias al poder legislativo, a la vez las enmarca e impone, por tanto, limitaciones a su actividad. Agregamos que esta lectura tiende a su vez a proteger a la Asamblea Legislativa, ya que incluye en su razonamiento que todo acto que desborde o contradiga el mandato constitucional destruiría también la base de la propia actividad legislativa y el fundamento legítimo de su autoridad”.

En consecuencia, deviene necesario la determinación de los alcances del artículo 32 constitucional para evacuar esa interrogante.

Los magistrados constitucionales de aquel entonces observaron barreras infranqueables para la acción de la Asamblea Legislativa en el uso de sus potestades contempladas en el numeral 195 de la Carta Magna; en concreto, “…las normas relativas a derechos fundamentales y al sistema político y económico…”. De lo anterior, interesa a este proceso la primera de las restricciones, que versa sobre los derechos fundamentales. En el precedente se indica que tales derechos no podrán ser objeto de restricción o disminución, si no es a través de una Asamblea Constituyente.

Los infrascritos magistrados y magistradas integrantes actuales de este Tribunal estimamos innecesario referirnos expresamente -sea adoptando o rechazando- a los lineamientos indicados en el pronunciamiento citado, según se explica de seguido.

V- El establecimiento de definiciones y límites es consustancial a la labor legislativa, incluso en materia de derechos fundamentales. El legislador -en el sentido amplio de la palabra- debe dar contenido a los derechos y sistematizarlos, de forma tal que puedan ser implementados por los distintos operadores jurídicos en la práctica. Se quiera o no, tal labor implica asimismo la exclusión de contenido y la determinación de un balance entre los derechos. En efecto, cuando el legislador indica qué elementos constituyen parte de un derecho, a la vez -tácitamente- está indicando cuáles otros elementos no lo hacen. Verbigracia, una de las más recientes reformas a la Constitución Política incluyó el derecho de acceso al agua potable en el artículo 50 in fine, con la adición de este párrafo:

“…Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones…”.

Se podría pensar, en los términos de la sentencia transcrita, que esa reforma implicó solo el otorgamiento o reconocimiento de derechos fundamentales, por lo que estaba en manos del Constituyente derivado. Sin embargo, podría debatirse que el legislador adoptó un enfoque antropocéntrico (…Toda persona…), excluyendo consideraciones del uso del agua para fines ambientales, lo que iría en contra del segundo párrafo de ese mismo artículo (Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.) Ergo, la reforma señalada podría considerarse, en el fondo, una limitación al citado párrafo segundo y, en consecuencia, debía ser aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente.

Este ejercicio interpretativo muestra que cada concepto o definición significa una delimitación entre lo que sí puede ser incluido en él y aquello que es excluido. Según se observa en el ejemplo transcrito, esa precisión no es una cuestión de mera semántica, sino que trasciende al Derecho y su aplicación. Naturalmente, el caso hipotético descrito, así como la mayoría de semejantes problemas interpretativos, son esclarecidos a través de la labor hermenéutica de esta jurisdicción, procurando una lectura armoniosa de los postulados constitucionales. El colofón que puede extraerse de lo anterior es que la labor de delimitar los derechos fundamentales, desarrollarlos y buscar su balance sistemático no significa automáticamente que se haya incurrido en una disminución de esos derechos.

VI.- Con respecto al numeral 32 constitucional, aunque su literalidad pareciera absoluta y sin excepciones, lo cierto es que esa disposición no puede escapar a un examen sistemático, que procure su equilibrio con el articulado restante. Recuérdese otros postulados, que son torales para el sistema de derechos humanos, también reconocen excepciones, por más que su positivización muestre una contundencia imperiosa. Dice el ordinal 21 de nuestra Carta Magna:

“ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.”

La literalidad de esa norma es absoluta y concierne a un derecho fundamental por antonomasia. Empero, incluso tal derecho encuentra sus excepciones, por ejemplo, en el derecho ajeno a la legítima defensa o las actuaciones generadas por un estado de necesidad (preceptos 28 y 27 del Código Penal). Asumiendo, hipotéticamente, que el Constituyente derivado desee delimitar ese derecho y contemplar tales excepciones de manera expresa en la Constitución, ¿habría una reducción del derecho a la vida y ‑consecuentemente‑ surgiría la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente? No lo sería, toda vez que es consecuencia del equilibrio sistémico que debe existir entre todos los derechos.

El canon 32 no tiene una suerte distinta a los otros derechos individuales. Él no está excluido de la sistemática de la Constitución ni tiene una jerarquía distinta. El hecho de que esa norma conoce excepciones ha sido claro para la jurisprudencia constitucional:

“Ahora bien, dado que, en el sub iudice, el proceso de restitución internacional fue interpuesto en relación con una persona menor de edad costarricense, debe valorarse la procedencia de aplicar la garantía prevista en el ordinal 32 constitucional, que reza: “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.

Acera (sic) de lo anterior, cabe recordar que, en la época colonial, la provincia de Costa Rica se regía, entre otras normas, por las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio, que para ciertos delitos contemplaban, como sanción penal, el destierro. Tal pena, aplicada en delitos comunes y religiosos, se caracterizó por su carácter perenne, tendente a evitar que la persona condenada volviera a cometer el mismo acto por el que había sido sancionada.

Después, en 1841 se dictó el Código General del Estado. A partir de ese momento, el destierro fue incluido en la parte penal de ese cuerpo normativo bajo la denominación de “extrañamiento”. Por su parte, en el Código Penal de 1880 se dispuso en el ordinal 43 que: “El extrañamiento es la expulsión del reo del territorio de la República”. Además, en ese cuerpo normativo destaca la imposición de la pena de extrañamiento para la comisión de ciertos delitos, como el regulado en el numeral 140: “El que ejecutare en la República cualesquiera órdenes ó (sic) disposiciones de un Gobierno extranjero, que ofendan la independencia ó (sic) seguridad del Estado, incurrirá en la pena de extrañamiento menor en sus grados mínimo á (sic) medio”. Mientras que el artículo 143 previó: “ Los que se alzaren á (sic) mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado ó (sic) su forma de Gobierno, de privar de sus funciones ó (sic) impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República ó (sic) al que haga sus veces, á (sic) los miembros del Congreso Nacional ó (sic) de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, ó (sic) bien la de confinamiento mayor, ó (sic) la de extrañamiento mayor, en cualesquiera de sus grados”. De igual forma, destaca el delito contemplado en el ordinal 145: “ Los que tocaren ó (sic) mandaren tocar campanas ú (sic) otro instrumento cualquiera para excitar al pueblo al alzamiento, y los que, con igual fin, dirigieren discursos á (sic) la muchedumbre ó (sic) le repartieren impresos, si la sublevación llega á (sic) consumarse, serán castigados con la pena de reclusión menor ó (sic) de extrañamiento menor en sus grados medios, á (sic) no ser que merezcan la calificación de promovedores”. De este modo, el Código Penal de 1880 previó la pena de extrañamiento en gran medida respecto a delitos políticos, cuestión que se repitió en los códigos penales de 1919, 1924 y 1942.

Posteriormente, el 19 de abril de 1948 se dio la firma del Pacto de la Embajada de México, con lo que se puso fin a la guerra civil acaecida en Costa Rica en ese mismo año. En tal pacto se incorporó una serie de acuerdos, entre los que destacan los consignados en los puntos 3 (“Se facilitará la salida del país, sin carácter de expatriación, de los jefes militares y funcionarios civiles más destacados, como una medida preventiva en su seguridad personal”) y 5 (“Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos los ciudadanos que, directa o indirectamente, estuvieron comprometidos en el conflicto. Se garantizan en modo especial la vida, hacienda y derechos otorgados a todos los militares, funcionarios o empleados que han servido al Gobierno del Lic. Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de la guerra civil y a las víctimas incapacitadas, sin distinción de partidos políticos, las indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán represalias de ninguna especie. Se decretará una amnistía general. Todas las estipulaciones establecidas en esta cláusula constarán en el acuerdo definitivo”). De esta forma, dentro de los acuerdos previstos en el Pacto de la Embajada de México se prescindió de aplicar la pena de extrañamiento contemplada en el Código Penal vigente en ese momento. Pese a ello, una vez instaurada la Junta Fundadora de la Segunda República en mayo de 1949 ocurrieron expulsiones forzadas de costarricenses que habían tenido o tenían algún grado de participación o involucramiento con los partidos Republicano Nacional y Vanguardia Popular, entre ellos destacan los casos de Rafael Ángel Calderón Guardia, expresidente de la República, y Manuel Mora Valverde, uno de los fundadores del Partido Vanguardia Popular.

Ante tales circunstancias y con el propósito de evitar que la expulsión de nacionales continuare, la Asamblea Nacional Constituyente incluyó en la Constitución Política de 1949 la garantía contemplada en el ordinal 32, según la cual “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. Conforme lo anterior, el Código Penal actual prevé la aplicación de la pena de extrañamiento únicamente respecto a extranjeros, como se lee en el artículo 52: “La pena de extrañamiento, aplicable únicamente a los extranjeros, consiste en la expulsión del territorio de la República, con prohibición de regresar a él, durante el tiempo de la condena. Se extiende de seis meses a diez años” (el subrayado no es del original).

De lo expuesto se extrae que la ratio iuris del numeral 32 de la Constitucional Política de modo específico consiste en impedir que personas costarricenses sean sancionadas con la expulsión del territorio nacional con motivo de la comisión, básicamente, de un delito, de manera que tal garantía no es inexorable, cuando, paradójicamente, su aplicación absoluta vendría a impedir otras modalidades de resguardo a los derechos fundamentales y el fiel cumplimiento de obligaciones internacionales del país en esta materia. En tal sentido, esta Sala se pronunció por medio de la sentencia n.° 2000-009685 de las 14:56 horas del 1° de noviembre de 2000:

“VIII. EN CUANTO A LA ENTREGA DE PERSONAS A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. El artículo 89 del Estatuto de Roma faculta a la Corte para solicitar a los Estados Parte la detención y entrega de la persona acusada, a fin de ser sometida a juicio ante ese tribunal internacional. Puesto que la disposición contenida en el artículo 89 no se refiere para nada a la nacionalidad de la persona cuya detención y entrega se solicita por parte de la Corte, ha de entenderse forzosamente que la solicitud puede referirse tanto a un nacional del Estado en cuyo territorio pueda hallarse la persona, como de un extranjero. Desde la perspectiva del derecho costarricense, la detención y entrega de un extranjero no plantea dificultades de orden constitucional, porque no hay norma alguna en la Constitución que pudiera invocarse para impedir su detención y entrega en el marco del Estatuto. En cambio, el asunto ofrece mayor problema en el caso de que la persona ostente la nacionalidad costarricense. Esto se debe a que el artículo 32 de la Constitución prescribe lo siguiente: "Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional". La expresión "compeler", como se sabe, equivale a obligar a uno, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere. Puesto que la disposición constitucional no hace expresas distinciones referentes, por ejemplo, a motivos o a finalidades, la simple lectura de la norma y su tenor literal dan base para pensar que el costarricense no puede ser obligado a abandonar el territorio nacional por ningún motivo y no importa la finalidad que se persiga con ello, de modo que la compulsión siempre será ilegítima; dicho de otro modo, la literalidad del artículo 32 implica, según esta lectura, que el costarricense disfruta de una protección territorial absoluta, aplicable en todos los supuestos imaginables y en cualquiera de ellos, tanto frente a actuaciones francamente arbitrarias, ilegítimas o espurias del Estado, como para cualquier otro tipo de actos o actuaciones, aunque en principio parecieran carecer de esas características: por ejemplo, para hipótesis como las que se originan en la aplicación del artículo 89 del Estatuto de Roma. La cuestión planteada consiste en saber si el artículo 32 de la Constitución contiene una garantía absoluta para los costarricenses, tal como la interpretación literal antes descrita lo hace ver, o si, por el contrario, esa garantía carece de esa condición de plenitud, de modo que el correcto sentido del artículo 32 implica que ella no puede surtir sus efectos impedientes cuando de lo que se trata es de realizar otras modalidades de protección o reivindicación de los derechos humanos, y más concretamente, de la que dispensa el Estatuto de Roma.

IX. SIGUE. No obstante que los documentos procedentes de la Asamblea Nacional Constituyente son escasamente útiles para esclarecer la cuestión aquí formulada, se tiene por evidente que la garantía del artículo 32 tiene su origen en hechos acaecidos en el país en épocas ya pretéritas. En suma, estos hechos se refieren a la expatriación de costarricenses urgida por motivaciones o móviles políticos, es decir, en virtud de circunstancias originadas al calor de la lucha política o relacionadas con ella; circunstancias que entonces movieron a los titulares del poder público a recurrir a la expatriación de modo inevitablemente ilegítimo o arbitrario. En ese contexto, el contenido histórico esencial del artículo 32 configura una verdadera garantía contra la arbitrariedad del poder público. Por otro orden de razones, este tribunal ha reconocido la garantía en los supuestos de extradición, entendida como modo de colaboración entre Estados nacionales para la realización del orden penal nacional. Eventualmente, podría examinarse si la garantía impide, por ejemplo, que se establezca en el ordenamiento nacional el extrañamiento o el destierro como una pena aplicable a los costarricenses. Pero más allá de estas hipótesis, el caso que ahora se ofrece a la consideración de la Sala es si la entrega de un costarricense a un tribunal penal internacional, concretamente, a la Corte Penal Internacional, para ser sometido a juicio bajo los términos del Estatuto de Roma, quebranta la protección del artículo 32; es decir, si la disposición del artículo 89 del Estatuto va a contrapelo de aquella protección. Hay que tomar en cuenta, a este respecto, que no se está en el supuesto de extradición de un costarricense para ser sometido a la jurisdicción de un tribunal nacional extranjero; y que, según dispone el Estatuto, la Corte, cuya competencia se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto (artículo 5), "podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en (el) Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado", y no necesariamente o exclusivamente en su sede en La Haya, Países Bajos, que es el Estado anfitrión (artículo 3.1).

X. SIGUE. Para llegar a la definición de las cuestiones planteadas antes, es necesario recordar también la evolución notable que la Constitución Política ha sufrido en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, ya fuera mediante la expansión de estos derechos, directamente (es decir, en su propio texto), o mediante el reconocimiento de la singular significación de los instrumentos de derechos humanos sumados al ordenamiento jurídico. La convicción política de larga tradición histórica que ha incorporado a este ordenamiento, convirtiéndola en imperativo jurídico, la visión de una comunidad pacífica, respetuosa de los derechos humanos, evidentemente refuerza garantías como la establecida en el artículo 32, pero, al mismo tiempo, la perfila, en este proceso inacabado de lucha por la libertad y la dignidad de la persona humana, como una garantía cuya eficacia no puede trascender al punto de que por sí misma impida u obstaculice la consecución de los propósitos de esa lucha. La perfila y la limita, de modo que no es una garantía absoluta en los términos ya mencionados antes, sino que ha de coexistir con otras modalidades de protección de derechos fundamentales, y hasta ceder en su pretensión literal de ilimitada prorrogabilidad frente a la necesidad de realizar los valores y principios de justicia que la animan aun a ella, porque animan la Constitución.

XI. SIGUE. Interpretado a la luz de estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 89 del Estatuto no contraviene el artículo 32 de la Constitución. Expresado de otro modo, esto significa que el sentido correcto del artículo 32 es el de una garantía limitada, no absoluta; que sus alcances han de determinarse teniendo en cuenta lo que es razonable y proporcionado a los fines a cuyo servicio esta garantía está; y que, en el espíritu de la Constitución, su reconocimiento es compatible con modalidades, medios o instrumentos todavía novedosos, cada vez más evolucionados y perfeccionados, de garantía de los derechos humanos. Al desarrollo de este nuevo orden internacional de protección de derechos no se opone la Constitución; por el contrario, lo propone (véase, por ejemplo, el artículo 48). Y si no se opone en general, tampoco lo hace ninguna de sus disposiciones en particular” (el resaltado no corresponde al original).

Ergo, esta jurisdicción constitucional ha determinado que la garantía del numeral 32 constitucional no es absoluta, pues su aplicación demanda una hermenéutica sistémica, de manera que con ella no se venga a dar al traste con la incondicional protección que el Estado debe dar a derechos de carácter fundamental cobijados por instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes. Incluso, nótese que en el precedente de cita se consignó que lo tutelado por el numeral 32 constitucional debe ‘coexistir con otras modalidades de protección de derechos fundamentales, y hasta ceder en su pretensión literal de ilimitada prorrogabilidad frente a la necesidad de realizar los valores y principios de justicia que la animan aun a ella, porque animan la Constitución’.” (Sentencia nro. 2021-9579 de las 13:17 horas del 11 de mayo de 2021, que retoma el criterio de la sentencia nro. 2000009685 de las 14:56 horas del 1º de noviembre de 2000).

En conclusión, al igual que cualquier otro derecho fundamental, el artículo 32 debe ser perfilado por su necesaria coexistencia con otros derechos fundamentales, en un sistema guiado por “…los valores y principios de justicia…”. En esas oportunidades (la sentencia nro. 2021009579 de las 13:17 horas del 11 de mayo de 2021 y la nro. 2000009685 de las 14:56 horas del 1º de noviembre de 2000), el derecho internacional mostró que aspectos de justicia podían conllevar límites para el numeral 32, en tanto estaban en juego delitos de la más grave naturaleza (Estatuto de Roma) o el interés superior de las personas menores de edad (Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores).

VII.- Conviene examinar, entonces, si las excepciones planteadas por la proposición de reforma constitucional consultada pueden ser consideradas límites válidos y necesarios del numeral 32 constitucional. Se empieza por reconocer el concepto de extradición que ha establecido la Sala:

“En relación con el instituto de la extradición, esta Sala ha enfatizado que se origina fundamentalmente en la necesidad de cooperación internacional entre Estados, a fin de que con el desplazamiento de un país a otro, una persona acusada de cometer un delito no quede exenta del proceso correspondiente y su eventual sanción. Se traduce simultáneamente en un deber de cooperación internacional último entre los Estados y en la necesidad de evitar la impunidad de los delitos. Esto se hace cada día más evidente con motivo de la intensificación de las relaciones económico-comerciales entre Estados o entre empresas de diferentes nacionalidades; pero también por las facilidades en los medios de transporte y particularmente por el surgimiento de medios electrónicos que simplifican el intercambio de información, de valores y de dinero. Este Tribunal, en relación con la figura de la extradición, ha dicho también que, en principio, es un acto político, es decir el Constituyente la ha estimado importante como actitud del Estado, pero también y especialmente es un instituto jurídico reglado y por tanto está sometido a un desarrollo que, además de satisfacer el compromiso del Estado, debe ofrecer a las personas requeridas las garantías básicas ‒como manifestación del respeto a sus derechos fundamentales‒ sin las cuales no se podría conceder la extradición (opinión consultiva n.°1994-6766). Desde la sentencia n.°1993-5179 ‒reiterada a lo largo de la jurisprudencia de esta Sala‒ se ha definido la figura de la extradición en los siguientes términos:

“La extradición es un acto de asistencia jurídica internacional y no es otra cosa que el medio de hacer posible la presencia del imputado en un proceso penal en otro país que lo requiere; su fundamento pues, está en la solidaridad de los Estados y la necesidad de superar las limitaciones que impone a la persecución y castigo de los delitos el principio de territorialidad, que impide aplicar la ley penal a hechos ocurridos fuera del país en que ha buscado refugio el presunto delincuente. Este acto de cooperación internacional entre Estados, debido a los problemas de territorialidad, distancia, diferencia de culturas y sistemas jurídicos, está dotado de una serie de trámites y regulaciones que buscan superar los obstáculos que se puedan presentar debido a estas diferencias, a la vez que se busca conciliar y hacer respetar los ordenamientos jurídicos de ambos países, incluyendo las normas de protección a los derechos del presunto delincuente. Precisamente estas diferencias anotadas, hacen que la detención y envío de la persona acusada a los tribunales de justicia, esté regulada en forma distinta a la detención de un presunto delincuente el propio país”.

Asimismo, este Tribunal anteriormente ha avalado la constitucionalidad de este este tipo de convenios bilaterales cuya finalidad es insertar a nuestro país dentro de los esfuerzos internacionales para combatir la delincuencia en todas sus formas y establecer una serie de normas en respeto a los derechos de los extraditables (ver las opiniones consultivas números 1991-1807 sobre el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; 1994-6766 sobre el Tratado de Extradición entre nuestro país y los Estados Unidos Mexicanos; 2011-000234 relativa al Tratado entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Panamá sobre extradición; 2013-004884 sobre la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos; 2014-004665 atinente a la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República del Perú; 2015-018812 relacionada con la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República del Paraguay y 2018-016943 respecto de la aprobación del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Italiana)”. (Resolución nro. 2022-021837 de las 9:30 horas del 16 de setiembre de 2022).

De lo expuesto se evidencia que la extradición es un instrumento jurídico que se basa en la cooperación de los países, cuyo propósito consiste en facilitar que las autoridades competentes puedan impartir justicia, evitando así que las dificultades, generadas por las fronteras y distancias, sirvan de aliciente a la actividad criminal y su impunidad.

La reforma propuesta pretende señalar de manera expresa que la extradición de nacionales es solo posible en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo:

“Artículo 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.

A nivel internacional existen tratados con disposiciones particulares para regular la extradición en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Entre ellos: el numeral 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (ley nro. 7198 del 25/9/1990); ordinal 12 Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ley nro. 8257 del 2/5/2002), precepto 36 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (ley nro. 4544 del 18/03/1970), artículo 22 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (ley nro. 4990 del 10/06/1972), numeral 8 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (ley nro. 8080 del 14/02/2001).

Todos esos instrumentos internacionales pretenden luchar en contra de delitos graves y demuestran la necesidad de incluir la extradición como una herramienta para la cooperación entre países que facilite tal lucha.

VIII.- Ahora bien, concerniente al proyecto de reforma constitucional en sí, la Sala destaca que se circunscribe en el esfuerzo internacional por evitar la impunidad en crímenes internacionales, posibilitando la cooperación de Costa Rica con otros países mediante la extradición de sus nacionales. El proyecto reconoce las condiciones internacionales actuales, propiciadas por la globalización, y el subsecuente desarrollo de los grupos delictivos a nivel transfronterizo. Tales consideraciones sobresalen en su exposición de motivos:

“Las fronteras, que son una debilidad para nuestros países, se convierten en un bastión de la operatividad de la delincuencia organizada. Su conciencia, desgraciadamente muy a menudo justificada, de que, cruzada la frontera la persecución termina y sus expectativas de impunidad se incrementan, constituyendo una dura realidad para nuestras autoridades.

Uno de los aspectos en que la mayoría de las constituciones políticas coinciden y se observa como un arcaísmo que obstaculiza la coordinación internacional para el combate del crimen organizado, es la prohibición de aplicar el proceso de extradición a nacionales.

(…)

Ante la dinámica de crecimiento de la criminalidad organizada transnacional, muchos países que han sufrido el impacto y las consecuencias de este fenómeno nefasto, han optado por permitir la extradición de nacionales, como medida eficaz para no propiciar la impunidad y coadyuvar en la solución de un fenómeno criminal transnacional con una solución también transnacional.

Se ha ido desarrollando paulatinamente en la conciencia de la comunidad internacional que el abordaje interno de los problemas del crimen organizado, dada su naturaleza transnacional, indefectiblemente será parcial e insuficiente.

La ubicación geográfica de Costa Rica en la región centroamericana es estratégica para las organizaciones delictivas vinculadas a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo y un incentivo para que los nacionales que se vinculan con estos grupos criminales, se mantengan dentro del territorio nacional, por lo que se debe contemplar que se habilite la extradición de nacionales”.

IX.- Recapitulación. Hasta el momento, el análisis de la Sala ha concluido que sí es posible que el Constituyente derivado efectúe una labor tendente a delimitar, definir y balancear los derechos fundamentales que se describen en la Constitución Política, sin que ello se considere una reducción o eliminación de estos. Atinente a la extradición, se constató que tal hermenéutica jurisprudencial ha sido incluida por este Sala dentro del ámbito de aplicación del ordinal 32 constitucional, por lo que el Constituyente derivado puede delimitar esa norma con miras a esclarecer los contornos de la extradición de nacionales. En ese sentido, se verificaron precedentes de esta Sala, mediante los cuales se ha clarificado que el mencionado ordinal no es absoluto, sino que debe reconocer excepciones, tales como aquellas derivadas del Estatuto de Roma y la Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. La reforma propuesta trata el tema del terrorismo y el tráfico internacional de drogas como excepciones al precepto 32 de cita. Tal posibilidad se ve respaldada por varios tratados internacionales, suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra tales flagelos de la sociedad. La exposición de motivos de la proposición de reforma constitucional explicita que su finalidad es que Costa Rica se una a tales esfuerzos mediante la extradición de sus nacionales.

X.- Equilibrio de intereses. La Sala determina que la propuesta legislativa busca trabar un equilibrio entre distintos intereses. De un lado, el interés del ciudadano en permanecer en el territorio nacional sin ser perturbado. De otro, el interés de las víctimas, la sociedad o los gobiernos por llevar a los tribunales de justicia a una persona sospechosa de haber cometido un delito. Ambos intereses son reconocidos en nuestra Constitución Política.

La idea de encontrar un equilibrio implica necesariamente, que debe existir un balance entre ambos extremos. Tal como se indicó, no se trata de la reducción o eliminación de un interés en beneficio de otro, sino de la conjugación sistémica de ambos.

En lo referido al segundo de esos extremos ‑las víctimas, la sociedad y los gobiernos‑, su interés se ve atendido por la posibilidad de que el imputado sea sometido prontamente a los tribunales de justicia. Es insoslayable que la pretensión de impartir justicia pronta y cumplida puede verse truncada por barreras procesales, surgidas a causa de las fronteras nacionales. Así, verbigracia, los problemas para incorporar declaraciones de testigos, legalizar prueba documental, efectuar inspecciones presenciales, etc., toda vez que tales elementos se encuentran en el país requirente de extradición. En situaciones semejantes, la entrega del imputado mediante extradición facilita la prosecución del proceso y el acceso a la justicia.

En cuanto al interés del ciudadano nacional, la Sala encuentra límites en la interpretación del canon 32, cuyo irrespeto sí podría significar el vaciamiento de la garantía ahí estatuida. Esa norma significa que el imputado, que sea juzgado en suelo nacional, gozará de un sistema basado en el respeto al Estado de Derecho (división de Poderes, independencia judicial, etc.) y las garantías procesales del país (principio de legalidad, derecho de defensa, etc.). Ergo, el desconocimiento de tales garantías sí podría ir en detrimento de la protección que brinda ese numeral.

En el caso concreto, la propuesta de reforma incluye, de manera atinada, una cláusula de protección de los derechos de la persona (“…haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”).

Tal protección presupone un examen casuístico por parte de los tribunales de justicia, de manera que se le garantice al imputado que sus derechos serán respetados en el país requirente. En este punto entran en juego principios propios del proceso de extradición (verbigracia, doble incriminación, prohibición de aplicación de pena de muerte o cadena perpetua, etc.) y de valoración del Estado requirente, que debe ser un Estado de Derecho, comprometido con el resguardo de tales principios. En ese sentido, la protección del ordinal 31 constitucional (no concesión de la extradición cuando se determine que es una persecución por razones políticas) se extiende al nacional. Un costarricense no podría ser extraditado a un país que no ofrezca las garantías propias de un Estado de Derecho.

En conjunto con estas valoraciones, propias de un proceso de optimización de derechos, prevalece la imposibilidad de trastocar el núcleo esencial de un derecho (Kernbereich) mediante una reforma constitucional.

En conclusión, la reforma propuesta se enmarca en las potestades del Constituyente derivado de delimitar y equilibrar los derechos constitucionales. Su contenido se encuentra en armonía con el derecho público internacional, que incluye la extradición como instrumento de cooperación entre los países con el propósito de prevalecer en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

XI.- COROLARIO. En cuanto al procedimiento y el fondo, este Tribunal Constitucional concluye que la proposición de reforma constitucional carece de vicios de constitucionalidad.

XII.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.

Soy de la tesis que cuando se trata de una reforma parcial a la constitución que se consulta preceptivamente a la Sala Constitucional, la competencia del tribunal se limita a determinar si hay o no vicios de procedimiento, sea si se ha observado por parte del Parlamento el principio de rigidez constitucional, de ahí que es improcedente referirse al fondo de la reforma que se plantea. Ahora bien, cuando se trata de derechos fundamentales -proposiciones de los cuales se deriva un derecho subjetivo a favor de la persona oponible frente al Estado y terceros-, es necesario determinar si el Parlamento es competente para efectuar la reforma parcial, pues por esta vía no puede afectar el contenido esencial, el núcleo duro, del derecho fundamental. De ahí la necesidad de hacer este análisis, no porque me esté refiriendo al fondo de la cuestión, sino a un tema de competencia.

Comparto, al igual que mis colegas, que el poder reformador tiene un límite material en relación con el régimen jurídico de los derechos fundamentales; sin embargo, tengo que realizar, en este tema, un matiz.

Es lógico suponer que después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial algunos Estados europeos, en especial Alemania y, más recientemente España después de haber vivido en un régimen autoritario por un largo período, en sus constituciones, reforzaran el régimen jurídico de los derechos fundamentales frente al ejercicio del poder constituyente por parte de los Parlamentos, estableciendo prohibiciones (inciso 3 del artículo 79) o limitaciones (artículo 168), en el caso del segundo una mayor jerarquía y salvaguarda en cuanto al procedimiento de reforma.

A diferencia de la experiencia de Europa, la Nación costarricense no ha sufrido situaciones traumáticas como las señaladas en su devenir histórico, salvo el pequeño interregno de 1917-1919, por lo que la desconfianza hacia el Legislativo, cuando del ejercicio de potestad constituyente se trata, no tiene justificación histórica en nuestro medio.

Por otra parte, una postura en el sentido de que está vedada a la Asamblea Legislativa, actuando como poder reformador, la reducción del régimen de los derechos fundamentales, crea un inmovilismo jurídico que podría deslegitimar la Carta Fundamental, toda vez que cualquier reducción del régimen de un derecho fundamental necesariamente requería la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, tarea que no ha sido nada fácil para los costarricenses, ya que, como lo demuestra la Historia, por lo general, nuestras Cartas Fundamentales ha sido el producto o resultado del rompimiento del orden constitucional.

Por estas razones, me inclino por una posición diferente. El poder reformador, efectivamente, tiene un límite material frente al régimen de los derechos fundamentales, pero únicamente cuando se afecta su contenido esencial, en los demás supuestos, la Asamblea Legislativa sí tiene competencia para reducir su régimen. Si no fue así, a manera de ejemplo, la reforma que se introdujo al numeral 24 constitucional, mediante Ley n. 7607 de 29 de mayo de 1996, sería inconstitucional por un vicio de competencia –en el sujeto-.

En el caso en estudio, tal y como se explica ampliamente en la opinión consultiva, la reducción del derecho fundamental -el compeler a abandonar el país- está sustentada en una justificación objetiva y razonable – deberes que se derivan de compromisos internacionales del Estado costarricense y en las garantías del debido proceso a favor del costarricense extraditable-, de ahí que la Asamblea Legislativa actúa conforme al derecho de la constitución -valores, principios y normas-.

XIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión nro. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por Tanto

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de reforma constitucional denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES”, que se tramita en el expediente legislativo nro. 23.701, no contiene vicios de procedimiento o de fondo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan notas por separado. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa.

Magistrados Fernando Castillo V., Presidente / Paul Rueda L. / Luis Fdo. Salazar A. / Jorge Araya G. / Anamari Garro V. / Ingrid Hess H. / Alexandra Alvarado P.

Exp: 24-022734-0007-CO

Res. n.°2024-026373

NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

Respetuosa de la tesis de la mayoría de la Sala, he estimado necesario consignar una nota con el propósito de dejar mejor perfilada mi postura y precisar algunos elementos de la opinión consultiva rendida por esta Sala.

En el caso que se nos somete a valoración, se aprecia que el constituyente derivado pretende normar expresamente en nuestra propia Constitución lo que en esencia ya se ha admitido en la jurisprudencia de esta Sala. Lo anterior, en el sentido de que el art. 32 de la Constitución Política consagra una garantía limitada, no absoluta y que, más bien, sus alcances han de determinarse teniendo en cuenta lo que es razonable y proporcionado en atención a los fines respecto de los que dicha garantía está orientada (ver la opinión consultiva n.°2000-09685 sobre el proyecto de ley de aprobación del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”; la n.°2008-18210 sobre el proyecto de “Aprobación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”). En este caso, la reforma pretende hacer posible que el país coadyuve y coopere en la persecución de algunos de los hechos delictivos más graves y lesivos para la convivencia humana, bajo el estricto resguardo de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la persona que está siendo investigada. Esto debe ser celosamente resguardado por las autoridades competentes en la materia, según la aplicación de las normas constitucionales, internacionales y legales que regulan este tipo de procedimientos.

Por otro lado, si bien participé del recurso de hábeas corpus resuelto mediante la sentencia n.°2021-009579, considero que cabe explicar que ‒en lo relativo al supuesto “nuevo orden internacional de protección de derechos” y el art. 48 de la Constitución Política‒ no se trata de cualquier instrumento internacional, sino que se refiere a aquellos del Derecho Internacional de Derechos Humanos debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico y que sean compatibles con la Constitución Política. Precisamente eso, entre otros motivos, sustenta la existencia de la figura de la consulta preceptiva de control de constitucionalidad tratándose de instrumentos internacionales que pretenden ser aprobados por el Estado costarricense.

Finalmente, estimo que es un tanto impreciso afirmar que el derecho a la vida “encuentra sus excepciones, por ejemplo, en el derecho ajeno a la legítima defensa o las actuaciones generadas por un estado de necesidad”, tal como lo hace esta resolución. Esas figuras no legitiman que se viole por sí mismo el derecho a la vida de alguien más, sino que se trata de causas de justificación, en el entendido de que los actos realizados bajo legítima defensa o estado de necesidad –respetando con todo rigor las condiciones para que estas lo sean– no son antijurídicos.

En virtud de lo dicho, coincido con los razonamientos de la mayoría con las precisiones que acá he expuesto.

Anamari Garro V.

Voto nro. 2025-019485

Expediente: 25-006713-0007-CO

Tipo de asunto: Recurso de hábeas corpus

Magistrada Ponente: Hess Herrera

Descriptores: Migración. Minorías. Información. Petición. Libertad de tránsito.

Transcripción de Contenido

Exp: 25-006713-0007-CO

Res. Nº 2025019485

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinticinco.

Recurso de habeas corpus que se tramita en expediente número 25- 006713-0007-CO, interpuesto por MAURICIO ALBERTO HERRERA ULLOA, cédula de identidad [Valor 001], a favor de LAS PERSONAS EXTRANJERAS DEPORTADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:15 horas del 7 de marzo de 2025, el recurrente presenta recurso de habeas corpus contra la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, a favor de LOS EXTRANJEROS DEPORTADOS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y manifiesta que en el mes de febrero de 2025, un grupo de aproximadamente 200 personas extranjeras, entre las cuales se encuentran 81 menores de edad, llegó a Costa Rica tras ser deportadas de los Estados Unidos de América. Estas personas provienen de diversos países, como Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Nepal, Rusia, Turquía y otras más. Aduce que su llegada ocurrió sin que se les tomara en cuenta su voluntad, ya que fueron expulsadas de Estados Unidos y enviadas a Costa Rica, según un acuerdo entre los dos países. Al aterrizar en Costa Rica, fueron custodiadas por policías nacionales y trasladadas al cantón de Corredores. Hubo un internamiento en el territorio nacional y las personas extranjeras deportadas quedaron desde ese momento bajo la jurisdicción de las leyes costarricenses. Al ingresar a Costa Rica, las personas deportadas por Estados Unidos recibieron un permiso temporal de estadía en el país de hasta por 30 días, prorrogable, lo que legaliza su condición migratoria. Al ser recibidas en territorio costarricense, las autoridades condujeron a todas esas personas al Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM), ubicado en la frontera sur del país. Este centro fue donado por la empresa alemana Faber-Castell con la condición expresa de que no sería utilizado como centro de detención o privación de libertad, sino como un albergue para atención humanitaria y migratoria. Desde su llegada al país, las personas deportadas han estado privadas de su libertad: no pueden salir libremente y sin custodia del CATEM, están permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública, se les impide la libertad de tránsito por el territorio nacional, y no pueden expresarse libremente al impedírseles tener contacto con la prensa, ni conversar con personas ajenas al CATEM. Las personas deportadas han sido retenidas en el CATEM sin gozar de libertad alguna, a pesar de no haber cometido ningún delito, ni infracción migratoria en Costa Rica. A su llegada, según testimonios, se les retiró su documentación de identidad, lo que les ha generado preocupación por su estatus legal y su futuro. Por otra parte, tampoco han tenido acceso a alguna asesoría jurídica independiente o información detallada sobre sus derechos, añade que se les ha rechazado la posibilidad de solicitar asilo o refugio. Argumenta que estas personas deportadas están en una situación de discriminación frente a otros extranjeros que han estado alojados en el CATEM, quienes sí tienen libertad de tránsito por el país, pueden entrar y salir de ese albergue a su voluntad, así como conversar con personas externas y dar entrevistas a medios de comunicación. Explica que la situación de estas personas se torna más crítica al considerar que muchos de ellos huyen de situaciones de conflicto bélico, persecución política o religiosa, y en algunos casos, simplemente por ser mujeres, en violación a normativa nacional e internacional que Costa Rica se ha comprometido a defender. Su detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de nuestras autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales. Además, las autoridades costarricenses han negado el acceso a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, restringiendo así el derecho a la libertad de expresión. Esto ha generado sospechas de que las actuaciones de las autoridades migratorias puedan estar violando normativa de derechos humanos. De manera expresa, en su “Petitoria”, solicita: “1. Declarar con lugar el presente recurso de habeas corpus y ordenar la inmediata libertad para la totalidad de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos hacia Costa Rica en el transcurso de febrero, en un número de al menos 200 individuos, sin perjuicio de que puedan ser más, y que si desean permanecer en el CATEM lo hagan de manera voluntaria y sin restricciones de tránsito de ningún tipo. 2. Ordenar a las autoridades competentes que garanticen a las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos asistencia legal independiente e información acerca de los derechos que tienen bajo las leyes costarricenses, su condición jurídica y migratoria y las posibilidades e implicaciones de solicitar asilo o refugio en Costa Rica. 3- Ordenar a las autoridades competentes la entrega a medios de comunicación y quien lo solicite de información pública relacionada con las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos. 4. Ordenar a las autoridades competentes garantizar la libertad de expresión de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos e internadas en el CATEM-Sur, así como el derecho a la información de toda la ciudadanía costarricense respecto a las circunstancias del internamiento en Costa Rica de estas personas.”. Solicita que se acoja el recurso.

2.- Por resolución de Presidencia de las 14:33 horas del 14 de marzo de 2025 se dio curso a este proceso.

3.- Por medio de escrito aportado el 17 de marzo de 2025, Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. y José Pablo Vindas Monge, coordinador policial de la Policía Profesional de Migración de Paso Canoas, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería, informan que: “PRIMERO: Si lleva razón el recurrente, a partir día 20 de febrero de 2025, ingresaron dos grupos de extranjeros, para un total de 200 personas de los cuales 79 personas menores de edad, de distintas nacionalidades, provenientes de los Estados Unidos de América, deportados, utilizando a Costa Rica como tránsito para regresar a su país de origen o un tercero según cada caso en concreto según valoración previa, las nacionalidades son las siguientes: CHINA, ARMENIA, UZBEKISTAN, TURKIA, RUSSIA, AFGHANISTAN, VIETNAM, GEORGIA, JORDANIA, KAZAJISTAN, IRAN, GHANA, KIRGUISTAN, CONGO, NEPAL, YEMEN, ANGOLA, INDIA, PAKISTAN, TAJIKISTAN. SEGUNDO: Mediante resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de febrero de 2025, La Dirección General de Migración y Extranjería autoriza el ingreso de estas personas extranjeras mediante excepcionalidad por razones humanitarias, con el fin de retornar a sus diferentes países de origen a un tercer país que los reciba. TERCERO: En la resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, indica que la permanencia podrá ser autorizado por una única vez y tendrá validez por un plazo de treinta días naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del país. Sin embargo, la Policía Profesional de Migración podrá prorrogar de manera excepcional dependiendo del caso en concreto para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional. La Policía Profesional de Migración llevará el registro y control de este tipo de excepciones y realizará las coordinaciones necesarias con las agencias internacionales. CUARTO: Las personas deportadas desde los Estados Unidos ingresaron al país bajo la autorización de ingreso con el fin único de continuar a sus países de origen o un tercero país según corresponda, mismas que se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM), como lo estipula la resolución antes mencionada. QUINTO: Como se indica en el punto anterior la autorización de permanencia es en el CATEM, y al tener este proceso un fin de tránsito por nuestro país es fundamental tener ubicadas a estas personas para acelerar el proceso de continuación de viaje, además de tener libertad de salir y entrar a su antojo existen riesgos de inseguridad y la posibilidad de ser captados por redes criminales de tráfico ilícito de migrantes, teniendo el estado costarricense la responsabilidad de la integridad de estas personas extranjeras, sin embargo y como se consigna en la bitácora de novedades número 3 del Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, todos los días a solicitud de estas personas se les colabora llevando a supermercados o farmacias, según sea la necesidad que requieran. SEXTO: Al llegar al CATEM Sur, nos fueron entregados los pasaportes o copias de cada uno de ellos, los cuales se les aplica la medida cautelar de Decomiso Temporal de Documentos, emitiéndoles un Acta de cada pasaporte retenido, los cuales se encuentra en resguardo en una caja fuerte en la Coordinación Policial de Paso Canoas, para asegurar el no extravío de estos documentos y que no generen atrasos en los procesos que se están llevando por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). SETIMO: Respecto al derecho de expresarse libremente, cabe señalar que no ha sido negado, pero si es importante recalcar que, desde el principio de ingreso de esta población extranjera, fueron muy claros en manifestar que no aceptaban fotografías de ningún tipo, por un tema de principio de intimidad y privacidad, así como no querer referirse en ninguna entrevista ya que en la actualidad un video puede llegar a cualquier parte del mundo y esto puede causar un riesgo o perjuicio para ellos. OCTAVO: El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas, son quienes están en primera línea realizando entrevistas y valorando cada caso en concreto, para el retorno seguro de estos migrantes a sus países de origen o mejor opción en un tercer país, garantizando el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas, así como las condiciones en las que se encuentran, es importante destacar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se encuentra de manera permanente en el CATEM para instruir, guiar y direccionar cualquier caso de protección internacional, y la Dirección General de Migración y Extranjería en la disposición a través de la Unidad de Refugio de valorar los casos que se presenten. DECIMO: Los migrantes que se encuentran en el CATEM Sur, de los diferentes flujos, sean sur-norte, inverso o los deportados de Estados Unidos, gozan de las misma condiciones en cuanto a las prestación de servicios y condiciones dentro del centro, pero en cuanto a las salidas de CATEM, el flujo inverso podrá solicitar la salida definitiva para continuar su viaje hacia Panamá y Suramérica firmando un consentimiento informado de manera voluntaria para retirarse del centro, ya que esa es la naturaleza del CATEM, un centro temporal para migrantes en tránsito. UNDECIMO: Desde su ingreso al CATEM, se les ha dado la información clara de donde están, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Agencias de la ONU para continuar el viaje de retorno a su país o mejor opción, hasta este momento ninguno ha manifestado la intención de quedarse en Costa Rica, hemos colaborado para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM, con las compañías Liberty o CLARO, o en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se ha facilitado el número de teléfono institucional a embajadas para que se comuniquen con estas personas. (…)”. “Por último, se debe destacar que no existe impedimento alguno, por parte de esta Dirección General ni de la Policía Profesional de Migración para que las personas en tránsito pueda acceder a sus derechos de acceso a la información y asistencia legal, ya que en el CATEM permanecen Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes y que los mismos son atendidos bajo las normas mínimas que establece la normativa nacional e internacional en esta materia. De todo lo anteriormente mencionado, se colige indubitablemente, que en nuestro actuar no existe violación alguna de los derechos fundamentales, en todas sus manifestaciones, toda vez que se respalda en normas de derecho positivo vigentes; por los fundamentos in jure indicados, se observa que los procedimientos ejecutados por los oficiales de la Policía Profesional de Migración y esta Dirección General, se han realizado en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que al recurrente le asisten.”. Solicitan que se desestime el recurso.

4.- Por medio de resolución de las 14:45 horas del 19 de marzo de 2025, como prueba para mejor resolver, se solicitó a la Defensora de los Habitantes de la República y al jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM ONU Migración, Costa Rica-, que se refirieran a los hechos alegados por el recurrente.

5.- Mediante escrito aportado el 20 de marzo de 2025, Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. de la Dirección General de Migración y Extranjería, amplía su informa e indica que: “Un efecto directo de la soberanía es la posibilidad del Estado de establecer reglas para regular la permanencia legal en el país de personas extranjeras, así como ratificar instrumentos internacionales que regulen la materia. Ejemplo de ello es el artículo1 de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, ratificada por Costa Rica por la Ley N°40 del 20 de diciembre de 1932, cuyo texto expresa: “Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios”. Bajo esta misma línea, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, del 13 de diciembre de 1985, dispone en lo que interesa: “Artículo 2 1. ...Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos. …”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función consultiva, ha indicado que la potestad de los Estados para definir una política migratoria, siempre deberá considerar la no afectación de los derechos humanos (Opinión Consultiva OC/18-03del 17 de setiembre del 2003 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados). SEGUNDO: Mediante resolución aprobada por su Asamblea General el 19 de septiembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas emitió la “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”, en la que términos generales se establece que los Estados miembros han analizado el deber de la comunidad internacional de responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, que en la actualidad ha alcanzado un nivel sin precedentes. TERCERO: Por su parte la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, del 13 de diciembre de 1985, dispone en lo que interesa: “Artículo 2 1. ... Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos. …”. CUARTO: En ese marco, la Constitución Política en su artículo 19, regula que las personas extranjeras tienen en nuestro país los mismos derechos y garantía que las costarricenses, con las excepciones y limitaciones que establezca la ley. En tal sentido, nuestra legislación interna regula la posibilidad de que la Dirección General de Migración y Extranjería determine procedimientos para otorgar un estado migratorio en forma especial. Al efecto indica el artículo 71 que esta Dirección General “…podrá determinar procedimientos especiales y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Esta disposición también será aplicable a las personas indígenas transfronterizas. Dichos procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se determinarán mediante resolución fundada emitida por tal Dirección.”. QUINTO: El artículo 1 de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, del 19 de agosto de 2009, establece -en lo que interesa - que el ingreso y permanencia de las personas extranjeras en territorio nacional, debe analizarse a la luz de la Constitución Política y de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. SEXTO: Que el artículo 13 de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, establece las funciones de la Dirección General, indicando en sus incisos 1), 13), 19) y 36, que le corresponde a esta Administración autorizar y fiscalizar la permanencia de las personas extranjeras al país, ejecutar la política migratoria de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal de personas extranjeras y resolver discrecionalmente y de manera motivada, los casos cuya especificidad deban ser resueltos de manera distinta de lo señalado por la tramitología general. SÉTIMO: Que la Ley General de Migración y Extranjería en su artículo 44 establece que no se admitirá el ingreso al país de las personas extranjeras que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios en el momento de la inspección de control migratorio excepto en aquello casos que mediante resolución fundamentada del Director General lo autorice por mediar razones humanitarias. OCTAVO: Que el Reglamento de Extranjería en su artículo 135, dispone que se considera razón humanitaria cualquier “circunstancia en la que se encuentra una persona extranjera con alto grado de vulnerabilidad en detrimento de su condición de persona humana”. NOVENO: Es así como mediante resolución D. JUR-0057-02-2025- JM, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de febrero de 2025, La Dirección General de Migración y Extranjería autorizó el ingreso de estas personas extranjeras mediante excepcionalidad por razones de humanidad, con el fin de retornar a sus diferentes países de origen o bien a un tercer país que los pueda reciba. DÉCIMO: Así mismo mediante resolución D.JUR-0102-03-2025-JM, la Dirección General de Migración y Extranjería, prorroga la resolución D.JUR-0057-02-2025- JM, mediante la cual se autorizó el ingreso excepcional, la permanencia transitoria y la documentación de personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América. DÉCIMO PRIMERO: Importante reiterar que el numeral 2 de la Ley General de Migración y Extranjería declara la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad pública, por ello la protección y atención que se ha venido desarrollando hasta el momento. DÉCIMO SEGUNDO: En virtud de dar protección a las personas migrantes que fueron deportadas de los Estados Unidos, se consideró pertinente por parte de esta Dirección General autorizar su ingreso al territorio nacional en condiciones de tránsito, con el debido control por parte de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, acorde con el derecho positivo nacional e internacional relevante en materia de derechos y asistencia humanitaria. DÉCIMO TERCERO: el artículo 71 de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, establece que la Dirección General de Migración “…podrá determinar procedimientos especiales y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Esta disposición también será aplicable a las personas indígenas transfronterizas. Dichos procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se determinarán mediante resolución fundada emitida por tal Dirección”. Esa norma faculta a esta Dirección General a establecer una serie de condiciones de permanencia a las personas a quienes se les autorizó ingresar provenientes de los Estados Unidos, en condición de deportados, conforme lo regulado en nuestra resolución D.JUR-0057-02-2025-JM. Dicho ingreso al territorio nacional en todo momento estuvo supeditado al debido control por parte de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, acorde con el derecho positivo nacional e internacional. DÉCIMO CUARTO: De las 200 personas que ingresaron a Costa Rica procedentes de EEUU ya 69 de ellas han abandonado el territorio nacional, 05 que viajan el día de hoy para un total de 74 egresos, 28 de éstas personas se encuentran en fase de salida ya que se están realizando las coordinaciones con las diferentes embajadas para la debida compra de boleto y espera de su próximo viaje y 98 que aún se encuentran a la espera de iniciar el proceso debido a sus nacionalidades y las diversas consultas en razón de los diversos requerimientos de visas y demás requisitos de tránsito o paso que solicitan los diferentes Estados. Es menester reiterar que la Organización Internacional para las Migraciones “OIM” es la entidad a cargo de financiar, coordinar y diligenciar dichos procesos de viaje. DÉCIMO QUINTO: Las 200 personas que fueron ubicadas en el CATEM SUR, debido a sus nacionalidades requieren necesaria y legalmente de una visa de ingreso a Costa Rica a efectos de poder ingresar a nuestro país y poderse mover libremente en nuestro territorio. A ninguna de las 200 personas objeto del presente Habeas Corpus se le ha otorgado "Visa" para su ingreso al país. Lo que la Dirección de Migración emitió en su favor, es una resolución Migratoria con fundamento en un acuerdo diplomático alcanzado entre la Casa Blanca y el Gobierno costarricense para que dichas personas pudiesen ingresar a nuestro país en condición de tránsito, mientras las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias tramitan y gestionan su traslado internacional de manera voluntaria, ya sea a su país de origen o bien a un tercer país. Tómese nota que el tipo de programa que emplea la OIM se denomina "Retorno Voluntario Asistido"; es decir, es un programa tutelado por Las Naciones Unidas mediante el cual se le asiste a la persona para que pueda viajar a su país de manera voluntaria, no forzada y en resguardo de sus derechos y garantías. DÉCIMO SEXTO: Cabe mencionar que dentro de las nacionalidades de estas personas migrantes se encuentran: CHINA, ARMENIA, UZBEKISTAN, TURKIA, RUSIA, AFGHANISTAN, VIETNAM, GEORGIA, JORDANIA, KAZAJISTAN, IRAN, GHANA, KIRGUISTAN, CONGO, NEPAL, YEMEN, ANGOLA, INDIA, PAKISTAN, TAJIKISTAN, como se puede analizar muchas de estas nacionalidades pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, por tanto la resolución emitida guarda una correlación legal con la normativa migratoria vigente, estableciendo un escenario restrictivo o delimitado, pero brindando en todo momento la asistencia y protección y atendiendo las necesidades y solicitudes de cada uno de ellos, donde incluso como se informó en el primer informe, han sido trasladados a supermercados o farmacias con el fin de satisfacer alguna necesidad particular. Es sumamente necesario reiterar a la honorable Sala Constitucional que dichas personas extranjeras se encuentran en calidad de tránsito en un Centro de Atención Temporal para personas migrantes en razón de su restricción de nacionalidad y al amparado de que fueron deportados de los Estados Unidos por su irregularidad migratoria según las normas establecidas para dichos efectos en territorio norteamericano. La autorización brindada les otorga una estancia transitoria hasta su salida o retorno, en el tanto la Organización Internacional para las Migraciones coordina los aspectos necesarios para el retorno a su país de origen o un tercer país que los admita. DÉCIMO SÉTIMO: La resolución Migratoria emitida en favor de estas 200 personas permitió su ingreso legal a territorio costarricense y permite, de igual manera, su egreso legal del país. Y en vez de los derechos que permite una visa de ingreso a ciudadanos del grupo 3 y 4 contemplados en el Reglamento de Visas; la Dirección de Migración emitió un permiso de permanencia legal circunscrito al CATEM SUR a efectos de garantizar la permanencia legal en dichas instalaciones con el objetivo de facilitar el retorno, bajo condiciones voluntarias, no-forzadas, de tales personas a sus países de origen o un tercer país que los admita. DÉCIMO OCTAVO: Tanto la Dirección de Migración como Las Naciones Unidas-OIM son garantes de que tal proceso de movilidad internacional opera en condiciones que garantizan el pleno respeto a la VOLUNTAD de las personas y en ningún caso se aplica de manera forzada y en contra de dicha voluntad. DÉCIMO NOVENO: Si las personas sujetas al regreso a sus países de origen o a un tercer país deciden solicitar la condición de refugio en Costa, Rica, dicha solicitud será tramitada conforme al bloque de legalidad existente en el país. Importante señalar que hasta el día de hoy ninguna de las personas migrantes bajo este escenario ha presentado solicitud alguna para aplicar ya sea a la condición de refugio o para permanecer en territorio costarricense. VIGÉSIMO: Es menester reiterar que aunque no se haya presentado hasta el momento solicitud alguna de permanecer en Costa Rica por parte de alguna de éstas personas ubicadas en el CATEM SUR; en caso de hacerlo, bajo cualquier condición migratoria reconocida en la Ley de Migración de Costa Rica, tal solicitud será tramitada por parte de la Dirección de Migración e implicará no solo la suspensión del egreso de dicha persona a su país de origen o a un tercer país; sino también a una posible salida voluntaria de dicho albergue o su permanencia voluntaria en dichas instalaciones. Pero hasta el momento no se ha incoado solicitud alguna en tal sentido y en caso de presentarse se actuará conforme a los derechos y garantías que otorga nuestro Derecho Migratorio (Internacionalmente reconocido por su alta protección en materia de Derechos Humanos). VIGÉSIMO PRIMERO: Uno de los puntos señalados en el Habeas Corpus indica que las personas desconocen su situación migratoria y que no han recibido información alguna sobre el proceso en el que están inmersos. Lo cual no se ajusta a la verdad de los hechos; ya que cuando llegaron al país se les dio una explicación general que les fue traducida con el apoyo de traductores de la OIM contratados precisamente para llevar a cabo tal misión explicativa, en cada uno de sus idiomas, los cuales pueden ser corroborados por los mismos interesados. Se adjunta como prueba para mejor resolver el informe de fecha 27 de febrero de 2025 de Naciones Unidas al respecto, donde en lo de interés se cita: “Reciba un cordial saludo de OIM, UNICEF y ACNUR, por medio del presente se confirma el apoyo solicitado en el Oficio DG-0149-02-2025 y Oficio DG-0160-02-2025. Las agencias trabajarán de manera complementaria y coordinada para proporcionar la asistencia humanitaria. En particular, las funciones se dividirán de la siguiente manera. Solicitud: Base 2 (Aeropuerto Juan Santamaría): - Dotación de transporte (buses) para apoyar la logística operativa que realizará la Policía Profesional de Migración (PPM) y otros cuerpos policiales, desde Base 2 hasta el EMIBISURCATEM Sur. - De requerirse y en espera de lo que indique la Dirección de Vigilancia Aérea de Seguridad Pública; contar con Baterías Sanitarias en sitio para el recibimiento de este grupo de personas, en Base Dos. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Alimentación durante el traslado hacia la zona sur. La OIM brinda la siguiente asistencia (con financiamiento de la Oficina de Población, Migración y Refugio del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (PRM)): • La OIM proporciona autobuses financiados por PRM para apoyar la logística operativa de la Policía Profesional de Migración (PPM), destinados al traslado de las personas desde el Aeropuerto hasta el EMBISUR. • La OIM ofrece traducción a la llegada a base dos en ruso, inglés, árabe y mandarín para la población atendida y para la traducción de los mensajes de bienvenida de la DGME y/o del Ministerio de Seguridad Pública. • La OIM distribuye kits de alimentación para todas las personas incluidas niños, niñas y adolescentes, en el autobús y kits de alimentación a su llegada al EMBISUR. La OIM entrega kits para niñez y kits de higiene básica para mujeres en el autobús, proporcionándolos a cada persona. • La OIM dota de seis baterías de baños para el aeropuerto con toldo para las personas. • La OIM contrata un médico para atenciones primarias de salud en Base 2. Solicitud: EMISUR - Colaboración con artículos de higiene personal, mantenimiento y limpieza de la Estación Migratoria Sur. - Atención psicosocial y psicoemocional a estas personas en CATEM, tomando en cuenta que podrían incluirse dentro de este grupo, menores de edad y mujeres embarazadas. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Cooperación en el rubro médico para la mejor atención del grupo de personas, dicha colaboración se prevé que incluya: ambulancia, médico y medicamentos de primera asistencia y de atención a enfermedades crónicas. - Alimentación durante la estancia de las personas en EMIBISUR. - Apoyo en el proceso, seguimiento, concretización y coordinación del retorno de las personas pertenecientes a este grupo a sus países de origen. - Colaboración con el establecimiento de espacios seguros para la atención de niños y niñas. La OIM brinda la siguiente asistencia: • La OIM implementa el programa de Retorno Voluntario Asistido (AVR) a través de traductores en ruso, mandarín, árabe e inglés, comenzando con entrevistas para identificar si las personas califican y desean voluntariamente optar por el Retorno Voluntario Asistido. Además, de contratar los traslados para chequeos médicos, así como hospedaje y tiquetes aéreos requeridos para su retorno seguro y digno a sus países. • La OIM distribuye kits con artículos como ropa, zapatos, paños para adultos y niños. • La OIM proporciona tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) durante todo el mes de febrero para las personas. • La OIM contrata un médico en EMISUR para atenciones primarias de salud. El ACNUR brinda asistencia: • El ACNUR distribuirá kits con artículos de higiene como jabones, papel higiénico, desodorante, cepillo y pasta de dientes, para adultos y niños, a partir de lunes, 03 de marzo de 2025. • El ACNUR proporcionará tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) de 01 a 15 de marzo de 2025. El ACNUR presentará un plan a DGME para que, a partir de 16 de marzo de 2025, la alimentación para todas las poblaciones se brinde en el Comedor del CATEM. • EL ACNUR ha donado a PPM dos lámparas solares para en emergencias en caso de que se vaya la luz en las habitaciones. UNICEF brinda asistencia: UNICEF se encuentra brindando kits de higiene personal a niños, niñas y adolescentes, así como mujeres y hombres adultos. UNICEF, en colaboración con otras organizaciones, ha dado apertura el Espacio Seguro para la Infancia en CATEM y se encuentra brindando apoyo psicosocial. UNICEF estará fortaleciendo los servicios de salud y agua, saneamiento e higiene en la EMISUR OIM, ACNUR y UNICEF reafirman su apoyo al gobierno de Costa Rica y su compromiso con la asistencia humanitaria a las personas extra regionales en el país. En el marco de la financiación proporcionada por PRM, lo detallado en este oficio representará la respuesta de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, bajo un marco de respeto a sus derechos humanos”. Además, cada una de las personas fue entrevistada por más de dos horas por parte de la OIM con traducción no solo atendiendo todas y cada una de sus preguntas, sino también informándole su situación personal, así como el “Programa de Retorno Voluntario Asistido” qué pagará el cien por ciento del traslado aéreo a sus países de origen o a un tercer país a elección de la persona. VIGÉSIMO SEGUNDO: Desde su ingreso al CATEM SUR, se les ha brindado a estas personas extranjeras la información clara del lugar en el que se encuentran, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Naciones Unidas a través de la OIM, para continuar el viaje de retorno a su país o un tercer país de acogida, hasta este momento ninguno ha manifestado la intención de quedarse en Costa Rica, y hemos colaborado para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM, con las compañías Liberty o CLARO, e inclusive en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se les ha facilitado el número de teléfono institucional a las embajadas para que se comuniquen con estas personas migrantes, desmintiendo categóricamente lo argumentando por el recurrente. VIGÉSIMO TERCERO: Es necesario destacar que no existe impedimento alguno, por parte de esta Dirección General ni de la Policía Profesional de Migración para que las personas en tránsito puedan acceder a sus derechos de acceso a la información y asistencia legal, ya que en el CATEM permanecen Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes. Así mismo Conforme a lo anterior la regularización migratoria con la que se han beneficiado esas personas extranjeras, les brinda la posibilidad de permanecer en un lugar en donde cuentan con un lugar seguro en el que pernoctar, alimentarse y satisfacer sus necesidades de higiene, en un espacio sano que no arriesga su seguridad, son personas de culturas totalmente diferentes a la nuestra, no hablan el idioma español y difícilmente lograrían costear su propia manutención en condiciones dignas. Su permanencia en las calles les haría presa fácil de la delincuencia e incluso de redes de tráfico o trata de personas, lo que evidentemente les traería perjuicios graves para su seguridad, salud e incluso su propia vida. Recordemos que son personas de culturas totalmente diferentes a la nuestra, no hablan el idioma español y difícilmente lograrían costear su propia manutención en condiciones dignas. Su permanencia en las calles les haría presa fácil de la delincuencia e incluso de redes de tráfico o trata de personas, lo que evidentemente les traería perjuicios graves para su seguridad, salud e incluso su propia vida. VIGÉSIMO CUARTO: Es importante recalcar que, desde la llegada de esta población extranjera, dichas personas migrantes fueron muy claras en manifestar que no aceptaban fotografías de ningún tipo, así como no querer referirse en ninguna entrevista, ya que en la actualidad un video puede llegar a cualquier parte del mundo y esto puede causar un riesgo o perjuicio para ellos mismos, y es así como en apego a los principios de intimidad y privacidad esta solicitud se les ha respetado en todo momento. VIGÉSIMO QUINTO: Mediante nota de fecha 19 de marzo de 2025, el señor Mauricio Claver Carone, Enviado Especial para América Latina del Gobierno de Los Estados Unidos, comunicó al Ministro de Relaciones Exteriores y culto, señor Andrés Tinoco, en lo de interés: “Quisiera reiterar, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, nuestro agradecimiento a Costa Rica por su estrecha cooperación para ayudar a poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y a todo nuestro hemisferio, incluyendo la recepción de 200 extranjeros de terceros países que carecían de una base legal para permanecer en el país. Como se indica en su carta del 24 de febrero, Estados Unidos brindó apoyo para que Costa Rica pudiera acoger humanitariamente a estas 200 personas mientras se procesa su regreso a sus países de origen u otro destino. Nos complace que, al 14 de marzo, 51 de estos extranjeros de terceros países ya habían optado voluntariamente por regresar a sus países de origen y habían salido de Costa Rica. Además de sufragar los costos de hospedaje de extranjeros de terceros países deportados a Costa Rica y los vuelos de retorno voluntario asistido desde Costa Rica a sus destinos posteriores, Estados Unidos, a través de socios en el terreno, está apoyando financieramente a Costa Rica para garantizar que estas personas tengan acceso a atención vital, incluyendo alimentos, atención médica y medicamentos; servicios de agua y saneamiento y artículos de higiene personal; un espacio seguro para niños, con actividades, juguetes y otros materiales; servicios de interpretación; y acceso a información sobre el retorno voluntario asistido a sus países de origen. Agradezco nuevamente la colaboración de Costa Rica en este esfuerzo por asegurar nuestro hemisferio y en la gama de prioridades compartidas que caracterizan nuestra duradera alianza”. VIGÉSIMO SEXTO: Tal como se desprende de todo lo actuado por parte de la Dirección General de Migración no existe violación alguna de los derechos fundamentales, en todas sus manifestaciones, toda vez que se respalda en normas de derecho positivo vigentes; por los fundamentos iu jure indicados, y se observar que los procedimientos ejecutados por los oficiales de la Policía Profesional de Migración y esta Dirección General, se han realizado en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que les asisten. PETITORIA. De conformidad con lo demostrado anteriormente y siendo que las actuaciones de esta Representación se han apegado en un todo a derecho, en completo respeto del principio de legalidad y a los derechos fundamentales del administrado, solicito se declare sin lugar el presente Recurso de Habeas Corpus.”

6.- Por medio de escrito aportado el 24 de marzo de 2025, Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes de la República, indicó: “Al respecto, como se indicó anteriormente, este Órgano Defensor, en el ejercicio de la observación activa, el día 20 de febrero anterior, la Defensoría estuvo presente en el puesto 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al momento del arribo del primer grupo de 135 personas deportadas de los Estados Unidos, de las nacionalidades mencionadas por el recurrente. Se observó una importante cantidad de personas deportadas, bebés en brazos, niños y niñas, mujeres, personas adultas mayores, quienes transmitieron llamados de ayuda, especialmente para poder informar a sus familias donde se encontraban y, evidenciaban y expresaban su angustia. El día 25 de febrero, la Defensoría también estuvo presente en el puesto 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al momento del arribo del segundo grupo de 66 personas deportadas de los Estados Unidos, integrado, principalmente, por hombres solos. En esta ocasión, el procedimiento presentó mejoras notables respecto a la primera observación documentada. El equipo de la Defensoría constató que las autoridades aplicaron algunas recomendaciones previamente efectuadas, particularmente en cuanto a proporcionar información más detallada a las personas deportadas sobre su ubicación actual y destino y el proceso se visualizó más ordenado. El recurrente afirma que “…Desde que pisaron suelo costarricense, ninguna de las personas deportadas por los Estados Unidos ha cometido alguna violación de las leyes costarricenses y ni siquiera alguna infracción a la Ley de Migración y Extranjería, puesto que no tenían intenciones de viajar a Costa Rica, fueron internadas en el territorio nacional contra su voluntad por autoridades de una nación extranjera y recibidas por las autoridades nacionales en un puesto migratorio autorizado …Al ingresar a Costa Rica, las personas deportadas por Estados Unidos recibieron un permiso temporal de estadía en el país de hasta por 30 días prorrogable, lo que legaliza su condición migratoria…”. En este sentido, según se comunicó por parte del Gobierno de Costa Rica, mediante la resolución emitida por las autoridades migratorias, el país otorgó a las personas migrantes que pertenecen al grupo de “repatriación-retorno asistido”, una autorización de ingreso y permanencia regular en el país durante su estadía en el CATEM-SUR, que se encuentra regulada en la resolución N°DJUR-0057- 02-2025-JM. Según se establece en esta resolución, esa autorización de ingreso y permanencia en el país, se circunscribe a su “estadía” en el CATEM-sur y, únicamente, contempla que la misma se extenderá hasta tanto las personas migrantes “hagan abandono del territorio nacional”. Sin embargo, en lo que respecta a la admisión en el país de las personas deportadas de los Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes estima indispensable llamar la atención de que, si bien es cierto, existen potestades de control migratorio otorgadas al Estado costarricense y sanciones de carácter administrativo para las personas que no cumplan con la normativa de ingreso y permanencia en el país, efectivamente, este grupo de personas no tenía la intención de ingresar a Costa Rica de ninguna forma, es decir, ni de manera regular, ni de manera irregular, sino que fueron obligadas a venir a este país, mediando la fuerza y la detención para su traslado y como producto de un acuerdo tomado entre dos países. Por otro lado, preocupa a la Defensoría de los Habitantes que el procedimiento con el que se pretende abordar la situación de estas personas, no contempla de manera expresa la posibilidad de que las mismas no puedan regresar a su país de origen, por el temor que han manifestado ante diferentes instancias, incluida la Defensoría de los Habitantes. Igualmente, según lo señalado en la resolución citada, no queda claro si mediará una resolución individual que haga constar que se trata de retornos voluntarios, en los casos en que sea procedente y, que alternativa se otorgará a las personas migrantes que no puedan retornar. Al respecto, es importante mencionar que mediante la resolución N°DJUR-0102-03-2025-JM, las autoridades migratorias ampliaron el “permiso de permanencia” de las personas que continúan en el CATEM-sur, por un plazo de 30 días. En esta resolución se reitera lo siguiente: “con fundamento en esta prórroga se autoriza la permanencia de personas extranjeras que fueron deportadas desde los Estados Unidos de América conforme lo así acordado por los gobiernos de ese país y el de Costa Rica, con el único fin de continuar su viaje hacia sus países de origen y otros”. Refiere el recurrente que a “La llegada de las personas extranjeras deportadas habría ocurrido en virtud de un acuerdo confidencial firmado entre los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos para recibir temporalmente al grupo con el fin de repatriarlo a sus países de origen”. Tal y como se indicó en el “Informe de Observación Activa”, la Defensoría de los Habitantes considera importante mencionar que, a partir del momento en que los medios de comunicación anunciaron la implementación de los acuerdos migratorios entre Costa Rica y Estados Unidos, nuestra institución se ha mantenido vigilante de las diferentes acciones que al respecto han llevado a cabo, principalmente, las autoridades migratorias. Como parte de este seguimiento, se han planteado diferentes requerimientos de información con el fin de conocer el "protocolo" que se había definido para recibir en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a las personas migrantes en los vuelos procedentes de Estados Unidos; para brindarles información acerca del procedimiento migratorio y de atención que se les brindaría, acerca del "protocolo" que se implementaría para recibirlas en el CATEM-sur, entre otros. No obstante, esta información no fue recibida de manera oportuna, sino que, posteriormente, la Defensoría de los Habitantes recibió los oficios N°DVG-OBT-0126-2025 INFORMACION PERSONAS DEPORTADAS USA y DG-0237-03-2025 Respuesta al Oficio N°DH-DIND-0263-2025, mediante los cuales se da respuesta de manera parcial a los requerimientos de información de nuestra institución. Continúa señalando el recurrente que, “Las 200 personas extranjeras fueron detenidas en Estados Unidos a principios de febrero por razones migratorias y enviadas contra su voluntad hacia Costa Rica por el gobierno de Estados Unidos. Si estas personas hubieran cometido alguna infracción migratoria lo habrían hecho con Estados Unidos, pero no con Costa Rica. En testimonios brindados a la Defensoría de los Habitantes, algunas de las personas deportadas alegaron haber sido esposadas y encadenadas con grilletes en su viaje a Costa Rica. De mérito señalar que, en el comunicado de prensa emitido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se indicó que varias personas deportadas expresaron que, en la detención, la retención y el traslado previo a Costa Rica, aparentemente recibieron en EEUU tratos como el uso de grilletes en manos, caderas y pies; la desinformación sobre las razones de la detención y el traslado; desinformación sobre el país de tránsito (Costa Rica) y el posible país destino final; desinformación sobre la temporalidad de las detenciones; inadecuada alimentación y condiciones de alojamiento; trato grosero; detención por periodos de varios días; retención de documentos de identidad y pertenencias, entre otros reportes. Como efectos psicosociales de estos tratos, expresaron la incertidumbre de la desinformación; la ansiedad particular presentada en la gran cantidad de personas menores de edad pertenecientes al grupo; la sensación de ser tratadas como “criminales” que han cometido delitos; el desánimo y la desesperación sobre el futuro; así como se constató lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes. Estos indicios preliminares requieren profundizar la posibilidad de que se hayan realizado previamente tratos inadecuados para los estándares del derecho internacional migratorio, vigilados por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como orientados en su indagación por el Protocolo de Estambul. En línea con lo indicado por el MNPT, para la Defensoría de los Habitantes debe quedar claro que el ingreso irregular al territorio nacional, de conformidad con la legislación migratoria vigente, no constituye delito alguno, en virtud de que se solo se trata de una infracción a una norma de carácter administrativo. No obstante, el país recibió a estas personas deportadas de Estados Unidos, con el antecedente de ser consideradas delincuentes por parte de las autoridades de ese país norteamericano y, en consecuencia, Costa Rica se encuentra aplicando varias medidas que parecieran estar dando continuidad a la detención de estas personas, por la comisión de un delito en otro país que no está calificado como tal, en el nuestro. Argumenta el recurrente que “Las personas extranjeras deportadas arribaron al aeropuerto Juan Santamaria donde fueron custodiadas por un contingente de la Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y la Unidad Especial de Intervención. De inmediato se les obliga a abordar autobuses para trasladarlas al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), en el cantón de Corredores, sin poder descansar ni comer, para emprender un viaje de al menos siete horas adicionales sin paradas, con un serio perjuicio especialmente para las personas menores de edad. Vale destacar que, como es obvio, al aterrizar en Costa Rica, ser custodiadas por policías nacionales y trasladadas al cantón de Corredores hubo un internamiento en el territorio nacional y las personas extranjeras deportadas quedaron desde ese momento bajo la jurisdicción de las leyes costarricenses”. Al respecto, en el “Informe de Observación Activa”, la Defensoría de los Habitantes indicó que, de previo al recorrido de las personas deportadas hacia el CATEM-sur, se había constatado la provisión de insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos (botella de agua, emparedado, manzana y repostería), leche en fórmula, toallas sanitarias, libros de pintar y crayones. Además, los buses contaban con servicio sanitario y aire acondicionado. No obstante, en dicho informe, igualmente se indicó lo siguiente: • Entre las entidades que se hicieron presentes en el lugar estuvo la Cruz Roja, el PANI, el MAG, el Ministerio de Hacienda, así como Fuerza Pública, UEI, Policía Turística y la Policía Profesional de Migración, cuerpo responsable del operativo efectuado. No obstante subrayar que, su sola presencia no fue suficiente, dado que, tratándose del PANI, su intervención no fue coordinada para realizar un abordaje integral de la población menor de edad en el aeropuerto. • Las personas menores de edad estaban siendo víctimas de un proceso injusto. Luego de un transporte aéreo de más de cuatro horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte. Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente, a su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. Costa Rica ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por lo que es mandatorio garantizar que el interés superior del niño sea garantizado. • A pesar de que había un número alto de mujeres, en su mayoría madres de familia, el INAMU no estaba presente. Tampoco estuvo presente el CONAPAM, pese a la presencia de personas adultas mayores con dificultad para trasladarse y que también requerían de un abordaje especial. En lo que respecta a la presencia institucional en el CATEM, aunque las autoridades migratorias informaron que otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, también realizan visitas al CATEM-sur, es importante mencionar que esta información no pudo ser constatada durante el tiempo en que el personal de la Defensoría de los Habitantes estuvo en el lugar (lunes 24 de febrero en la tarde, martes 25 de febrero durante todo el día y madrugada del día siguiente y miércoles 26 durante la mañana). Independientemente del acompañamiento y asistencia que está brindando la Organización Internacional para las Migraciones, la Defensoría de los Habitantes considera urgente insistir en la necesidad de que las instituciones mencionadas garanticen una presencia permanente en el CATEM-sur y que la misma no se limite a la “asistencia” durante algunas horas o ciertos días a la semana. Una atención integral del Estado costarricense requiere, sin lugar a dudas, de una participación activa y responsable de todas las instituciones públicas relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes que se encuentran en el país en estas condiciones, y no se puede limitar a solamente a “asistir” unas cuantas horas, sin que esa asistencia responda a una planificación, objetivos y responsabilidades claras. Señala el recurrente que “A pesar de que las personas deportadas por Estados Unidos no han cometido ninguna infracción a la Ley Migración ni ban infringido las leyes costarricenses, desde su llegada al país ban estado privadas de su libertad: no pueden salir libremente y sin custodia del CATEM, están permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública, se les impide la libertad de tránsito por el territorio nacional, y no pueden expresarse libremente al impedírseles tener contacto con la prensa ni conversar con personas ajenas al CATEM. Existen testimonios que indican que se les quitaron los documentos personales. Además, el CATEM no es un centro de aprehensión. ni de ninguna manera ha sido calificado como centro de aprehensión por la DOME (como si lo es el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular -CATECI—, en Heredia) sino un albergue para atender a migrantes y unificar operaciones humanitarias y migratorias en la zona sur y la frontera sur, por lo cual no debería alojar a migrantes en situación de aprehensión administrativa. si ese fuera el caso. El edificio del CATEM es una propiedad donada por la empresa alemana Faber-Castell en 2018 con la condición explícita de no ser utilizada como centro de detención ni de privación de libertad de ningún tipo”. Asimismo que, “A la fecha de presentación de este recurso, las 200 personas deportadas por Estados Unidos permanecen privadas de su libertad ya por lapso de al menos 10 días, sin que las autoridades de la DGME hayan explicado cual es el delito o infracción que habrían cometido en el territorio nacional, sin que se conozca cuál es su condición migratoria, sin haber respondido a las consultas de la ciudadanía y medios de comunicación al respecto y sin que permitan a las personas internadas en el CATEM hablar libremente con medios de comunicación y personas ajenas. La libertad de expresión de las personas internadas en el CATEM es esencial para salvaguardar sus derechos humanos garantizados por la Constitución y las leyes de Costa Rica”. Durante la reunión sostenida con las autoridades migratorias destacadas en el CATEM-sur, el lunes 24 de febrero en horas de la tarde, de conformidad con lo indicado en el “Informe de Observación Activa”, se informó a nuestra institución que las personas migrantes tienen limitación de ingreso y egreso, salvo que manifiesten que ya cuentan con los medios económicos suficientes para continuar el recorrido hacia su país de origen (en el caso de flujo inverso) o en el momento en que se empezaran a aplicar los “retornos voluntarios”; sin embargo, se informó que en caso de que alguna persona requiera realizar alguna diligencia y así lo comunique a las autoridades migratorias, se le puede brindar acompañamiento para realizarla. Sin embargo, a partir de las entrevistas aplicadas por el personal de la Defensoría de los Habitantes como parte de la herramienta de monitoreo de los derechos humanos (entrevistas) de las personas que son parte de los movimientos mixtos a través de las fronteras; la Defensoría no constató un caso en el que alguna persona intentara salir del Centro y recibiera una respuesta negativa al respecto. No obstante, en el “Informe de Observación Activa” se plasmaron algunas consideraciones sobre la medida de “contención” aplicada a las personas que se encuentran en el CATEM-sur que se estima conveniente transcribir: “Pese a que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 13 que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”; a partir de las disposiciones reguladas en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos, para el caso de personas migrantes la libre circulación dentro de las fronteras de un Estado está condicionada a la legalidad de la permanencia en el país. En línea con lo anterior, el Glosario de la Organización Internacional para las Migraciones, define la figura de la detención administrativa por razones de control migratorio de la siguiente forma: “Restricción de la libertad de movimiento de una persona por las autoridades del Estado, generalmente en oficinas públicas facultadas para ello: cárceles, retenes, prefecturas, áreas de seguridad. Hay dos tipos de detención: detención penal que tiene como propósito el castigo por la realización de un delito y detención administrativa vinculada a otras circunstancias no penales que darán lugar a otras medidas administrativas, como, por ejemplo, la deportación o expulsión. En la mayoría de los países los migrantes irregulares están sujetos a detención administrativa ya que han violado las normas de inmigración, lo que no se considera un delito” (OIM, 2006) 2. De conformidad con lo señalado por nuestra Constitución Política en el artículo 37: “nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas”. A pesar de que las autoridades migratorias informaron a la Defensoría que las personas que se encuentran en el CATEM-sur no se encuentran en condición de detención administrativa, lo cierto es que la medida de contención implementada, es una limitación de tránsito en caso de que estas requirieran egresar del lugar a comprar algunas cosas, por ejemplo, y regresar a él. Cabe señalar que durante su visita al CATEM-sur, la Defensoría de los Habitantes no logró constatar que se realizara una negativa expresa a alguna persona que quisiera salir del lugar. Ante la consulta a las autoridades del CATEM-sur sobre la posibilidad de salir por parte de alguna de estas personas, se manifestó que no existiría limitación, pero sí estarían siempre custodiados. Sin embargo, preocupa a la Defensoría de los Habitantes que en el CATEM-sur, a partir de la medida de contención implementada, se puedan aplicar disposiciones propias de una detención administrativa por razones de control migratorio con alguna sanción que resulte aplicable a las personas migrantes que permanecen en el lugar, en caso de que intentaran salir”. Énfasis propio. Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de comunicarse con medios de comunicación, es necesario señalar que la Defensoría no cuenta con información al respecto. Refiere el recurrente que “Tampoco hay evidencia de que las personas deportadas de los Estados Unidos hayan tenido acceso a asesoría legal independiente y a información detallada acerca de sus derechos en Costa Rica ni de las características y ventajas de las figuras legales de refugio y asilo. Además. las personas extranjeras deportadas por el gobierno de Estados Unidos están en una situación de discriminación frente a otros extranjeros que han estado alojados en el CATEM, quienes, si tienen libertad de tránsito por el país, pueden entrar y salir de ese albergue a su voluntad, así como conversar con personas externas y dar entrevistas a medios de comunicación”. Es importante señalar que a pesar de que en el CATEM-sur existen algunos carteles con información básica sobre las reglas de funcionamiento del lugar y algunas recomendaciones o sugerencias para su permanencia en el lugar, resulta importante reiterar que las personas con las cuáles se conversó insistieron en no tener información clara acerca del proceso migratorio que se les aplicaría, en caso de que manifestaran la imposibilidad de regresar a sus países de origen. Existió contundencia en sus manifestaciones de no poder regresar y el temor de que, como parte del acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos se les obligue a hacerlo. Es necesario que las autoridades migratorias faciliten un espacio que permita aclarar todas las dudas que puedan tener en relación con el proceso migratorio que se les ha iniciado. Si bien es cierto, existen traductores facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones, que están apoyando las entrevistas a estas personas migrantes, preocupa a la Defensoría que no existan espacios adecuados con la policía migratoria para que estas personas puedan plantear sus dudas y recibir información clara por parte del Estado costarricense. Familias cuyo origen es Afganistán e Irán, las cuales ingresaron en el primer vuelo que aterrizó en fecha 20 de febrero 2025, al miércoles 26 de febrero 2025, al momento de la observación activa realizada por la Defensoría de los Habitantes, no habían sido entrevistas dada la imposibilidad de contar con traductores y, por lo tanto, aún carecían de información sobre su permanencia en el CATEM sur y destino final, manifestando gran temor de ser devueltos a su país de origen. Apunta el recurrente que “De acuerdo con información difundida por la Defensoría de los Habitantes, medios de comunicación y particulares que han eludido las trabas de las autoridades para hablar con los deportados de manera clandestina, al grupo de 200 personas se le había despojado de sus documentos de identidad, no se les habría proporcionado adecuada información ni asistencia consular ni legal, y se les habría rechazado la posibilidad de solicitar asilo o refugio. Además, sobre gran parte de las personas deportadas por el gobierno de los Estados Unidos existe el riesgo de ser retornados contra su voluntad a sus países de origen de donde han debido salir por razones políticas. religiosas, conflictos bélicos o incluso simplemente por el hecho de ser mujeres, con violación a normas nacionales e internacionales que Costa Rica se ha comprometido a defender. Precisamente por la denegación de la solicitud de acceso a la información y el impedimento a las personas deportadas para comunicarse con personas externas al CATEM estos datos no han podido ser constatados, pero la sola sospecha de su ocurrencia debería ser razón suficiente para la atención de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica”. Al respecto, independientemente del proceso migratorio que haya aplicado el Gobierno de los Estados Unidos y de las coordinaciones o acuerdos a los que se haya comprometido el Estado costarricense, es necesario que Costa Rica verifique que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El riesgo de que una persona pueda ser víctima de tortura en caso de “retorno, repatriación, deportación o devolución”, según se trate de la legislación de cada país de origen, obliga a Costa Rica a realizar un análisis integral de la normativa que resultaría aplicable en estos países, para casos como el presente. Debe tomarse en cuenta que, con la ratificación de la Convención contra la Tortura, Costa Rica asumió el compromiso de que “no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (artículo 3). Por otro lado, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera. Así las cosas, según lo establece la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1953 y su Protocolo de 1967, la Constitución Política, la Ley General de Migración y Extranjería y el Reglamento de Personas Refugiadas, mediante el reconocimiento de la condición de refugiado, el Estado costarricense se compromete a brindar protección integral e internacional a una persona extranjera cuya vida, libertad y seguridad se encuentran en riesgo, debido a que existen condiciones o situaciones, en su país de origen o de residencia, que violentan o podrían violentar los bienes jurídicos mencionados. Propiamente, el artículo 106 de la Ley General de Migración y Extranjería, establece que esta protección se aplicará a “toda persona extranjera a quien la Dirección General le reconozca tal condición. Se entenderá como refugiado a la persona que: 1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. 2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Si Costa Rica se comprometió a recibir a personas deportadas por el Gobierno de los Estados Unidos, existe una obligación de protección internacional que está por encima de ese acuerdo de cooperación y que, de ninguna forma, podría justificar la desaplicación de las obligaciones internacionales que ha asumido el país en materia de derechos humanos. Finalmente, tal y como ha sido señalado por nuestra institución, la Defensoría de los Habitantes se mantendrá vigilante de que el Estado costarricense, independientemente de la existencia de acuerdos de cooperación de carácter migratorio con otros países de la región, genere los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que, por diferentes razones se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que, en este momento, están siendo forzadas a regresar a ellos, a pesar de no tener certeza de que su vida, libertad o integridad personal no estará en riesgo. En esa línea, mediante el oficio N°DH-DIND-0318-2025, de fecha 17 de marzo de 2025, la Defensoría de los Habitantes solicitó al señor Omer Badilla, Viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de la Dirección General de Migración y Extranjería, información actualizada en relación con los siguientes puntos: 1) Cantidad de personas que, a la fecha, han sido retornadas a sus países de origen. Al respecto, se le solicita aclarar bajo cuál figura migratoria se realizó ese retorno y si las autoridades migratorias emitieron alguna resolución para cada una de estas personas. 2) Cantidad de personas que, a la fecha, han manifestado su temor e imposibilidad de regresar a sus países de origen. Al respecto, se le solicita indicar cuál opción o alternativa migratoria se está valorando para estas personas. 3) Cantidad de personas que, a la fecha, permanecen en el CATEM-sur, ya sea pertenecientes al grupo denominado “retornados” o al “fujo inverso”. 4) Si del total de personas que se encuentran en el CATEM-sur, alguna ha manifestado a las autoridades migratorias la necesidad de salir del centro para realizar alguna diligencia. En caso de ser afirmativo, se le solicita indicar en qué términos se llevó a cabo esa salida y posterior reingreso al centro. 5) Si el Estado costarricense tiene planificado continuar aplicando los acuerdos migratorios con el Gobierno de los Estados Unidos y, por ende, recibir más personas de ese país en calidad de deportadas. 6) Si, considerando que las autoridades migratorias han informado en medios de comunicación que varias familias del grupo de personas deportadas ya retornaron a sus países de origen, se le solicita indicar si las personas del grupo de “flujo inverso” fueron reubicadas en el sector de dormitorios o grupos familiares. Por otro lado, se le informa a la honorable Sala que en fecha 14 de marzo anterior, la Oficina Regional de la Defensoría de los Habitantes ubicada en la zona sur del país, realizó una visita al CATEM-sur con el fin de constatar el cumplimiento de algunas de las recomendaciones emitidas por la institución en el “Informe de Observación Activa” y verificar la información remitida por parte de las autoridades migratorias. En los términos desarrollados, la Defensoría de los Habitantes deja rendido el criterio solicitado y queda a disposición de esa honorable Sala Constitucional para atender cualquier solicitud de información adicional que requiera.”.

7.- Por medio de escrito aportado el 24 de marzo de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que: “La OIM tiene el honor de recordar el marco jurídico aplicable. La OIM es una organización intergubernamental que forma parte de las Naciones Unidas en calidad de organización conexa. La OIM goza de privilegios e inmunidades en la República de Costa Rica en virtud del artículo 23 de la Constitución de la OIM. Este artículo estipula que "[l]a Organización gozará de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos". La República de Costa Rica aceptó las obligaciones del artículo 23 cuando se convirtió en Estado Miembro de la OIM en el año 1954. La República de Costa Rica también ha reconocido los privilegios e inmunidades de la OIM en el Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (antigua denominación de la OIM) sobre privilegios e inmunidades de esta Organización en Costa Rica, suscrito el 23 de octubre de 1974 y aprobado por la ley N° 5767 publicada en la Gaceta del 27 de agosto de 1975, tal y como quedó modificado por el Protocolo Adicional al Acuerdo, suscrito el 14 de noviembre de 1980 y aprobado por la ley N° 6730 (en adelante, ambos denominados como "el Acuerdo"). Conforme al artículo 3 del Acuerdo, la OIM (anteriormente denominada CIME), sus bienes y haberes, "cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, gozan en Costa Rica de inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el CIME". Además, los archivos y documentos de la OIM son inviolables en conformidad con el artículo 4 del Acuerdo. Asimismo, los miembros del personal de la OIM, incluyendo el jefe de Misión de la OIM en Costa Rica, también gozan de privilegios e inmunidades, incluyendo la "inmunidad contra todo procedimiento administrativo o judicial respecto a todos los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones" (artículo 13 del Acuerdo, párrafos 1 y 2). La OIM desea confirmar que no ha renunciado a sus inmunidades ni a las de sus miembros del personal en el presente proceso, por lo que el régimen de privilegios e inmunidades de la OIM es plenamente aplicable. Por consiguiente, la OIM considera que la resolución de la Sala Constitucional no es conforme, en lo que concierne a la OIM, a los privilegios e inmunidades de la OIM y sus miembros del personal en la República de Costa Rica y la OIM no está en condiciones de acceder a la solicitud de la Corte de Constitucionalidad. A la luz de lo anterior, la OIM solicita respetuosamente el apoyo del Ministerio para que transmita a la Sala Constitucional la postura de la OIM sobre este asunto tal como se refleja en esta nota verbal. La Organización confía en que el Ministerio seguirá prestando apoyo efectivo a la OIM y sirviendo de canal para cualquier comunicación en este u otros asuntos, de conformidad con la práctica establecida en el derecho internacional. (…)”.

8.- Por medio de escrito aportado el 27 de marzo de 2025, José Pablo Vindas Monge, coordinador del Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en Paso Canoas de Corredores, se apersona con la finalidad de indicar: “me apersono respetuosamente ante ese Tribunal con el fin de aportar prueba adicional a la ya presentada dentro de recursos de Habeas Corpus tramitados bajo los expedientes N° 25-6713-0007-CO y N° 25-008039-0007-CO, interpuestos a favor de las personas migrantes deportadas por Estados Unidos de América y alojadas en el CATEM, contra esta Dirección General de Migración y Extranjería. En esta ocasión me permito aportar CERTIFICACION NÚMERO DPPM-DGME-GPR-PasoCanoas-0200-2025, de diez formularios debidamente suscritos el día veintiséis de marzo del año en curso, por parte de la misma cantidad de personas migrantes que se encuentran actualmente ubicados en el Centro de Atención para Personas Migrantes, que a la fecha figuran como amparadas en los procesos de Habeas Corpus antes referidos”.

9.- Por medio del escrito aportado el 28 de marzo de 2025, Karina Fonseca Vindas, directora del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, Marcela Martino Aguilar, directora adjunta del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Marcia Aguiluz Soto, directora para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC), se apersona ante esta con la finalidad de formular coadyuvancia a favor del recurso de hábeas corpus tramitado con el número de expediente 25-006713-0007-CO, con base en lo dispuesto en los artículos 34 párrafo 3) y 65 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Indican: “Nuestras representadas tienen interés legítimo pues se trata de organizaciones que tienen como fines la promoción y defensa de los derechos humanos, en especial de personas en situación de vulnerabilidad. En el caso del Servicio Jesuita, trabajamos desde hace 20 años brindando servicios legales y de ayuda humanitaria a la población migrante, tenemos oficina en el Sur del País, lugar desde donde podemos observar de manera directa, las múltiples afectaciones y riesgos que enfrenta esta población. En el caso de CEJIL 2, somos una organización que utiliza el poder del derecho para transformar las realidades de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, representamos a esta población ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo el seguimiento a la situación de personas en movilidad humana en la región Mesoamericana. En el caso del American Friends Service Committee (AFSC), somos una organización global y abogamos porque las personas migrantes racializadas y en desplazamiento forzado tengan el poder y las condiciones para determinar adonde vivir en dignidad y con acceso a sus derechos de acuerdo con sus identidades. Las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento cercano a la situación de las 200 personas de diversas nacionalidades que fueron deportadas arbitrariamente desde Estados Unidos y que ingresaron a Costa Rica los días 20 y 25 de febrero del presente año. Es de nuestro conocimiento que varias de estas personas ya abandonaron el país, no obstante, decenas de ellas se encuentran todavía detenidas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) ubicado en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas, por lo tanto, se produce una privación ilícita de su libertad. En efecto, tal y como se indica en el habeas corpus interpuesto, estas personas no ingresaron a Costa Rica de manera voluntaria, no han cometido delito alguno ni siquiera una infracción a la Ley de Migración y Extranjería, y sin embargo, se les quitaron sus documentos de identidad, no pueden salir del CATEM sin custodia, no se les ha garantizado intérpretes en sus idiomas, no han tenido acceso a información adecuada sobre los derechos que tienen en este país, en particular, el derecho a solicitar y recibir asilo, así como recibir protección internacional, tampoco han tenido acceso a asistencia letrada ni a organizaciones de la sociedad civil. Cabe señalar que, dada nuestra experiencia en el tema, hemos solicitado el acceso al CATEM para efectos de ofrecer apoyo a las personas impactadas, y a la fecha, no hemos obtenido una respuesta (prueba No. 1). Además de la gravedad de los hechos expuestos, resulta inaudito que la actuación de Costa Rica sea producto de un intercambio de correos con Estados Unidos, según fue aceptado por el propio Canciller André Tinoco en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa el día 19 de marzo de 2025. Estos hechos contravienen compromisos internacionales del Estado costarricense. Por ejemplo, en relación con el derecho a la libertad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que […] la necesidad de que se controle la legalidad de la detención por una autoridad judicial competente, así como los méritos de esta con el fin de evitar la arbitrariedad en la detención. Asimismo, ha determinado la obligación de informar a la persona migrante sobre los motivos de su privación de libertad y que se le otorguen recursos efectivos para que pueda impugnar su privación de libertad. Además, la Corte IDH ha destacado que son incompatibles con la CADH las medidas de carácter punitivo para realizar control migratorio. En tal sentido, la detención migratoria de personas es un criterio de última ratio, por lo que su necesidad y proporcionalidad debe ser siempre justificada. En el caso concreto, según la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, prorrogada posteriormente por la resolución D.JUR-0102-03-2025-JM (prueba No. 2) se les otorgó un permiso de ingreso excepcional y de permanencia transitoria, siempre y cuanto permanezcan en un centro de atención temporal administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería. Esto significa que en dicha resolución se pretendió “legalizar” la privación arbitraria de su libertad. Cabe señalar que una parte significativa del grupo detenido en estas instalaciones está compuesta por familias con niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). En este contexto, su privación de libertad es también contraria a los estándares y obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica e incompatible con el interés superior de los NNA. La citada Corte IDH señaló que “los Estados deben, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, priorizar las medidas que propendan al cuidado de la niña o del niño con miras a su protección integral, cuando se ve involucrado en procedimientos migratorios”. Claro está, la detención, especialmente cuando es prolongada o se da en condiciones restrictivas, tiene efectos profundamente adversos en el desarrollo físico, emocional y psicológico de los NNA, comprometiendo su integridad personal y su pleno ejercicio de derechos. Por otra parte, la detención indefinida y sin acceso a información clara constituye un trato cruel, inhumano y degradante. La incertidumbre prolongada, la falta de información sobre su situación migratoria y la ausencia de comunicación con actores de apoyo incrementan la angustia de las personas detenidas. El acceso a información comprensible, culturalmente pertinente y oportuna es un derecho fundamental y una condición necesaria para que las personas puedan ejercer una defensa efectiva y tomar decisiones informadas. Es de nuestro conocimiento, que nada de esto ha ocurrido hasta el momento. Así las cosas, la privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM en las circunstancias que han sido descritas (sin acceso a información, sin control judicial), también genera un riesgo de desaparición forzada. Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes consideramos que se están vulnerando, entre otros, los artículos 19, 20, 22, 29, 31, 33, 37, 40 y 44 de la Constitución Política de Costa Rica; los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitamos que se declare con lugar el recurso de hábeas corpus formulado, se acojan las pretensiones planteadas por el recurrente, y en tal sentido se ordene: 1. Permitir la libre circulación de las personas que se encuentran en el CATEM, lo que implica, permitirles permanecer en el lugar si así lo desean y por el tiempo que sea necesario. 2. Garantizar el acceso a patrocinio letrado. 3. Brindar acceso a información sobre los derechos que tienen en Costa Rica, entre estos, el derecho a solicitar asilo y protección internacional, la cual deberá brindarse en sus idiomas de origen. 4. Brindar asistencia humanitaria a las personas que permanecen en el CATEM por el tiempo que sea necesario y no restringirlo a un contexto de detención 5. Garantizar que en ningún caso las personas deportadas sean devueltas o enviadas a un país donde su vida e integridad puedan correr riesgo de conformidad con el principio de no devolución. Solicitamos se otorgue acceso a gestión en línea a los correos electrónicos: mmartino@cejil.org, k.fonseca@serviciojesuitacr.org, maguiluz@afsc.org.”.

10.- Mediante escrito aportado el 28 de marzo de 2025, Esteban Vargas Ramírez, director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, informa que: “(…) el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó visitas de monitoreo preventivo al CATEM-Emisur (Centro de Atención Temporal de Migrantes) los días 19 y 21 de febrero de 2025, así como al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a efectos de monitorear los vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en fechas 20 y 25 de febrero de 2025. Estas visitas, que tienen un carácter de monitoreo preventivo, las cuales se fundamentan en la labor del MNPT, de conformidad con la Ley N° 8459, Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Ley N° 9204, Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Decreto Ejecutivo N° 39062 MJP. Al respecto, el artículo 3° de la Ley N° 9204 indica que el MNPT, (…) Tendrá competencia en todo el territorio nacional, como un órgano de desconcentración máxima, adscrito administrativamente a la Defensoría de los Habitantes, y con independencia funcional y de criterio. El Mecanismo Nacional de Prevención realizará su actividad con absoluta independencia y sin interferencia alguna por parte de las autoridades del Estado. Por su parte, el artículo 5° que en lo referente al Ámbito de Intervención del MNPT señala que, a este Órgano le corresponde, examinar periódicamente el trato que reciben las personas privadas de libertad en lugares de detención. Lo anterior con el fin de fortalecer su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en materia de tortura, con el fin de desempeñar un papel activo en la adecuación de las normas jurídicas emitidas por el Estado Costarricense para el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de libertad. En razón de lo anterior, comparezco de oficio ante esta Sala Constitucional para presentarle el “INFORME ESPECIAL DE MONITOREO CATEM-Emisur (Centro de Atención Temporal de Migrantes), 19 y 21 de febrero de 2025, Vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 20 y 25 de febrero de 2025”, como prueba para mejor resolver lo relacionado al Expediente indicado en el encabezado del presente oficio.”.

11.- Por medio de escrito aportado el 1° de abril de 2025, Mauricio Herrera Ulloa, recurrente en este proceso, se apersona e indica: “Por este medio adjunto al Habeas Corpus, presentado el pasado 7 de marzo de 2025, el siguiente resumen de entrevistas con siete personas deportadas por el Gobierno de Estados Unidos que permanecen detenidas sin haber cometido ninguna falta, desde al menos el 20 de febrero anterior, en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en el distrito de Paso Canoas, cantón de Corredores, provincia de Puntarenas. Como se verá, estas pruebas adicionales demuestran de manera categórica que las personas extranjeras allí internadas están privadas de su libertad, como todas ellas lo confirman. Además, hasta el momento de hacer estas entrevistas, se les impedía conversar libremente con medios de comunicación y personas ajenas al Catem, se les quitaron sus documentos personales, no habían recibido información acerca de su situación legal ni migratoria, no se les había entregado ningún documento de parte de la Dirección General de Migración, y tampoco se les había dado información en relación con la posibilidad de solicitar los estatus migratorios de refugio o asilo. El 9 y el 23 de marzo viajé al CATEM-Sur para intentar conversar con migrantes deportados por el gobierno de Estados Unidos. Ante la reiterada negativa de la dirección de Migración de dar información acerca de las personas migrantes y autorizar entrevistas con ellas, la conversación debió llevarse a cabo prácticamente en condiciones de clandestinidad, separados por la malla de seguridad, bajo un árbol en un punto distante del edificio principal del CATEM. Junto conmigo estaba también un equipo de televisión de la agenda de noticias británica Reuters, primero y después un equipo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP). Las entrevistas fueron realizadas en inglés. Todos coinciden en estos puntos: Las siete personas dicen temer la deportación a sus países de origen. Fueron capturados al entrar a Estados Unidos desde México, al asistir a sus citas en puestos migratorios legales, siguiendo las normas establecidas. Fueron sometidos a tratos crueles y degradantes cuando les colocaron esposas y grilletes y los encerraron en celdas frías, hacinados, con mala comida y tratados con grosería por los agentes migratorios de Estados Unidos. después, sin aviso y sin consentimiento fueron trasladados a Costa Rica sin saber adónde iban, algunos de ellos esposados en el viaje. Reconocen que aquí son bien tratados pero no tienen libertad, no pueden salir del Catem excepto si van a una pulpería escoltados por "soldados de Migración”. Desde que llegaron, Migración les quitó sus pasaportes y documentos personales. Hasta el momento de las entrevistas no habían recibido ningún documento ni información del gobierno de Costa Rica acerca de su situación legal, tampoco han recibido asesoría legal, ni asistencia consular ni traducción en sus idiomas. Tampoco nadie les había explicado nada acerca de la posibilidad de solicitar refugio o asilo en Costa Rica ni las ventajas, desventajas y características de esas condiciones. Los tres todavía creen que siguen bajo el control de Estados Unidos y nadie les ha informado que se encuentren bajo la jurisdicción de las leyes de Costa Rica. Todas estas situaciones son graves violaciones a nuestra Constitución Política, nuestras leyes y los tratados internacionales que Costa Rica ha firmado. Aun más grave, según me lo comunicaron al menos dos personas deportadas, Migración les advirtió que, si piden refugio, de inmediato tendrán que abandonar el Catem y quedarían en la calle. Conversé con German Smirnov, de nacionalidad rusa, de 36 años de edad, de profesión instructor de ejercicios y educación física, originario de San Petersburgo y con Anastasia Yermakova, rusa, estilista de uñas, esposa de German Smirnov, de San Petersburgo. Ambos son padres de un niño de 6 años de edad que también está privado de la libertad en el Catem. El señor Smirnov alega haber colaborado en procesos electorales rusos en las elecciones donde el candidato democrático opositor Aleksei Navalny, se enfrentó a Vladimir Putin. Navalny fue encarcelado y finamente asesinado en prisión en 2024. Asegura que si regresa a su país lo podrían arrestar y enviar como soldado a la guerra en Ucrania. La señora Yermakova teme regresar a su país por el riesgo de que arresten a su marido, lo envíen a la guerra y lo asesinen, y que su hijo deba crecer sin su padre. El señor Smirnov y la señora Yermakova, viajaron por avión hasta México y de ahí se trasladaron a la frontera con Estados Unidos en Tapachula. Desde allí solicitaron el proceso de entrada a Estados Unidos siguiendo los procesos legales establecidos. Sin embargo, al ingresar a los puestos migratorios estadounidenses fueron detenidos, esposados y encarcelados en malas condiciones. después fueron montados en un avión militar a otro centro de detención y de ahí reenviados a Costa Rica. En Costa Rica fueron recibidos por autoridades oficiales, les quitaron sus documentos personales, montados en autobuses, custodiados por policías y trasladados al Catem, de donde no pueden salir y carecen de libertad de tránsito. Para hacer cualquier compra deben ir escoltados. Reconocen que en Costa Rica tienen mejores condiciones que en las cárceles de Estados Unidos, agradecen la comida, el agua y las duchas, pero los agobia el calor y se sienten prisioneros. Asadi Saber, de 31 años, y su esposa Marwa (nombre ficticio porque ella así lo pidió) son afganos con una niña de dos años. Asadi tenía una empresa de construcción y vendía materiales a empresas de Estados Unidos. Ella estudiaba inglés y era la mejor alumna de su clase. Al tomar el poder los talibanes, él estaba en riesgo por haber trabajado junto a empresas extranjeras y ella y su hija, por ser mujeres. La obligaron a usar burka, tuvo que dejar de estudiar y no podía salir sin su esposo. Si regresan no tienen futuro. Ella manifiesta que si vuelve a Irán, morirá porque los talibanes la matarán. Dice haber perdido a su padre y a su tío allá y narra haber presenciado explosiones y muertes. Dice no querer perder a su marido ni a su bebé. Afirman que no pueden salir del Catem. Les quitaron sus documentos y nadie les ha informado cuál es su situación. Meses atrás cruzaron la selva del Darien, llegaron a Costa Rica y pasaron varios días en el Catem, en libertad. Además conversé con Alireza Salimiviri, de nacionalidad iraní, de 35 años de edad, originario de Teherán y gerente de ventas en una empresa de transportes. Está casado con Atena Aghagani, pero fue separado de ella al entrar a Estados Unidos en febrero pasado y ella permanece presa en San Luis, Arizona. El señor Salimiviri afirma haberse convertido del islamismo al cristianismo y que por esa razón su vida corre peligro en Irán. Al hablar de este tema, el apunta su mano a su cabeza haciendo el gesto de dispararse, y manifiesta que lo podrían matar si regresa. Muestra angustia por la posibilidad de no volver a reunirse con su esposa. Lloró frente a mí al preguntarle por la situación de su mujer. Los tres también temen ser enviados a terceros países donde no tienen arraigo o donde pudieran sufrir discriminación. Desean volver a los Estados Unidos. El señor Salimiviri estuvo en Costa Rica meses atrás. Cruzó el Darién, entró a Costa Rica, se presentó al Catem, compró un tiquete de autobús y siguió hacia Nicaragua y después a Estados Unidos. Las condiciones en las que regresó ahora son totalmente diferentes a las anteriores, en primer lugar, alega sentirse “en una jaula”, aunque reconoce que las condiciones de detención en Costa Rica son mucho mejores que en Estados Unidos. Otro Iraní se llama Yaser Mohager de 39 años, también es cristiano converso, barista de café y está detenido aquí junto a su hija de 10 años. Si lo deportan a Irán, teme ser encarcelado y separado de ella. Afirma que no puede salir del Catem y le quitaron sus documentos. También esta Talib, de Turquía, de 35 años, detenido junto con su bebé de dos años. Se queja de la incertidumbre en la que viven, sin un future claro. Dice que fueron enviados aquí en condiciones inhumanas y que los niños son víctimas, sin libertad y sin educación. también afirma que lo mantienen encerrado dentro de Catem. Pide al mundo y a las Naciones Unidas que les solucionen su situación. Junto con este resumen de las entrevistas, aporto las siguientes pruebas adicionales: Enlaces a los videos de las agencias de noticias Reuters y AFP, con síntesis de las entrevistas mencionadas. (Los enlaces también quedan incluidos en documento digital incorporado en la memoria USB).” (SIC).

12.- Mediante resolución de las 11:01 horas del 3 de abril de 2025, se solicitó como prueba para mejor resolver al REPRESENTANTE DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS -ACNUR- EN COSTA RICA la emisión del criterio técnico dentro del ámbito de sus competencias, respecto de los hechos alegados por el actor en este recurso de habeas corpus.

13.- Por medio de escrito aportado el 4 de abril de 2025, Silvia Serna Román, litigante regional para las Américas del Consejo y abogada, e Isabella Mosselmans, directora del Consejo y abogada, en representación de Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights, se apersonan ante esta Sala con la finalidad de requerir ser tenidas como coadyuvantes en este recurso de habeas corpus e indican: “El Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights ("El Consejo/El Interviniente ") trabaja para capacitar a la sociedad civil de todo el mundo para promover los derechos de las comunidades desplazadas a través de la litigación estratégica coordinada y la defensa legal. El Consejo reúne y apoya a una coalición de más de 550 ONG, líderes de refugiados, abogados, defensores y académicos de todas las regiones del mundo. La coalición está formada por un grupo diverso de expertos en derecho internacional y de los refugiados. Juntos, el Consejo utiliza el poder de la ley y el poder de la gente para promover los derechos de los desplazados. El Consejo ha intervenido en asuntos relacionados con el derecho internacional y los desplazamientos en tribunales nacionales y regionales de todo el mundo. Hasta la fecha, su labor jurídica estratégica ha repercutido positivamente en la vida de más de 400.000 personas desplazadas por la fuerza. 3. Esta coadyuvancia fue redactada por Silvia Serna Román, Litigante Regional para las Américas del Consejo y abogada, e Isabella Mosselmans, Directora del Consejo y abogada. 4. De conformidad con el derecho interno e internacional de los derechos humanos, el interviniente solicita que se declare admisible el hábeas corpus, y que se acojan las pretensiones formuladas por el recurrente. 5. Los días 20 y 25 de febrero, el Estado de Costa Rica recibió a 200 personas de diversas nacionalidades, expulsadas de Estados Unidos en virtud de un acuerdo entre estos gobiernos. Entre ellas hay 119 adultos y 81 niños. Desde entonces, el Estado de Costa Rica ha mantenido a este grupo de personas en detención migratoria en las instalaciones conocidas como Centro de Atención Temporal para Migrantes en tránsito por Costa Rica (CATEM) por 38 (treinta y ocho) días durante los cuales no han tenido acceso a asesoría legal, no han sido informados adecuadamente de su derecho a solicitar asilo y no se les ha resuelto su situación migratoria. 6. Este escrito sostiene que la detención prolongada es, a todas luces, arbitraria y viola, entre otros, el Artículo 7(3) (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Artículo XXV (Derecho a la Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 37 (b) de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). II. ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO 7. Tras no poder solicitar asilo y ser detenidas en Estados Unidos, 200 personas fueron reunidas en un avión militar estadounidense y trasladadas a Costa Rica los días 20 y 25 de febrero. 8. Ni en el aeropuerto, ni en ningún momento posterior, ninguna de las personas fue debidamente registrada para su llegada a Costa Rica; no se obtuvo ni firmó ningún documento relacionado con la entrada o la estancia en Costa Rica. Además, no se les ha permitido acceder a sus pasaportes. 9. Las personas fueron trasladadas en autobús desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría de San José al CATEM-Sur. Las condiciones de este centro han sido consideradas inadecuadas por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y confirmadas mediante declaraciones directas de los migrantes actualmente detenidos. 1 10. El 7 de marzo de 2025, Mauricio Herrera Ulloa interpuso un Habeas Corpus (expediente no. 25-006713-0007-CO) contra la Dirección General de Migración y Extranjería en nombre de los 200 migrantes detenidos en el CATEM-Sur. 11. La parte coadyuvante ha tenido acceso a declaraciones de personas detenidas que confirman las pruebas ya presentadas ante esta Sala. La parte coadyuvante también ha estado en contacto directo con personas detenidas en CATEM-Sur durante las últimas 3 semanas, incluidas personas con familias y niños de tan sólo 2 años, y su testimonio coincide directamente con lo que se ha presentado ante el Tribunal. III. DERECHO INTERNACIONAL 12. Costa Rica es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 2 ; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) 3 ; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) 4 ; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 5 ; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) 6 ; la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) 7 ; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) 8 ; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CPED) 9 . Costa Rica también es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) 10 y reconoce la jurisdicción vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos instrumentos imponen obligaciones legales para proteger los derechos de las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción de Costa Rica, incluidas las personas sujetas a control migratorio y a privación de libertad. Sobre la arbitrariedad de la detención 13. La prohibición de la privación arbitraria de libertad está reconocida en los principales instrumentos internacionales y regionales que Costa Rica ha ratificado. Estos incluyen el Artículo 9(1) del ICCPR, el Artículo 7(3) del Pacto de San José de 1969, el Artículo 37 de la CRC y el Artículo 16(4) de la ICMW. El amplio reconocimiento de la prohibición de la detención arbitraria se refleja en su condición de derecho internacional consuetudinario y, de hecho, de norma de jus cogens. La prohibición de la privación arbitraria de libertad se aplica a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción o el control de un Estado, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Por lo tanto, impone límites al uso de la detención de inmigrantes por parte de un Estado. 14. El marco jurídico aplicable a la detención de inmigrantes prohíbe la detención arbitraria o punitiva y exige que toda privación de libertad cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Estos requisitos se establecen en el artículo 9.1 del PIDCP, que protege el derecho a la libertad y a la seguridad personales y prohíbe la detención o prisión arbitrarias. El artículo 9.4 del PIDCP exige además que "toda persona privada de libertad tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención fuera ilegal". 15. El Comité de Derechos Humanos, en la Observación General nº 35, explica que la arbitrariedad incluye la inadecuación, la injusticia, la falta de previsibilidad y las violaciones de las garantías procesales. La detención debe estar prescrita por la ley, llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos legales, servir a un propósito legítimo y ser el medio menos intrusivo para lograr ese propósito. El Comité subraya la necesidad de prestar especial atención a la detención de personas vulnerables, incluidos los solicitantes de asilo y los migrantes, cuya libertad no debe restringirse a menos que se considere absolutamente necesario en cada caso individual. 11 16. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha establecido criterios específicos para evaluar si una detención es arbitraria. Según estos criterios, la privación de libertad se considera arbitraria en virtud del derecho internacional, incluido el PIDCP, si entra en una de estas cinco categorías. En este caso, la detención llevada a cabo por las autoridades costarricenses entra claramente en dos de estas categorías: a. Falta de base legal para la detención (Categoría I): Costa Rica no ha invocado ninguna justificación legal válida para la privación de libertad. Bajo la ley costarricense, los migrantes que no están sujetos a deportación sólo pueden ser detenidos hasta por 24 horas, como lo establece la Constitución, o por 24 horas bajo "aprehensión cautelar" mientras se determina su estatus migratorio. Sin embargo, en el presente caso, la detención ha durado 38 días, superando con creces estos límites legales. b. Detención administrativa prolongada de solicitantes de asilo, migrantes o refugiados (Categoría IV): Los individuos en cuestión están siendo sometidos a detención administrativa prolongada sin acceso a un recurso administrativo o judicial significativo. Así pues, la detención prolongada e injustificada presente en este caso encaja claramente en las categorías de Detención Arbitraria del Grupo de Trabajo y, por lo tanto, debe considerarse que viola directamente la prohibición de la detención arbitraria según el derecho internacional. 17. El artículo 7 del Pacto de San José también establece el derecho a la libertad personal y a la protección frente a la detención arbitraria, y garantiza el acceso a una revisión judicial rápida. En Vélez Loor contra Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la detención con fines de inmigración debe ser legal, necesaria y proporcionada, y debe ir acompañada de garantías procesales, incluido el acceso a asistencia letrada. La Corte también declaró que los Estados deben dar preferencia a las alternativas a la detención. 12 18. Esta obligación de realizar una evaluación individualizada y considerar medidas alternativas a la detención en cada caso ha sido ampliamente reconocida en acuerdos, jurisprudencia, comentarios y directrices. Por ejemplo, la Observación general n.º 5 (2020) sobre el derecho de los migrantes a la libertad y a no ser detenidos arbitrariamente establece en su apartado 45 que "la privación de libertad por motivos relacionados con la situación migratoria de una persona debe regirse por el principio de excepcionalidad, es decir, la privación de libertad debe servir únicamente como última medida posible, una vez que se hayan analizado y descartado todas las alternativas menos perjudiciales." 13 19. Costa Rica no ha proporcionado pruebas de que haya realizado evaluaciones individualizadas y considerado de manera significativa alternativas a la detención en los casos de cada uno de estos individuos. 20. Además, la detención de estas personas ha carecido claramente de las garantías procesales mínimas, incluido el acceso a asistencia letrada. Es decir, las personas detenidas no han tenido acceso a asesoría legal ni a información suficiente sobre sus derechos en Costa Rica en un idioma que entiendan. Esto viola el Artículo 9(4) del PIDCP y el Artículo 8 del Pacto de San José que requiere que toda persona privada de su libertad tenga acceso a interpretación, asesoría legal y que un tribunal imparcial e independiente determine la legalidad de la detención. b) Sobre la detención de menores 21. Consideramos de especial gravedad la presencia de 80 menores detenidos en el CATEM. El artículo 37 de la CDN prohíbe claramente la privación arbitraria de libertad de los Niños "Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda." (énfasis añadido) 22. El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General conjunta nº 4/23 con el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, ha declarado que los niños no deben ser detenidos por motivos relacionados con su situación migratoria o la de sus padres. 14 El Comité ha recomendado que los Estados adopten alternativas no privativas de libertad y basadas en la comunidad. El Relator Especial sobre la Tortura también ha observado que la detención de niños por motivos de inmigración puede dar lugar a violaciones de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes 15 23. En la Opinión Consultiva OC-21/14, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la detención migratoria de niños es incompatible con la Convención Americana y con el principio del interés superior del niño. Aclaró que la detención no puede justificarse sobre la base del control migratorio, la protección del orden público o la protección del niño. 16 24. Además, según la Resolución 45/113, por la que se adoptaron las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, el primer párrafo establece que "[...] La privación de libertad de un menor debe decidirse como último recurso, por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial, sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese período." (énfasis añadido). 25. En respuesta a la solicitud de medidas cautelares contra Brasil en el Asunto de los Adolescentes Privados de Libertad en el Centro de Atención Socioeducativa para Adolescentes (CASA) Cedro en el Estado de São Paulo, la CIDH determinó que "La Comisión Interamericana considera pertinente recordar que en aquellos asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes privados de libertad, los Estados tienen una posición especial de garante, con mayor cuidado y responsabilidad, teniendo en cuenta el interés superior del niño" 17 . 26. Hay 81 niños detenidos en el CATEM, incluidos niños de tan sólo 2 años. Después de 38 días de detención, no hay informes de que Costa Rica ofrezca a los menores y a sus familias alternativas a la detención, apoyo institucional para permitir que estos niños tengan acceso a algún sentido de normalidad, o atención psicológica en su idioma. Esta detención prolongada de niños es muy evidentemente violatoria de las obligaciones de Costa Rica en virtud del derecho regional e internacional, y contraria al principio del interés superior del niño. IV. CONCLUSIÓN 27. La detención continuada de las 200 personas recluidas en el CATEM-Sur de Neily constituye una clara violación de las obligaciones vinculantes de Costa Rica en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos. La privación de libertad carece de base legal, carece de evaluación individual y no es necesaria ni proporcionada, por lo que resulta arbitraria según las normas jurídicas internacionales. La ausencia de asesoría legal y de información accesible agrava aún más la violación de los derechos al debido proceso consagrados en el derecho internacional. 28. Especialmente preocupante es la detención de 81 niños, incluidos bebés, en condiciones que no cumplen las garantías mínimas exigidas por la Convención sobre los Derechos del Niño. La falta de alternativas, cuidados adecuados o apoyo psicosocial contraviene directamente el principio del interés superior del niño y la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 29. A la luz de lo anterior, la parte coadyuvante solicita respetuosamente a esta Sala que garantice: i. Libertad de movimiento de las personas que se encuentran en el CATEM, lo que implica permitirles permanecer en el lugar si así lo desean y durante el tiempo que sea necesario. ii. Acceso inmediato a asesoramiento jurídico. iii. Asistencia humanitaria a las personas que permanecen en el CATEM, especialmente a los niños, durante el tiempo que sea necesario y no restringida a un contexto de detención. iv. Evaluaciones adecuadas de los riesgos y proporcionalidad de todas las personas detenidas, especialmente los niños. v. Proporcionar a todas las personas información exhaustiva sobre sus derechos, incluido el acceso a los procedimientos de protección internacional, en un idioma que comprendan. (SIC)”.

14.- Por medio de resolución de las 16:04 horas del 9 de abril de 2025, como prueba para mejor resolver se solicitó a Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. y a José Pablo Vindas Monge, coordinador policial de la Policía Profesional de Migración de Paso Canoas, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería, que, de manera clara y precisa, indicaran a esta Sala lo siguiente: a) si al momento del ingreso de las personas deportadas de los Estados Unidos de América al CATEM-SUR, se les retiró su pasaporte o documento de identidad; b) si a las personas deportadas de los Estados Unidos de América, se les ha advertido la posibilidad de solicitar refugio en Costa Rica, en caso de temer por su vida al obligárseles a regresar a su país de residencia; c) si a los amparados se les permite su ingreso y salida de las instalaciones del CATEM-SUR; d) si a los amparados se les ha brindado la posibilidad de contar con un traductor con la finalidad de requerir asesoría legal o a tener acceso a entrevistas con los medios de prensa.

15.- Mediante escrito aportado el 11 de abril de 2025, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, informa que: “Solicita su Honorable Sala Constitucional que se informe lo siguiente: 1. "…que si al momento del ingreso de las personas deportadas de los Estados Unidos de América al CATEM-SUR, se les retiró su pasaporte o documento de identidad…”. Es menester informar que, al ingreso de las personas migrantes deportadas por los Estados Unidos de América al territorio nacional, las autoridades estadounidenses hicieron entrega de los pasaportes y/o documentos de viaje a las autoridades migratorias costarricenses en cajas debidamente embaladas. Se menciona que, durante este proceso, a las personas migrantes se les ha ofrecido cuatro alternativas: a) regresar a su país de origen; b) regresar a un tercer país, c) solicitar la categoría de refugio en Costa Rica y d) acogerse a una categoría especial humanitaria en nuestro país. En los dos primeros casos o alternativas, la autoridad migratoria costarricense, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informando de antemano a las personas migrantes que sus pasaportes y documentos de viaje se encontraban bajo resguardo de la Policía Profesional de Migración, procedieron a iniciar el proceso de movilidad internacional voluntaria al que optaron esas personas migrantes, haciéndoseles entrega de sus pasaportes y/o documentos al momento del trámite, para garantizarles su viaje al país de origen o a un tercer país. En el caso de que las personas migrantes hayan optado por acogerse a una solicitud de categoría de refugio en Costa Rica, se les ha hecho entrega del pasaporte y/o documentos para garantizarles su salida del CATEM- SUR. De igual manera, a quienes soliciten la categoría especial humanitaria, se les entregará su pasaporte y/o documentos para su eventual salida del CATEM. Respecto a las personas migrantes que aún permanecen en el CATEM-SUR y sean solicitantes de estas alternativas, se procederá igualmente a la entrega de sus pasaportes y/o documentos. Hasta este momento ninguna de las personas migrantes que se encuentran en el CATEM-SUR han solicitado ante las autoridades migratorias costarricenses que se les entregue su pasaporte y/o documentos. 2. b) “…que si a las personas deportadas de los Estados Unidos de América, se les ha advertido la posibilidad de solicitar refugio en Costa Rica, en caso de temer por su vida al obligárseles a regresar a su país de residencia...”. Como se ha indicado en otros informes relativos al tema, tanto la Dirección General de Migración y Extranjería, como la Organización de las Naciones Unidas, son garantes de que tal proceso de movilidad internacional opera en condiciones que garantizan el pleno respeto a la VOLUNTAD de las personas extranjeras, respetando así todos los derechos fundamentales de las citadas personas. En ese sentido, dentro del proceso, tal y como se mencionó líneas atrás, las personas amparadas han sido informadas de la posibilidad de acogerse al Programa de Retorno Voluntario Asistido (AVR por sus siglas en inglés) que realiza la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para regresar a su país o a un tercer país, a través del cual ya se han sumado 84 personas y otras 16 están en proceso de concretar el viaje, a la espera de alguno de los requisitos que aún se encuentran en trámite. Se reitera que esta opción es totalmente voluntaria, es decir, solo procede si expresamente el interesado se encuentra anuente a tal retorno voluntario. Adicionalmente, se han realizado entrevistas a las personas identificando quienes poseen temores fundados de regresar a su país y se les ha indicado que cuentan con la posibilidad de presentar una solicitud de protección internacional bajo la categoría especial de refugio, existiendo en la actualidad 16 personas que han formalizado su petición y han salido del CATEM-SUR con sus pasaportes. Inclusive, el suscrito Director General de Migración y Extranjería, ha explicado verbalmente en fecha 27 de marzo de 2025, sobre cada una de las posibles opciones para estas personas migrantes, entre ellas, la posibilidad de que soliciten la categoría especial de refugio. Esta información fue debidamente traducida por los distintos intérpretes que brindaron el servicio, respondiendo dudas y consultas de las personas migrantes. 3. “…que si a los amparados se les permite su ingreso y salida de las instalaciones del CATEM-SUR”. Debe ser clara esta Dirección General al indicar que, a las personas amparadas no se les ha coartado su libertad de tránsito nacional e internacional, siendo que pueden movilizarse a supermercados, farmacias, clínicas o a cubrir otras necesidades básicas acompañados de la Policía Profesional de Migración que garantice su seguridad, esto por cuanto su permanencia fuera del CATEM-SUR aumenta considerablemente el riesgo de ser víctimas de la delincuencia e incluso de redes de tráfico o trata de personas, lo que evidentemente les traería perjuicios graves para su seguridad, salud e incluso su propia vida. El compromiso adoptado al recibir a estas personas provenientes desde Estados Unidos de América fue garantizar su seguridad e integridad personal. Asimismo, en caso de tener voluntad para retornar a su país de origen o un tercer país, se encuentra en ejecución el referido Programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM. Debe tenerse en consideración que, la autorización de ingreso al país de estas personas se realizó bajo regímenes especiales permitidos por la legislación nacional, mismos que no eximen a la Administración de su obligación de mantener una protección y custodia sobre las personas extranjeras por razones de seguridad pública y de seguridad para ellos mismos. La custodia a esas personas se fundamenta en el artículo 18 inciso 14 de la Ley General de Migración y Extranjería, que literalmente indica: “ARTÍCULO 18.- Las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, debidamente identificadas, deberán: (…) 14) Custodiar, cuando así lo ordene la citada Dirección General, a las personas extranjeras que hayan sido autorizadas a ingresar al país y permanecer en él en calidad de tránsito, con el objeto de garantizar su egreso del territorio nacional. (…)”. Conforme a lo anterior, la regularización migratoria con la que se ha beneficiado a esas personas extranjeras les brinda la posibilidad de permanecer en un lugar seguro en el cual pernoctar, alimentarse y satisfacer sus necesidades de higiene, en un espacio sano que no arriesga su seguridad, considerando, principalmente que, son personas de culturas totalmente diferentes a la nuestra, no hablan el idioma español y difícilmente lograrían costear su propia manutención en condiciones dignas. 4. “…que si a los amparados se les ha brindado la posibilidad de contar con un traductor con la finalidad de requerir asesoría legal o a tener acceso a entrevistas con los medios de prensa…” Tal como se indicó supra, el proceso de atención de estas personas se ha llevado a cabo con la colaboración de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en donde la OIM ha aportado interpretes para las entrevistas o cualquier otra comunicación, tales como de atención médica y de asesoría legal. De tal manera, durante este proceso, se ha contado con el servicio de intérpretes para hacer accesible y comprensible la información, atendiéndose todas y cada una de sus preguntas, informándose de la situación personal. Asimismo, desde su ingreso al CATEM-SUR, se les ha brindado a estas personas extranjeras la información clara del lugar en el que se encuentran, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que se está llevando. En cuanto a la asesoría legal, no se les ha negado, en el momento que alguna de las personas migrantes deportadas por los Estados Unidos de América ha informado su deseo de recibir asesoría legal se les ha permitido, prueba de ello es que tal como se muestra en el oficio DGME-DPPM-GPR-Paso Canoas-0277-2025 del 10 de abril de 2025, el pasado 08 de abril se trasladó a 3 de las personas migrantes amparadas a las oficinas del Servicio Jesuita en Paso Canoas, para una reunión de asesoría legal. Respecto al tema de prensa, desde su llegada al país muchas de las personas migrantes deportadas por Estados Unidos de América han indicado de manera expresa su rechazo a las cámaras televisivas, han indicado que no quieren fotografías ni otro tipo de imágenes, pues consideran que esto los puede poner en riesgo. No obstante, para aquellos que han manifestado su deseo de expresarse en prensa, se han realizado las coordinaciones respectivas para ello. En ese sentido, en fecha 31 de marzo de 2025, distintos medios de prensa nacionales e internacionales estuvieron en CATEM-SUR entrevistando a las personas migrantes que mostraran el consentimiento para ello.”.

16.- Por medio de escrito aportado el 12 de abril de 2025, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, informa que: “En adición a la respuesta brindada el día de ayer ante la honorable Sala Constitucional, no omitimos indicar que tales respuestas han de entenderse bajo el marco de las respuestas oficiales que previamente fueron brindadas y que constan en el expediente. Resulta indispensable entender que la Ley de Migración define las formas de ingreso legal a territorio costarricense con fundamento en la nacionalidad de las personas extranjeras y esa facultad legal se ejerce a través de la Circular de Visas que enmarca las nacionalidades de las personas ubicadas en el CATEM bajo la modalidad de visas restringidas, que precisamente restringe el ingreso y la estancia dentro de territorio costarricense de conformidad con la Resolución emitida al tenor de la llegada a territorio nacional de tales personas. Es menester valorar dicha resolución como la Circular de Visas a efectos de comprender el marco jurídico que ha imperado en la administración de esta situación. Las personas procedentes de Estados Unidos ya han regresado a su país de origen, ya han salido para un tercer país que autorizó su viaje, ya han solicitado refugio o visa de estancia humanitaria para permanecer en Costa Rica y han salido del CATEM. Las personas que aún no se han acogido a esas cuatro opciones permanecen dentro del Albergue de Migración y están bajo protección de la DGME y del Sistema de Naciones Unidas (OIM, ACNUR, UNISEF) así como de otras entidades públicas (PANI, INAMU, CONAPAM, CCSS). No omitimos indicar que grupos dedicados a la trata de personas y tráfico internacional de migrantes merodean por el lugar con el objetivo presunto de ofrecer a esas personas servicios para su regreso ilegal a EEUU. Ya seis personas salieron del CATEM y no regresaron. Asimismo, grupos inescrupulosos le han dicho a estas personas extranjeras que sus acciones legales en EEUU permitirán su regreso a ese país y bajo esta ficción algunas de estas personas han sido inducidas a no aceptar las 4 opciones presentadas por la DGME. Aparte de la audiencia solicitada agradeceríamos a este honorable Tribunal constitucional llevar a cabo una visita al CATEM-Sur a efectos de valorar, in situ, el tema de marras.”.

17.- Mediante escrito aportado el 13 de abril de 2025, Karina Fonseca Vindas, representante legal del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM); y Marcia Aguiluz Soto, directora para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC), señalan que: “El día jueves 10 de abril, una delegación de las organizaciones antes mencionadas visitamos a las personas detenidas en el CATEM Sur y logramos entrevistar a 24 de ellas. En todos los casos, estas personas manifestaron que NO pueden salir libremente de las instalaciones, ni tienen acceso a sus documentos de viaje, aunque los han solicitado. Ocasionalmente algunos han salido a recibir atención odontológica, siempre bajo custodia de la policía. Tampoco tienen acceso a wi-fi gratuito para poder comunicarse libremente con el mundo exterior. Todo lo anterior fue constatado por nuestra delegación. Cabe señalar que la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) nos autorizó el ingreso exclusivamente por 2 horas ese día, mediante el oficio DG-321-03-2025 comunicado el 2 de abril (prueba No. 1), siendo este tiempo insuficiente para poder hablar con todas las personas ahí presentes. De hecho, debido a la falta de tiempo, nos vimos en la obligación de hablar con ellos a través de una malla y nos dieron varios sus mensajes sobre lo que están viviendo actualmente (Prueba No.2). Además, queremos informar que las siguientes personas nos otorgaron una autorización para representar sus intereses (Prueba No.3): 1. Mohammed Saber Asadi 2. Smirnov German Germanovich 3. Mohammed Ahmed 4. Mohammed Abulhadi 5. Amar Muadhah En relación con estas personas, desde el día 31 de marzo solicitamos autorización para tener una reunión virtual y/o presencial. No fue sino hasta el 8 de abril que, sin previo aviso, trasladaron a algunas de estas personas a las instalaciones del Servicio Jesuita, y el 10 de abril se nos permitió hablar con ellos en persona solamente por 45 minutos (Prueba No.4). Es preciso recordar que las personas privadas de su libertad en cárceles no tienen este tipo de restricciones de tiempo. Es fundamental que la Sala Constitucional sepa que en el caso de los señores: Mohammed Ahmed, Mohammed Abulhadi, y Amar Muadhah ellos manifiestan que tienen residencia legal en Grecia (Prueba No.5) y tienen los recursos para costear sus pasajes de avión, sin embargo, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, NO se les ha entregado sus documentos de viaje y desconocen si se está haciendo el trámite de retorno o en cuanto tendrán una respuesta. Ellos solicitan que sus documentos le sean devueltos y que puedan continuar con su viaje de regreso en el menor tiempo posible. Por otra parte, es de conocimiento que, debido a las condiciones de encierro, sumado a la incertidumbre que enfrentan, las personas se encuentran emocionalmente muy afectadas y requieren apoyo psicosocial de contención de manera urgente. Los niños y niñas sí lo están recibiendo, pero no así las personas adultas. Es indispensable que se eliminen las condiciones de restricción de libertad de manera inmediata y se les brinde apoyo psicológico. En relación con las barreras idiomáticas, las personas detenidas nos manifestaron que las diversas autoridades se han comunicado utilizando la aplicación “Google translate”, sin embargo, esta aplicación no es exacta y no sustituye la necesidad ni la obligación de contar con interpretes oficiales. Por todo lo anterior, no nos cabe duda que se están vulnerando, entre otros, los artículos 19, 20, 22, 29, 31, 33, 37, 40 y 44 de la Constitución Política de Costa Rica; los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reiteramos la solicitud para que se declare con lugar el recurso de hábeas corpus formulado, se acojan las pretensiones planteadas por el recurrente, y en tal sentido se ordene: 1. Permitir la libre circulación de las personas que se encuentran en el CATEM, lo que implica, permitirles permanecer en el lugar si así lo desean y por el tiempo que sea necesario, así como salir de este lugar cuando lo consideren. 2. La devolución inmediata de sus documentos de identidad y de viaje. 3. Garantizar el acceso irrestricto a patrocinio letrado gratuito para que puedan tener información adecuada sobre los derechos que ostentan. 4. Brindar de manera continua acceso a información sobre los derechos que tienen en Costa Rica, entre estos, el derecho a solicitar asilo y protección internacional, la cual deberá brindarse en sus idiomas de origen. 5. Brindar asistencia humanitaria a las personas que permanecen en el CATEM por el tiempo que sea necesario y no restringirlo a un contexto de detención. 6. Garantizar que en ningún caso las personas deportadas sean devueltas o enviadas a un país donde su vida e integridad puedan correr riesgo de conformidad con el principio de no devolución.”.

18.- Por medio de NOTA 00184-2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Representación en Costa Rica, indicó: “La Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República de Costa Rica (en lo sucesivo "la Representación del ACNUR") presenta sus atentos saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica (en lo sucesivo "el Ministerio") y tiene el honor de referirse a la comunicación recibida el día 7 de abril de 2025 de la Sala Constitucional mediante la cual se solicita como prueba para mejor resolver requerir al Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR - en Costa Rica la emisión el criterio técnico dentro del ámbito de sus competencias, respecto de los hechos alegados por el actor en este recurso de habeas corpus", tramitado bajo el expediente 25-006713-0007-CO. En relación con dicha comunicación, la Representación del ACNUR desea recordar las prerrogativas e inmunidades que son necesarias para el cumplimiento de los propósitos de la Organización y, en consecuencia, desea solicitar respetuosamente que tal solicitud sea canalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En por ello, la Representación del ACNUR solicita respetuosamente la asistencia del Ministerio para transmitir de manera urgente esta respuesta a la atención de la Sala Constitucional. La Representación de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República de Costa Rica agradece por adelantado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica por su asistencia en este asunto y se vale de esta ocasión para renovar las seguridades de su más alta y distinguida consideración”.

19.- Por medio de escrito aportado el 23 de abril de 2025, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, manifiesta que: “Aporto como prueba para mejor resolver la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM de la Dirección General de Migración y Extranjería de fecha 15 de abril de 2025, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025, mediante la cual se estableció en su parte dispositiva lo siguiente: “POR TANTO: LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, de conformidad con los artículos 4 y 269 de la Ley General de la Administración Pública N°6227; 1, 2, 12, 13 incisos 1), 13), 19), 23) y 36), 14, 44, 66, 71 segundo párrafo y 138 inciso 7) de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764 y demás normativa dispuesta anteriormente; se resuelve: PRIMERO: Normalización Migratoria. Autorizar la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de la totalidad de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento del procedimiento especial que se dispone en la presente resolución administrativa. SEGUNDO: Confección de expedientes. Una vez publicada la presente resolución, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) confeccionará los expedientes de cada persona migrante relativos a este procedimiento especial, los cuales deberán contener como mínimo: A) Copia de la página principal de documento de viaje de la persona, aun en caso de que se encuentre vencido. En caso de no poder aportar este requisito, se podrá aportar copia del manifiesto de vuelo en el que se le incluyó cuando ingresó a Costa Rica proveniente de los Estados Unidos de América, así como una manifestación rendida bajo fe de juramento sobre su identidad real (nombre y apellidos, país de nacimiento, fecha de nacimiento y nombre y apellidos de los padres). En caso de que las personas no cuentan con documento de viaje, se podrá incluir en el expediente además de la declaración jurada indicada, la copia de cualquier documento de identificación que la persona porte, emitido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. La PPM podrá solicitar la coadyuvancia de la OIM para el levantamiento de estos expedientes, así como la traducción o interpretación al idioma español de cualquier documento que deba ser incluido y que requiera de esa formalidad, o la traducción necesaria para lograr una comunicación adecuada con aquellas personas migrantes que no hablan el idioma español, con la colaboración de la misma OIM o de otras agencias internacionales. B) Los resultados de las consultas biométricas que se realicen. C) La revisión de antecedentes penales en Costa Rica a través de los medios electrónicos establecidos en virtud de convenios de cooperación institucional suscritos entre esta Administración y el Poder Judicial, las consultas a sistemas de Interpol u otras consultas internacionales que se realicen con el fin de verificar que la persona beneficiaria no cuente con registro de antecedentes penales. D) Copia de la presente resolución debidamente publicada. E) Los documentos indicados en el acápite tercero y cuarto de la parte dispositiva de esta resolución, así como cualquier otro documento que se considere de importancia para el proceso. TERCERO: Resolución. Levantados los expedientes, la PPM emitirá una resolución individual para cada persona beneficiaria de este proceso de normalización migratoria en la que se autorice la emisión del documento de regularización migratoria, previo pago a través de entero bancario de lo siguiente: 1) La suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 253 de la Ley 8764 y 2) La suma de veinticinco dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$25,00) o su equivalente colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 33 inciso 4) de la Ley 8764. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona beneficiaria, lo cual se deberá de hacer en presencia de un testigo como mínimo, debiéndose levantar la respectiva acta. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. Los pagos a los que hace referencia la presente disposición podrán ser realizados por organismos de Cooperación Internacional, u otras organizaciones sin fines de lucro que deseen coadyubar en este proceso, en virtud de la condición humanitaria de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria, no obstante, los depósitos que a estos efectos se realicen deben efectuarse individualmente a nombre de cada persona beneficiaria con el fin de poder darle trazabilidad a los pagos. Adicionalmente, según las disposiciones legales vigentes en materia tributaria, de así considerarlo pertinente el Ministerio de Hacienda, ente rector en dicha materia, partiendo precisamente de esas condiciones humanitarias que revisten el presente proceso de normalización migratoria, podría eventualmente gestionarse una exoneración de dichos pagos conforme a las normas, procesos y disposiciones vigentes al respecto. CUARTO: Documentación. Verificados los pagos de ley a los que hace referencia el acápite anterior, la PPM procederá con la entrega del respectivo documento a cada persona migrante. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. QUINTO: Condiciones. La normalización migratoria regulada en la presente resolución se regirá por las siguientes condiciones: A) Conforme lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Migración y Extranjería, si al realizar la revisión de consultas biométricas o antecedentes penales se determina que alguna de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria cuenta con antecedentes de ese tipo, la autorización quedará automáticamente cancelada, debiendo la PPM iniciar los procesos migratorios correspondientes para que la persona haga abandono del territorio nacional conforme a la normativa vigente. B) Los beneficios que otorga ese documento de normalización migratoria será la posibilidad de permanecer en el país por un periodo de 3 meses con posibilidad de una eventual prórroga por un periodo igual, en caso de así definirlo esta Dirección General mediante resolución debidamente motivada, transcurridos los cuales la persona migrante deberá egresar del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria. C) Las personas beneficiadas con esta permanencia legal podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal, pero en todo momento deberán respetar y cumplir las regulaciones internas de ese centro que serán establecidas por la PPM. D) Las personas beneficiadas con esta normalización migratoria podrán egresar del país cuando así lo deseen y podrán coordinar con la OIM en casos de que quieran acogerse al programa "Retorno Voluntario Asistido" (RVA). Si la persona migrante beneficiaria de este proceso egresa del país bajo cualquier circunstancia, el permiso autorizado mediante la presente resolución quedará cancelado automáticamente. E) La autorización de permanencia que regula la presente resolución queda sujeta a que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera realice actos o conductas como las indicadas, la PPM revocará de manera automática el permiso otorgado y procederá con los procedimientos legales correspondientes según la normativa migratoria aplicable. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona migrante beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten una migración contraria a la ley. F) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita. G) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes. SEXTO: Procedimiento ordinario de refugio. Las personas migrantes que desean aplicar por la categoría migratoria de refugio deberán optar por los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación vigente. SÉTIMO: Entrada en vigencia. Rige a partir de su suscripción. Publíquese”. 2) De acuerdo con la citada Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, se les otorgó a las personas migrantes que fueron deportadas de los Estados Unidos de América que aún permanecen en el CATEM-SUR, una condición especial migratoria por razones humanitarias por el plazo de tres meses, disponiéndose que, las personas beneficiaras de dicha normalización migratoria temporal podrán estar en Costa Rica y salir del CATEM-SUR si así lo consideran, aunque, también, se les permitirá continuar en el CATEM-SUR si esa es su voluntad, es decir, “(…) podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal (…)”. Lo anterior, mientras se continúa gestionando sobre las alternativas ofrecidas a las personas migrantes de retornar a su país de origen; regresar a un tercer país; o solicitar la categoría de refugio en Costa Rica. 3) Se informa que, en atención a la propia Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM en su parte dispositiva, la Policía Profesional de Migración dictó resoluciones individuales para cada una de las personas que aún se mantienen en CATEM-SUR, mismas que se están notificando con la consecuente devolución de los pasaportes y/o documentos de viaje a cada persona migrante. Sobre estas gestiones se estará nuevamente informando a su Honorable Sala Constitucional con urgencia en las próximas horas.”.

20.- Mediante escrito aportado el 23 de abril de 2025, el recurrente se apersona ante esta Sala con la finalidad de indicar: “En esta oportunidad presento el informe de la visita de tres diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, realizado el pasado 28 de marzo. Una vez más, esta prueba confirma la privación de libertad a la que se vieron sometidas al menos 200 personas extranjeras, entre ellas 81 niños y niñas, deportadas por el gobierno de los Estados Unidos e internadas desde el 20 de febrero en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM), en el cantón de Corredores. Aprovecho esta ocasión para recalcar que la resolución D-JUR-0135-04-2025-JM-ABM de la Dirección General de Migración, del 15 de abril de 2025, confirma el hecho de que al momento de presentar el recurso de hábeas corpus, el 7 de marzo de 2025, se estaba violando el derecho a la libertad de las personas deportadas, quienes fueron detenidas en territorio costarricense sin que hubieran cometido ningún delito, ni infracción y que se les habían confiscado los pasaportes y otros documentos personales, no se les había dado información acerca de su situación legal en el país ni se les habían explicado las figuras de refugio ni asilo y tampoco habían tenido acceso a traducción, asistencia consular ni la posibilidad de hablar con libertad con medios de comunicación, conformando así una serie de violaciones a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, la Ley General de Migración y Extranjería, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Costa Rica es signataria, todos derivados de la privación ilegal de su libertad. Ante el hecho de que han pasado 47 días desde la presentación del hábeas corpus y que han sido presentadas múltiples pruebas acerca de los hechos, solicito muy respetuosamente a esta honorable Sala que a la brevedad posible emita una resolución respecto a este caso declarando con lugar el hábeas corpus”.

21.- Por medio de resolución de las 9:59 horas del 23 de abril de 2025, vista la nota verbal ACNUR: 00184-2025 del 10 de abril de 2025 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica a propósito de la resolución de las 11:01 horas del 3 de abril de 2025, la cual le fue comunicada el día 7 del mismo mes y año, se ordenó al director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto efectuar el trámite correspondiente a fin de que se aporte la prueba para mejor resolver requerida por esta Sala, bajo la aclaración que se solicita por las características del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República de Costa Rica y no en condición de parte recurrida.

22.- Por medio de escrito aportado el 28 de abril de 2025, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, manifiesta que: “1) Aporto como prueba para mejor resolver el Oficio DGME-DPPM-GPR-PASO CANOAS-0334-2025 del Coordinador Policial Regional de Paso Canoas de la Policía Profesional de Migración de fecha 25 de abril de 2025, mediante el cual se informa que, se notificaron a la totalidad de personas migrantes deportadas por los Estados Unidos de América (85 personas) que se encuentran en el CATEM-SUR, la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM de la Dirección General de Migración y Extranjería de fecha 15 de abril de 2025, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025. (La Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM se puso en conocimiento de su Autoridad en fecha 22 de abril de 2025 mediante el documento DG-0407-04-2025). 2) Según el citado Oficio DGME-DPPM-GPR-PASO CANOAS-0334-2025, un total de 57 personas extranjeras recibieron la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM y sus respectivos pasaportes originales que estaban en resguardo de la Policía Profesional de Migración. En caso de no contar la Policía Profesional de Migración con el pasaporte en original de la persona migrante, se les entregó el documento que estaba bajo su resguardo (copia). Asimismo, consta que, 28 personas migrantes no mostraron anuencia a recibir la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, ni los pasaportes o copias, emitiéndose las respectivas actas. Todo lo anterior, en ampliación al documento DG-0407-04-2025 de prueba para mejor resolver de fecha 22 de abril de 2025, remitida a su Honorable Sala Constitucional el mismo 22 de abril de 2025.”.

23.- Por medio de escrito aportado el 13 de mayo de 2025, Karina Fonseca Vindas, representante legal del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, Marcela Martino Aguilar, directora adjunta del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Marcia Aguiluz Soto, directora para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC), manifiestan: “Como informamos en nuestro escrito de fecha 13 de abril, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) autorizó el ingreso al CATEM a una delegación de personas que integran las organizaciones a las que representamos. Como resultado de la citada visita, hemos realizado un informe con hallazgos y recomendaciones, el cual adjuntamos al presente escrito y solicitamos se considere en la resolución final respecto del presente habeas corpus. En resumen, las organizaciones logramos documentar lo siguiente: ● Detención en Estados Unidos: Las personas detenidas afirman haber enfrentado condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, al permanecer, por ejemplo, en cuartos cerrados sin acceso a luz natural. Muchas de estas personas fueron expulsadas y separadas de sus familias a pesar de haber solicitado asilo, sin recibir asesoría legal ni información sobre su situación jurídica. ● Detención arbitraria en Costa Rica: En Costa Rica, las personas fueron trasladadas inmediatamente al CATEM donde sus documentos fueron retenidos y donde no tuvieron la posibilidad de moverse libremente sin escolta de la policía de migración, es decir, fueron detenidas de manera arbitraria e ilegal por más de 60 días. ● Falta de acceso a atención estatal: Las personas detenidas no tuvieron acceso a información en sus idiomas; no se les realizó un análisis individualizado que abordara sus necesidades de protección internacional; y tampoco recibieron atención integral, por ejemplo, psicológica, por parte de instituciones del Estado costarricense. ● Faltas al principio de no devolución: Aunque la mayoría de personas tenía necesidades de acceder a refugio, se denuncia que, mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) —organización a la que el Estado delegó esta atención—, algunas personas pudieron ser devueltas a países donde su vida o integridad corría riesgo, sin un análisis que garantizara el principio de no devolución. En relación con la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, que fue aportada en el marco del presente proceso nos permitimos señalar que, la misma resolución comprueba que sí hubo una privación arbitraria e ilegal de la libertad de las personas deportadas. Si bien esta resolución facilita el acceso de las personas a la normalización migratoria nos preocupa que persisten vacíos para la garantía de los derechos de las personas que permanecen en el país. Tenemos información de que la resolución no se compartió de manera clara y en sus idiomas con las personas que aún se encuentran en el CATEM, por lo que muchas de ellas no comprenden el alcance del contenido. Asimismo, destacamos que el plazo de tres meses prorrogables que indica la resolución es insuficiente para que estas personas puedan llevar a cabo el proceso de buscar reasentamiento en un tercer país. Además, en este punto nos preocupa que Costa Rica deje de ejercer sus buenos oficios ante otros Estados para reubicarles. De acuerdo con la resolución, acceder a la citada categoría de regularización tiene un costo de USD$55, un monto elevado para personas que no cuentan con recursos ni están en Costa Rica por su propia voluntad. A la vez, se prohíbe que estas personas trabajen por cuenta propia o en relación de dependencia. En este sentido, es importante notar que la resolución no brinda ningún tipo de mecanismos claros para permitir la integración comunitaria de estas personas hasta que puedan ser reconocidas como refugiadas o encontrar una alternativa de reasentamiento. En específico, por ejemplo, el limitar el acceso al trabajo, significa para ellos no tener un medio de vida autónomo y los expone a depender de forma indefinida de la alimentación y alojamiento que se brinda en el CATEM. Además, a pesar de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, no se han establecido medidas específicas para garantizar derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, como el acceso a la educación para niños y niñas. Esta omisión afecta directamente sus posibilidades reales de permanecer en el país, al generar barreras fácticas al ejercicio de sus derechos, sin que el Estado haya presentado acciones concretas para superarlas. Por todo lo anterior, consideramos que se vulneraron y siguen vulnerando, entre otros, los artículos 19, 20, 22, 29, 31, 33, 37, 40 y 44 de la Constitución Política de Costa Rica; los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reiteramos la solicitud para que -en el menor plazo posible- se declare con lugar el recurso de hábeas corpus formulado, se acojan las pretensiones planteadas por el recurrente, y en tal sentido se ordene: 1. Permitir la libre circulación de las personas que se encuentran en el CATEM, lo que implica, permitirles permanecer en el lugar si así lo desean y por el tiempo que sea necesario no solo los 3 meses que fueron señalados en la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, así como salir de este lugar cuando lo consideren. 2. Garantizar el acceso irrestricto a patrocinio letrado gratuito para que puedan tener información adecuada sobre los derechos que ostentan. 3. Brindar de manera continua acceso a información sobre los derechos que tienen en Costa Rica, entre estos, el derecho a solicitar asilo y protección internacional, la cual deberá brindarse en sus idiomas de origen. 4. Brindar asistencia humanitaria a las personas que permanecen en el CATEM por el tiempo que sea necesario y no restringirlo a un contexto de detención, ni al plazo que señala la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM. 5. Garantizar que en ningún caso las personas deportadas sean devueltas o enviadas a un país donde su vida e integridad puedan correr riesgo de conformidad con el principio de no devolución. No omitimos señalar que las personas migrantes detenidas arbitrariamente merecen ser reconocidas como sujetas de derecho y las violaciones que sufrieron deben ser reparadas adecuadamente. La decisión de la Sala Constitucional debe sentar un precedente para evitar que este tipo de situaciones se repitan.”.

24.- Mediante escrito aportado el 19 de mayo de 2025, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, con recargo de director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, manifiesta que: “1) Aporto como prueba documento suscrito por el Coordinador Policial Regional de Paso Canoas de la Policía Profesional de Migración de fecha 19 de mayo de 2025, mediante el cual constan datos actualizados de las personas migrantes deportadas de los Estados Unidos de América. De relevancia indicar que, en la actualidad se mantienen en CATEM-SUR 56 personas migrantes con la condición especial humanitaria otorgada con la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM y 2 personas migrantes con solicitud de refugio, es decir, 58 personas migrantes en total. 2) Se reitera que, con la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM se les otorgó a las personas migrantes que fueron deportadas de los Estados Unidos de América, la condición especial migratoria por razones humanitarias por el plazo de tres meses, disponiéndose que, las personas beneficiaras de dicha normalización migratoria temporal podrán salir del CATEM-SUR si así lo consideran, aunque también se les permitirá continuar en el CATEM-SUR si esa es su voluntad, es decir, “(…) podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal (…)”. Asimismo, se reitera que, la Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM fue debidamente notificada y se hicieron entrega de los pasaportes y/o documentos de viaje a las personas migrantes deportadas de los Estados Unidos de América.”.

25.- Por medio de escrito aportado el 3 de junio de 2025, Omer Badilla Toledo viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería remitió la información que se lee de seguido:

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26.- Mediante escrito aportado el 6 de junio de 2025, Omer Badilla Toledo viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería certificó: “Que conforme a la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM dictada por la Dirección General de Migración y Extranjería en fecha quince de abril de dos mil veinticinco, publicada en el Alcance 50 a La Gaceta 70 del 21 de abril de 2025, las personas extranjeras que fueron deportadas a la República de Costa Rica desde los Estados Unidos de América y que a la fecha continúan en territorio nacional, gozan de un estado migratorio legal autorizado en el marco de una protección especial otorgada por razones humanitarias, que les permite permanecer y transitar libremente en el territorio costarricense; portar sus pasaportes o documentos de viaje o identificación; pernoctar voluntariamente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país (CATEM-SUR) donde podrán alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal; egresar del país cuando así lo deseen; coordinar con la Organización Internacional para las Migraciones en caso de que deseen acogerse al programa "Retorno Voluntario Asistido" (RVA); iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria, incluyendo la categoría migratoria de Refugio, mediante los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación vigente. De conformidad con la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América, tienen plena libertad de tránsito y disfrute de todas aquellas libertades asociadas a ese derecho, de ahí que, un total de treinta y dos personas bajo la condición especial humanitaria han salido completamente de CATEM-SUR de manera voluntaria, mientras en la actualidad otras treinta y dos personas que poseen libertad de tránsito en el territorio costarricense bajo la condición especial migratoria por razones humanitarias, pueden pernoctar en el CATEM-SUR si esa es su voluntad para la satisfacción de sus necesidades, respetándose el artículo 22 y concordantes de la Constitución Política de la República de Costa Rica.”.

27.- En memorial del 12 de junio de 2025, aportó un acta de conocimiento de situación migratoria, en los siguientes términos:

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28.- Mediante escrito del 20 de junio de 2025 Omer Badilla Toledo viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería indicó: “1) Informo a su Honorable Sala Constitucional que, la Defensoría de los Habitantes de la República remitió el Oficio N°DH-DIND-0500-2025 de fecha 9 de mayo de 2025 a la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, cuyo asunto es: “Informe de Seguimiento CATEM-Sur/L-FPLN-22-OFI-084-2025”. 2) Resulta fundamental poner en conocimiento de su Autoridad lo señalado por la Defensoría de los Habitantes en relación con las personas migrantes deportadas por los Estados Unidos de América que se encuentran en CATEM-SUR. En ese sentido, el mencionado Oficio N°DH-DIND-0500-2025 señaló: “4.-Principales hallazgos: Se evidencia la posibilidad de egreso e ingreso del lugar, es decir, de libertad de tránsito; únicamente en la noche no se permite del todo la salida al ser un recinto con custodia policial, lo cual se justifica por razones de seguridad. En relación con el procedimiento migratorio aplicado, se informa se ha dado categoría migratoria especial por tiempo definido a las personas deportadas. Se han presentado solicitudes de refugio de las personas deportadas de los Estados Unidos, siendo que algunos de los solicitantes ya han salido del CATEM-Sur y otros continúan residiendo ahí. Estas personas que residen en el CATEM-Sur pueden salir de las instalaciones y volver nuevamente al CATEM-Sur; pueden usar los baños y el comedor; de igual manera, se les brinda toda la atención que se da en el CATEM-Sur. Se nos indicó por parte de la Policía Migratoria, que ya algunos de ellos tienen trabajo, por lo que salen a trabajar y vuelven en la tarde. (…) Si bien se informó que no se ha permitido el ingreso de alguna organización de la sociedad civil que pueda brindar asistencia legal o acompañamiento a las personas deportadas, se tiene conocimiento que el Servicio Jesuita para Migrantes y American Friends Service Committee, han coordinado horarios de ingreso al CATEM-Sur para ofrecer asesoría jurídica a algunas personas deportadas. Continúa la presencia de Life Support y Cadena, como organizaciones asumiendo la atención en salud. OIM ya no está brindando atención en salud mental, es ahora la ONG de Acción Joven, a cargo de UNICEF. El apoyo es con medicina general, de requerirse atención especializada se hace traslado al centro hospitalario. Se suministra agua potable, de conformidad con los reportes efectuados. Se indica que recientemente como labor de mantenimiento se hizo cambio de los filtros de purificación. Tanto los espacios de dormitorio, áreas comunes y baños se encuentran en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Se continúan entregando kits con implementos sanitarios. (…)”. (El subrayado no corresponde con el original). 3) Como puede visualizarse en el Oficio N°DH-DIND-0500-2025 del que recientemente tuvimos conocimiento, la Defensoría de los Habitantes dispuso que, existe libertad de tránsito de las personas que se encuentran alojadas en CATEM-SUR que fueron deportadas por los Estados Unidos de América. Asimismo, en aras de actualizar sobre los datos de estas personas migrantes en CATEM-SUR, se informa que, al día de hoy permanecen alojadas 28 personas bajo la condición especial humanitaria, de las cuales 13 de ellas son personas menores de edad. (Se aporta como prueba la respectiva certificación de la Oficial Supervisora de la Coordinación Policial Regional de la Policía Profesional de Migración de fecha 20 de junio de 2025).”. Aporta también el informante el siguiente cuadro con la información de las personas que al 20 de junio de 2025 permanecían en el CATEM:

Tabla

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29.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL RECURSO.

A) Primero, esta Sala procede a aclarar cuáles aspectos del sub iudice son ajenos a su competencia y, por ende, omite dictar ningún juicio de opinión.

En tal sentido, es tesis pacífica que la competencia de este Tribunal para ejercer el control jurisdiccional de constitucionalidad debe ajustarse al principio de territorialidad, que le impone límites infranqueables, según se ha establecido con anterioridad:

“(…) la Sala no tiene la potestad para aplicar el Derecho Constitucional Costarricense y decidir acerca de los conflictos de intereses ocurridos fuera del territorio nacional, pues en la jurisdicción constitucional lo que se garantiza es la supremacía de las normas de la Constitución Política, así como las libertades y derechos humanos en ellas consagradas …” (sentencia No. 2016019061 de las horas del 9:05 horas del 29 de diciembre de 2016)

De esta forma, se debe ser sumamente claro, con que la competencia de la Sala Constitucional es estrictamente nacional, por lo que de ninguna forma se puede interpretar que lo aquí resuelto pretenda examinar o valorar las actuaciones de un Estado distinto del costarricense. Aplicada tal tesitura al sub examine, con suma facilidad se colige que este pronunciamiento no juzga directa ni indirectamente las decisiones y actuaciones del Gobierno de EE. UU., tomadas en pleno ejercicio de su soberanía, sino que se limita a analizar las alegadas violaciones a los derechos fundamentales de las personas tuteladas por parte de las autoridades nacionales.

Asimismo, la Sala subraya que la decisión administrativa para estimar que, a la luz de nuestra normativa, por razones de humanidad se pueda admitir o no el ingreso de ciertas personas al territorio nacional, no resulta palmariamente contraria a los derechos fundamentales, ni está siendo objetada expresamente por el actor, por lo que se omite pronunciamiento al respecto.

B) Clarificado lo anterior, por mandato expreso de los artículos 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 48 de la Carta Magna, la Sala sí es competente por la vía del habeas corpus para resguardar la libertad e integridad personales contra los actos u omisiones de las autoridades costarricenses, en relación con las cuales se acusa que amenazan esa libertad, y las perturbaciones o restricciones que, respecto de ellas, tales autoridades establezcan indebidamente, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y a la libre permanencia, salida e ingreso en el territorio de Costa Rica.

En el marco de esta tarea, aunque en los procesos de habeas corpus (y también en los de amparo), lo ideal es la individualización de las personas tuteladas, pues ellas son la primera y más importante línea de protección en este tipo de proceso, lo cierto es que, a luz de los principios pro homine y pro libertatis, si el recurso se formula contra situaciones de orden general que podrían afectar a los derechos fundamentales de todo un grupo de seres humanos que se halla en una situación común y es fácilmente determinable, máxime cuando se alude a lesiones de particular envergadura, entonces resulta del todo plausible para esta Jurisdicción proceder con la tutela de tales derechos.

Dicho con otras palabras, particularmente en los asuntos de habeas corpus, pero también ha ocurrido en ciertos amparos, si de la prueba se infiere una situación contraria a los derechos básicos, resulta injustificable que este Tribunal evada su conocimiento y responsabilidad, en la medida en que la alegada lesión sí involucra con certeza a un grupo de afectados nítidamente determinable, pese a la falta de individualización de cada uno de ellos, como ya ha ocurrido en muchísimos casos. En efecto, así ha actuado este Tribunal de manera unánime, verbigracia, en casos en que grupos de personas privadas de libertad formulan de manera anónima sus pretensiones, debido al temor de sufrir represalias por parte de otros reclusos o de autoridades penitenciarias (ver, entre muchas otras, las sentencias nros. 2018021397 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2018, 2019018581 de las 9:50 horas del 1° de octubre de 2019, 2020011664 de las 9:40 horas del 23 de junio de 2020 y 2021016581 de las 9:15 horas del 30 de julio de 2021 -declarado con lugar-). De igual modo, en el resguardo de un amplio espectro de derechos fundamentales, dependiendo de las circunstancias concretas del caso, se han admitido amparos interpuestos a favor de un grupo indeterminado pero determinable de personas, sin que se haya requerido la identificación individual de cada una de ellas (ver, entre muchas otras, las sentencias nros. 2025011996 de las 9:20 horas del 25 de abril de 2025, 2025008751 de las 9:30 horas del 21 de marzo de 2025 y 2025009107 de las 11:15 horas del 25 de marzo de 2025).

Alegatos del recurrente

El recurrente indica que, en febrero de 2025, un grupo de aproximadamente 200 personas extranjeras, entre las cuales se encuentran 81 personas menores de edad, llegó a Costa Rica tras ser deportadas de los Estados Unidos. Estas, provienen de diversos países, como Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Nepal, Rusia, Turquía y otros más. Aduce el recurrente que su llegada ocurrió sin que se les tomara en cuenta su voluntad y que fueron expulsadas de Estados Unidos y enviadas a Costa Rica, según un acuerdo entre los dos países. Asimismo, el recurrente sigue diciendo que, al aterrizar en Costa Rica, las personas amparadas fueron custodiadas por policías nacionales y trasladadas al cantón de Corredores. Hubo un internamiento en el territorio nacional y las personas extranjeras deportadas quedaron, desde ese momento, bajo la jurisdicción de las leyes costarricenses. También señala, que, al ingresar a Costa Rica, las personas amparadas recibieron un permiso temporal de estadía en el país de hasta por 30 días, prorrogable, lo que legaliza su condición migratoria. Al ser recibidas en territorio costarricense, las autoridades condujeron a todas esas personas al Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM), ubicado en la frontera sur del país. Este centro fue donado por la empresa alemana Faber-Castell con la condición expresa de que no sería utilizado como centro de detención o privación de libertad, sino como un albergue para atención humanitaria y migratoria. Expone el recurrente que, desde su llegada al país, las personas deportadas han estado privadas de su libertad: no pueden salir libremente y sin custodia del CATEM, están permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública, se les impide la libertad de tránsito por el territorio nacional, y no pueden expresarse libremente al impedírseles tener contacto con la prensa, ni conversar con personas ajenas al CATEM. Sigue diciendo que, las personas deportadas han sido retenidas en el CATEM sin gozar de libertad alguna, a pesar de no haber cometido ningún delito, ni infracción migratoria en Costa Rica y que, a su llegada, según testimonios, se les retiró su documentación de identidad, lo que les ha generado preocupación por su estatus legal y su futuro. Por otra parte, tampoco han tenido acceso a alguna asesoría legal independiente o información detallada sobre sus derechos, añade que se les ha rechazado la posibilidad de solicitar asilo o refugio. Argumenta que estas personas están en una situación de discriminación frente a otros extranjeros que han estado alojados en el CATEM, quienes sí tienen libertad de tránsito por el país, pueden entrar y salir de ese albergue a su voluntad, así como conversar con personas externas y dar entrevistas a medios de comunicación. Explica que la situación de estas personas se torna más crítica al considerar que muchos de ellos huyen de situaciones de conflicto bélico, persecución política o religiosa, y en algunos casos, simplemente por ser mujeres, en violación a normativa nacional e internacional que Costa Rica se ha comprometido a defender. Su detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de nuestras autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales. Además, las autoridades costarricenses han negado el acceso a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, restringiendo así el derecho a la libertad de expresión. Esto ha generado sospechas de que las actuaciones de las autoridades migratorias puedan estar violando normativa de derechos humanos. De manera expresa, en su “Petitoria”, solicita: “1. Declarar con lugar el presente recurso de habeas corpus y ordenar la inmediata libertad para la totalidad de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos hacia Costa Rica en el transcurso de febrero, en un número de al menos 200 individuos, sin perjuicio de que puedan ser más, y que si desean permanecer en el CATEM lo hagan de manera voluntaria y sin restricciones de tránsito de ningún tipo. 2. Ordenar a las autoridades competentes que garanticen a las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos asistencia legal independiente e información acerca de los derechos que tienen bajo las leyes costarricenses, su condición jurídica y migratoria y las posibilidades e implicaciones de solicitar asilo o refugio en Costa Rica. 3- Ordenar a las autoridades competentes la entrega a medios de comunicación y quien lo solicite de información pública relacionada con las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos. 4. Ordenar a las autoridades competentes garantizar la libertad de expresión de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos e internadas en el CATEM-Sur, así como el derecho a la información de toda la ciudadanía costarricense respecto a las circunstancias del internamiento en Costa Rica de estas personas”.

II.- SOBRE LAS COADYUVANCIAS PLANTEADAS. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a admitir las coadyuvancias presentadas por cuanto las solicitantes tienen un interés directo en la resolución del presente asunto, al estar atendiendo y velando por varias necesidades de los amparados, al ser responsables del: a) Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica; b) Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); c) American Friends Service Committee (AFSC); y d) Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights.

III.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA OIM. En vista de los términos en que contestó la audiencia conferida la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) -invocando su inmunidad de jurisdicción-, se deja expresa constancia de que por auto de las 14:45 horas del 19 de marzo de 2025, se requirió a esa organización -y a la Defensoría de los Habitantes- que se refiriera a los hechos para incorporarlo como prueba para mejor resolver debido a las características de su mandato y no como parte accionada.

IV.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ACNUR. En vista de los términos en que contestó la audiencia conferida el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se deja expresa constancia de que por auto de las 11:01 horas del 3 de abril de 2025, se requirió de esa organización que se refiriera a los hechos para incorporarlo como prueba para mejor resolver, no como parte accionada.

V.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. Mediante resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de febrero de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería autorizó el ingreso de 200 personas, en dos grupos, 79 de ellas personas menores de edad, deportados de los Estados Unidos de América. Lo anterior, mediante excepcionalidad por razones humanitarias, con el fin de retornar a sus diferentes países de origen o a un tercer país que los reciba (ver prueba remitida el 20 de marzo de 2025);

b. El 20 y 25 de febrero de 2025, ingresaron a Costa Rica dos grupos de extranjeros, para un total de 200 personas, de los cuales 79 de ellas son personas menores de edad, de distintas nacionalidades. Dichas personas, provenientes de los Estados Unidos de América, fueron deportadas y llegaron a Costa Rica como tránsito para regresar a su país de origen o a un tercer país según cada caso en concreto, previa valoración. Las personas provienen de los siguientes países: “CHINA, ARMENIA, UZBEKISTAN, TURKIA, RUSSIA, AFGHANISTAN, VIETNAM, GEORGIA, JORDANIA, KAZAJISTAN, IRAN, GHANA, KIRGUISTAN, CONGO, NEPAL, YEMEN, ANGOLA, INDIA, PAKISTAN, TAJIKISTAN”. Muchas de las nacionalidades que corresponden a esos países pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, determinándose un escenario restrictivo o delimitado (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025, prueba aportada el 20 de marzo de 2025 y ampliación de informe aportado el 20 de marzo de 2025);

c. La resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, indicó que la permanencia podrá ser autorizada por una única vez y tendrá validez por un plazo de treinta días naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del país. Sin embargo, se agregó que “la Policía Profesional de Migración podrá prorrogar de manera excepcional dependiendo del caso en concreto para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional” (ver prueba remitida el 20 de marzo de 2025);

d. La resolución restringió la autorización de permanencia al CATEM Sur, aduciéndose que el proceso cumplía un fin de tránsito por nuestro país, por lo que resultaba fundamental tener ubicadas a estas personas para acelerar el proceso de continuación de viaje. Además, existió una prohibición de salir y entrar sobre las personas deportadas, al existir riesgos de inseguridad y la posibilidad de ser captados por redes criminales de tráfico ilícito de migrantes (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025);

e. El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura constató que, pese a que las 200 personas pertenecientes a la deportación desde EEUU tienen un permiso especial de estancia de 30 días en el país con posibilidad de prórroga, durante ese tiempo no tienen permiso de salida del CATEM, ya sea para irse del todo del espacio o para salidas cotidianas, de forma que incluyó como su primera recomendación la siguiente: “PRIMERA. – Eliminar la restricción a la libertad de movimiento, y salida de afuera del CATEM, que supone una privación de libertad de facto, y hacer devolución de los documentos de identidad a todas las personas, en caso de que aún no se hayan devuelto.” (informe MNPT-INF-225-2025-CATEM-AIJS aportado el 28 de marzo de 2025).

f. Al momento del ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas se les explicó que se les concederían permisos para salir a supermercados o farmacias, pero escoltados por la Policía Migratoria para velar por su seguridad y reingreso al CATEM Sur (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025);

g. Al llegar al CATEM Sur, los pasaportes y documentos de cada una de las personas amparadas fueron entregados a las autoridades de la Policía de Migración en Paso Canoas, quienes les aplicaron la medida cautelar de Decomiso Temporal de Documentos, emitiéndoles un Acta de cada pasaporte retenido, los cuales se depositaron en resguardo en una caja fuerte en la Coordinación Policial de Paso Canoas, para asegurar el no extravío de estos documentos y que no generen atrasos en los procesos de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ver informes aportados el 17 de marzo y 11 de abril de 2025);

h. Al momento de ingreso al CATEM Sur, las personas deportadas indicaron que no aceptarían que les tomaran fotografías de ningún tipo, por un tema de principio de intimidad y privacidad, así como no querer atender ninguna entrevista (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025 y prueba aportada el 20 de marzo de 2025);

i. A su ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas de Estados Unidos de América, se les dio la información sobre dónde estaban, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Agencias de la ONU para continuar el viaje de retorno a su país o mejor opción. A su vez, los accionados les colaboraron para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM o en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se puso en conocimiento el número de teléfono institucional a embajadas para que se comuniquen con estas personas (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025 y prueba aportada el 20 de marzo de 2025);

j. Las personas en tránsito, deportados de los Estados Unidos de América, han tenido la posibilidad de acceder a información y asistencia legal, por parte de las Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes y que los mismos son atendidos bajo las normas mínimas que establece la normativa nacional e internacional en esta materia. Durante este proceso, a las personas migrantes se les ha ofrecido cuatro alternativas: “a) regresar a su país de origen; b) regresar a un tercer país, c) solicitar la categoría de refugio en Costa Rica y d) acogerse a una categoría especial humanitaria en nuestro país”. En los dos primeros casos o alternativas, la autoridad migratoria costarricense, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informando de antemano a las personas migrantes que sus pasaportes y documentos de viaje se encontraban bajo resguardo de la Policía Profesional de Migración, procedieron a iniciar el proceso de movilidad internacional voluntaria por el que optaron esas personas migrantes, haciéndoseles entrega de sus pasaportes y/o documentos al momento del trámite, para garantizarles su viaje al país de origen o a un tercer país (ver informes aportados en fechas 17 de marzo y 1° de abril de 2025, así como la prueba aportada el 20 de marzo de 2025);

k. Mediante el oficio N° DH-DIND-0263-2025 del 4 de marzo de 2025, la Defensora de los Habitantes, le remitió al Ministro de Seguridad Pública, al Viceministro de Gobernación con recargo de la Dirección General de Migración y Extranjería, a la Presidenta Ejecutiva y Ministra de la Niñez y Adolescencia, Patronato Nacional de la Infancia, el informe de la "Observación Activa" realizada por la Defensoría de los Habitantes, en relación con la atención del Estado costarricense a las personas deportadas por el Gobierno de Estados Unidos, en donde se indicó: “Como es de su conocimiento, a partir del momento en que los medios de comunicación anunciaron la implementación de los acuerdos migratorios entre Costa Rica y Estados Unidos, nuestra institución se ha mantenido vigilante de las diferentes acciones que al respecto han llevado a cabo, principalmente, las autoridades migratorias costarricenses. De conformidad con lo establecido en la Ley de la Defensoría de los Habitantes, Ley N° 7319, en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos en Estatus A, a la luz de los Principios de París, procedo a remitir para su conocimiento y análisis el informe de la “Observación Activa” realizada por nuestra institución a la situación y atención que está brindando el Estado costarricense a las personas deportadas de los Estados Unidos, como parte de las negociaciones entre ambas partes, y a quienes se encuentran realizando su retorno hacia los países del sur de América. Resulta importante mencionar que esta observación incluye información constatada por la Defensoría de los Habitantes, en las observaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en el CATEM-sur. Teniendo en consideración que el informe incluye consideraciones sobre situaciones que deben ser atendidas de inmediato por parte del Estado costarricense, la Defensoría de los Habitantes le solicita la remisión de un informe en relación con las medidas que se implementarán para atender estos señalamientos. El informe solicitado deberá ser remitido en el plazo de los cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación.”. (ver prueba aportada el 24 de marzo de 2025);

l. Por medio del oficio No. DH-DIND-0256-25, la Defensora de los Habitantes, requirió a las autoridades de la Dirección general de Migración y Extranjería: “ACCIONES URGENTES A REALIZAR POR PARTE DEL ESTADO COSTARRICENSE. De conformidad con la información constatada por la Defensoría de los Habitantes, se considera necesario recomendar al Estado costarricense la adopción de las siguientes acciones inmediatas: 1. Valorar la posibilidad de suscribir algún convenio que permita la instalación de una red wi-fi que garantice la comunicación de las personas migrantes con el mundo exterior (familiares, amigos) y que esta comunicación no dependa de la compra de tarjetas o planes móviles que deben sufragar por sus propios medios. 2. Realizar nuevos análisis de potabilidad del agua, con especial atención en los niveles de cloración, tratándose del agua que se encuentra disponible para el consumo de las personas migrantes en el CATEM-sur. 3. Instalar camarotes y espumas para las personas migrantes que pertenecen al grupo denominado “flujo inverso”, de forma tal que se les dote de mejores condiciones de permanencia, en igualdad de condiciones de las otras personas migrantes que se encuentran en el lugar. 4. Instalar abanicos en los dormitorios-módulos y en los otros dispuestos para el descanso de personas migrantes (flujo inverso), con el fin de contrarrestar el calor excesivo en el lugar. 5. Dotar a todas las personas migrantes que se encuentran en el lugar de sábanas o cobertores para las espumas, que permitan aislar el calor que produce el forro “plástico” que tienen dichas espumas. 6. Garantizar un espacio de diálogo e intercambio de información entre las personas migrantes, independientemente del flujo al que pertenecen) y las autoridades migratorias destacadas en el lugar, que permita evacuar consultas acerca del contexto regional (posibilidades de continuar su recorrido), atención e intervención por parte del Estado costarricense, mecanismos o alternativas para su permanencia en el país de forma regular, entre otras. 7. Garantizar la atención integral del Patronato Nacional de la Infancia, incluida la atención psicosocial de las personas menores de edad que han presentado crisis de ansiedad y angustia por el temor a ser separados de sus padres. En igual sentido, la atención por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y cualquier otra institución pública que, por su mandato legal, tengan competencia para la atención de grupos específicos en condición de vulnerabilidad, como CONAPAM, CONAPDIS, entre otros. 8. Tratándose de niñas, niños y adolescentes ubicados en el CATEM-sur, la Defensoría consultó al PANI si hay personas menores de edad no acompañadas por sus progenitores o encargados legales, cuál es su situación sociopsicolegal y el rango etario. Además, si estas personas se encuentran identificadas debidamente con un pasaporte o algún documento de identidad que indique país de procedencia, nombre de sus progenitores, fecha de nacimiento. También informar de personas menores de edad con discapacidad, y en tal caso, detallar sobre las coordinaciones con CONAPDIS. Además, señalar si requieren apoyos especiales y si llegaron personas menores de edad con alguna enfermedad (física o mental), y en tal caso, realizar las coordinaciones respectivas con el Hospital Nacional de Niños y el Hospital Nacional de Salud Mental o algún otro centro de salud. Al desconocer el tiempo de permanencia en el país, el PANI debe informarle a esta Defensoría qué acciones se implementarán para garantizar el Derecho a la Educación de las personas menores de edad y qué coordinaciones se han llevado a cabo con el Ministerio de Educación Pública, además si cuentan con la ropa adecuada al clima de la Zona Sur, y si se les darán implementos de higiene y limpieza. Otro aspecto importante es saber si el CATEM cuenta con una persona profesional en nutrición, la alimentación que se les brindará, en general, y en particular a las personas menores de edad, dado la diversidad de los países de procedencia. En relación con estas consultas, aún no se ha recibido la información solicitada. El presente informe fue elaborado por la Dirección de Igualdad y No Discriminación, con el apoyo de otras Direcciones de la institución.”. (ver prueba aportada el 24 de marzo de 2025);

m. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó visitas de monitoreo preventivo al CATEM-Emisur -Centro de Atención Temporal de Migrantes- los días 19 y 21 de febrero de 2025, así como al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a efectos de monitorear los vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en fechas 20 y 25 de febrero de 2025. Estas visitas, tuvieron un carácter de monitoreo preventivo, las cuales se fundamentan en la labor del MNPT, de conformidad con la Ley N° 8459, Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Ley N° 9204, Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Decreto Ejecutivo N° 39062 MJP. Lo anterior, se hizo constar en el INFORME ESPECIAL DE MONITOREO CATEM-Emisur 19 y 21 de febrero de 2025 (informe aportado el 28 de marzo de 2025);

n. En el informe especial de monitoreo CATEM-Emisur del 19 y 21 de febrero de 2025, remitido el 28 de marzo de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, indicó: “4.- RECOMENDACIONES Con base en las potestades legales que otorgan las Leyes Nº 8459, Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Ley Nº 9204, ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Decreto Ejecutivo N° 39062-MJP y en las consideraciones anteriores, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emite las siguientes Recomendaciones: AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, Y A LAS AUTORIDADES DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA PRIMERA. – Eliminar la restricción a la libertad de movimiento, y salida de afuera del CATEM, que supone una privación de libertad de facto, y hacer devolución de los documentos de identidad a todas las personas, en caso de que aún no se hayan devuelto. SEGUNDA. – Informar al MNPT como se está garantizando el derecho a la información, mediante canales de comunicación adecuados, y en un idioma de total comprensión para las personas migrantes, acerca de sus opciones de futuro migratorio, ya sea para: solicitud de refugio en Costa Rica u otras formas de protección, optar por un tercer país destino, volver al país de inicial migratorio, o cualquier otra información necesaria. TERCERA. – Eliminar todo trato diferenciado potencialmente discriminatorio entre los dos perfiles migratorios presentes (personas en movilidad mixta diversa y personas deportadas forzadamente desde EEUU), con respecto al alojamiento, alimentación o atención. CUARTA.– Asegurar que el alojamiento en dormitorio y los demás servicios se prioricen según vulnerabilidad estructural desde una perspectiva de DDHH, así por ejemplo, personas menores de edad, adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, y no por categoría migratoria. QUINTA.– Garantizar la accesibilidad, seguridad y transparencia de los mecanismos de expresión de sugerencias, quejas, denuncias, y garantizar el contacto con el mundo exterior mediante el acceso a internet wifi de libre uso en las instalaciones. SEXTA.– Realizar las gestiones administrativas necesarias para instalar ventiladores, u otros artefactos, que ayuden a paliar el calor en las instalaciones del CATEM, en particular en la época de verano. SETIMA. – Valorar la pertinencia de la continuidad del uso de la celda de aislamiento dentro del CATEM, y de ser correspondiente, protocolizar los supuestos y procedimientos permitidos para su utilización, y documentar su uso en un libro de registro único donde se anoten todas las novedades que sucedan en este espacio. OCTAVA. –Abstenerse de recibir personas sujetas a procesos de deportación forzada, de quienes existan indicios de haber sido víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en otros países, y que por tanto estas violaciones a su dignidad humana e integridad física, psíquica y moral puedan validarse y perpetuarse dentro de Costa Rica. Con respecto a las recomendaciones emitidas, y en atención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 9204, Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual indica, todas las jerarquías de las instituciones públicas competentes se encuentran obligadas a acatar las recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención y a separarse de ellas únicamente mediante acto debidamente fundamentado; además, a entablar diálogo con dicho órgano para discutir la implementación de estas. Asimismo, tienen la obligación de informar y difundir dichas recomendaciones al personal subalterno. Y al artículo 10 del Decreto Ejecutivo N° 39062 MJP, el cual en lo que interesa señala lo siguiente: (…) cabrá Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto en un plazo de tres días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Ley General de Administración Pública. Transcurrido el plazo de tres días sin que se presente recurso alguno, el informe del Mecanismo adquirirá firmeza. A partir de la firmeza del informe, las autoridades estatales tendrán un plazo de diez días hábiles para rendir el Informe de Cumplimiento de las Recomendaciones. Podrán separarse de las mismas únicamente mediante acto justificado por escrito debidamente fundamentado jurídica y técnicamente. (…)”. (informe y prueba aportada el 28 de marzo de 2025);

o. Mediante oficio dirigido al director general de Migración del 27 de febrero de 2025, varias agencias de las Naciones Unidas informaron a esa Dirección: “Reciba un cordial saludo de OIM, UNICEF y ACNUR, por medio del presente se confirma el apoyo solicitado en el Oficio DG-0149-02-2025 y Oficio DG-0160-02-2025. Las agencias trabajarán de manera complementaria y coordinada para proporcionar la asistencia humanitaria. En particular, las funciones se dividirán de la siguiente manera. Solicitud: Base 2 (Aeropuerto Juan Santamaría): - Dotación de transporte (buses) para apoyar la logística operativa que realizará la Policía Profesional de Migración (PPM) y otros cuerpos policiales, desde Base 2 hasta el EMIBISURCATEM Sur. - De requerirse y en espera de lo que indique la Dirección de Vigilancia Aérea de Seguridad Pública; contar con Baterías Sanitarias en sitio para el recibimiento de este grupo de personas, en Base Dos. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Alimentación durante el traslado hacia la zona sur. La OIM brinda la siguiente asistencia (con financiamiento de la Oficina de Población, Migración y Refugio del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (PRM)): • La OIM proporciona autobuses financiados por PRM para apoyar la logística operativa de la Policía Profesional de Migración (PPM), destinados al traslado de las personas desde el Aeropuerto hasta el EMBISUR. • La OIM ofrece traducción a la llegada a base dos en ruso, inglés, árabe y mandarín para la población atendida y para la traducción de los mensajes de bienvenida de la DGME y/o del Ministerio de Seguridad Pública. • La OIM distribuye kits de alimentación para todas las personas incluidas niños, niñas y adolescentes, en el autobús y kits de alimentación a su llegada al EMBISUR. La OIM entrega kits para niñez y kits de higiene básica para mujeres en el autobús, proporcionándolos a cada persona. • La OIM dota de seis baterías de baños para el aeropuerto con toldo para las personas. • La OIM contrata un médico para atenciones primarias de salud en Base 2. Solicitud: EMISUR - Colaboración con artículos de higiene personal, mantenimiento y limpieza de la Estación Migratoria Sur. - Atención psicosocial y psicoemocional a estas personas en CATEM, tomando en cuenta que podrían incluirse dentro de este grupo, menores de edad y mujeres embarazadas. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Cooperación en el rubro médico para la mejor atención del grupo de personas, dicha colaboración se prevé que incluya: ambulancia, médico y medicamentos de primera asistencia y de atención a enfermedades crónicas. - Alimentación durante la estancia de las personas en EMIBISUR. - Apoyo en el proceso, seguimiento, concretización y coordinación del retorno de las personas pertenecientes a este grupo a sus países de origen. - Colaboración con el establecimiento de espacios seguros para la atención de niños y niñas. La OIM brinda la siguiente asistencia: • La OIM implementa el programa de Retorno Voluntario Asistido (AVR) a través de traductores en ruso, mandarín, árabe e inglés, comenzando con entrevistas para identificar si las personas califican y desean voluntariamente optar por el Retorno Voluntario Asistido. Además, de contratar los traslados para chequeos médicos, así como hospedaje y tiquetes aéreos requeridos para su retorno seguro y digno a sus países. • La OIM distribuye kits con artículos como ropa, zapatos, paños para adultos y niños. • La OIM proporciona tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) durante todo el mes de febrero para las personas. • La OIM contrata un médico en EMISUR para atenciones primarias de salud. El ACNUR brinda asistencia: • El ACNUR distribuirá kits con artículos de higiene como jabones, papel higiénico, desodorante, cepillo y pasta de dientes, para adultos y niños, a partir de lunes, 03 de marzo de 2025. • El ACNUR proporcionará tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) de 01 a 15 de marzo de 2025. El ACNUR presentará un plan a DGME para que, a partir de 16 de marzo de 2025, la alimentación para todas las poblaciones se brinde en el Comedor del CATEM. • EL ACNUR ha donado a PPM dos lámparas solares para en emergencias en caso de que se vaya la luz en las habitaciones. UNICEF brinda asistencia: UNICEF se encuentra brindando kits de higiene personal a niños, niñas y adolescentes, así como mujeres y hombres adultos. UNICEF, en colaboración con otras organizaciones, ha dado apertura el Espacio Seguro para la Infancia en CATEM y se encuentra brindando apoyo psicosocial. UNICEF estará fortaleciendo los servicios de salud y agua, saneamiento e higiene en la EMISUR OIM, ACNUR y UNICEF reafirman su apoyo al gobierno de Costa Rica y su compromiso con la asistencia humanitaria a las personas extra regionales en el país. En el marco de la financiación proporcionada por PRM, lo detallado en este oficio representará la respuesta de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, bajo un marco de respeto a sus derechos humanos”. (ver prueba aportada a las 13:47 horas del 20 de marzo de 2025);

p. Mediante resolución D.JUR-0102-03-2025-JM del 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería, prorrogó por un mes la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, mediante la cual se autorizó el ingreso excepcional, la permanencia transitoria y la documentación de personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América (ver ampliación de informe aportado el 20 de marzo de 2025);

q. Al 20 de marzo de 2025, de las 200 personas que ingresaron a Costa Rica procedentes de Estados Unidos de América, 74 habían abandonado el territorio nacional, 28 de estas personas se encuentran en fase de salida, bajo la coordinación con las diferentes embajadas para la debida compra de boleto y espera de su próximo viaje, y 98 que aún se encuentran a la espera de iniciar el proceso debido a sus nacionalidades y las diversas consultas en razón de los diversos requerimientos de visas y demás requisitos de tránsito o paso que solicitan los diferentes Estados. La Organización Internacional para las Migraciones “OIM” es la entidad a cargo de financiar, coordinar y diligenciar dichos procesos de viaje (ver ampliación de informe aportado el 20 de marzo de 2025);

r. El 28 de marzo de 2025, tres diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Montserrat Ruiz Guvera, Cynthia Córdoba Serrano y Antonio Ortega Gutiérrez, realizaron una visita al CATEM SUR y aportaron el “Informe sobre la visita de Diputaciones al Centro de Atención Temporal para Migrantes de la zona sur (CATEM-Sur)”, en donde se dispuso: “1. Se solicita y propone a la Cancillería, Ministerio de Gobernación y Policía y Dirección General de Migración y Extranjería realizar un listado que contenga la información de las personas deportadas desde Estados Unidos, sus nacionalidades y si éstas han identificado un tercer país seguro al que puedan trasladarse. 2. Se solicita y propone a la Cancillería, Ministerio de Gobernación y Policía y Dirección General de Migración y Extranjería realizar una identificación, caso por caso, de las personas que permanecen en el CATEM y tienen interés de solicitar refugio en Costa Rica. 3. Se solicita y propone a la Cancillería que, en caso de identificar terceros países seguros al que las personas se puedan trasladar, se inicien las conversaciones y coordinaciones pertinentes con las embajadas de estos países, a fin de conocer las posibilidades de recibir a estas personas bajo un estatus migratorio regular y seguro, en apego a las normas internacionales. 4. Se solicita, propone y recomienda la constitución de una mesa técnica interinstitucional e intersectorial, con la presencia de las instituciones competentes del Poder Ejecutivo, la Defensoría de los Habitantes, las agencias del sistema de Naciones Unidas, representantes de la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos especializadas en temas de migración y refugio, así como otros actores pertinentes, con el fin de encontrar soluciones para las personas migrantes que permanecen en el CATEM; que sean respetuosas de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 5. En marco de dicho trabajo técnico, se posibilite el ingreso de instituciones y organizaciones especializadas en el tema migratorio y asistencia humanitaria al CATEM, con el fin de que puedan brindar información, acompañamiento, orientación y asesoría a las personas migrantes sobre el proceso de solicitud de refugio en Costa Rica y sus posibilidades migratorias. 6. Se solicita y recomienda que la Defensoría de los Habitantes de la República cuente con presencia permanente dentro del CATEM, con el fin de brindar acompañamiento técnico en materia de derechos humanos y garantías fundamentales, así como colaborar en la orientación e información que requieren las personas migrantes. 7. Se solicita y recomienda al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería tomar las medidas necesarias para fortalecer la labor y las condiciones de la Policía de Migración en el CATEM, con el fin de garantizar una adecuada atención y evitar sobrecargos en los oficiales.” (ver Informe sobre la visita de Diputaciones al Centro de Atención Temporal para Migrantes de la zona sur -CATEM-Sur-, aportado el 23 de abril de 2025).

s. A las personas deportadas de Estados Unidos se les informó sobre la posibilidad de requerir refugio en Costa Rica o libre permanencia en territorio costarricense, bajo el entendido de que dicha solicitud de refugio implica la suspensión del egreso a su país de origen o a un tercer país y una posible salida voluntaria de dicho albergue o su permanencia voluntaria en dichas instalaciones. Que 16 de las personas amparadas formalizaron una solicitud de protección internacional bajo la categoría especial de refugio, y debido a ello, han salido del CATEM-SUR con sus pasaportes. De igual manera, a quienes solicitaron la categoría especial humanitaria, se les entregará su pasaporte y/o documentos para su salida del CATEM. A las personas migrantes que permanecen en el CATEM-SUR y que hayan solicitantes estas alternativas, se les hizo entrega de sus pasaportes y/o documentos (ver ampliación de informe aportado el 20 de marzo y el 11 de abril de 2025);

t. El proceso de atención de las personas amparadas se ha llevado a cabo con la colaboración de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en donde la OIM ha aportado intérpretes para las entrevistas o cualquier otra comunicación, tales como de atención médica y de asesoría legal. Durante este proceso, se ha contado con el servicio de intérpretes para hacer accesible y comprensible la información, atendiéndose todas y cada una de sus preguntas, informándose de la situación personal (ver informe aportado el 11 de abril de 2025);

u. En fecha 31 de marzo de 2025, distintos medios de prensa nacionales e internacionales estuvieron en CATEM-SUR entrevistando a las personas migrantes que mostraran el consentimiento para ello (ver prueba aportada por el recurrente el 1° de abril de 2025 y notas de prensa adjuntas a ese archivo, así como el informe aportado por los accionados el 11 de abril de 2025);

v. El 8 de abril de 2025, la Policía de Migración trasladó a 3 de las personas migrantes amparadas a las oficinas del Servicio Jesuita en Paso Canoas, para una reunión de asesoría legal (ver informe aportado el 11 de abril de 2025 y documentación aportada por el Servicio Jesuita en Paso Canoas el 13 de abril de 2025);

w. Mediante Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril de 2025 -publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería, estableció lo siguiente: “POR TANTO: (…); se resuelve: PRIMERO: Normalización Migratoria. Autorizar la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de la totalidad de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento del procedimiento especial que se dispone en la presente resolución administrativa. SEGUNDO: Confección de expedientes. Una vez publicada la presente resolución, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) confeccionará los expedientes de cada persona migrante relativos a este procedimiento especial, los cuales deberán contener como mínimo: A) Copia de la página principal de documento de viaje de la persona, aun en caso de que se encuentre vencido. En caso de no poder aportar este requisito, se podrá aportar copia del manifiesto de vuelo en el que se le incluyó cuando ingresó a Costa Rica proveniente de los Estados Unidos de América, así como una manifestación rendida bajo fe de juramento sobre su identidad real (nombre y apellidos, país de nacimiento, fecha de nacimiento y nombre y apellidos de los padres). En caso de que las personas no cuentan con documento de viaje, se podrá incluir en el expediente además de la declaración jurada indicada, la copia de cualquier documento de identificación que la persona porte, emitido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. La PPM podrá solicitar la coadyuvancia de la OIM para el levantamiento de estos expedientes, así como la traducción o interpretación al idioma español de cualquier documento que deba ser incluido y que requiera de esa formalidad, o la traducción necesaria para lograr una comunicación adecuada con aquellas personas migrantes que no hablan el idioma español, con la colaboración de la misma OIM o de otras agencias internacionales. B) Los resultados de las consultas biométricas que se realicen. C) La revisión de antecedentes penales en Costa Rica a través de los medios electrónicos establecidos en virtud de convenios de cooperación institucional suscritos entre esta Administración y el Poder Judicial, las consultas a sistemas de Interpol u otras consultas internacionales que se realicen con el fin de verificar que la persona beneficiaria no cuente con registro de antecedentes penales. D) Copia de la presente resolución debidamente publicada. E) Los documentos indicados en el acápite tercero y cuarto de la parte dispositiva de esta resolución, así como cualquier otro documento que se considere de importancia para el proceso. TERCERO: Resolución. Levantados los expedientes, la PPM emitirá una resolución individual para cada persona beneficiaria de este proceso de normalización migratoria en la que se autorice la emisión del documento de regularización migratoria, previo pago a través de entero bancario de lo siguiente: 1) La suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 253 de la Ley 8764 y 2) La suma de veinticinco dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$25,00) o su equivalente colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 33 inciso 4) de la Ley 8764. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona beneficiaria, lo cual se deberá de hacer en presencia de un testigo como mínimo, debiéndose levantar la respectiva acta. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. Los pagos a los que hace referencia la presente disposición podrán ser realizados por organismos de Cooperación Internacional, u otras organizaciones sin fines de lucro que deseen coadyuvar en este proceso, en virtud de la condición humanitaria de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria, no obstante, los depósitos que a estos efectos se realicen deben efectuarse individualmente a nombre de cada persona beneficiaria con el fin de poder darle trazabilidad a los pagos. (…). CUARTO: Documentación. Verificados los pagos de ley a los que hace referencia el acápite anterior, la PPM procederá con la entrega del respectivo documento a cada persona migrante. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. QUINTO: Condiciones. La normalización migratoria regulada en la presente resolución se regirá por las siguientes condiciones: A) Conforme lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Migración y Extranjería, si al realizar la revisión de consultas biométricas o antecedentes penales se determina que alguna de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria cuenta con antecedentes de ese tipo, la autorización quedará automáticamente cancelada, debiendo la PPM iniciar los procesos migratorios correspondientes para que la persona haga abandono del territorio nacional conforme a la normativa vigente. B) Los beneficios que otorga ese documento de normalización migratoria será la posibilidad de permanecer en el país por un periodo de 3 meses con posibilidad de una eventual prórroga por un periodo igual, en caso de así definirlo esta Dirección General mediante resolución debidamente motivada, transcurridos los cuales la persona migrante deberá egresar del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria. C) Las personas beneficiadas con esta permanencia legal podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal, pero en todo momento deberán respetar y cumplir las regulaciones internas de ese centro que serán establecidas por la PPM. D) Las personas beneficiadas con esta normalización migratoria podrán egresar del país cuando así lo deseen y podrán coordinar con la OIM en casos de que quieran acogerse al programa "Retorno Voluntario Asistido" (RVA). Si la persona migrante beneficiaria de este proceso egresa del país bajo cualquier circunstancia, el permiso autorizado mediante la presente resolución quedará cancelado automáticamente. E) La autorización de permanencia que regula la presente resolución queda sujeta a que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera realice actos o conductas como las indicadas, la PPM revocará de manera automática el permiso otorgado y procederá con los procedimientos legales correspondientes según la normativa migratoria aplicable. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona migrante beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten una migración contraria a la ley. F) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita. G) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes. SEXTO: Procedimiento ordinario de refugio. Las personas migrantes que desean aplicar por la categoría migratoria de refugio deberán optar por los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación vigente. SÉTIMO: Entrada en vigencia. Rige a partir de su suscripción. Publíquese”. (ver informe y prueba aportado el 22 de abril de 2025).

x. Cuando arribaron al país no se brindó a los tutelados los datos de dónde se encontraban y en cuál situación y contaron con poca información y asistencia legal -ya estando en el CATEM por espacios temporales insuficientes- de cada caso particular (informe de observación activa de la Defensoría de los Habitantes e informe de hallazgos del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la oficina para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC) y la litigante regional para las Américas del Consejo y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights, informe de visita de diputaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del 28 de marzo de 2025, aportado por el recurrente el 20 de abril de 2025)

y. Algunas de las personas tuteladas tuvieron problemas de comunicación e información, lo que hicieron saber a través de herramientas de traducción en teléfonos celulares (informe de hallazgos del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la oficina para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC) y la litigante regional para las Américas del Consejo y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights; informe de visita de diputaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del 28 de marzo de 2025, aportado por el recurrente el 20 de abril de 2025)

z. Algunas de las personas tuteladas enfrentaron dificultades para mantener contacto con medios de comunicación y debieron hacerlo de manera informal, a través de la malla de cerramiento de las instalaciones del CATEM (memorial del recurrente del 1º de abril de 2025, informe de hallazgos del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la oficina para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC) y la litigante regional para las Américas del Consejo y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights)

aa. El director general de migración y extranjería informó el 19 de mayo de 2025 que se encontraban aún en el CATEM 56 personas, 2 de ellas con solicitud de refugio, las demás con condición especial humanitaria. Asimismo, que de las 56 personas 24 son menores de edad (informe adicional de la DGME del 19 de mayo de 2025)

bb. En acta levantada el 12 de junio de 2025, el director general de migración y extranjería hizo constar que se informó, mediante el servicio de traducción a los idiomas de su respectiva nacionalidad, a las siguientes personas: Azar Yusifov y Visula Yusifova (de Azerbaiyán), Anastasila Ermakova, German Smirnov, Goar Toplakaltsian, Nadezhda Minasian (de Rusia), Karine Avetyan (de Armenia), Oguzhan Agaoglu, Mutalip Sarban, Aylin Sarban y Nebahat Alptekin (de Turquía), Alireza Salimiviri (de Irán) y Nik Hussaini (de Afganistán), que mediante la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM se regularizó su estado migratorio legal en Costa Rica, con una protección especial, por razones humanitarias, que le da derecho a permanecer y transitar libremente por el país, a portar el pasaporte o documento de viaje o identificación, a dormir, recibir alimentos en el CATEM y utilizar sus instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal, a egresar del CATEM cuando lo deseen, a coordinar con la OIM si desean acogerse al programa de retorno voluntario asistido (RVA), a iniciar un procedimiento de regulación migratoria en Costa Rica; que no se encuentran retenidos de ninguna forma, ni se les presiona para que abandonen el CATEM (informe adicional de la DGME del 12 de junio de 2025).

cc. El director general de Migración y Extranjería puso en conocimiento de la Sala que la Defensoría de los Habitantes de la República, en oficio N°DH-DIND-0500-2025 de fecha 9 de mayo de 2025, remitió a la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el “Informe de Seguimiento CATEM-Sur/L-FPLN-22-OFI-084-2025”, donde señaló: “4.-Principales hallazgos: Se evidencia la posibilidad de egreso e ingreso del lugar, es decir, de libertad de tránsito; únicamente en la noche no se permite del todo la salida al ser un recinto con custodia policial, lo cual se justifica por razones de seguridad. En relación con el procedimiento migratorio aplicado, se informa se ha dado categoría migratoria especial por tiempo definido a las personas deportadas. Se han presentado solicitudes de refugio de las personas deportadas de los Estados Unidos, siendo que algunos de los solicitantes ya han salido del CATEM-Sur y otros continúan residiendo ahí. Estas personas que residen en el CATEM-Sur pueden salir de las instalaciones y volver nuevamente al CATEM-Sur; pueden usar los baños y el comedor; de igual manera, se les brinda toda la atención que se da en el CATEM-Sur. Se nos indicó por parte de la Policía Migratoria, que ya algunos de ellos tienen trabajo, por lo que salen a trabajar y vuelven en la tarde. (…) Si bien se informó que no se ha permitido el ingreso de alguna organización de la sociedad civil que pueda brindar asistencia legal o acompañamiento a las personas deportadas, se tiene conocimiento que el Servicio Jesuita para Migrantes y American Friends Service Committee, han coordinado horarios de ingreso al CATEM-Sur para ofrecer asesoría jurídica a algunas personas deportadas. Continúa la presencia de Life Support y Cadena, como organizaciones asumiendo la atención en salud. OIM ya no está brindando atención en salud mental, es ahora la ONG de Acción Joven, a cargo de UNICEF. El apoyo es con medicina general, de requerirse atención especializada se hace traslado al centro hospitalario. Se suministra agua potable, de conformidad con los reportes efectuados. Se indica que recientemente como labor de mantenimiento se hizo cambio de los filtros de purificación. Tanto los espacios de dormitorio, áreas comunes y baños se encuentran en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Se continúan entregando kits con implementos sanitarios. (…)”. También manifestó que, al día en que remite el informe, permanecen alojadas 28 personas bajo la condición especial humanitaria, de las cuales 13 de ellas son personas menores de edad.

VI.- SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y LA PROHIBICIÓN DE DETENCIONES ARBITRARIAS COMO REGLA DE IUS COGENS. Tanto la parte recurrente como las coadyuvancias activas coinciden, de forma contundente, en que el corazón de su reclamo radica en la restricción arbitraria de la libertad que se impuso a las personas extranjeras tuteladas. La libertad personal constituye uno de los más preciados y paradigmáticos derechos fundamentales, tanto así que aparece de forma reiterada en los primeros instrumentos históricos de reconocimiento de derechos a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, en la Carta Magna se consignó de la siguiente forma: “XXXIX. Ningún hombre libre será tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o de alguna manera destruido; no Nos dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país.”.

En el moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la primera referencia obligada es la del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”

Por su parte, el artículo 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

“Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”

Asimismo, siempre como parte de las disposiciones propias del Sistema Universal de Derechos Humanos, respecto de la situación particular de las personas menores de edad, debe tomarse en cuenta el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

“Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que:

(…)

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.”

En relación con esta disposición, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General conjunta -con el Comité sobre los Trabajadores Migratorios- No. 4/23, declaró que los niños no deben ser detenidos por motivos relacionados con su situación migratoria, ni la de sus padres, recomendando la adopción de medidas alternativas.

En el mismo orden de ideas, el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 35 detalló que una detención arbitraria se caracteriza por su inadecuación, injusticia, falta de previsibilidad y la violación de las garantías procesales. Que debe prestarse especial atención a la detención de personas especialmente vulnerables, como los solicitantes de asilo y los migrantes, la cual solo debe ocurrir en los casos estrictamente necesarios, cuando esto se pueda establecer en cada caso individual.

Siempre dentro de la dinámica del Sistema Universal de Derechos Humanos, con mandato conferido por el Comité de Derechos Humanos, cabe destacar, con propósitos interpretativos, la labor del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que consiste en investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados.

En esta instancia, la noción de "arbitrario" no se equipara a "contrario a la ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como la inobservancia de las debidas garantías procesales.

En cuanto al Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos contiene la siguiente disposición:

“Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.”

En lo que a ella concierne, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye:

“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.”

En la Opinión Consultiva OC-21/14 la Corte Interamericana determinó que la detención migratoria de personas menores de edad es incompatible con la Convención y con el principio del interés superior del niño.

Además, en la sentencia Vélez Loor contra Panamá, de 23 de noviembre de 2010, se refirió a las detenciones arbitrarias por motivos migratorios, en los siguientes términos:

“107. A diferencia del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales106, la Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en base a las causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida. Por lo tanto, en virtud del principio pro persona, esta garantía debe ser satisfecha siempre que exista una retención o una detención de una persona a causa de su situación migratoria, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal107. Para que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél108 . De igual forma, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria estableció que ¯[t]odo […] inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad‖109. 108. Este Tribunal considera que, para satisfacer la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos110. Toda vez que en relación con esta garantía corresponde al funcionario la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias111, es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.”

(…)

112. La Comisión planteó que la detención del señor Vélez Loor fue arbitraria, desde que se dictó el auto de detención de 12 de noviembre de 2002 hasta que se efectivizó su deportación el 10 de septiembre de 2003. A criterio de la Comisión, la detención únicamente es permisible sobre la base de una evaluación individualizada y para dar cumplimiento a un interés legítimo estatal, ¯como asegurar la comparecencia de una persona al trámite de determinación de estatus migratorio y posible deportación‖. Asimismo, sostuvo que el argumento de la ―amenaza para la seguridad pública‖ sólo podría fundarse bajo ¯circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indicios del riesgo que representa una persona‖. Al respecto, la Comisión señaló que no consta en la decisión de 12 de noviembre de 2002 referencia alguna a ¯la situación individualizada de la [presunta] víctima, a las razones por las cuales procedía la detención y no otra medida menos lesiva, ni a los motivos por los cuales el señor Jesús Vélez Loor implicaba un riesgo para la seguridad o el orden público [por lo que] la detención resultó arbitraria‖. La única motivación de la misma fue indicar que el señor Vélez Loor se encontraba ¯ilegal por razones de ¯seguridad y orden público.

(…)

116. Aún cuando la detención se produzca por razones de ¯seguridad y orden público‖ (supra párr. 114), ésta debe cumplir con todas las garantías del artículo 7 de la Convención. De este modo, no surge en forma clara de la resolución adoptada por la Directora Nacional de Migración cuál era el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida. El mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana119 . Al respecto, la Corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren debidamente fundamentadas120 .”

(…)

118. Consecuentemente, el Tribunal considera que la orden de detención emitida en el presente caso era arbitraria, pues no contenía los fundamentos que acreditaran y motivaran su necesidad, de acuerdo a los hechos del caso y las circunstancias particulares del señor Vélez Loor. Por el contrario, pareciera que la orden de detención de personas migrantes en situación irregular procedía de manera automática tras la aprehensión inicial, sin consideración de las circunstancias individualizadas122 . Por ello, el Tribunal considera que el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Vélez Loor, al haberlo privado de su libertad por el término de 25 días con base en una orden arbitraria.”

En aras de concluir el recuento de la regulación de la libertad personal y la prohibición de las detenciones arbitrarias en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, importa recordar que es pacíficamente aceptado que la prohibición de la detención arbitraria es absoluta, es una norma inderogable del derecho internacional consuetudinario o de ius cogens, en el sentido preciso que le atribuyen los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es decir, de norma imperativa de derecho internacional general, de norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

VII.- EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL DERECHO INTERNO COSTARRICENSE. Ahora bien, en el marco del derecho interno costarricense, nuestra Constitución Política protege igualmente, de forma decisiva la libertad personal. Las disposiciones de las cuales se deriva esta conclusión son las contenidas en los artículos 20 y 37:

“Artículo 20.- Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.”

“Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.”

Pese a que el numeral 37 se enfoca, principalmente, en las restricciones a la libertad producto de infracciones de índole penal, lo cierto es que se ha reconocido, con base en la legislación sobre materia migratoria, la posibilidad de restringirla también por este motivo, partiendo de la posibilidad de ser detenido por parte de una autoridad encargada del orden público. Adicionalmente, ha reconocido la Sala la relación entre el artículo 37 citado y las detenciones por motivos migratorios (v. las sentencias Nos. 2025-8103 de las 9:20 horas del 14 de marzo de 2025, 2025-851 de las 9:20 horas del 10 de enero de 2025, 2024-38479 de las 9:05 horas del 27 de diciembre de 2024 y 2024-30918 de las 9:20 horas del 18 de octubre de 2024).

No obstante, la relevancia de la tutela de la libertad personal en el Derecho de la Constitución nacional se pone de manifiesto también a través de la comprensión integral del andamiaje normativo de la Carta Política, como se explica a continuación. Para comenzar, el artículo 1° declara que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.”. No puede entenderse un régimen republicano y democrático sin presuponer que las personas que se encuentran en su territorio gozan de libertad. Esto, de diversas formas, pero especialmente al existir y hacerse valer valladares contra las privaciones de libertad arbitrarias e injustificadas.

En segundo término, el artículo 28 refuerza la noción de libertad, pues sienta el principio de autonomía de la voluntad o principio de libertad, según el cual las personas no pueden ser inquietadas ni perseguidas por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley, así como que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.”.

Cierra este círculo de defensa de la libertad, el artículo 48, al reconocer que toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad. Esto es, al establecer una garantía jurisdiccional expresa destinada a salvaguardar la libertad.

Cabe agregar, desde el punto de vista de la normativa constitucional y respecto del caso particular que se analiza, que el artículo 19 estatuye que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la Constitución y las leyes establecen, mientras que el numeral 31 dispone que el territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas y que, si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.

En síntesis, existe igualmente una robusta protección, en el Derecho Constitucional, contra las detenciones arbitrarias de las personas extranjeras.

Esta conclusión la ha puesto de manifiesto este Tribunal Constitucional en anteriores decisiones, como la No. 2014-2030 de las 11:22 horas del 14 de febrero de 2014, en la cual se realizaron las siguientes consideraciones:

“III.- SOBRE LAS DETENCIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. En cuanto a las facultades de detención de la Dirección General de Migración y Extranjería, la Ley General de Migración y Extranjería vigente desde el año 2009, dispone en sus artículos 31 y 211:

“Artículo 31.-

Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente:

(…)

5) Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones contempladas en la presente Ley. Para la aplicación de la legislación migratoria, este derecho podrá ser limitado bajo los siguientes supuestos y condiciones de carácter excepcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa:

a) Aprehensión cautelar por un máximo de veinticuatro horas, para efectos de verificar su condición migratoria. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y bajo resolución justificada y emitida por el director general. Confirmada la infracción migratoria y al descartase otra medida menos gravosa, la Dirección General deberá dictar el procedimiento de deportación.

b) Una vez resuelta la identificación de la persona extranjera, por parte del consulado de su país de origen, la detención administrativa no podrá exceder el plazo máximo de treinta días naturales y en dicho término deberá ejecutarse la deportación dictada. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y justificadas por parte de la Dirección General.

c) En caso de detención administrativa, la persona extranjera tendrá derecho a permanecer durante el período de aprehensión en un lugar que cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, así como las especificidades de género, generacional o discapacidad.”

“Artículo 211.-

La Dirección General, durante la tramitación del procedimiento administrativo, podrá acordar la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares:

1) Presentación y firma periódica ante las autoridades competentes.

2) Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los tiempos y plazos establecidos en la presente Ley.

3) Caución.

4) Decomiso temporal de documentos.

5) Detención domiciliaria.

Las medidas cautelares dictadas por la Dirección General podrán ser impugnadas en los términos previstos en el artículo 194 de esta Ley.”

También la jurisprudencia de esta Sala ha validado la existencia de un régimen de detención específico para ser aplicado a las personas extranjeras indocumentadas y que no puedan demostrar su estatus migratorio, tal y como se extrae entre muchas de las sentencias números 2000-11076 de las 9:08 horas del 15 de diciembre del 2000 y 2000-002459 de las 15:48 horas del 21 de marzo del 2000); 7366-99 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, reiterada por resolución 2009-003648 de las 16:03 horas del 4 de marzo del 2009).

IV- Estudio del caso concreto.- El elenco de hechos probados en este caso permite concluir que el 19 de enero del 2014 la amparada ingresó al Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular y que mediante resolución número DG-030-2014-CATECI de las 11:40 minutos del 19 de enero del 2014 la Dirección General de Migración y Extranjería indicó que los extranjeros procedentes de Colombia, requieren como requisito para su ingreso a nuestro país la visa consular y se les otorga una permanencia máxima de 30 días naturales, de modo que la permanencia de la amparada resulta ilegal al no cumplir con tales requisitos. También se tiene por comprobado que los Sistemas Informáticos de la Dirección General de Migración y Extranjería no registran ingreso legal de la amparada a Costa Rica. De todo lo anterior, se desprende que la amparada en este recurso de hábeas corpus carece de una condición migratoria válida para permanecer legalmente en Costa Rica y desde ese punto de vista las autoridades recurridas de la Dirección General de Migración han procedido apropiadamente al someterla al procedimiento de deportación abierto en su contra.- Pero también resulta incontrovertible que tal situación migratoria irregular de la amparada no la priva de sus derechos esenciales, tal y como expresamente se dispone en el propio artículo 31 de la Ley de Migración y Extranjería. Entre ellos destaca el derecho al debido proceso, -citado expresamente en dicha norma- pero además –y para lo que interesa concretamente en este caso- la amparada cuenta con el incuestionable derecho a no ser privada de su libertad de manera arbitraria y a que, en lo que a ese extremo específico se refiere, el poder público se conduzca al estricto tenor del principio de legalidad y de las disposiciones legales y constitucionales pertinentes; se trata, en resumen, del derecho de la amparada a la vigencia y aplicación efectivas de las garantías que caracterizan a un Estado Constitucional de Derecho. Tales nociones se tornan críticas en el presente asunto pues la amparada ha sido privada de su libertad por una autoridad administrativa y al margen de las exigencias del artículo 37 Constitucional en cuanto a la necesaria intervención de un juez que revise lo actuado por la Administración. Esto, aunque justificado por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, obliga a un escrutinio más riguroso de la orden de detención, el cual no puede limitarse a la verificación mecánica de la condición irregular del foráneo y de la emisión formal de una orden de aprehensión, sino que debe profundizar tanto en la forma como en los motivos y justificación de esa privación de libertad; más aún cuando el propio legislador, a través los artículos 31 y 211 de la Ley de Migración recién citados, ha reconocido la titularidad de los derechos y garantías constitucionales a las personas extranjeras, la excepcionalidad de la medida detención administrativa y, consecuentemente con lo anterior, un margen de discreción a las autoridades competentes, que se concreta en el abanico de opciones establecido en el numeral 211 que cita la autoridad recurrida, y que abre precisamente un margen para evitar en lo posible la detención.

V.- Ese marco normativo, aunado al aminoramiento de garantías reseñado brevemente, amalgaman un deber para este Tribunal -en su papel de órgano de la jurisdicción de la libertad- de velar para que la privación de libertad –como la más grave medida de vinculación al proceso de deportación- sea debidamente fundada y, en particular, que se expongan y justifiquen las razones por las que se ordena la detención, en vez de la aplicación de las demás opciones dispuestas por el legislador. Bajo tales parámetros, observa el Tribunal que la amparada fue detenida por resolución número DG-030-2014-CATECI de las 11:40 minutos del 19 de enero del 2014 de la Dirección General de Migración y Extranjería, y en dicha resolución se afirma escuetamente en su considerando tercero:

“TERCERO: Que en ese sentido, en el caso particular la señora de apellidos Barrera Bohórquez, de nombre Mirtha Jeaneth, se concluye que producto de la forma en que ingresó y permanece en el país, se generan elementos de convicción bajo parámetros de lógica y razonabilidad, de tomar las medidas pertinentes para asegurar la presencia del citado extranjero en la tramitación del procedimiento correspondiente.”

Tal es el único ejercicio de fundamentación y valoración para ordenar la detención administrativa, sin que se emita ningún razonamiento del porqué la forma de ingreso y la permanencia ilegal conducen, necesariamente, al dictado de una detención en perjuicio de la amparada, y menos aún se exponen las razones para no aplicar alguna o algunas de las otras medidas establecidas en el artículo 211 de la Ley de Migración, ni se exponen tampoco los motivos por los que solamente resultará efectiva en este caso la medida más excepcional y más aflictiva de las recogidas por el legislador.- En ese sentido, la Administración ha omitido motivar y fundamentar su resolución, como obligación derivada del debido proceso y del derecho de defensa, los cuales implican exponer en la resolución los elementos de juicio valorados, los elementos de hecho y derecho y su valoración, así como también la importancia mucha o poca de los trámites realizados en torno a las gestiones que haya presentado la tutelada. Quizá todos estos cuestionamientos tengan una respuesta clara y patente para la autoridad administrativa, ya sea con vista de otros elementos en el expediente o frente a su experiencia institucional o bien por otras razones, pero ninguna de ellas quedó plasmada en la citada resolución por lo que la detención administrativa ordenada resulta arbitraria e inaceptable por infundada y corresponde por ello mismo declarar con lugar el recurso en cuanto a este punto y dejar sin efecto la resolución DG-030-2014-CATECI de las 11:40 minutos del 19 de enero del 2014 con todas sus consecuencias en orden a la libertad de la amparada. Igualmente, junto con esta decisión, procede ordenarle a la Administración que disponga la vinculación al proceso de deportación de la persona favorecida con este recurso, a través de la imposición de alguna o algunas de las otras medidas de menor contención contempladas en el artículo 211 de la Ley General de Migración y Extranjería.” (el énfasis es agregado)

En igual sentido se pronunció la Sala en la sentencia No. 2014-2717 de las 16:00 horas del 26 de febrero de 2014:

“III.- SOBRE LAS DETENCIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. En cuanto a las facultades de detención de la Dirección General de Migración y Extranjería, la Ley General de Migración y Extranjería vigente desde el año 2009, dispone en sus artículos 31 y 211:

“Artículo 31.-

(…)

“Artículo 211.-

La Dirección General, durante la tramitación del procedimiento administrativo, podrá acordar la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares:

1) Presentación y firma periódica ante las autoridades competentes.

2) Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los tiempos y plazos establecidos en la presente Ley.

3) Caución.

4) Decomiso temporal de documentos.

5) Detención domiciliaria.

Las medidas cautelares dictadas por la Dirección General podrán ser impugnadas en los términos previstos en el artículo 194 de esta Ley.”

IV.- ANTECEDENTE: Esta Sala en resolución 2014-02030 de las 11:22 horas del 14 de febrero del 2014 analizó el tema de las detenciones y la aplicación de medidas cautelares por parte de la Dirección General de Migración, según lo establecen los artículos 31 y 211 de la Ley General de Migración y Extranjería. En esa resolución se enfatiza que las personas extranjeras en situación migratoria irregular mantienen sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la libertad, por lo que no pueden ser privados de libertad de forma arbitraria, por el contrario se deben aplicar las garantías de un Estado Constitucional de Derecho, cumpliendo las exigencias del artículo 37 Constitucional. De ahí que las detenciones administrativas se deben aplicar de forma excepcional y debidamente fundamentada de conformidad con los artículos 31 y 211 de la Ley de Migración.

V.- ESTUDIO DEL CASO CONCRETO: El elenco de hechos probados en este caso permite concluir que el 19 de enero del 2014 la amparada ingresó al Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular y que mediante resolución número DG-031-2014-CATEI de las 11:48 horas del 19 de enero del 2014, la Dirección General de Migración y Extranjería indicó que los extranjeros procedentes de Colombia, requieren como requisito para su ingreso a nuestro país la visa consular y se les otorga una permanencia máxima de 30 días naturales, de modo que la permanencia de la amparada resulta ilegal al no cumplir con tales requisitos. También se tiene por comprobado que los Sistemas Informáticos de la Dirección General de Migración y Extranjería no registran ingreso legal de la amparada a Costa Rica. De todo lo anterior, se desprende que la amparada en este recurso de hábeas corpus carece de una condición migratoria válida para permanecer legalmente en Costa Rica y desde ese punto de vista las autoridades recurridas de la Dirección General de Migración han procedido apropiadamente a someterla al procedimiento de deportación abierto en su contra.

VI.- Que la resolución número DG-031-2014-CATEI de las 11:48 horas del 19 de enero del 2014 de la Dirección General de Migración y Extranjería, establece en el considerando tercero, lo siguiente:

“TERCERO: Que en ese sentido, en el caso particular la señora [NOMBRE 02], se concluye que producto de la forma en que ingresó y permanece en el país, se generan elementos de convicción bajo parámetros de lógica y razonabilidad, de tomar las medidas pertinentes para asegurar la presencia del citado extranjero en la tramitación del procedimiento correspondiente.”

De la lectura del considerando transcrito la Sala concluye que la resolución administrativa de cita lesiona la libertad, el debido proceso y el derecho de defensa de la amparada. Nótese que la resolución omite explicar las razones por las cuales se debe ordenar la detención y porque no se pueden aplicar alguna o algunas de las otras medidas establecidas en el artículo 211 de la Ley de Migración. No se analiza porque la forma de ingreso y la permanencia ilegal exigen su detención. Aunado a lo anterior, la falta de elementos de juicio valorados, de elementos de hecho y derecho y su valoración menoscaba su derecho de defensa al no poderlos impugnar en una segunda instancia. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso al verificarse que la detención administrativa ordenada es arbitraria, y por ende lo procedente es dejar sin efecto la resolución número DG-031-2014-CATEI de las 11:48 horas del 19 de enero del 2014, la Dirección General de Migración y Extranjería. Igualmente, junto con esta decisión, procede ordenarle a la Administración que disponga la vinculación al proceso de deportación de la persona favorecida con este recurso, a través de la imposición de alguna o algunas de las otras medidas de menor contención contempladas en el artículo 211 de la Ley General de Migración y Extranjería.” (el destacado es propio)

Además, la resolución No. 2017-005323 de las 10:00 horas del 7 de abril de 2017 se fundamentó en esa misma dirección:

“V.- Caso concreto.- Partiendo de lo externado en los considerandos anteriores, se concluye que las autoridades migratorias costarricenses, tienen la potestad de detener administrativamente a los extranjeros (as) que carezcan de un estatus migratorio y por ello su permanencia en el país sea ilegal. Además, también es cierto, que la sola existencia de un vínculo matrimonial, no puede suponer la derogación singular de las normas legales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. En consecuencia, estos alegatos planteados por la recurrente deben ser desestimados. Sin embargo, y en otro orden de ideas, es importante indicar que este Tribunal, ha venido indicando que es obligación de las autoridades migratorias, al momento de ordenar la detención de un extranjero que se encuentre en condición irregular, realizar un escrutinio más riguroso de la orden de detención, la cual no puede limitarse a la mera verificación mecánica de la condición irregular, del extranjero y de la emisión formal de una orden de aprehensión, sino que se debe profundizar tanto en la forma, como en los motivos y justificación de esa privación de libertad, sobre todo cuando el propio legislador, en los artículos 31 y 211 de la Ley General de Migración y Extranjería vigente, ha reconocido la titularidad de los derechos y garantías constitucionales a las personas extranjeras, la excepcionalidad de la medida de aprehensión administrativa y un abanico de opciones sustitutivas a la privación de libertad. Lo anterior obliga a este Tribunal a velar porque este tipo de restricciones a ese derecho, sean debidamente fundamentadas y justifiquen las razones por las cuales se ordena.

VI.- Bajo esta tesis, debe tenerse presente que la detención debe disponerse sólo cuando resulta absolutamente indispensable para asegurar los fines del procedimiento migratorio y debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Y considera la Sala que en el caso concreto, la detención del tutelado no se encuentra justificada, pues en la resolución de detención administrativa número DG-157-2017-CATECI del 22 de marzo de año en curso, se indica de manera escueta, que “…Analizados los elementos que constan en el expediente del señor Stubbs… no se consigna ingreso por un puesto migratorio habilitado, así como ningún trámite tendiente a regularizar su situación migratoria, no cuenta con arraigo en el territorio nacional o algún otro elemento que pudiera facilitar la aplicación de otra medida cautelar menos gravosa, además consta, …, que al extranjero se le canceló su condición migratoria legal de Residente Temporal como Rentista,…, lo que se consideran elementos suficientes de razonabilidad, para determinar que lo pertinente es adoptar la medida de aprehensión administrativa contra el extranjero…” Tal y como se desprende de la cita anterior, esa es la única fundamentación y valoración que hizo la Dirección General de Migración y Extranjería para ordenar la detención administrativa del tutelado. Es decir, ordena la detención del tutelado, sin explicar las razones por las cuales no era procedente aplicar alguna o algunas de las otras medidas establecidas en el artículo 211 de la Ley citada y que son sustitutivas a la privación de libertad, pero que bien podrían haber sujetado a este extranjero al proceso correspondiente. Por otro lado, llama la atención que las autoridades migratorias indiquen que “el tutelado no ha realizado ningún trámite tendiente a regularizar su situación migratoria”, si de los autos se extrae, que estuvo legal en el país y con una condición de Residente Temporal como Rentista, hasta el 15 de marzo del año en curso, cuando se le notificó la decisión del Tribunal Administrativo Migratorio de cancelarle dicha condición y eso ocurrió tan solo 4 días hábiles antes de que se fuera aprehendido. Adicionalmente, se extrae de la resolución DG-157-2017-CATECI, en cuestión, que los recurridos mencionan que el tutelado no tiene arraigo en el territorio nacional, pero no indican qué razones o pruebas los llevan a esa conclusión, y no se analiza, ni justifica, porqué el tiempo de vivir en Costa Rica, la condición de Residente Temporal Rentista por 8 años, o el matrimonio que señala tener el tutelado con costarricense, no son argumentos válidos para acreditar este arraigo. En virtud de lo expuesto, este Tribunal concluye que la Administración ha omitido motivar y fundamentar debidamente su decisión de aprehender al tutelado en el Centro de Aprehensión de Extranjeros en Condición Irregular, en lugar de haberle dictado una medida menos gravosa, a pesar de que tenía tal obligación como garantía del debido proceso y del derecho de defensa. En vista de que ninguna de las razones que pudo haber tenido la Administración para ordenar esa medida tan gravosa en lugar de otra sustitutiva, esta adecuadamente fundada en la resolución que la ordenó, se estima que la detención dispuesta y ejecutada en contra del tutelado, ha sido arbitraria, por lo que, procede declarar estimar el recurso, en cuanto a este extremo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva. Es importante señalar que no consta en el expediente evidencia alguna de que exista solicitud de extradición, o bien alguna orden judicial de detención contra el tutelado.” (lo subrayado no es del original)

Téngase en cuenta, además, que las sentencias que se han repasado parten de un presupuesto simple pero medular, derivado de los artículos 19 constitucional y el 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: son normas de rango legal las que han diseñado una serie de condiciones y supuestos que autorizan a las autoridades migratorias costarricenses a restringir la libertad personal de las personas extranjeras, por medio de una resolución debidamente fundamentada. Con otras palabras, es la ley, a partir del precepto 19 de la Constitución, la que puede válidamente establecer diferencias de trato -excepciones y limitaciones- para las personas foráneas; y es la ley la que debe fijar las causas y procedimientos por los cuales las personas pueden ser privadas de su libertad, según lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

VIII.- SOBRE LA DETENCIÓN Y LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS TUTELADAS. La primera pretensión del recurrente en este recurso consiste en: “(…) ordenar la inmediata libertad para la totalidad de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos hacia Costa Rica en el transcurso de febrero, en un número de al menos 200 individuos, sin perjuicio de que puedan ser más, y que si desean permanecer en el CATEM lo hagan de manera voluntaria y sin restricciones de tránsito de ningún tipo.” Después de analizar los variados y abundantes elementos probatorios aportados, este Tribunal confirma la lesión a los derechos fundamentales de las personas tuteladas respecto a su libertad personal. En el sub lite consta que mediante resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de febrero de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería autorizó el ingreso de 200 personas, en dos grupos, 79 de ellas son personas menores de edad, deportados de los Estados Unidos de América. Lo anterior, mediante excepcionalidad por razones humanitarias, con el fin de retornar a sus diferentes países de origen o a un tercer país que los reciba. Como consecuencia, consta que el 20 de febrero de 2025, ingresaron a Costa Rica dos grupos de extranjeros, para un total de 200 personas, de los cuales 79 de ellas son personas menores de edad, de distintas nacionalidades. Dichas personas, provenientes de los Estados Unidos de América, fueron deportados y llegaron a Costa Rica como tránsito para regresar a su país de origen o un tercer país según cada caso en concreto, previa valoración. Son nacionales de los siguientes países: “CHINA, ARMENIA, UZBEKISTAN, TURKIA, RUSSIA, AFGHANISTAN, VIETNAM, GEORGIA, JORDANIA, KAZAJISTAN, IRAN, GHANA, KIRGUISTAN, CONGO, NEPAL, YEMEN, ANGOLA, INDIA, PAKISTAN, TAJIKISTAN”. Muchas de las nacionalidades de esos países pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, por tanto la resolución emitida guarda una correlación legal con la normativa migratoria vigente, estableciendo un escenario restrictivo o delimitado. La resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, indicó que la permanencia podrá ser autorizada por una única vez y tendrá validez por un plazo de treinta días naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del país. Sin embargo, se agregó que “la Policía Profesional de Migración podrá prorrogar de manera excepcional dependiendo del caso en concreto para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional”. Se consideró que la autorización de permanencia es en el CATEM Sur, y al tener ese proceso un fin de tránsito por nuestro país se estimó fundamental tener ubicadas a estas personas para acelerar el proceso de continuación de viaje. En el anterior motivo y en el riesgo de inseguridad, así como la posibilidad de ser captados por redes criminales de tráfico ilícito de migrantes, justificaron las autoridades accionadas la restricción a la libertad personal que se ha tenido por demostrada. Por otra parte, las autoridades migratorias recurridas aseguraron que al momento del ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas se les explicó que se les concedería permisos para salir a supermercados o farmacias, pero escoltados por la Policía Migratoria para velar por su seguridad y reingreso al CATEM Sur. Adicionalmente, los pasaportes y documentos de cada una de las personas tuteladas fueron entregados a las autoridades de la Policía de Migración en Paso Canoas, quienes les aplicaron la medida cautelar de Decomiso Temporal de Documentos, emitiéndose un acta de cada pasaporte retenido, los cuales se depositaron en resguardo en una caja fuerte en la Coordinación Policial de Paso Canoas, para asegurar el no extravío de estos documentos y que no generen atrasos en los procesos que se llevan por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas -ver informes aportados el 17 de marzo y 11 de abril de 2025-. Por otra parte, se observa que mediante resolución D.JUR-0102-03-2025-JM del 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería, prorrogó por un mes la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, con la cual se autorizó el ingreso excepcional, la permanencia transitoria y la documentación de personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América. Según indicó el director accionado, al 20 de marzo de 2025, de las 200 personas que ingresaron a Costa Rica procedentes de Estados Unidos de América, 74 habían abandonado el territorio nacional, 28 de éstas personas se encuentran en fase de salida, bajo la coordinación con las diferentes embajadas para la debida compra de boleto y espera de su próximo viaje, y 98 que aún se encuentran a la espera de iniciar el proceso debido a sus nacionalidades y las diversas consultas en razón de los diversos requerimientos de visas y demás requisitos de tránsito o paso que solicitan los diferentes Estados. Al 20 de junio de 2025 quedaban solamente 28 personas. Por otra parte, por medio de resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril de 2025 -publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025-, la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizó la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de la totalidad de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento del procedimiento especial migratorio por razones humanitarias por el plazo de tres meses, disponiéndose que, las personas beneficiaras de dicha normalización migratoria temporal podrán estar en Costa Rica y salir del CATEM-SUR si así lo consideran, aunque, también, se les permitirá continuar en el CATEM-SUR si esa es su voluntad. En el dato más reciente suministrado por la dirección recurrida, del 19 de mayo de 2025, se encontraban aún en el CATEM 56 personas, 2 de ellas con solicitud de refugio, las demás con condición especial humanitaria. Asimismo, de las 56 personas 24 son menores de edad.

En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias. Al respecto, el director a.i. y el coordinador policial de la Policía Profesional de Migración de Paso Canoas, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería, indican que, al momento del ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas se les explicaron que se les concederían permisos para salir a supermercados o farmacias, según sea la necesidad que requieran, pero escoltados por la Policía Migratoria para velar por su seguridad y reingreso al CATEM Sur. A su vez, indicaron que al llegar al CATEM Sur, los pasaportes y documentos de cada una de las personas amparadas fueron entregados a las autoridades migratorias, quienes les aplicaron la medida cautelar de Decomiso Temporal de Documentos, emitiéndoles un Acta de cada pasaporte retenido, los cuales se depositaron en resguardo en una caja fuerte en la Coordinación Policial de Paso Canoas.

Nótese que en los precedentes supra citados de este Tribunal se estableció que las personas extranjeras no pueden ser detenidas arbitrariamente, debiendo entenderse tal restricción al poder público en el sentido de que la correspondiente resolución debía ajustarse a Derecho, encontrarse debidamente fundamentada y respetar los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Y esos precedentes se adoptaron a propósito de personas que habían ingresado voluntariamente al país en condición irregular o que habían perdido su estatus migratorio por falta administrativa. A fortiori tales consideraciones son plenamente aplicables a las circunstancias y personas tuteladas en este recurso, quienes fueron recibidas de forma voluntaria por el país.

No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso.

En cuanto al dictado de la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril de 2025 -publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de abril de 2025-, dispuso ese acto lo siguiente:

“RESOLUCIÓN D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San José, a la hora y fecha que indica el certificado de firma digital. Se autoriza la normalización migratoria de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento de un procedimiento especial.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que la Ley General de la Administración Pública N°6227 en sus artículos 4 y 269 indica respectivamente que la “…actividad de los entes públicos deberá estar sujeta a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, eficiencia y adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen …”, y que la “…actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia…” y que las “autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento”.

SEGUNDO: Que el artículo 1 de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, del 19 de agosto de 2009, establece -en lo que interesa - que el ingreso y permanencia de las personas extranjeras en territorio nacional, debe analizarse a la luz de la Constitución Política y de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

TERCERO: Que el numeral 2 de la Ley General de Migración y Extranjería declara que la materia migratoria es de interés público para el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad pública.

CUARTO: Que el artículo 12 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que la Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano del Ministerio de Gobernación y Policía competente para la ejecución de las funciones que establece esa ley y la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo.

QUINTO: Que el artículo 13 de la Ley General de Migración y Extranjería establece las funciones de la Dirección General, indicando en sus incisos 1), 13), 19) y 36 que le corresponde a esta Administración autorizar y fiscalizar la permanencia de las personas extranjeras en el país, ejecutar la política migratoria de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal de personas extranjeras y resolver discrecionalmente y de manera motivada, los casos cuya especificidad deban ser resueltos de manera distinta de lo señalado por la tramitología general.

SEXTO: Que la Ley General de Migración y Extranjería en su artículo 44 establece que no se admitirá el ingreso al país de las personas extranjeras que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios en el momento de la inspección de control migratorio, excepto en aquello casos que mediante resolución fundamentada del director general lo autorice por mediar razones humanitarias.

SÉTIMO: Que el artículo 71 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que esta Dirección General “…podrá determinar procedimientos especiales y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Esta disposición también será aplicable a las personas indígenas transfronterizas. Dichos procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se determinarán mediante resolución fundada emitida por tal Dirección.”

OCTAVO: Que el Reglamento de Extranjería en su artículo 135 dispone que se considera razón humanitaria cualquier “circunstancia en la que se encuentra una persona extranjera con alto grado de vulnerabilidad en detrimento de su condición de persona humana”.

NOVENO: Que la Política Migratoria Integral (2024-2034), aprobada por medio del Decreto Ejecutivo N°44385- MGP, publicado en la Gaceta 47 del 12 de marzo de 2024, establece la competencia y responsabilidad del Estado para la formulación e implementación de la política migratoria del país y tiene como objetivo general promover acciones, estrategias y mecanismos de gestión interinstitucional a nivel nacional y local, que reconozcan la realidad del fenómeno migratorio y garanticen el respeto a los derechos humanos y la cohesión social de las personas migrantes, la seguridad nacional y la sostenibilidad del Estado social de derecho.

DÉCIMO: Que en razón de la política migratoria adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en la actualidad ese país tramita un gran número de deportaciones de personas que residen de forma irregular en su territorio.

DÉCIMO PRIMERO: Que conforme a negociaciones realizadas entre los Gobiernos, Costa Rica aceptó recibir personas extranjeras que serán deportadas de los Estados Unidos de América, con el fin de que se materialice su retorno a los respectivos países de origen o destino final.

DÉCIMO SEGUNDO: Que entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica se formalizó un acuerdo diplomático para que doscientas personas de diferentes nacionalidades ingresaran a nuestro país en condición de tránsito, mientras la Organización de Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tramitan y gestionan su traslado, ya sea a su país de origen o bien a un tercer país. En la actualidad, de las doscientas personas migrantes que fueron deportadas por los Estados Unidos de América se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes un total de noventa y cuatro personas migrantes, puesto que las restantes han salido del país mediante el programa denominado “Retorno Voluntario Asistido” (RVA) de la OIM y otras se encuentran en el país al haber solicitado la condición de refugio.

DÉCIMO TERCERO: Que realizando una integración del derecho, concretamente las normas de nuestra Constitución Política, los instrumentos internacionales referidos y la legislación migratoria vigente, la Dirección General dictó las resoluciones número D.JUR-0057-02-2025-JM publicada en el Alcance 22 a La Gaceta 32 del 18 de febrero de 2025, D.JUR-0073-02-2025-JM publicada en el Alcance 28 a La Gaceta 40 del 28 de febrero de 2025 y D.JUR-0102-03-2025-JM publicada en el Alcance 39 a La Gaceta 53 del día 18 de marzo de 2025, mediante las cuales se ha autorizado la permanencia legal en el país por tránsito, a las personas migrantes que fueron deportadas desde los Estados Unidos de América, por lo que hasta la fecha han permanecido en el país en forma regular.

DÉCIMO CUARTO: Que las personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos de América que actualmente se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona Sur, no han manifestado intensiones de acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitar la condición de refugio, por lo que es responsabilidad de esta Dirección General establecer condiciones que permitan su normalización migratoria temporal en una forma más estable que la regulada en las resoluciones señaladas en el resultando anterior.

DÉCIMO QUINTO: Que en el dictado de la presente resolución se ha observado el fundamento jurídico aplicable y los procedimientos de ley.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En virtud de que una importante cantidad de personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos de América aún se mantienen en nuestro país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes y no han manifestado intensiones (sic) de acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitado la condición de refugio, esta Dirección General ha decidido establecer condiciones que permitan su normalización migratoria en una forma más amplia que la regulada en las resoluciones señaladas en el resultando décimo tercero, de conformidad con los abundantes compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos de las personas migrantes.

SEGUNDO: Nuestra legislación previó de forma anticipada situaciones como la que ahora debe afrontarse, mediante la regulación legal excepcional de un procedimiento especial para la normalización migratoria en el país de personas extranjeras que no puedan cumplir con los requisitos que ordinariamente exige la legislación migratoria. Esta determinación es de carácter totalmente excepcional adoptada como respuesta a la situación extraordinaria y singular que ahora nos ocupa, lo que implica adoptar decisiones relevantes pero inusuales, para regular situaciones humanas que requieren de atención prioritaria por parte del Estado.

POR TANTO:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, de conformidad con los artículos 4 y 269 de la Ley General de la Administración Pública N°6227; 1, 2, 12, 13 incisos 1), 13), 19), 23) y 36), 14, 44, 66, 71 segundo párrafo y 138 inciso 7) de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764 y demás normativa dispuesta anteriormente; se resuelve:

PRIMERO: Normalización Migratoria. Autorizar la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de la totalidad de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento del procedimiento especial que se dispone en la presente resolución administrativa.

SEGUNDO: Confección de expedientes. Una vez publicada la presente resolución, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) confeccionará los expedientes de cada persona migrante relativos a este procedimiento especial, los cuales deberán contener como mínimo: A) Copia de la página principal de documento de viaje de la persona, aun en caso de que se encuentre vencido. En caso de no poder aportar este requisito, se podrá aportar copia del manifiesto de vuelo en el que se le incluyó cuando ingresó a Costa Rica proveniente de los Estados Unidos de América, así como una manifestación rendida bajo fe de juramento sobre su identidad real (nombre y apellidos, país de nacimiento, fecha de nacimiento y nombre y apellidos de los padres). En caso de que las personas no cuentan con documento de viaje, se podrá incluir en el expediente además de la declaración jurada indicada, la copia de cualquier documento de identificación que la persona porte, emitido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. La PPM podrá solicitar la coadyuvancia de la OIM para el levantamiento de estos expedientes, así como la traducción o interpretación al idioma español de cualquier documento que deba ser incluido y que requiera de esa formalidad, o la traducción necesaria para lograr una comunicación adecuada con aquellas personas migrantes que no hablan el idioma español, con la colaboración de la misma OIM o de otras agencias internacionales. B) Los resultados de las consultas biométricas que se realicen. C) La revisión de antecedentes penales en Costa Rica a través de los medios electrónicos establecidos en virtud de convenios de cooperación institucional suscritos entre esta Administración y el Poder Judicial, las consultas a sistemas de Interpol u otras consultas internacionales que se realicen con el fin de verificar que la persona beneficiaria no cuente con registro de antecedentes penales. D) Copia de la presente resolución debidamente publicada. E) Los documentos indicados en el acápite tercero y cuarto de la parte dispositiva de esta resolución, así como cualquier otro documento que se considere de importancia para el proceso.

TERCERO: Resolución. Levantados los expedientes, la PPM emitirá una resolución individual para cada persona beneficiaria de este proceso de normalización migratoria en la que se autorice la emisión del documento de regularización migratoria, previo pago a través de entero bancario de lo siguiente: 1) La suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 253 de la Ley 8764 y 2) La suma de veinticinco dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$25,00) o su equivalente colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 33 inciso 4) de la Ley 8764. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona beneficiaria, lo cual se deberá de hacer en presencia de un testigo como mínimo, debiéndose levantar la respectiva acta. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. Los pagos a los que hace referencia la presente disposición podrán ser realizados por organismos de Cooperación Internacional, u otras organizaciones sin fines de lucro que deseen coadyubar en este proceso, en virtud de la condición humanitaria de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria, no obstante, los depósitos que a estos efectos se realicen deben efectuarse individualmente a nombre de cada persona beneficiaria con el fin de poder darle trazabilidad a los pagos. Adicionalmente, según las disposiciones legales vigentes en materia tributaria, de así considerarlo pertinente el Ministerio de Hacienda, ente rector en dicha materia, partiendo precisamente de esas condiciones humanitarias que revisten el presente proceso de normalización migratoria, podría eventualmente gestionarse una exoneración de dichos pagos conforme a las normas, procesos y disposiciones vigentes al respecto.

CUARTO: Documentación. Verificados los pagos de ley a los que hace referencia el acápite anterior, la PPM procederá con la entrega del respectivo documento a cada persona migrante. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse.

QUINTO: Condiciones. La normalización migratoria regulada en la presente resolución se regirá por las siguientes condiciones: A) Conforme lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Migración y Extranjería, si al realizar la revisión de consultas biométricas o antecedentes penales se determina que alguna de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria cuenta con antecedentes de ese tipo, la autorización quedará automáticamente cancelada, debiendo la PPM iniciar los procesos migratorios correspondientes para que la persona haga abandono del territorio nacional conforme a la normativa vigente. B) Los beneficios que otorga ese documento de normalización migratoria será la posibilidad de permanecer en el país por un periodo de 3 meses con posibilidad de una eventual prórroga por un periodo igual, en caso de así definirlo esta Dirección General mediante resolución debidamente motivada, transcurridos los cuales la persona migrante deberá egresar del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria. C) Las personas beneficiadas con esta permanencia legal podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal, pero en todo momento deberán respetar y cumplir las regulaciones internas de ese centro que serán establecidas por la PPM. D) Las personas beneficiadas con esta normalización migratoria podrán egresar del país cuando así lo deseen y podrán coordinar con la O IM en casos de que quieran acogerse al programa "Retorno Voluntario Asistido" (RVA). Si la persona migrante beneficiaria de este proceso egresa del país bajo cualquier circunstancia, el permiso autorizado mediante la presente resolución quedará cancelado automáticamente. E) La autorización de permanencia que regula la presente resolución queda sujeta a que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera realice actos o conductas como las indicadas, la PPM revocará de manera automática el permiso otorgado y procederá con los procedimientos legales correspondientes según la normativa migratoria aplicable. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona migrante beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten una migración contraria a la ley. F) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita. G) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes.

SEXTO: Procedimiento ordinario de refugio. Las personas migrantes que desean aplicar por la categoría migratoria de refugio deberán optar por los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación vigente.

SÉTIMO: Entrada en vigencia. Rige a partir de su suscripción. Publíquese.”

Resolución de la cual se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Un grupo importante de personas ya salió de Costa Rica a través de algunas de las vías explicadas en los informes rendidos ante la Sala (retorno voluntario a su país o reubicación en un tercer país).

Otro grupo aún permanece en Costa Rica, pero no ha manifestado intenciones de acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitado la condición de refugio. Respecto de estas personas se está autorizando la normalización migratoria temporal por razones humanitarias, mediante el establecimiento del procedimiento especial regulado en la misma resolución. Tal procedimiento consistiría en lo siguiente:

Confección de expedientes. Una vez publicada la presente resolución, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) confeccionará los expedientes de cada persona migrante relativos a este procedimiento especial, los cuales deberán contener como mínimo: A) Copia de la página principal de documento de viaje de la persona, aun en caso de que se encuentre vencido. En caso de no poder aportar este requisito, se podrá aportar copia del manifiesto de vuelo en el que se le incluyó cuando ingresó a Costa Rica proveniente de los Estados Unidos de América, así como una manifestación rendida bajo fe de juramento sobre su identidad real (nombre y apellidos, país de nacimiento, fecha de nacimiento y nombre y apellidos de los padres). En caso de que las personas no cuentan con documento de viaje, se podrá incluir en el expediente además de la declaración jurada indicada, la copia de cualquier documento de identificación que la persona porte, emitido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. La PPM podrá solicitar la coadyuvancia de la OIM para el levantamiento de estos expedientes, así como la traducción o interpretación al idioma español de cualquier documento que deba ser incluido y que requiera de esa formalidad, o la traducción necesaria para lograr una comunicación adecuada con aquellas personas migrantes que no hablan el idioma español, con la colaboración de la misma OIM o de otras agencias internacionales. B) Los resultados de las consultas biométricas que se realicen. C) La revisión de antecedentes penales en Costa Rica a través de los medios electrónicos establecidos en virtud de convenios de cooperación institucional suscritos entre esta Administración y el Poder Judicial, las consultas a sistemas de Interpol u otras consultas internacionales que se realicen con el fin de verificar que la persona beneficiaria no cuente con registro de antecedentes penales. D) Copia de la presente resolución debidamente publicada. E) Los documentos indicados en el acápite tercero y cuarto de la parte dispositiva de esta resolución, así como cualquier otro documento que se considere de importancia para el proceso.

Resolución. Levantados los expedientes, la PPM emitirá una resolución individual para cada persona beneficiaria de este proceso de normalización migratoria en la que se autorice la emisión del documento de regularización migratoria, previo pago a través de entero bancario de lo siguiente: 1) La suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 253 de la Ley 8764 y 2) La suma de veinticinco dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$25,00) o su equivalente colones al tipo de cambio de referencia "venta" correspondiente al artículo 33 inciso 4) de la Ley 8764. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona beneficiaria, lo cual se deberá de hacer en presencia de un testigo como mínimo, debiéndose levantar la respectiva acta. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse. Los pagos a los que hace referencia la presente disposición podrán ser realizados por organismos de Cooperación Internacional, u otras organizaciones sin fines de lucro que deseen coadyubar en este proceso, en virtud de la condición humanitaria de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria, no obstante, los depósitos que a estos efectos se realicen deben efectuarse individualmente a nombre de cada persona beneficiaria con el fin de poder darle trazabilidad a los pagos. Adicionalmente, según las disposiciones legales vigentes en materia tributaria, de así considerarlo pertinente el Ministerio de Hacienda, ente rector en dicha materia, partiendo precisamente de esas condiciones humanitarias que revisten el presente proceso de normalización migratoria, podría eventualmente gestionarse una exoneración de dichos pagos conforme a las normas, procesos y disposiciones vigentes al respecto.

Documentación. Verificados los pagos de ley a los que hace referencia el acápite anterior, la PPM procederá con la entrega del respectivo documento a cada persona migrante. En estos procedimientos deberá de contarse con una persona traductora o intérprete en caso de requerirse.

Condiciones. La normalización migratoria regulada en la presente resolución se regirá por las siguientes condiciones: A) Conforme lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Migración y Extranjería, si al realizar la revisión de consultas biométricas o antecedentes penales se determina que alguna de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria cuenta con antecedentes de ese tipo, la autorización quedará automáticamente cancelada, debiendo la PPM iniciar los procesos migratorios correspondientes para que la persona haga abandono del territorio nacional conforme a la normativa vigente. B) Los beneficios que otorga ese documento de normalización migratoria será la posibilidad de permanecer en el país por un periodo de 3 meses con posibilidad de una eventual prórroga por un periodo igual, en caso de así definirlo esta Dirección General mediante resolución debidamente motivada, transcurridos los cuales la persona migrante deberá egresar del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías migratorias establecidas en la normativa ordinaria. C) Las personas beneficiadas con esta permanencia legal podrán pernoctar en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona sur del país, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades de higiene personal, pero en todo momento deberán respetar y cumplir las regulaciones internas de ese centro que serán establecidas por la PPM. D) Las personas beneficiadas con esta normalización migratoria podrán egresar del país cuando así lo deseen y podrán coordinar con la O IM en casos de que quieran acogerse al programa "Retorno Voluntario Asistido" (RVA). Si la persona migrante beneficiaria de este proceso egresa del país bajo cualquier circunstancia, el permiso autorizado mediante la presente resolución quedará cancelado automáticamente. E) La autorización de permanencia que regula la presente resolución queda sujeta a que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera realice actos o conductas como las indicadas, la PPM revocará de manera automática el permiso otorgado y procederá con los procedimientos legales correspondientes según la normativa migratoria aplicable. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona migrante beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten una migración contraria a la ley. F) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita. G) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes.

Procedimiento ordinario de refugio. Las personas migrantes que desean aplicar por la categoría migratoria de refugio deberán optar por los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación vigente.

A partir de la diferencia que establece la resolución, entre personas que ya salieron del país y las que aún permanecen en él, que no desean acogerse al trámite de retorno voluntario asistido, corresponde, respecto de quienes ya abandonaron Costa Rica, declarar con lugar el recurso, en lo que atañe al agravio de lesión a su libertad personal, pues, como se ha repasado estuvieron sujetos a una privación de libertad arbitraria.

Respecto de quienes aún permanecen en el país, nota la Sala que la resolución citada, podría calificarse no solamente de una suerte de transición hacia una regularización de su estadía en Costa Rica, sino que es el primer acto formal que adopta el Estado, tendiente a individualizar la situación de las personas que se encuentran en el CATEM, sin que tal singularización ocurriera con la adopción de la citada resolución. Lo anterior implica que, evidentemente, su privación de libertad careció de todo respaldo y fundamentación. Con otras palabras, si ni siquiera para efectos migratorios las personas habían sido definidas, mucho menos puede entenderse que la restricción de su libertad personal haya tenido el más mínimo apoyo desde el punto de vista del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, cabe analizar el informe rendido el 12 de junio de 2025 por el director general de Migración y Extranjería. Es en él, donde por primera vez en este proceso, informa la autoridad recurrida de las personas tuteladas, identificándolas con sus nombres apellidos y país del que son nacionales. Este informe alude a trece personas y asevera que, además de informárseles con intérpretes de su situación, se les explicó que eran libres de quedarse o permanecer en el CATEM, sin restricciones. Asimismo, en una certificación expedida el 6 de junio de 2025, por el mismo director, se afirmó que: “(…) en la actualidad otras treinta y dos personas que poseen libertad de tránsito en el territorio costarricense bajo la condición especial migratoria por razones humanitarias pueden pernoctar en el CATEM-SUR si esa es su voluntad para la satisfacción de sus necesidades.”

Asimismo, se asevera que en el informe de seguimiento de la Defensoría de los Habitantes del 9 de mayo de 2025 se evidenció la posibilidad de egreso e ingreso libres al centro, durante el día, únicamente en la noche se restringe el tránsito con custodia policial. Así las cosas, de acuerdo con la información suministrada por los recurridos en este proceso, consta que no fue sino hasta el 6 de junio de 2025 que habrían tenido la opción las personas albergadas en CATEM de circular sin ningún tipo de restricciones fuera del centro.

No consta en los autos; sin embargo, de forma fehaciente que se haya concluido todos los pasos definidos en la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril de 2025, por lo que procede la estimatoria del recurso por la detención arbitraria que se produjo en el lapso transcurrido entre febrero y junio de este año, con las precisiones indicadas en la parte dispositiva de esta sentencia.

IX.- SOBRE LA ASISTENCIA LEGAL, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE LA PRENSA DE TENER ACCESO A ENTREVISTAR A LAS PERSONAS TUTELADAS. En segunda instancia, el accionante sostiene que se debe: “Ordenar a las autoridades competentes que garanticen a las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos asistencia legal independiente e información acerca de los derechos que tienen bajo las leyes costarricenses, su condición jurídica y migratoria y las posibilidades e implicaciones de solicitar asilo o refugio en Costa Rica” y “Ordenar a las autoridades competentes la entrega a medios de comunicación y quien lo solicite de información pública relacionada con las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos y ordenar a las autoridades competentes garantizar la libertad de expresión de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos e internadas en el CATEM-Sur”. Al respecto, en los informes rendidos por los accionados se aseguró que, a partir de su ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas de Estados Unidos de América, se les dio la información sobre dónde estaban, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Agencias de la ONU para continuar el viaje de retorno a su país o mejor opción. A su vez, los accionados les facilitaron comunicarse vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM, o en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además que se ha facilitado el número de teléfono institucional a embajadas para que se comuniquen con estas personas. También se adujo que los tutelados han tenido la posibilidad de acceder a información y asistencia legal, por parte de las Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes y que los mismos son atendidos bajo las normas mínimas que establece la normativa nacional e internacional en esta materia. Se explicó que el proceso de atención de las personas tuteladas se ha llevado a cabo con la colaboración de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, en donde la OIM ha aportado intérpretes para las entrevistas o cualquier otra comunicación, tales como de atención médica y de asesoría legal. Que durante ese proceso, se había contado con el servicio de intérpretes para hacer accesible y comprensible la información, atendiéndose todas y cada una de sus preguntas, informándose de la situación personal. Por último, que el 8 de abril de 2025, la Policía de Migración trasladó a 3 de las personas migrantes amparadas a las oficinas del Servicio Jesuita en Paso Canoas, para una reunión de asesoría legal -ver informe aportado el 11 de abril de 2025 y documentación aportada por el Servicio Jesuita en Paso Canoas el 13 de abril de 2025-. Asimismo, que el 31 de marzo de 2025, distintos medios de prensa nacionales -incluyendo al recurrente- e internacionales estuvieron en CATEM-SUR entrevistando a las personas migrantes que mostraran el consentimiento para ello. Nótese que se ha tenido por demostrado que al momento de ingreso al CATEM Sur, parte de las personas deportadas indicaron que no aceptarían que les tomaran fotografías de ningún tipo, por un tema de principio de intimidad y privacidad, así como no querer referirse en ninguna entrevista; sin embargo, con el paso de los días, algunos de ellos quisieron acceder a los medios de prensa, lo cual hicieron de forma efectiva concediendo entrevistas con fotografías y videos -ver prueba aportada por el recurrente el 1° de abril de 2025 y notas de prensa adjuntas a ese archivo-.

Este conjunto de esfuerzos ha sido relevante para la tutela de los derechos de los tutelados y así se han calificado y reconocido en los informes aportados por de la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de la Tortura, tres personas diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que visitaron el CATEM y las organizaciones civiles que fungen como coadyuvantes en este proceso.

Sin embargo, también en estos informes consta -sin que lo refute expresamente la Dirección recurrida- que la información brindada a las personas detenidas fue insuficiente y tardía, en la medida en que cuando arribaron al país no se les brindó los datos de dónde se encontraban y en cuál situación. Asimismo, la resolución No. D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM de la Dirección General de Migración y Extranjería, analizada en el anterior considerando es prueba suficiente de que no ha existido un tratamiento individualizado de estos casos, con lo cual es fácil concluir que tampoco han contado con información y asistencia legal de cada caso particular. Por otra parte, en la prueba aportada por las coadyuvancias activas del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la oficina para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC), la litigante regional para las Américas del Consejo y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights revela problemas de comunicación e información, manifestado a esas instancias por algunas de las personas a través de herramientas de traducción en teléfonos celulares. En la ampliación de informe del 20 de marzo de 2025, el director general de Migración y Extranjería precisó, con base en información suministrada por la OIM, UNICEF y ACNUR, que se contó con intérpretes de los idiomas ruso, inglés, árabe y mandarín, lo que no corresponde con la totalidad de las nacionalidades de las personas detenidas. Asimismo, se aporta prueba documental y fotográfica de un espacio temporal reducido para la asistencia legal, lo que obligó a continuar las conversaciones de manera informal a través de la malla de cerramiento de las instalaciones del CATEM. Lo mismo sucedió con la libertad de mantener contacto con medios de comunicación, pues varias de las entrevistas se efectuaron en iguales condiciones de informalidad. Por lo anteriormente indicado, el recurso debe estimarse también en lo que atañe en la información oportuna y suficiente sobre el estatus migratorio de las personas tuteladas, su acceso a asesoría legal y libre contacto con los medios de comunicación.

Ahora bien, en lo que se refiere a la entrega de información pública, no especifica el recurrente una gestión concreta que él o los tutelados hayan elevado ante las autoridades accionadas, que no haya recibido respuesta, por lo que este extremo del recurso debe desestimarse.

X.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE LAS PERSONAS TUTELADAS DE FORMULAR SOLICITUDES DE REFUGIO. Finalmente, el actor requirió: “Ordenar a las autoridades competentes que garanticen a las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos (…) las posibilidades e implicaciones de solicitar asilo o refugio en Costa Rica”. Por su parte, los accionados aseguraron que a las personas deportadas de Estados Unidos se les informó sobre la posibilidad de requerir refugio en Costa Rica o libre permanencia en territorio costarricense, bajo el entendido que dicha solicitud de refugio implica la suspensión del egreso a su país de origen o a un tercer país y una posible salida voluntaria de dicho albergue o su permanencia voluntaria en dichas instalaciones. Según consta en el informe, 16 de las personas amparadas formalizaron una solicitud de protección internacional bajo la categoría especial de refugio, y debido a ello, han salido del CATEM-SUR con sus pasaportes -las autoridades no especificaron sus nombres-. De igual manera, a quienes solicitaron la categoría especial humanitaria, se les entregó su pasaporte o documentos de identificación para su salida del CATEM. A las personas migrantes que permanecen en el CATEM-SUR y que hayan solicitado estas alternativas, se les hizo entrega de sus pasaportes o documentos. No se demuestra; sin embargo, que tal información se transmitiera a las personas tuteladas desde el momento de su ingreso. No es un dato que se hubiera incluido en la resolución que autorizó su ingreso al país (No. D.JUR-0057-02-2025-JM publicada el 18 de febrero de 2025), ni se establece en el informe el momento a partir del cual comenzó a informarse de tal posibilidad. El lapso en el cual esta obligación se incumplió implicó la lesión de los derechos de las personas que eventualmente tuvieran acceso a la figura, de echar mano de ella, por lo que también este extremo del recurso debe estimarse. Tome nota la autoridad recurrida de lo dispuesto en esta sentencia a los efectos de eventuales autorizaciones de ingreso de personas por razones de humanidad.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Por mayoría, se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Jean Paul San Lee Lizano, en su condición de director general a. i. de Migración y Extranjería, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes necesarias, coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a la comunicación de esta sentencia, en relación con las personas extranjeras deportadas de EE. UU. y admitidas por Costa Rica a causa del acuerdo de cooperación entre ambos países, mediante acto final individual y fundamentado, a cada una se le defina su estatus migratorio y sean puestas en libertad. A la vez, dentro de ese mismo plazo deberá coordinar con las entidades públicas pertinentes que se valore la situación de cada una de esas personas con la finalidad de determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y, en general, de tipo social requieren por parte del Estado. Se declara sin lugar el recurso en cuanto a la alegada lesión al derecho de acceso a información pública y se aclara que la decisión de permitir el ingreso por razones de humanidad es un acto político ajeno al control de constitucionalidad. Lo ordenado en esta sentencia se dicta bajo la advertencia de que, de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Tome nota la autoridad recurrida de lo consignado en el considerando X. El magistrado Cruz Castro consigna nota.

Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. La magistrada Garro Vargas consigna nota.

Magistrados Fernando Castillo V., Presidente / Fernando Cruz C. / Paul Rueda L. / Luis Fdo. Salazar A. / Jorge Araya G. / Anamari Garro V. / Ingrid Hess H.

Expediente 25-006317-0007-CO

Nota del Magistrado Cruz Castro. La dignidad de los migrantes y el derecho a la libertad de los que caminan para sobrevivir.

En pleno siglo veintiuno, me planteo muchos interrogantes sobre la dignidad de los emigrantes. Se tiende a pensar que en su ilegalidad se convierten en seres invisibles, seres enmudecidos por la inhumanidad. Son cuestionamientos que no puedo ignorar al examinar la “entrega” de más de doscientos ciudadanos extranjeros por parte del gobierno de USA. Algo ha cambiado, quizás demasiado en una sociedad que ha tenido como referente de una convivencia democrática y digna, a James Hamilton. En el caso que ha examinado la Sala, estos interrogantes, no tienen respuesta. Vuelven los autoritarismos que ignoran la dignidad de las personas, sin importar su nacionalidad. Parece evidente, pero no lo es, de ninguna forma. Las personas migrantes, no pierden su dignidad eminente, por no tener documentos. Lo que refleja este caso, resuelto por un tribunal de un país pequeño, dependiente y vulnerable, es que los migrantes no han perdido su identidad y su dignidad. Siguen siendo personas, dignas, aunque carezcan de “papeles”. Ni siquiera se le dio una identidad clara y precisa a cada uno de los seres humanos enviados de USA. Era un “cargamento silencioso” de los pobres de la Tierra, que abundan.

Existen diversas formas de tratar a las personas como si no fuesen humanos: a- tratarlos como objetos; b-tratarlos como máquinas; c-tratarlos como animales; d-tratarlos como seres infrahumanos, lo que incluye tratar a los adultos como niños. (ver Avishai Margalit-“La sociedad decente” Ed. Paidós-España. 1997-p.81). Cito esta tipología porque estimo que en este caso, se trató a los seres humanos que enviaron desde USA hacia Costa Rica, como si fueran objetos. Al final de mi función como juez, con tristeza compruebo, que en este “trasiego de seres humanos” se aplica un procedimiento entre dos gobiernos, que trata a un grupo de seres humanos, como si fueran cosas. No importaron sus antecedentes, su voluntad, su identidad, sólo eran seres humanos remitidos a otro país, cuyo Gobierno, no podía rechazarlos, porque era decisión “inobjetable” del estado norteamericano. Con ese gobierno no valen mucho las objeciones, en su visión, el derecho internacional no es un referente determinante.

Debo destacar que sin un convenio que se ajuste a los procedimientos constitucionales y legales, no puede recibirse, sin mayores exigencias, a un grupo de personas expulsadas por otro Gobierno. Ese tránsito y recepción de ciudadanos, de personas, aunque sean extranjeras, requiere un procedimiento que responda a la constitucionalidad, la legalidad y la transparencia. Por supuesto, es probable que esté exigiendo mucho cuando la petición proviene del gobierno norteamericano. Me parece un eufemismo decir que esa recepción era un: “acto humanitario”. Claro, frente al poderoso, no es posible rechazar sus “peticiones”, aunque sean contrarias a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales.

Unas reflexiones del Pontífice Francisco, recientemente fallecido, sugieren argumentos sobre la dignidad de los migrantes, desde una perspectiva cristiana, que es el sustento ético religioso de USA y Costa Rica. No es irrelevante, en un caso como este, recordar algunos principios cristianos, tan respetados por la comunidad norteamericana y costarricense.

Acompaño las siguientes reflexiones con algunas citas del Pontífice Francisco, recientemente fallecido. Sus meditaciones brindan argumentos sobre la dignidad de los migrantes, desde una perspectiva cristiana, que es el sustento ético religioso de USA y Costa Rica. No es irrelevante, en un caso como este, recordar algunos principios cristianos, tan respetados por la comunidad norteamericana y costarricense:

“..El 29 de octubre de 2023 finalizó la primera Sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que profundiza la sinodalidad como vocación originaria de la Iglesia. «La sinodalidad se presenta principalmente como camino conjunto del Pueblo de Dios y como fecundo diálogo de los carismas y ministerios, al servicio del acontecimiento del Reino» La humanidad camina en comunidad hacia un mundo mejor en esta dimensión y en la vida después de la muerte. En la visión cristiana comunitaria, el pueblo de Dios, sin distinciones y discriminaciones, camina, emigra hacia el Reino de los Cielos. También lo hace en esta Tierra, buscando la compasión y el comunitarismo que está en el credo cristiano. La referencia al relato bíblico del Éxodo, el camino del pueblo de Israel, evoca un simbolismo trascendente en la cosmovisión cristiana: el largo viaje de la esclavitud a la libertad, que es la ruta de los migrantes, es su dramática ruta. También es la ruta de la cristiandad que inspira a los dos pueblos. De algo debe servir autodenominarse una sociedad cristiana, en esta cosmovisión, los emigrantes de nuestro tiempo, como de siempre, son: “… una imagen viva del pueblo de Dios en camino hacia la patria eterna. Sus viajes de esperanza nos recuerdan que «nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo….”» (Flp 3,20)…...”

Estas aspiraciones requieren un efectivo reconocimiento en esta Tierra, no debemos esperar tanto. De algo debe servir la fe y sus plegarias. La dignidad de una persona no se pierde porque haya ingresado ilegalmente a un país. Por eso no pueden trasladarse como si fueran seres sin rostro, sin dignidad, sin propósito.

Las dos imágenes ―la del éxodo bíblico y la de los migrantes― guardan importantes similitudes. Al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, los migrantes huyen a menudo de situaciones de opresión y abusos, de inseguridad y discriminación, de falta de proyectos de desarrollo. No viajan por placer, no buscan diversión, sólo caminan, para sobrevivir, confiados que en su ruta encontrarán alguien parecido al buen samaritano. Es una situación dramática, son los esclavos del siglo XXI. En alguna época remota, el pueblo judío representó a los pobres de la Tierra, incluidos los Palestinos. Los pobres de la Tierra, están cerca, a veces deben caminar, huir, omitiendo las formalidades de la legalidad. No son criminales, no son seres peligrosos, son humanos, dignos, libres, como los percibió Madison, quizás sin darse cuenta. Como los hebreos en el desierto, como los que caminan en Gaza, que también son hijos de Dios. Olvidamos fácilmente que los pueblos que migraron, ahora reprimen a los que enfrentan el mismo drama. En ningún caso, dejaron de tener la condición de humanos, aunque tengan diferente color o practiquen otras religiones. Los caminantes que huyen de la desgracia y la injusticia, encuentran muchos obstáculos en su camino: son probados por la sed y el hambre; se agotan por el trabajo y la enfermedad; se ven tentados por la desesperación. Se les priva de su libertad por no poseer “autorizaciones” y documentos. Eso ocurre, son el rostro de una “invisible esclavitud”. En la práctica, pierden su dignidad, su condición de personas. Sólo son un número que masivamente remiten a otros países, cuyos gobiernos no pueden rechazarlos, porque hay sugerencias de los poderosos, que requieren “obediencia”.

En la visión cristiana, en el éxodo de los migrantes de nuestro tiempo, Dios precede y acompaña el caminar de su pueblo y de todos sus hijos, en cualquier tiempo y lugar. La presencia de Dios en medio del pueblo, es una certeza de la historia de la salvación: «el Señor, tu Dios, te acompaña, y él no te abandonará ni te dejará desamparado» (Dt 31,6). Esa visión es parte de esos caminantes que no han perdido su eminente dignidad, aunque no sean creyentes en sentido estricto. Tantos símbolos del viejo y nuevo Testamento que presiden el éxodo de personas que buscan nuestra solidaridad. Buscan su dignidad, la que merecen, aunque sean los excluidos de la Tierra o los oprimidos de la globalización. Como integrante de este tribunal de DERECHOS HUMANOS, siento profunda tristeza por ser testigo de un trato deshumanizado a personas que son los bienaventurados de la Tierra.

Buscaron consuelo en la que pensaron era la Tierra de esperanza y libertad, pero llegaron tarde. Debían seguir su camino. Porque su destino se convirtió en un asunto de Estado. Nada podemos hacer los cristianos de Costa Rica y de USA. Su pobreza y desesperanza se tradujo en una privación de libertad, catalogados como peligrosos, sin mayores argumentos. Las decenas de personas que nos trajeron de USA, no recibieron el trato que corresponde a un ser humano, digno, aunque no sea creyente. Privados de su libertad, sin poder expresar su voluntad o identidad. No se vio en los deportados, cuya identidad se desconoce, el “rostro de Cristo”. No era posible, así lo impone un “acto de gobierno” que se cataloga como “acto humanitario”. Los valores cristianos están muy bien cuando son ciudadanos con “papeles”, cuando son ilegales, pierden su eminente dignidad. No se reconoció en todas esas personas, su valor, su vulnerabilidad. Se desconoció que han migrado porque en la tierra de su nacimiento, no podían sobrevivir, dignamente. La competencia y la exclusión, es lo que impera como valor de la política real. La solidaridad y la dignidad, valores esencialmente cristianos, son aspiraciones para una mejor vida después de la muerte. Esa es la triste realidad cuando las personas son tratadas como objetos, que es lo que ocurrió en este trasiego de seres humanos. Fueron trasladados a Costa Rica, desconociendo su voluntad y su libertad.

Tantos años en la Sala Constitucional, no había vivido un asunto que fuese tan lesivo de los derechos fundamentales de las personas, especialmente la dignidad y la libertad. Un grupo de personas, no identificadas, son traídas al país, sin mayores argumentos y el Gobierno costarricense asume su control, privándolos de su libertad. No fueron personas que ingresan al país voluntariamente, se desconoce su identidad y se dispone de ellos como si carecieran de dignidad y autodeterminación. Comprendo muy bien que el Gobierno costarricense no tenía muchas opciones, porque frente al gobierno USA norteamericano, Costa Rica no puede ejercer, plenamente, su autonomía. Si no admite el ingreso de esas personas, que no tienen voz, ni identidad, las represalias pueden ser muy variadas, quizás, alguna tarifa de impuestos a las mercancías que exporta Costa Rica a USA. Hasta los miembros de esta Sala, pueden sufrir alguna consecuencia por ejercer, plenamente, sus potestades, al privarlos de la visa de ingreso a los Estados Unidos. Eso se percibe en el ambiente. Ni siquiera entidades como la Organización de las Migraciones (OIM) y ACNUR se atrevieron a responder la audiencia concedida en este proceso judicial. Es evidente que la nueva atmósfera es la represalia, la imposición.

Ya ni las apariencias se guardan. Juan Rafael Mora Porras y otros que han defendido nuestra soberanía, no podrían ver con indiferencia esta limitación y debilidad. Es nuestro destino, probablemente. Ahora no valen los derechos humanos. Es un discurso anticuado, superado. Nuestra soberanía, tan debilitada, tan menospreciada. Ya no es importante nuestra soberanía, parece un atavismo. Nuestra pequeñez y pobreza, no nos permiten ejercer, plenamente, la defensa de nuestra independencia. La dominación resplandece ahora como a principios del siglo veinte. Son los efectos de la globalización. Derechos humanos, derecho internacional, jurisdicción multilateral, aspiraciones que se convierten en simple retórica para los pueblos latinoamericanos y con mayor dramatismo, para nuestro empobrecido istmo centroamericano.

Al examinar la trascendencia jurídica y política de este caso, percibo que los derechos humanos y la dignidad de las personas siempre han sido vulnerables, empero, ahora hay expresiones en las que se percibe un giro hacia la exclusión, la invisibilidad de la dignidad de las personas, en este caso, los migrantes; tratados como objetos, sometidos a un proceso de humillación que yo no puedo ignorar. Me niego a mirar hacia otro lado. En este caso aprecio una clara política de discriminación y desconocimiento de la dignidad humana de los que parecen diferentes, por eso no puedo callar, debo pronunciarme como un juez costarricense, alzar la voz en defensa del respeto que nos debe cualquier gobierno, aunque seamos muy pequeños, sin ejército, dependientes del imperio USA.

No puedo callar, no puedo disimular una flagrante violación de la dignidad de muchos seres humanos, que fueron tratados como objetos. Tampoco disimulo que un país tan poderoso como USA, nos impone la ejecución de actos contrarios a los derechos humanos. Ya no importan las formas, la única razón es la voluntad de un poderoso Estado que diseña una política contraria a la dignidad de un grupo de migrantes. A estas alturas de mi vida, no puedo callar, no puedo disimular la gravedad de un acto que lesionó la dignidad de un grupo importante de ciudadanos del mundo. Estoy en la edad y la condición para que mi voz conste en esta sentencia. Expreso mi tristeza y disidencia ante actos de un poder que ignora la eminente dignidad de esas personas que fueron movilizadas como si fueran una mercancía. Callar o disimular, no es lo que procede en mi condición. Cincuenta y cuatro años de carrera judicial, no debilitan mi voz, más bien me imponen el deber de señalar, claramente, que un acto de poder lesiona, muy gravemente, derechos fundamentales. En tantas ocasiones he comprobado que desde los poderes imperiales, se imponen actos contrarios a los derechos fundamentales. Triste realidad, triste historia.

Concluyo con una reflexión de Primo Levi, que sabía bien lo que significaba la dignidad del ser humano y su defensa:

“..Si esto es un hombre Los que vivís seguros En vuestras casas caldeadas Los que os encontráis, al volver por la tarde, La comida caliente y los rostros amigos: Considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, Quien no conoce la paz, Quien lucha por la mitad de un panecillo, Quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, Quien no tiene cabellos ni nombre, Ni fuerzas para recordarlo, Vacía la mirada y frío el regazo, Como una rana invernal, Pensad que esto ha sucedido: Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, Al acostaros, al levantaros; Repetídselas a vuestros hijos. O que vuestra casa se derrumbe, La enfermedad os imposibilite, Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.”

Esta es la reflexión apropiada para esta oscuridad que percibo en las decisiones políticas que se imponen desde la codicia, la autocracia y la inhumanidad. Los migrantes son personas, esperan al buen Samaritano, no son objetos, no han perdido su dignidad. El poder debe contenerse ante toda persona, aunque sea un migrante que no tiene sus “papeles en regla”. El mundo se ha formado de migraciones, de viajeros que buscan mejores horizontes, no son seres inferiores, no son criminales, tienen una dignidad que deben respetar los poderes y los gobiernos, aunque sean débiles, como el de Costa Rica, o tan imponentes y poderosos, como USA.

Fernando Cruz C.

Exp: 25-006713-0007-CO

Res. Nº 2025019485

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ Y SALAZAR ALVARADO Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO Y DE LA TERCERA

A. Objeto del recurso

B. Consideraciones preliminares

1. Sobre la atipicidad del marco fáctico

2. Sobre la competencia de este Tribunal Constitucional

C. Hechos relevantes y necesaria distinción de escenarios

Hechos anteriores a la interposición de recurso

1. Sobre el ingreso y condiciones de tránsito

2. Sobre el traslado al CATEM-sur

3. Sobre ubicación y condición migratoria

4. Apoyo de OIM, ACNUR y agencias

5. Sobre información a extranjeros de su situación

6. Sobre medida cautelar de decomiso

7. Asistencia legal

8. Sobre solicitudes de refugio

9. Sobre comunicación con el exterior

10. Sobre condiciones de seguridad y protección en el CATEM

11. Gastos de ingreso, estadía y egreso de extranjeros

12. Salida a la fecha del informe

Hechos relativos a la prórroga del 19 de marzo de 2025

Hechos relativos a la resolución del 15 de abril de 2025

D. Sobre hechos probados en la sentencia

E. Normativa relevante

1. Constitución Política

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3. Ley General de Migración y Extranjería N°8764

4. Reglamento de Extranjería Decreto Ejecutivo No. 37112-GOB

5. Resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, 18-febrero-2025

6. Resolución D.JUR-0102-03-2025-JM, 19-marzo-2025

7. Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, 21-abril-2025

F. Análisis de los agravios planteados por el recurrente

1. Premisas

a. Tres escenarios

b. El régimen propio de los extranjeros y sus consecuencias

c. Excepcionalidad del marco fáctico

2. Agravios

a. Presunta detención de las personas tuteladas

b. Presunta lesión de libertad de expresión

c. Presunto retiro de la documentación de identidad

d. Presunta falta de asesoría jurídica

e. Presunto rechazo de la posibilidad de solicitar refugio

G. Sobre el segundo y tercer escenarios: prórroga y regularización

H. Conclusión

Los suscritos, respetuosamente, nos separamos de la mayoría y salvamos el voto con fundamento en lo siguiente:

A. Objeto del recurso

El recurrente presenta recurso de hábeas corpus a favor de un grupo de aproximadamente 200 personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América. Aduce que no se les tomó en cuenta su voluntad, y recibieron un permiso temporal de estadía en el país de hasta por 30 días, prorrogable, lo que legaliza su condición migratoria. Al ser recibidas en territorio costarricense, las autoridades condujeron a todas esas personas al Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM), ubicado en la frontera sur del país.

Presenta los siguientes agravios: a) están privadas de su libertad: no pueden salir libremente y sin custodia del CATEM, están permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública, se les impide la libertad de tránsito por el territorio nacional, sin haber cometido delito, lo que además supone una discriminación respecto de otros extranjeros; b) no pueden expresarse libremente, al impedírseles tener contacto con la prensa, ni conversar con personas ajenas al CATEM; c) se les retiró su documentación de identidad, lo que les ha generado preocupación por su estatus legal y su futuro; d) no han tenido acceso a alguna asesoría jurídica independiente o información detallada sobre sus derechos; e) se les ha rechazado la posibilidad de solicitar asilo o refugio.

El recurrente solicita lo siguiente:

“1. Declarar con lugar el presente recurso de habeas corpus y ordenar la inmediata libertad para la totalidad de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos hacia Costa Rica en el transcurso de febrero, en un número de al menos 200 individuos, sin perjuicio de que puedan ser más, y que si desean permanecer en el CATEM lo hagan de manera voluntaria y sin restricciones de tránsito de ningún tipo. 2. Ordenar a las autoridades competentes que garanticen a las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos asistencia legal independiente e información acerca de los derechos que tienen bajo las leyes costarricenses, su condición jurídica y migratoria y las posibilidades e implicaciones de solicitar asilo o refugio en Costa Rica. 3- Ordenar a las autoridades competentes la entrega a medios de comunicación y quien lo solicite de información pública relacionada con las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos. 4. Ordenar a las autoridades competentes garantizar la libertad de expresión de las personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos e internadas en el CATEM-Sur, así como el derecho a la información de toda la ciudadanía costarricense respecto a las circunstancias del internamiento en Costa Rica de estas personas”.

B. Consideraciones preliminares

1. Sobre la atipicidad del marco fáctico

El objeto de este recurso de hábeas corpus versa sobre unos hechos inéditos, por lo que no existe jurisprudencia de este Tribunal propiamente aplicable. Se trata de una situación atípica, novedosa, en la que un Estado expulsa a un grupo de extranjeros de distintas nacionalidades y otro, mediante un convenio de cooperación, acuerda recibirlos. Es bien sabido que en el Derecho Internacional Público hay una sólida normativa, jurisprudencia y doctrina sobre el derecho de los extranjeros expulsados por un Estado, mas no así de sus derechos en relación con el Estado receptor, que consiente en ese acto por razones humanitarias –evitar aprehensiones prolongadas y actuar como país en tránsito para que puedan retornar a sus países de origen o a un tercero que esté dispuesto a recibirlos–. Es muy probable que esta nueva realidad constituya un terreno fértil para que los organismos internacionales competentes, los tribunales internacionales, los expertos y académicos comiencen a construir una doctrina al respecto, adoptando como punto de referencia los derechos humanos, que tienen como piedra angular la dignidad de la persona.

2. Sobre la competencia de este Tribunal Constitucional

Acierta la sentencia, en el sentido de que –en virtud del principio de territorialidad– este Tribunal no tiene competencia para realizar ninguna valoración de lo que ocurre en otro Estado. Igualmente, cuando expresa que no se cuestiona la potestad de que goza el Estado costarricense para suscribir convenios de cooperación con otros Estados para recibir extranjeros expulsados por razones humanitarias. También cuando señala que esta Sala tampoco tiene competencia para establecer si el Estado costarricense, a pesar de la potestad que tiene en materia migratoria, incurrió o no en un ilícito internacional, toda vez que ello compete a los tribunales internacionales; por lo demás, desde nuestra perspectiva muy personal concluimos que, en atención a los hechos, no hay elementos para que se pudiese configurar tal responsabilidad.

C. Hechos relevantes y necesaria distinción de escenarios

En primer término, sobre el marco fáctico, nos parece necesario advertir que la sentencia recoge hechos sobre tres momentos claramente definidos: aquellos hechos anteriores a la interposición del recurso e inmediatamente posteriores a este, aquellos que se inician con la prórroga de la medida dictada el 28 de febrero y aquellos que se dan a partir del dictado de la resolución. Estimamos que para efectos de la consumación o no de los agravios, lo propio es valorar los hechos alegados. En caso de que se constate total o parcialmente los agravios, la conducta que la autoridad recurrida adopte después de la notificación del auto de curso (14:33 horas del 14 de marzo de 2025, notificada a las 21:42 horas de ese mismo día) es relevante solo para determinar si corresponde dar o no una orden o si solamente se debe declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios. Si esto fuera un recurso de amparo, según la jurisprudencia de la Sala, en virtud del art. 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de que luego de tal notificación la autoridad recurrida otorgue lo que se reclama, la declaratoria del con lugar iría sin la condena en daños y perjuicios (con el voto salvado del magistrado Salazar Alvarado y de la magistrada Garro Vargas). Sin embargo, como esto es un hábeas, como hemos dicho, tal conducta es relevante solo en los términos apuntados: si cabe o no dar una orden.

No procede acoger el recurso por hechos posteriores a su interposición; tampoco sobre la base de manifestaciones de las partes coadyuvantes que no fueron dados bajo fe de juramento. Sobre esto volveremos más adelante.

Hechos anteriores a la interposición de recurso

De inmediato haremos una síntesis de los hechos relevantes anteriores a la interposición del recurso, e inmediatamente posteriores a esta, clasificados temáticamente, y que proviene del informe de Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. de la Dirección General de Migración y Extranjería, el 17 y el 20 de marzo de 2025, y de Angie Cruickshank Lambert, jerarca de la Defensoría los Habitantes de la República, 24 de marzo de 2025, que, aunque no son dadas bajo fe de juramento, corresponden a una autoridad nacional. (No se entrecomilla, pero la transcripción es casi exacta; si se indica (DH), es que la afirmación proviene de este último informe).

1. Sobre el ingreso y condiciones de tránsito

A partir día 20 de febrero de 2025, ingresaron al país 200 personas, deportados de los Estados Unidos de América.
Mediante resolución D. JUR-0057-02-2025-JM, publicada en La Gaceta el 19 de febrero de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) autoriza el ingreso de estas personas extranjeras mediante excepcionalidad por razones humanitarias, con el fin de retornar a sus diferentes países de origen a un tercer país que los reciba. La permanencia podrá ser autorizada por una única vez y tendrá validez por un plazo de treinta días naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del país. Sin embargo, la Policía Profesional de Migración podrá prorrogar de manera excepcional dependiendo del caso en concreto para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional.
La resolución D. JUR-0057-02-2025-JM tiene fundamento en un acuerdo diplomático entre los gobiernos de EE.UU. y Costa Rica para que esas personas pudiesen ingresar a nuestro país en condición de tránsito.

2. Sobre el traslado al CATEM-sur

De previo al recorrido de las personas deportadas hacia el CATEM-sur, se había constatado la provisión de insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos (botella de agua, emparedado, manzana y repostería), leche en fórmula, toallas sanitarias, libros de pintar y crayones. Además, los buses contaban con servicio sanitario y aire acondicionado (DH).

3. Sobre ubicación y condición migratoria

Las 200 personas que fueron ubicadas en el CATEM-sur, debido a sus nacionalidades requieren necesaria y legalmente de una visa de ingreso a Costa Rica a efectos de poder ingresar a nuestro país y poderse mover libremente en nuestro territorio. A ninguna se le ha otorgado "Visa" para su ingreso al país.

La autorización de permanencia es en el CATEM-sur, y al tener este proceso un fin de tránsito por nuestro país es fundamental tener ubicadas a estas personas para acelerar el proceso de continuación de viaje, además de tener libertad de salir y entrar a su antojo existen riesgos de inseguridad y la posibilidad de ser captados por redes criminales de tráfico ilícito de migrantes, teniendo el estado costarricense la responsabilidad de la integridad de estas personas extranjeras.
Los migrantes que se encuentran en el CATEM-sur, de los diferentes flujos, sean sur-norte, inverso o los deportados de Estados Unidos, gozan de las misma condiciones en cuanto a las prestación de servicios y condiciones dentro del centro, pero en cuanto a las salidas de CATEM, el flujo inverso podrá solicitar la salida definitiva para continuar su viaje hacia Panamá y Suramérica firmando un consentimiento informado de manera voluntaria para retirarse del centro, ya que esa es la naturaleza del CATEM, un centro temporal para migrantes en tránsito.
Dentro de las nacionalidades de estas personas migrantes se encuentran de nacionalidades que pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, por tanto la resolución emitida guarda una correlación legal con la normativa migratoria vigente, estableciendo un escenario restrictivo o delimitado, pero brindando en todo momento la asistencia y protección y atendiendo las necesidades y solicitudes de cada uno de ellos, y han sido trasladados a supermercados o farmacias con el fin de satisfacer alguna necesidad particular.
La Defensoría no constató un caso en el que alguna persona intentara salir del Centro y recibiera una respuesta negativa al respecto. Ante la consulta a las autoridades del CATEM-sur sobre la posibilidad de salir por parte de alguna de estas personas, se manifestó que no existiría limitación, pero sí estarían siempre custodiados. (DH)
Si las personas sujetas al regreso a sus países de origen o a un tercer país deciden solicitar la condición de refugio en Costa, Rica, dicha solicitud será tramitada conforme al bloque de legalidad existente en el país. Ninguna de las personas migrantes bajo este escenario ha presentado solicitud alguna para aplicar ya sea a la condición de refugio o para permanecer en territorio costarricense. En caso de hacerlo, bajo cualquier condición migratoria reconocida en la Ley de Migración de Costa Rica, tal solicitud será tramitada por parte de la Dirección de Migración e implicará no solo la suspensión del egreso de dicha persona a su país de origen o a un tercer país; sino también a una posible salida voluntaria de dicho albergue o su permanencia voluntaria en dichas instalaciones.

4. Apoyo de OIM, ACNUR y agencias

El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias son quienes realizan entrevistas y valoran cada caso en concreto, para el retorno seguro de estos migrantes a sus países de origen o un tercer país.
El tipo de programa que emplea la OIM se denomina "Retorno Voluntario Asistido"; mediante el cual se le asiste a la persona para que pueda viajar a su país de manera voluntaria, no forzada y en resguardo de sus derechos y garantías, así como las condiciones en las que se encuentran.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se encuentra de manera permanente en el CATEM para instruir, guiar y direccionar cualquier caso de protección internacional, y la Dirección General de Migración y Extranjería en la disposición a través de la Unidad de Refugio de valorar los casos que se presenten.
El informe de fecha 27 de febrero de 2025 de Naciones Unidas al respecto dice:

“Reciba un cordial saludo de OIM, UNICEF y ACNUR, por medio del presente se confirma el apoyo solicitado en el Oficio DG-0149-02-2025 y Oficio DG-0160-02-2025. Las agencias trabajarán de manera complementaria y coordinada para proporcionar la asistencia humanitaria. En particular, las funciones se dividirán de la siguiente manera. Solicitud: Base 2 (Aeropuerto Juan Santamaría): - Dotación de transporte (buses) para apoyar la logística operativa que realizará la Policía Profesional de Migración (PPM) y otros cuerpos policiales, desde Base 2 hasta el EMIBISURCATEM Sur. - De requerirse y en espera de lo que indique la Dirección de Vigilancia Aérea de Seguridad Pública; contar con Baterías Sanitarias en sitio para el recibimiento de este grupo de personas, en Base Dos. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Alimentación durante el traslado hacia la zona sur. La OIM brinda la siguiente asistencia (con financiamiento de la Oficina de Población, Migración y Refugio del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (PRM)): • La OIM proporciona autobuses financiados por PRM para apoyar la logística operativa de la Policía Profesional de Migración (PPM), destinados al traslado de las personas desde el Aeropuerto hasta el EMBISUR. • La OIM ofrece traducción a la llegada a base dos en ruso, inglés, árabe y mandarín para la población atendida y para la traducción de los mensajes de bienvenida de la DGME y/o del Ministerio de Seguridad Pública. • La OIM distribuye kits de alimentación para todas las personas incluidas niños, niñas y adolescentes, en el autobús y kits de alimentación a su llegada al EMBISUR. La OIM entrega kits para niñez y kits de higiene básica para mujeres en el autobús, proporcionándolos a cada persona. • La OIM dota de seis baterías de baños para el aeropuerto con toldo para las personas. • La OIM contrata un médico para atenciones primarias de salud en Base 2. Solicitud: EMISUR - Colaboración con artículos de higiene personal, mantenimiento y limpieza de la Estación Migratoria Sur. - Atención psicosocial y psicoemocional a estas personas en CATEM, tomando en cuenta que podrían incluirse dentro de este grupo, menores de edad y mujeres embarazadas. - Apoyo en la utilización de intérpretes con el objetivo de una comunicación efectiva. - Cooperación en el rubro médico para la mejor atención del grupo de personas, dicha colaboración se prevé que incluya: ambulancia, médico y medicamentos de primera asistencia y de atención a enfermedades crónicas. - Alimentación durante la estancia de las personas en EMIBISUR. - Apoyo en el proceso, seguimiento, concretización y coordinación del retorno de las personas pertenecientes a este grupo a sus países de origen. - Colaboración con el establecimiento de espacios seguros para la atención de niños y niñas. La OIM brinda la siguiente asistencia: • La OIM implementa el programa de Retorno Voluntario Asistido (AVR) a través de traductores en ruso, mandarín, árabe e inglés, comenzando con entrevistas para identificar si las personas califican y desean voluntariamente optar por el Retorno Voluntario Asistido. Además, de contratar los traslados para chequeos médicos, así como hospedaje y tiquetes aéreos requeridos para su retorno seguro y digno a sus países. • La OIM distribuye kits con artículos como ropa, zapatos, paños para adultos y niños. • La OIM proporciona tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) durante todo el mes de febrero para las personas. • La OIM contrata un médico en EMISUR para atenciones primarias de salud. El ACNUR brinda asistencia: • El ACNUR distribuirá kits con artículos de higiene como jabones, papel higiénico, desodorante, cepillo y pasta de dientes, para adultos y niños, a partir de lunes, 03 de marzo de 2025. • El ACNUR proporcionará tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena) de 01 a 15 de marzo de 2025. El ACNUR presentará un plan a DGME para que, a partir de 16 de marzo de 2025, la alimentación para todas las poblaciones se brinde en el Comedor del CATEM. • EL ACNUR ha donado a PPM dos lámparas solares para en emergencias en caso de que se vaya la luz en las habitaciones. UNICEF brinda asistencia: UNICEF se encuentra brindando kits de higiene personal a niños, niñas y adolescentes, así como mujeres y hombres adultos. UNICEF, en colaboración con otras organizaciones, ha dado apertura el Espacio Seguro para la Infancia en CATEM y se encuentra brindando apoyo psicosocial. UNICEF estará fortaleciendo los servicios de salud y agua, saneamiento e higiene en la EMISUR OIM, ACNUR y UNICEF reafirman su apoyo al gobierno de Costa Rica y su compromiso con la asistencia humanitaria a las personas extra regionales en el país. En el marco de la financiación proporcionada por PRM, lo detallado en este oficio representará la respuesta de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, bajo un marco de respeto a sus derechos humanos”. Además, cada una de las personas fue entrevistada por más de dos horas por parte de la OIM con traducción no solo atendiendo todas y cada una de sus preguntas, sino también informándole su situación personal, así como el “Programa de Retorno Voluntario Asistido” qué pagará el cien por ciento del traslado aéreo a sus países de origen o a un tercer país a elección de la persona (El destacado es del original).

5. Sobre información a extranjeros de su situación

Cuando llegaron al país se les dio una explicación general que les fue traducida con el apoyo de traductores de la OIM contratados precisamente para llevar a cabo tal misión explicativa, en cada uno de sus idiomas, los cuales pueden ser corroborados por los mismos interesados.
Desde su ingreso al CATEM SUR, se les ha brindado a estas personas extranjeras la información clara del lugar en el que se encuentran, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Naciones Unidas a través de la OIM, para continuar el viaje de retorno a su país o un tercer país de acogida.
El día 25 de febrero, el procedimiento presentó mejoras notables respecto a la primera observación documentada. El equipo de la Defensoría constató que las autoridades aplicaron algunas recomendaciones previamente efectuadas, particularmente en cuanto a proporcionar información más detallada a las personas deportadas sobre su ubicación actual y destino y el proceso se visualizó más ordenado (DH).

6. Sobre medida cautelar de decomiso

Al llegar al CATEM Sur, las autoridades dictaron una medida cautelar de Decomiso Temporal de Documentos, emitiéndoles un Acta de cada pasaporte retenido, los cuales se encuentra en resguardo en una caja fuerte en la Coordinación Policial de Paso Canoas, para asegurar el no extravío de estos documentos y que no generen atrasos en los procesos que se están llevando por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

7. Asistencia legal

No existe impedimento alguno, por parte de la DGME ni de la Policía Profesional de Migración para que las personas en tránsito puedan acceder a sus derechos de acceso a la información y asistencia legal, ya que en el CATEM permanecen Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes.

8. Sobre solicitudes de refugio

El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas, son quienes están en primera línea realizando entrevistas y valorando cada caso en concreto, para el retorno seguro de estos migrantes a sus países de origen o mejor opción en un tercer país, garantizando el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas, así como las condiciones en las que se encuentran, es importante destacar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se encuentra manera permanente en el CATEM para instruir, guiar y direccionar cualquier caso de protección internacional, y la Dirección General de Migración y Extranjería en la disposición a través de la Unidad de Refugio de valorar los casos que se presenten”.

9. Sobre comunicación con el exterior

Se ha colaborado para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM, con las compañías Liberty o CLARO, e inclusive en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se les ha facilitado el número de teléfono institucional a las embajadas para que se comuniquen con estas personas migrantes.
Desde la llegada de esta población extranjera, dichas personas migrantes fueron muy claras en manifestar que no aceptaban fotografías de ningún tipo, así como no querer referirse en ninguna entrevista, ya que en la actualidad un video puede llegar a cualquier parte del mundo y esto puede causar un riesgo o perjuicio para ellos mismos, y es así como en apego a los principios de intimidad y privacidad esta solicitud se les ha respetado en todo momento.
En cuanto a la imposibilidad de comunicarse con medios de comunicación, es necesario señalar que la Defensoría no cuenta con información al respecto. (DH)

10. Sobre condiciones de seguridad y protección en el CATEM

La regularización migratoria con la que se han beneficiado esas personas extranjeras les brinda la posibilidad de permanecer en un lugar en donde cuentan con un lugar seguro en el que pernoctar, alimentarse y satisfacer sus necesidades de higiene, en un espacio sano que no arriesga su seguridad.
Son personas de culturas totalmente diferentes a la nuestra, no hablan el idioma español y difícilmente lograrían costear su propia manutención en condiciones dignas.
Su permanencia en las calles les haría presa fácil de la delincuencia e incluso de redes de tráfico o trata de personas, lo que evidentemente les traería perjuicios graves para su seguridad, salud e incluso su propia vida.
Todos los días a solicitud de estas personas se les colabora llevando a supermercados o farmacias, según sea la necesidad que requieran.

11. Gastos de ingreso, estadía y egreso de extranjeros

Además de sufragar los costos de hospedaje de extranjeros de terceros países deportados a Costa Rica y los vuelos de retorno voluntario asistido desde Costa Rica a sus destinos posteriores, Estados Unidos, a través de socios en el terreno, está apoyando financieramente a Costa Rica para garantizar que estas personas tengan acceso a atención vital, incluyendo alimentos, atención médica y medicamentos; servicios de agua y saneamiento y artículos de higiene personal; un espacio seguro para niños, con actividades, juguetes y otros materiales; servicios de interpretación; y acceso a información sobre el retorno voluntario asistido a sus países de origen.

12. Salida a la fecha del informe

a. La resolución Migratoria emitida en favor de estas 200 personas permitió su ingreso legal a territorio costarricense y permite, de igual manera, su egreso legal del país.

b. Al 14 de marzo, 51 de estos extranjeros de terceros países ya habían optado voluntariamente por regresar a sus países de origen y habían salido de Costa Rica.

Hechos relativos a la prórroga del 19 de marzo de 2025

Mediante resolución D.JUR-0102-03-2025-JM, del 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería, prorrogó por un mes la resolución D.JUR-0057-02-2025-JM.

Hechos relativos a la resolución del 15 de abril de 2025

La resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril de 2025, de la DGME, publicada en La Gaceta el 21 de abril de 2025, dispuso:

Se autoriza la normalización migratoria de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento de un procedimiento especial.

D. Sobre hechos probados en la sentencia

Como parte de este recuento de marco fáctico, se hace necesario hacer dos consideraciones sobre los hechos probados de la sentencia.

En primer término, se puede advertir que no distingue los diversos momentos o escenarios. Habría sido necesario que lo hiciera, pues solo así se puede analizar si la conducta de las autoridades estuvo o no fundamentada en atención a los distintos contextos.

En segundo lugar, llama la atención que la sentencia da crédito por igual a las manifestaciones recogidas en los informes de las autoridades bajo fe de juramento, a las hechas por la Defensoría de los Habitantes y de las partes coadyuvantes, y esto sin una debida justificación. Solamente cuando se refiere a los informes de Mecanismo Nacional contra la Tortura dice: “también en estos informes consta -sin que lo refute expresamente la Dirección recurrida- que la información brindada a las personas detenidas fue insuficiente y tardía” (considerando IX, in fine). Afirmación que, por lo demás, no parece exacta, pues las autoridades negaron enfáticamente tal agravio en sus informes iniciales (véase resultando 3, punto undécimo y resultando 5, punto vigésimo primero al vigésimo tercero) e incluso la Defensoría ratifica lo contrario respecto del grupo que llegó el 25 de febrero (véase resultando 6).

Finalmente, en el elenco de hechos probados, la sentencia tiene como ciertos tanto los que provienen de los informes de las autoridades como de otras fuentes, y en muchos casos son contradictorios. Basta para ello mostrar algunos ejemplos.

El hecho probado x) dice:

x) Cuando arribaron al país no se brindó a los tutelados los datos de dónde se encontraban y en cuál situación y contaron con poca información y asistencia legal -ya estando en el CATEM por espacios temporales insuficientes- de cada caso particular (informe de observación activa de la Defensoría de los Habitantes e informe de hallazgos del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la oficina para América Latina del American Friends Service Committee (AFSC) y la litigante regional para las Américas del Consejo y Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights, informe de visita de diputaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del 28 de marzo de 2025, aportado por el recurrente el 20 de abril de 2025).

Sin embargo, en los hechos probados i) y j) se señala:

i) A su ingreso al CATEM Sur, a las personas deportadas de Estados Unidos de América, se les dio la información sobre dónde estaban, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Agencias de la ONU para continuar el viaje de retorno a su país o mejor opción. A su vez, los accionados les colaboraron para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM o en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se puso en conocimiento el número de teléfono institucional a embajadas para que se comuniquen con estas personas (ver informe aportado el 17 de marzo de 2025 y prueba aportada el 20 de marzo de 2025);

j) Las personas en tránsito, deportados de los Estados Unidos de América, han tenido la posibilidad de acceder a información y asistencia legal, por parte de las Organizaciones Internacionales y oficiales debidamente capacitados en temas de Derechos Humanos de las personas migrantes y que los mismos son atendidos bajo las normas mínimas que establece la normativa nacional e internacional en esta materia. Durante este proceso, a las personas migrantes se les ha ofrecido cuatro alternativas: “a) regresar a su país de origen; b) regresar a un tercer país, c) solicitar la categoría de refugio en Costa Rica y d) acogerse a una categoría especial humanitaria en nuestro país”. En los dos primeros casos o alternativas, la autoridad migratoria costarricense, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informando de antemano a las personas migrantes que sus pasaportes y documentos de viaje se encontraban bajo resguardo de la Policía Profesional de Migración, procedieron a iniciar el proceso de movilidad internacional voluntaria por el que optaron esas personas migrantes, haciéndoseles entrega de sus pasaportes y/o documentos al momento del trámite, para garantizarles su viaje al país de origen o a un tercer país (ver informes aportados en fechas 17 de marzo y 1° de abril de 2025, así como la prueba aportada el 20 de marzo de 2025).

E. Normativa relevante

Corresponde ahora transcribir la normativa aplicable al caso bajo estudio, destacando los pasajes más significativos.

1. Constitución Política

Art. 19

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.

No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.

Art. 22

Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Art. 12

1.-Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2.-Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3.- Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4.- Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

3. Ley General de Migración y Extranjería N°8764

Art. 1

La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas extranjeras al territorio de la República, con fundamento en lo establecido en la Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica, con especial referencia a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, define los requisitos de egreso de las personas costarricenses.

Las personas costarricenses tienen derecho a no migrar. Para ello, el Estado procurará el crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado en las distintas regiones del país, evitando que haya zonas expulsoras de población.

Art. 13

Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el contenido de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes:

1) Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las personas extranjeras al país. Para dicho efecto, emitirá las directrices generales de visas de ingreso correspondientes.

13) Ejecutar la política migratoria de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

19) Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria legal de personas extranjeras, incluso de las personas cuya condición de apátridas sea determinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

36) Las demás que tengan relación directa con la dirección y el control del movimiento migratorio en el país, resolviendo discrecionalmente y mediante resolución motivada los casos cuya especificidad deban ser resueltos de manera distinta de lo señalado por la tramitología general.

Art. 44

La Dirección General, por medio de los funcionarios competentes de la Policía Profesional de Migración, no admitirá el ingreso al país de las personas extranjeras que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios en el momento de la inspección de control migratorio o de los que cuenten con impedimento de ingreso, según las causales determinadas por la presente Ley o su Reglamento; ante tales situaciones, ordenará su rechazo. Sin embargo, mediante resolución razonada del director general, podrá autorizar dicho ingreso cuando medien razones de humanidad, oportunidad o conveniencia para el Estado costarricense, alguna de sus instituciones, o para alguna entidad académica, religiosa, deportiva o sin fines de lucro.

Art. 71

El Poder Ejecutivo podrá establecer, mediante decreto y por un plazo determinado, regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación migratoria de las personas extranjeras que no estén a derecho; para tales efectos, señalará los requisitos que tales personas deberán cumplir para acceder a tales regímenes de excepción. Antes de la promulgación del decreto, el Poder Ejecutivo podrá requerir el criterio del Consejo Nacional de Migración, el cual deberá emitir su recomendación en un acto debidamente razonado, contemplando las áreas de seguridad pública, empleo y seguridad social.

La Dirección General de Migración podrá determinar procedimientos especiales y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Esta disposición también será aplicable a las personas indígenas transfronterizas. Dichos procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se determinarán mediante resolución fundada emitida por tal Dirección.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 15 de la ley de Protección del desarrollo a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, N° 9710 del 9 de agosto de 2019)

4. Reglamento de Extranjería Decreto Ejecutivo No. 37112-GOB

Artículo 135

Bajo condiciones extraordinarias, la Dirección General podrá conocer y resolver en forma individual, por razones de humanidad, aquel caso que por sus particulares condiciones, suponga una especial situación de vulnerabilidad de la persona extranjera derivada de su condición etárea, género, discapacidad, entre otras, siendo su regularización migratoria condición necesaria para atender tal situación.

5. Resolución D.JUR-0057-02-2025-JM, 18-febrero-2025

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San José, a la hora y fecha que indica el certificado de firma digital. Se autoriza ingreso excepcional, permanencia transitoria y documentación de personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América.

RESULTANDO:

(…)

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Los cambios económicos, sociales y políticos que durante los últimos años han sufrido muchos países en el mundo, han provocado una corriente de los flujos migratorios irregulares hacia los Estados Unidos de América, lo que ha provocado actualmente una reacción política de ese país, con el fin de deportar a las personas extranjeras que no reúnan las condiciones legales para permanecer en su territorio. Para la efectiva ejecución de esas deportaciones, Estados Unidos ha solicitado colaboración al Gobierno de Costa Rica, petición que ha sido avalada por los jerarcas competentes.

SEGUNDO: A efectos honrar nuestro compromiso con Estados Unidos y recibir en nuestro territorio a las personas extranjeras que serán deportadas desde ese país, esta Dirección General debe adoptar una serie de medidas jurídicas y materiales, a la luz de diversos instrumentos internacionales y nuestra legislación, para efectos de permitir el ingreso y la permanencia de tales personas, conforme a nuestra legalidad. Se debe tener en cuenta que las personas extranjeras que serán recibidas contarán con una autorización de ingreso excepcional, una permanencia transitoria y documentación cuando se requiera, dado que se prevé que muchos arriben sin documento de viaje válido o vigente.

TERCERO: En ese marco se debe tomar en cuenta que mediante la Ley N°40 del 20 de diciembre de 1932, nuestro país ratificó formalmente la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, cuyo artículo 1 expresa que "Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios". En ese mismo sentido la Declaración sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 2.1 que "...Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos".

CUARTO: Ahora bien, las medidas que esta Dirección adopte para el ingreso y permanencia temporal que se permitirá a las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América, deberá implicar el pleno respeto de sus derechos humanos.

En ese sentido debemos de recordar que nuestro país también ha asumido una serie de obligaciones en el plano internacional, conforme a diversos mandatos de la Organización de las Naciones Unidas.

Uno de ellos es la Resolución aprobada por su Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016, denominada "Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes", en la que en términos generales se establece que los Estados miembros analizaron el deber de la comunidad internacional de responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, que ha alcanzado un nivel sin precedentes. Además, al aprobar desde el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reconoció por parte de los Estados miembros, la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible y los beneficios y oportunidades que ofrece la migración segura, ordenada y regular.

También debe de valorarse que en diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante su resolución 73/195 el "Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ", instrumento que promueve un tratamiento adecuado para abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración y gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

QUINTO: A la luz de los compromisos de derecho internacional asumidos por nuestro y el de recibir personas deportadas desde los Estados Unidos de América, esta Dirección General emite la presente resolución, con el fin de determinar los requisitos y procedimientos para el ingreso y permanencia a nuestro país, de las personas extranjeras que recibiremos en calidad de deportadas desde los Estados Unidos.

POR TANTO:

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, de conformidad con los artículos 4 y 269 de la Ley General de la Administración Pública número 6227; 1, 2, 12, 13 incisos 1), 13), 19), 23) y 36), 14, 44, 66, 138 inciso 7) de la Ley General de Migración y Extranjería número 8764; 54 del Reglamento de Personas Refugiadas, Decreto número 36931-G, del 28 de setiembre de 2011 modificado mediante el Decreto Ejecutivo número 42810-MGP, del 30 de noviembre de 2022 y demás normativa aludida anteriormente; resuelve:

PRIMERO: Autorizar el ingreso y la permanencia temporal de las personas extranjeras que sean deportadas desde los Estados Unidos de América, conforme a lo concretado por los gobiernos de los Estados Unidos de América y el de Costa Rica, con el único fin de continuar su viaje hacia sus países de origen u otros. Esta autorización se regirá por lo siguiente:

A) La Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) podrá autorizar el ingreso de las personas que arriben al país oficialmente deportadas desde los Estados Unidos, que se encuentren dentro del manifiesto de vuelo correspondiente. Además, la PPM podrá emitir un documento que permitirá a esas personas permanecer durante su plazo de vigencia, en un centro de atención temporal para personas migrantes administrados por esta Dirección General. Tanto el ingreso como el documento de permanencia se autorizará conforme a los datos que se indiquen en el manifiesto del vuelo de arribo y el respectivo documento de viaje de las personas. Se autorizará el ingreso con documento de viaje, aunque se encuentre vencido. En caso de que alguna de las personas no porte documento de viaje, se le entregará un documento emitido por la PPM, en el que se hará indicar el nombre, apellido, nacionalidad y cualquier otro dato que sea posible con el fin de individualizar a la persona.

B) VIGENCIA: El permiso de permanencia podrá ser autorizado por una única vez y tendrá validez por un plazo de treinta días naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del territorio nacional. Sin embargo, la PPM podrá prorrogar de manera casuística ese plazo, conforme a los trámites pertinentes para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional. Esa prórroga únicamente permitirá la permanencia mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona continuar con su viaje.

C) La PPM deberá implementar los mecanismos operativos necesarios para el registro y control de este tipo de excepciones, para lo cual podrá coordinar lo que corresponda con agencias internacionales.

D. CONDICIONES: El otorgamiento del permiso que regula la presente resolución queda sujeto a las siguientes condiciones:

1) Que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera beneficiada con este permiso incurra en la comisión de algún delito, conducta o antecedente que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público se revocara de inmediato el permiso otorgado y se procederá con los trámites legales correspondientes. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten este tipo de migración.

2) Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución no podrán permanecer en territorio nacional de forma irregular, sino que deberán egresar dentro de la vigencia de su autorización, en caso contrario se harán acreedores a las sanciones pertinente según la legislación costarricense.

3) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia.

4) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes.

Además, en caso de encontrarse a la persona laborando también podrá multarse al patrono, conforme a los artículos 174 y siguientes de Ley 8764.

SEGUNDO: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publíquese.

6. Resolución D.JUR-0102-03-2025-JM, 19-marzo-2025

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San José, a la hora y fecha que indica el certificado de firma digital. Se prorroga resolución D.JUR-0057- 02-2025- JM, mediante la cual se autorizó el ingreso excepcional, la permanencia transitoria y la documentación de personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América.

RESULTANDO:

(…)

CONSIDERANDO: ÚNICO:

Con basen en los antecedentes indicados y manteniéndose a la fecha las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas en la resolución N° D.JUR- 0057-02-2025- JM, esta Dirección General prorroga para todos sus efectos dicho acto administrativo, con el objeto de continuar con los trámites pertinentes para lograr la repatriación de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que fueran recibidas por Costa Rica, en razón de los acuerdos adoptados por ambos países al efecto.

POR TANTO:

PRIMERO: Prorrogar en todos sus efectos la resolución N° D.JUR-0057- 02-2025- JM, con el objeto de continuar con los trámites pertinentes para lograr la repatriación de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que fueran recibidas por Costa Rica, en razón de los acuerdos adoptados por ambos países al efecto.

SEGUNDO: Con fundamento en esta prórroga se autoriza la permanencia de personas extranjeras que fueron deportadas desde los Estados Unidos de América conforme lo así acordado por los gobiernos de ese país y el de Costa Rica, con el único fin de continuar su viaje hacia sus países de origen y otros. Esta autorización se regirá por lo siguiente:

A) La Policía Profesional de Migración y Extranjería (en adelante PPM) podrá autorizar la permanencia en el país de las personas que ingresaron oficialmente deportadas desde los Estados Unidos y que se encuentren registrados en los manifiestos de vuelo correspondientes. Para acreditar esa permanencia la PPM deberá emitir un documento que permitirá a esas personas y permanecer en un centro de atención temporal para personas migrantes administrados por esta Dirección General. En el documento se deberán indicar los datos que se indiquen en el manifiesto del vuelo de arribo y/o el respectivo documento de viaje de las personas, aunque se encuentre vencido. Además, se deberá indicar la nacionalidad y cualquier otro dato que sea posible con el fin de individualizar a la persona.

B) VIGENCIA: El permiso de permanencia podrá ser autorizado por el plazo de treinta días naturales, a efectos de las personas beneficiadas puedan hacer abandono del territorio nacional, y podrá ser prorrogado por plazos iguales, conforme a los trámites pertinentes para lograr que la persona extranjera haga abandono del territorio nacional. Esa prórroga únicamente permitirá la permanencia mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona continuar con su viaje.

D. CONDICIONES: El otorgamiento del permiso queda sujeto a las siguientes condiciones:

1) Que la persona extranjera no cometa un delito en el país o que incurra en alguna conducta que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público. En caso de que la persona extranjera beneficiada con este permiso incurra en la comisión de algún delito, conducta o antecedente que constituya una amenaza en materia de seguridad y orden público se revocara de inmediato el permiso otorgado y se procederá con los procedimientos legales correspondientes. De la misma forma procederá la autoridad migratoria en caso de detectarse que alguna persona beneficiada con este permiso acceda a ser trasladada o conducida por el territorio nacional por parte organizaciones de crimen organizado o terceras personas que con fines delictivos faciliten este tipo de migración.

3) Las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que NO podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia.

3) (sic) En caso de determinar la Administración anomalías en el uso del permiso se aplicarán las sanciones correspondientes conforme el ordenamiento jurídico migratorio y demás normativas vigentes. Además, en caso de encontrarse a la persona laborando también podrá multarse al patrono, conforme a los artículos 174 y siguientes de Ley 8764.

SEGUNDO: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Jean Paul San Lee Lizano, Director General a.í., de Migración y Extranjería.—1 vez.—

7. Resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM, 21-abril-2025

“RESOLUCIÓN D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San José, a la hora y fecha que indica el certificado de firma digital. Se autoriza la normalización migratoria de las personas extranjeras deportadas de los Estados Unidos de América que a la fecha se encuentran en el país en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, mediante el establecimiento de un procedimiento especial.

RESULTANDO:

(…)

DÉCIMO CUARTO: Que las personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos de América que actualmente se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en la zona Sur, no han manifestado intensiones (sic) de acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitar la condición de refugio, por lo que es responsabilidad de esta Dirección General establecer condiciones que permitan su normalización migratoria temporal en una forma más estable que la regulada en las resoluciones señaladas en el resultando anterior.

DÉCIMO QUINTO: Que en el dictado de la presente resolución se ha observado el fundamento jurídico aplicable y los procedimientos de ley.

CONSIDERANDO:

POR TANTO:

SÉTIMO: Entrada en vigencia. Rige a partir de su suscripción. Publíquese”.

F. Análisis de los agravios planteados por el recurrente

Corresponde ahora analizar la cuestión con base en el derecho de los extranjeros expulsados, consagrado en el Derecho Internacional y el Derecho de la Constitución –valores, principios y normas–, así como en el elenco de hechos probados y no probados de esta controversia jurídica.

1. Premisas

Para tales efectos partimos de una serie de premisas concatenadas entre sí.

a. Tres escenarios

En primer término, cabe recordar que corresponde analizar el escenario anterior a la interposición, para determinar si los agravios planteados deben ser estimados.

Es muy diferente la situación inicial –la del ingreso e inicio de trámite por parte de la OIM y las agencias–, de aquella en la que ya muchos extranjeros han partido del país y se prorroga la medida a los demás, y de la última –en la que se regulariza la situación de los que quedan–. En el primer escenario, nos encontramos ante un hecho inédito, complejo, que exige la puesta en marcha de toda la logística para un grupo determinado de personas provenientes de los más variados países, con culturas e idiomas muy distintos. Este es el que es objeto del presente hábeas corpus, que fue interpuesto el 7 de marzo de 2025, poco más de dos semanas después del primer ingreso de extranjeros.

b. El régimen propio de los extranjeros y sus consecuencias

La segunda premisa es que los amparados entraron al país de forma legal, por la elemental razón de que si el Estado los recibió es porque les está permitiendo su ingreso. Este es un hecho no controvertido. Sostener lo contrario iría en contra de la doctrina de los actos propios, que impide que la Administración vaya en contra de sus propios actos en perjuicio de derechos subjetivos o situaciones jurídicas consolidadas –venire contra factum proprium non valet–. De hecho, antes que ingresaran las personas tuteladas al territorio nacional, la autoridad recurrida emitió una resolución administrativa respecto a su condición migratoria.

Entonces, si un extranjero ha ingresado legalmente a un Estado, de acuerdo con el Derecho de la Constitución y el Derecho Internacional Público, en principio, tiene derecho a la libre circulación.

La Constitución Política señala:

Art. 19

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice:

Artículo 12

1.-Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia (…).

Como se puede observar, no existe un derecho de los extranjeros de ingresar a un país que no es el propio, pues depende de una autorización de parte del Estado, que incluso puede establecer determinadas condiciones o negar el ingreso. Pero, cuando el extranjero ha ingresado y se encuentra legalmente en el territorio del Estado respectivo, puede circular libremente y elegir una determinada residencia. Igual sucede cuando el extranjero que ha ingresado ilegalmente, pero regulariza su situación.

No obstante, en el presente caso, nos encontramos ante extranjeros cuyo ingreso fue admitido por razones humanitarias y en su condición de tránsito. En ese sentido, es importante destacar que un Estado puede imponer condiciones generales a un extranjero que se encuentra en tal condición.

De lo anterior se deduce que la libertad de circulación de los extranjeros no tiene el mismo alcance e intensidad que cuando se trata de su ejercicio por parte de los nacionales. Estamos, pues, ante un derecho limitado y sujeto a condiciones, y por ello resultan aplicables estas reglas a los amparados.

La normativa constitucional y convencional fueron diseñadas pensando en extranjeros que ingresan a un Estado en otras condiciones, no para el caso de un ingreso masivo de extranjeros a un Estado que han sido expulsados por otro, y que son admitidos bajo la condición de que permanecerán en el país durante el trámite para su retorno voluntario a su país de origen o a un tercer país.

No obstante, tales normas son fundamento para que la autoridad competente regule lo relativo a su ingreso, permanencia temporal y salida. La Constitución dice que: “con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen (…) y están sometidos a la jurisdicción (…) de las autoridades de la República”. Y el propio Pacto dice: “3.- Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud…”. Como luego se verá, las autoridades ejercieron sus competencias dadas por dadas por ley.

c. Excepcionalidad del marco fáctico

La tercera premisa está referida a que, a causa de la situación tan particular y excepcional de este caso, hay una justificación objetiva para que las autoridades de la DGME requirieran de un tiempo razonable con el fin de realizar una serie de gestiones que les permitiera a los extranjeros egresar a sus países o a un tercero que aceptara recibirlos, u optar por el refugio, tales como: su identificación, el proveerles los documentos que exige el derecho internacional para desplazarse a otros países, el coordinar con los organismos internacionales competentes y agencias para proveerles de un traductor o de los recursos económicos necesarios para la compra de pasajes, etc.

Dada la complejidad de este caso, la cantidad de personas y las circunstancias en que ingresan al país –de distintas nacionales e idiomas–, la Administración Pública requería de plazos razonables para ejercer sus acciones, brindar la asistencia legal correspondiente, la información respectiva, etc. No se está ante el ingreso de una o un grupo reducido de personas, que ostentaran condiciones homogéneas.

2. Agravios

a. Presunta detención de las personas tuteladas

El recurrente aduce que las personas tuteladas están privadas de su libertad: no pueden salir libremente y sin custodia del CATEM, están permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública, se les impide la libertad de tránsito por el territorio nacional, sin haber cometido delito, lo que además supone una discriminación respecto de otros extranjeros. La sentencia afirma una y otra vez que se encontraban detenidos. A juicio de esta minoría esta apreciación no se ajusta ni al marco fáctico ni al jurídico.

Una inicial aproximación podría llevar a sostener que desde el momento en que ingresaron legalmente al país y se les concedió la permanencia transitoria de conformidad con la resolución D.JUR.0057-02-2025 del 18 de febrero, la cual fue prorrogada el 19 de marzo mediante la resolución D.JUR-0102-03-2025JM (véanse los hechos probados a, c y p de la sentencia), se les debió poner en libertad.

Otra alternativa sería sostener que, en vista de las condiciones particulares y excepcionales de ingreso al país –deportación masiva, sin su consentimiento e identificación, sin conocer el entorno, probablemente sin recursos económicos, en tránsito etc.– lo que correspondía era que las autoridades respectivas adoptaran una serie de medidas necesarias con el fin de garantizar su integridad física, salud y demás derechos básicos por un tiempo razonable, mientras las personas egresan a sus respectivos países o un tercero que estuviera dispuesto a recibirlas, u optan por la solicitud de refugio. En esta dirección, hay que tener presente que desde el momento que el Estado costarricense acepta recibirlos, aunque no tengan ningún estatus migratorio, es el responsable de garantizarles sus derechos y de llenar sus necesidades básicas; lo que hizo con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y los organismos y agencias internacionales. En la situación tan especial en que se encontraban estos extranjeros, ponerlos en libertad de inmediato al ingreso del país hubiese sido exponerlos a situaciones de extrema vulnerabilidad. De ahí que resulta razonable que se les haya trasladado al CATEM-sur. También resulta razonable que, a causa de que no conocen el entorno y con el fin de garantizar su seguridad, cuando se desplazaban a los centros de población con el fin de ir a las farmacias, supermercados, etc. se hiciesen acompañar de las autoridades de policía de migración (véanse los hechos d y f). Además, aunque ciertamente habían recibido el aval para ingresar al país por razones humanitarias y en condición de tránsito, tal como informan las autoridades, no se les había otorgado visa de ingreso y permanencia propia de un contexto normal:

“A ninguna de las 200 personas objeto del presente Habeas Corpus se le ha otorgado "Visa" para su ingreso al país. Lo que la Dirección de Migración emitió en su favor, es una resolución Migratoria con fundamento en un acuerdo diplomático alcanzado entre la Casa Blanca y el Gobierno costarricense para que dichas personas pudiesen ingresar a nuestro país en condición de tránsito. (…) Cabe mencionar que dentro de las nacionalidades de estas personas migrantes se encuentran: CHINA, ARMENIA, UZBEKISTAN, TURKIA, RUSIA, AFGHANISTAN, VIETNAM, GEORGIA, JORDANIA, KAZAJISTAN, IRAN, GHANA, KIRGUISTAN, CONGO, NEPAL, YEMEN, ANGOLA, INDIA, PAKISTAN, TAJIKISTAN, como se puede analizar muchas de estas nacionalidades pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, por tanto la resolución emitida guarda una correlación legal con la normativa migratoria vigente, estableciendo un escenario restrictivo o delimitado. (Informe del 20 de marzo de 2025, Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. de la Dirección General de Migración y Extranjería)

Por ello, disentimos de lo afirmado por la mayoría en el sentido de que “Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase” (resaltado pertenece al original). Estimamos que con sustento en la potestad migratoria que tiene el Estado costarricense es posible establecer limitaciones a la libertad de tránsito de quienes se les permitió de forma masiva el ingreso legal al país, en condición de tránsito.

En ese sentido, para reiterar lo dicho y sustentar aún mejor nuestra posición bastaría transcribir los hechos que se tienen por ciertos con fundamento en los informes dados por las autoridades y que la sentencia también los tiene por probados:

Las 200 personas que fueron ubicadas en el CATEM SUR, debido a sus nacionalidades requieren necesaria y legalmente de una visa de ingreso a Costa Rica a efectos de poder ingresar a nuestro país y poderse mover libremente en nuestro territorio. A ninguna se le ha otorgado "Visa" para su ingreso al país. La autorización de permanencia es en el CATEM, y al tener este proceso un fin de tránsito por nuestro país es fundamental tener ubicadas a estas personas para acelerar el proceso de continuación de viaje, además de tener libertad de salir y entrar a su antojo existen riesgos de inseguridad y la posibilidad de ser captados por redes criminales de tráfico ilícito de migrantes, teniendo el estado costarricense la responsabilidad de la integridad de estas personas extranjeras. Dentro de las nacionalidades de estas personas migrantes se encuentran de nacionalidades que pertenecen al grupo 4 (referente a visas restringidas) establecido en las Directrices Generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes número DG-30-10-2023-AJ, por tanto la resolución emitida guarda una correlación legal con la normativa migratoria vigente, estableciendo un escenario restrictivo o delimitado, pero brindando en todo momento la asistencia y protección y atendiendo las necesidades y solicitudes de cada uno de ellos, y han sido trasladados a supermercados o farmacias con el fin de satisfacer alguna necesidad particular. La Defensoría no constató un caso en el que alguna persona intentara salir del Centro y recibiera una respuesta negativa al respecto. Ante la consulta a las autoridades del CATEM-sur sobre la posibilidad de salir por parte de alguna de estas personas, se manifestó que no existiría limitación, pero sí estarían siempre custodiados. (DH) (véase los hechos probados 3.a, 3.b, 3.d, 3.e de este voto salvado; y los hechos probados a, b, d, f). (El destacado es propio).

Como puede apreciarse, las acciones que han adoptado las autoridades recurridas, en términos generales, han sido exitosas, pues han logrado que las personas extranjeras retornen a sus países de origen o a un tercero que estuvo dispuesto a recibirlas, como fue lo inicialmente considerado para recibirlas en territorio nacional. Por ello, no compartimos la tesis de que se declare con lugar el recurso de hábeas corpus porque se les privó ilegítimamente de su libertad. En realidad, fueron limitaciones a su libertad de tránsito para efectos migratorios, pues, como bien se reconoce en la sentencia, existía una necesidad imperiosa de que estas personas se mantuvieran en el CATEM-sur, ya que de encontrarse fuera de ese lugar, se les hubiese expuesto a situaciones extremadamente peligrosas, al no contar con un estatus migratorio regular, ni medios de subsistencia, ante un entorno desconocido, etc., lo que incluso podría haber derivado en responsabilidad del Estado costarricense, ya que si aceptó y autorizó su ingreso temporal al territorio nacional es responsable de su seguridad.

Desde esta perspectiva, se descarta que en la especie las personas amparadas hayan sido privadas de su libertad en forma arbitraria. No hubo tal privación sino unas limitaciones razonables y debidamente fundamentadas en atención al contexto y con fundamento normativo suficiente. Ciertamente, esta Sala ha manifestado en reiteradas oportunidades que, tratándose de personas que han ingresado ilegalmente al país y que se encuentran sometidas a los procedimientos tendientes a determinar su situación migratoria, no aplica el plazo de detención establecido en el artículo 37 de la Constitución Política, sino que dicha privación de libertad debe darse por el plazo razonable para que la Administración resuelva lo que corresponda en el marco del procedimiento. En el presente caso ni siquiera se puede hablar propiamente de una aprehensión de esa naturaleza. Su situación era de extranjeros que de manera colectiva recibieron la autorización de ingresar al país, estando de tránsito, mientras viajaban a su país de origen o a un tercer país, lo que evidentemente no podía resolverse de manera inmediata, y exigía una logística y ayuda humanitaria. Fueron ubicadas en el CATEM-sur por las razones ya mencionadas que justifican debidamente la decisión. Consta que podían salir del albergue, aunque acompañados, tal como se explicó y por los motivos señalados que también justifican tal decisión. Por lo demás, recuérdese que muchos de ellos son nacionales de visas 3 y 4. De manera que era conteste con el ordenamiento que las autoridades realizaran un trámite para analizar si correspondía otorgarla, en caso de que desearan permanecer en el país. Lo mismo respecto de los que quisieran pedir refugio.

b. Presunta lesión de libertad de expresión

El recurrente aduce que las personas tuteladas no pueden expresarse libremente al impedírseles tener contacto con la prensa, ni conversar con personas ajenas al CATEM.

Nótese que no se individualiza a la persona afectada, elemento imprescindible para determinar la infracción en tiempo y espacio concreto, pues no es posible presuponer una afectación en forma generalizada. Hay supuestos en los que la Sala sí lo ha hecho, por ejemplo, en hacinamiento carcelario, pero en tal contexto se trataría de todas las personas que se encuentren en un espacio convivencial concreto sujetas a las mismas condiciones de privación de una prestación por parte del Estado: el derecho a habitar en un lugar digno. En cambio, en atención al tipo de derecho que aquí se alega violado, el impedimento al ejercicio de este tendría que darse en forma individual.

En todo caso, se tiene por probado en lo relativo con la comunicación con el exterior lo siguiente:

Se ha colaborado para que tengan comunicación vía WhatsApp, con sus propios celulares, facilitándoles la compra y recargas de tarjetas SIM, con las compañías Liberty o CLARO, e inclusive en oportunidades compartiéndoles wifi de teléfonos institucionales, además se les ha facilitado el número de teléfono institucional a las embajadas para que se comuniquen con estas personas migrantes.

Desde la llegada de esta población extranjera, dichas personas migrantes fueron muy claras en manifestar que no aceptaban fotografías de ningún tipo, así como no querer referirse en ninguna entrevista, ya que en la actualidad un video puede llegar a cualquier parte del mundo y esto puede causar un riesgo o perjuicio para ellos mismos, y es así como en apego a los principios de intimidad y privacidad esta solicitud se les ha respetado en todo momento.

En cuanto a la imposibilidad de comunicarse con medios de comunicación, es necesario señalar que la Defensoría no cuenta con información al respecto. (DH) (Véase hechos probados 8.a, 8.b, 8.c de este voto salvado y hechos probados i, h).

Lo anterior denota la necesidad de individualizar la afectación en cuanto a este derecho, pues al ser originarios de diversos países, podrían enfrentar riesgos diferentes y no solo ellos, sino los familiares que permanecen en el respectivo país.

Además, la situación era sumamente compleja, de ahí que resultaba razonable que, en algunos momentos, las conversaciones, tanto con los asesores legales como con la prensa, fueran de manera informal a través de la malla de cerramiento de las instalaciones del CATEM.

En ese contexto, estimamos que no es posible constatar inobservancia constitucional alguna respecto de este agravio.

c. Presunto retiro de la documentación de identidad

El recurrente aduce que se les retiró la documentación de identidad a las personas tuteladas, lo que les ha generado preocupación por su estatus legal y su futuro.

Sobre el particular se informó:

A nuestro juicio, se trataba de una medida también razonable. Además, no consta que haya impedido el tránsito a su país de origen o a un tercer país, ni a la solicitud de refugio.

d. Presunta falta de asesoría jurídica

El recurrente alega que las personas tuteladas no han tenido acceso a alguna asesoría jurídica independiente o información detallada sobre sus derechos.

Sobre la información a los extranjeros de su situación se tiene en autos lo siguiente:

Cuando llegaron al país se les dio una explicación general que les fue traducida con el apoyo de traductores de la OIM contratados precisamente para llevar a cabo tal misión explicativa, en cada uno de sus idiomas, los cuales pueden ser corroborados por los mismos interesados. Desde su ingreso al CATEM SUR, se les ha brindado a estas personas extranjeras la información clara del lugar en el que se encuentran, cuáles son sus derechos y deberes, cuál es su condición actual y el proceso que están llevando las Naciones Unidas a través de la OIM, para continuar el viaje de retorno a su país o un tercer país de acogida. El día 25 de febrero, el procedimiento presentó mejoras notables respecto a la primera observación documentada. El equipo de la Defensoría constató que las autoridades aplicaron algunas recomendaciones previamente efectuadas, particularmente en cuanto a proporcionar información más detallada a las personas deportadas sobre su ubicación actual y destino y el proceso se visualizó más ordenado (DH). (véase hechos probados 5.a, 5.b, 5.c y hechos probados i, j, t de la sentencia)

Sobre la asistencia legal, según lo que consta en el expediente, se puede afirmar:

De manera que, desde nuestra perspectiva, este agravio también debe ser desestimado.

e. Presunto rechazo de la posibilidad de solicitar refugio

El recurrente aduce que a los tutelados se les ha rechazado la solicitud de asilo o de refugio. Sobre el particular, cabe aclarar que desde el primer informe las autoridades recurridas indicaron:

“OCTAVO: El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas, son quienes están en primera línea realizando entrevistas y valorando cada caso en concreto, para el retorno seguro de estos migrantes a sus países de origen o mejor opción en un tercer país, garantizando el respeto absoluto de los derechos humanos de las personas, así como las condiciones en las que se encuentran, es importante destacar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se encuentra manera permanente en el CATEM para instruir, guiar y direccionar cualquier caso de protección internacional, y la Dirección General de Migración y Extranjería en la disposición a través de la Unidad de Refugio de valorar los casos que se presenten”. (informe del 17 de marzo de 2025, Jean Paul San Lee Lizano, director a.i. y José Pablo Vindas Monge, coordinador policial de la Policía Profesional de Migración de Paso Canoas, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería).

Es decir, que la posibilidad se les ofreció desde el principio. No obstante, la sentencia declara con lugar este agravio por la demora en el trámite. Según nuestro parecer esto es desconocer la dinámica propia de una situación excepcional.

G. Sobre el segundo y tercer escenarios: prórroga y regularización

En todo caso, respecto de los que aquí se han llamado segundo y tercer escenarios, cabe señalar lo siguiente. Está justificada la prórroga del plazo de 30 días que originalmente se adoptó para continuar con el proceso, mientras tanto egresaban o se regularizaba su condición migratoria. Nótese que, de acuerdo con los informes que rinden a este Tribunal las autoridades recurridas, de las 200 personas extranjeras recibidas, una gran mayoría ya salió de Costa Rica mediante el retorno voluntario a sus países o fueron reubicados en un tercer país que aceptó recibirlos, con lo cual las razones humanitarias por las que el Estado de Costa Rica los aceptó se han materializado a favor de los deportados. A quienes aún quedan en el país –31 personas según lo expresó el ministro de Seguridad en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el 19 de junio del presente año– porque no han manifestado intenciones de acogerse a un retorno asistido o a la condición de refugiado, las autoridades recurridas les han autorizado la normalización migratoria temporal por razones humanitarias, mediante la creación de un procedimiento especial regulado en la resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM del 15 de abril del 2025 (véase el hecho w.).

Podría ser discutible si ha habido o no una dilación indebida, pues si el primer grupo de las personas ingresaron al país de forma legal el 20 de febrero del año en curso. Sin embargo, reiteramos, en vista de la complejidad del caso –200 personas extranjeras en tránsito de distintas nacionalidades e idiomas y al tratarse de un caso novedoso que no encuentra una respuesta en la normativa internacional ni nacional–, resulta razonable que las autoridades recurridas hayan dilatado ese tiempo para analizar la situación individualizada de los extranjeros. En todo momento, se les ha permitido continuar en suelo costarricense con sustento en la autorización de ingreso mediante excepcionalidad por razones humanitarias en condición de tránsito.

Si bien en cuanto a las personas amparadas es un caso inédito en el país, es lo cierto que las autoridades migratorias han observado en su esencia los procedimientos previamente establecidos para su atención y resolución.

Lo acontecido con la parte amparada debe considerarse bajo el entendido de que la autorización de ingreso estaba condicionada a que estarían de tránsito, no a que se les eximiría de todo requisito que cualquier otro extranjero debía cumplir para permanecer por un plazo determinado o de manera indefinida en el país. Por lo que no se advierte inobservancia de un derecho fundamental a alguno de los tutelados en forma individual.

El hecho de que el 15 de abril las autoridades dictaran una resolución por el cual se crea un procedimiento especial para aquellas personas que aún estaban en condición de tránsito, pues no han manifestado interés de acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitado la condición de refugiado, no supone ninguna especie de reconocimiento de haber incurrido de previo en una conducta lesiva de algún derecho fundamental. A nuestro juicio fue una decisión que responde a un contexto fáctico distinto.

H. Conclusión

En razón de lo expuesto, rechazamos que la actuación de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería presente roces de constitucionalidad en el caso concreto. Estimamos que lo correspondiente es declarar sin lugar el hábeas corpus en todos sus extremos, tal y como en efecto hacemos.

Fernando Castillo V. / Luis Fdo. Salazar A. / Anamari Garro V.

Exp: 25-006713-0007-CO

Res. Nº 2025019485

NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

En vista de lo expresado en el voto salvado, renuncio a la nota que en su momento estimé oportuno consignar.

Anamari Garro V.

* Este artículo tiene como base el Trabajo de Fin de Máster, defendido en el Máster de formación permanente internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y "compliance", Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela, 2024.

** Magistrado suplente de la Sala Constitucional desde el año 2021, a la fecha. Master en Formación Permanente Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal, y Compliance, Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política y Especialista en Comercio Internacional. Profesor de Derecho. Socio del Bufete Lara-Gamboa & Asociados. Ha sido Asesor Legislativo, Jefe de Gabinete del Vicecanciller y Gerente de Representaciones Internacionales (Representante de Costa Rica ante la UIT y Citel) del Viceministerio de Telecomunicaciones, entre otros puestos.

^{^[1]} Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2015). Proyecto de Ley 19571. Diario Oficial La Gaceta, (126), Alcance 49. San José, Costa Rica.

^{^[2]}Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2015). Proyecto de Ley 19571, artículo 15. Diario Oficial La Gaceta, (126), Alcance 49. San José, Costa Rica.

^{^[3]} Abel Souto, M. (2018). La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, los Estados Unidos, México y Perú. II Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Económico y de la Empresa, pp. 1-13.

^{^[4]} Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2015). Proyecto de Ley 19571, artículo 15. Diario Oficial La Gaceta, (126), Alcance 49. San José, Costa Rica.

^{^[5]} Cárdenas Chinchilla, C. E. (2013). Persecución penal del patrimonio ilícito y criminal. Editorial Investigaciones Jurídicas, p. 33.

^{^[6]} Real Academia Española. (1999). Diccionario de la Real Academia Española. Editorial Espasa Calpe, pp. 519 y 668.

^{^[7]} En España el llamado decomiso ampliado se introdujo en la reforma al artículo 127.1 del Código Penal, efectuada por la L.O. 5/2010. Pese a que una forma de decomiso ampliado se aplicaba por los Tribunales penales españoles desde 1998, no es hasta la reforma de 2010 que se incluye un nuevo párrafo al artículo 127 del Código Penal estableciendo que las penas que se impongan por un delito doloso llevarán consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

El decomiso ampliado se extiende a bienes que no son efectos, instrumentos o ganancias del delito o delitos enjuiciados en el proceso penal, sino que lo pueden ser de otros delitos anteriores cometidos en el marco de la misma organización o grupo, los cuales puede ser que no hayan sido juzgados en el pasado y no vayan a serlo en el futuro. De igual forma, el decomiso se ampliaba en el sentido de que podía acordarse respecto de los efectos, bienes, instrumentos o ganancias de una persona enjuiciada, aun cuando no esté acreditada su autoría en hechos delictivos distintos de aquellos por los que resulte penalmente responsable, es decir no se exige una relación directa entre la autoría o participación en el delito y la posibilidad del decomiso de los bienes.

Para poder aplicar la presunción de procedencia delictiva de los bienes, se exige la concurrencia de dos requisitos: a) que la persona o personas a las que se aplica el decomiso ampliado hubiese sido condenada por uno o varios delitos cometidos en el seno de la organización; b) que su patrimonio tuviese un valor desproporcionado con respecto a sus ingresos legales. (Guinarte Cabada, 2015).

Para ampliar ver al respecto Guinarte Cabada, G. (2015) La Nueva Regulación del Decomiso en España: Aspectos Penales.

^{^[8]} Centro de Información Jurídica en Línea. (2011). Informe de investigación: El comiso y decomiso. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MzA3OQ==

^{^[9]} Del Saz, S. (1995). Enciclopedia jurídica básica. Editorial Civitas, Tomo II. p. 1932.

^{^[10]} Gamboa Montejano, C., & Valdés Robledo, S. (2012). Extinción de dominio: Estudio teórico conceptual, marco legal e iniciativas presentadas en la LXI legislatura (Primera parte). México D.F.

^{^[11]} Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1988). Ley Nº 7093: Ley sobre sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=4971&nValor3=5260&strTipM=TC

^{^[12]} Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1991). Ley Nº 7233: Reforma ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas (art. 17). Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de http://www.pgrweb.go.cr /scij/ Busqueda/ Normativa/ Normas/ nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=12792&nValor3=13739&strTipM=TC

^{^[13]} Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2002). Ley Nº 8204: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48392&nValor3=0&strTipM=TC

^{^[14]}Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2019). Ley Nº 9699: Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo. aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=88954&nValor3=0&strTipM=TC

^{^[15]} Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2009). Ley Nº 8754: Ley contra la delincuencia organizada. Recuperado el 26 de septiembre de 2024, de http://www.pgrweb.go.cr/scij /Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=65903&nValor3=0&strTipM=FN

^{^[16]} Según el artículo 1 de Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, “La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”.

^{^[17]} El Ministerio de Hacienda, es un ministerio con cartera que forma parte del Poder Ejecutivo, cuyo jerarca es el Ministro de Hacienda. Según la “Rendición de Cuentas y Memoria Institucional 2023” del Ministerio de Hacienda, este fue creado mediante el Decreto Ejecutivo LV, con el nombre de Tesorería General de Hacienda del Estado el 14 de octubre de 1825. El 25 de octubre de ese mismo año, cambió su nombre a Dirección General de Hacienda. En 1948 y a raíz de una serie de modificaciones a sus objetivos y funciones, se varió de nuevo su nombre por Ministerio de Economía y Hacienda. En 1966 como resultado de la separación de la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Dirección General de Integración Económica de la Cartera de Economía y Hacienda, pasa a llamarse Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el encargado de asegurar a la sociedad costarricense los recursos financieros, al menor costo posible, para satisfacer las necesidades sociales y promover su adecuada asignación; además, contribuye a la gobernabilidad ejerciendo una sólida rectoría en el ámbito fiscal del país y apoyando a las instituciones y clientes para el logro de los objetivos prioritarios nacionales.

^{^[18]} De acuerdo al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en su página web oficial, en su sección, “Acerca del ICD”, el mismo, fue creado mediante Ley 8204 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), como el ente encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. El ICD tiene entre sus funciones el diseño y coordinación del Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

^{^[19]} Es el equivalente a la Fiscalía General, y su jerarca es el Fiscal General de la República. Según el artículo 1 de la Ley número 7442, Ley Orgánica del Ministerio Público, este es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.

^{^[20]} Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.

Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 3124 del 25 de junio de 1963)

^{^[21]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (1992). Voto N° 1739-92. San José, Costa Rica.

^{^[22]} Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 3124 del 25 de junio de 1963)

^{^[23]} Véase también el Voto 2013 007766, expediente 11-014009-0007-CO, de la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, en donde se resuelve de forma similar.

^{^[24]} La Sala Constitucional también es coloquialmente llamada “Sala VI”, debido a que antes de que formara parte de la Corte Suprema de Justicia, ésta estaba compuesta por tres salas, la Sala I (órgano judicial superior en materias de derecho civil, comercial, contencioso-administrativa y civil de Hacienda, agrario, notarial. También conoce de los procesos de exequátur y cartas rogatorias de su materia, de las nulidades de laudos arbitrales), la Sala II (órgano judicial superior en materias de derecho laboral, seguridad social, familia, concursal [quiebras, concursos civiles, procesos de administración y reorganización judicial y convenios preventivos] y sucesorio. También conoce de los procesos de exequátur y cartas rogatorias, en su materia), y la Sala III (órgano judicial superior en materia de derecho penal).

^{^[25]} Cantillo Gamboa, V. (2020). Historia de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Revista de la Sala Constitucional, (2), 8-22. ISSN: 2215-5724

^{^[26]} A la Sala Constitucional, conocida cómo Sala IV, le corresponde resolver los recursos de amparo y de habeas corpus, las acciones de inconstitucionalidad, y las consultas legislativas y judiciales. Se encuentra conformada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, electos por la Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Con la aprobación de la Ley número 7135, “Ley de la Jurisdicción Constitucional”, de 11 de octubre de 1989, se regula la jurisdicción constitucional, sus competencias y su constitución orgánica, destacando que su objeto es garantizar los derechos fundamentales y las normas y principios constitucionales, su interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política de Costa Rica.

^{^[27]} Existen 2 tipos de consultas legislativas, “la primera de ellas, llamada preceptiva, es planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, cuando se trata de proyectos de reformas constitucionales o a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como aquellos proyectos de ley tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales. El segundo tipo de consulta es denominada facultativa, y por medio de ella un grupo de al menos 10 diputados, pueden solicitar a la Sala Constitucional su opinión previa de los proyectos legislativos a efecto de corroborar que no infringen el Derecho de la Constitución … Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes también podrán plantear una consulta, en los casos previstos por dicho numeral”. Sala Constitucional, “Funciones y competencias”.

^{^[28]} “esta clase de consultas son presentadas por los jueces ante la Sala, para aclarar sus dudas de constitucionalidad sobre una norma o acto que deban aplicar o de un acto, conducta u omisión que deban juzgar”. Sala Constitucional, “Funciones y competencias”.

^{^[29]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica, a) resolución número 07250 – 2013, del 31 de mayo de 2013, expediente 11-004831-0007-CO, b) resolución número 018946-2015, del 2 de diciembre de 2015, expediente 13-007644-0007-CO y c) resolución número 01691 - 2016, del 3 de febrero de 2016, expediente 13-014006-0007-CO.

^{^[30]} Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

^{^[31]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2016). Resolución número 01691-2016.

^{^[32]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2016). Resolución número 01691-2016.

^{^[33]} Constitución Política de Costa Rica:

^{^[34]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2021). Resolución Nº 19152 - 2021 de las 09:15 horas del 27 de agosto del 2021. San José, Costa Rica.

^{^[35]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2015). Resolución número 18946-2015.

^{^[36]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2015). Resolución número 18946-2015.

^{^[37]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2016). Resolución número 01691-2016.

^{^[38]} Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

^{^[39]} Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL). (2011). Doctrina sobre la propiedad privada.https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MzE5Nw==

^{^[41]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2016). Resolución número 01691-2016.

^{^[43]} Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 3124 del 25 de junio de 1963)

^{^[44]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2013). Resolución Nº 07250 – 2013 de las 09:05 horas del 31 de mayo del 2013. San José, Costa Rica.

^{^[46]} Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica:

Artículo 119.- Al finalizar una legislatura, los asuntos pendientes de resolución podrán estudiarse en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo.

No obstante, la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo. (lo resaltado no es del origina)

^{^[47]} Reglamento de la Asamblea Legislativa:

Artículo 137.- Mociones de fondo. Para el trámite y discusión de las mociones de fondo se aplicarán las siguientes normas:

a) Las mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto al fondo, solo se admitirán cuando

se presenten al Directorio durante las primeras dos sesiones de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no haya concluido.

b) Automáticamente, tales mociones se darán a conocer a los diputados, por el medio que el presidente

considere más oportuno, pasarán a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha Comisión.

Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el orden del día de la comisión respectiva, a efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate.

c) Recibido por el Directorio el informe de la comisión, ese momento esté en primer debate y, de inmediato, se entrará a conocer el proyecto cuyo trámite se encontraba suspendido, de conformidad con el párrafo anterior.

^{^[48]} Reglamento de la Asamblea Legislativa:

Artículo 154.- Reenvío de proyectos a la comisión Dictaminadora

En la discusión de un proyecto en cualquiera de los debates, puede la Asamblea, por una sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la misma comisión que informó. Si ésta, en su seno, se excusare de dar un nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de ley, le será admitida la excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará a otra comisión, de acuerdo con la designación que el Presidente haga.

^{^[49]} En Costa Rica la iniciativa legislativa la tienen los 57 diputados y el presidente de la República con el ministro correspondiente. También existe la iniciativa popular, sin embargo, no es lo usual.

^{^[50]} Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2021). Proyecto de Ley 22834. Diario Oficial La Gaceta, (246), 1. San José, Costa Rica.

^{^[51]} Sala Constitucional de la República de Costa Rica. (2024). Opinión consultiva número 29411-2024.

^{^[52]} Álvarez Desanti, A. (2017), “Extinción de dominio y la gente honesta”, periódico La Nación, p. 25A, 2 de junio de 2017, San José, Costa Rica.

^{^[53]} Para el trimestre enero, febrero y marzo 2024 del total de personas ocupadas, el 38,3 % se clasificó con empleo informal. Del total de hombres ocupados, el 38,4 % estaba dentro de la informalidad y del total de mujeres el 38,2 %. Este indicador presentó una disminución interanual estadísticamente significativa de 3,5 p.p. a nivel nacional, 3,2 p.p. para los hombres y de 3,8 p.p. para la población de mujeres. Instituto Nacional de Estadística y Censos “INEC”, Encuesta Continua de Empleo, trimestre (Enero –Febrero –Marzo 2024), 2 de mayo 2024, San José, Costa Rica.

^{^[54]} Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Nº 8204, "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo", del 11 de enero de 2002, Sinalevi, accesado el 25 de septiembre de 2024, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48392&nValor3=0&strTipM=TC

^{^[55]} Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Nº 7093, “LEY SOBRE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS”, 22 de abril de 1988, Sinalevi, accesado 25 de septiembre de 2024, http://www.pgrweb.go.cr /scij/Busqueda/ Normativa/ Normas/ nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=4971&nValor3=5260&strTipM=TC

* Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Escuela Libre de Derecho.

^{^[57]} Véanse Corte Plena, s. ext. de 14 de junio de 1984 y s. ext. de 29 de setiembre de 1983, entre otras.

^{^[58]}Véase el expediente legislativo número 10.273 que corresponde a la Ley de Jurisdicción Constitucional.

^{^[59]} HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Derecho Procesal Constitucional, San José-Costa Rica, Editorial Juricentro, 1995, pp. 438 y 439.

^{^[60]} JINESTA LOBO, Ernesto. Derecho Procesal Costarricense, San José-Costa Rica, Editorial Guayacán, 2014, pp. 432 y 433.

^{^[61]} HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. cit., p. 438.

^{^[62]}Entre otros votos, véanse los siguientes: n° 536-91, n° 1309-91 y 1616-91 de la Sala Constitucional.

^{^[63]} HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. cit., p. 438.

^{^[64]} Véase el voto núm. 4742-93 de la Sala Constitucional.

^{^[65]} Véase el dictamen núm. C-297-2003 de 1° de octubre de 2003 de la Procuraduría General de la República.

^{^[66]} Véase el voto núm. 91-89 de la Sala Constitucional.

^{^[67]} Véase el expediente judicial núm. 010749-2021 de la Sala Constitucional.

^{^[68]} Véase votos núm. 537-91 de la Sala Constitucional.

^{^[69]} JINESTA LOBO, Ernesto. Op. cit., pp. 434 y 435.

* Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Antiguo Letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica. Actualmente se desempeña como Juez Contencioso Administrativo destacado en el área de amparos de legalidad, y como Coordinador de la Maestría Profesional en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Correo electrónico: victorozcocr@gmail.com.

** Personal I+D a cargo del proyecto de investigación “Protección jurídica y oportunidades de los colectivos vulnerables ante la digitalización y la Inteligencia Artificial PID2021-124967OB-100, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE”. Asimismo, compagina sus funciones con el puesto de asesor jurídico en la asociación Laborvalía y desde abril de 2023 coordina la Clínica Jurídica DyD, adherida a la Cátedra Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia. Para más información puede consultar en: sergio.sanchezparis@uclm.es.

^{^[70]} Dejando de lado sus antecedentes remotos en el derecho romano (homine libero exhibendo e intercessio tribunicia), en el inglés (habeas corpus) y en el español (procesos aragoneses del medioevo). Al respecto, se puede analizar Ferrer Mac-Gregor., E., Del amparo nacional al amparo internacional, 27 de octubre 2018, en http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/files/amparo.doc., págs. 3-4.

^{^[72]} De la Calle, Humberto, Carta Democrática Interamericana: documentos e interpretaciones (Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, 2003) p. viii. El autor remite al Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano, aprobado en Santiago de Chile, el 4 de junio de 1991, en la tercera sesión plenaria del Vigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Oportunidad en que los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de Delegaciones declararon su “compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención” y su “determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.

Presentación

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN COSTA RICA, ENFOCADA EN LOS CASOS DE BLANQUEO DE DINERO EN COSTA RICA ^*

LOS EFECTOS DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

EL AMPARO EN CLAVE COMPARADA: UNA VISIÓN INTEGRAL ENTRE COSTA RICA Y ESPAÑA

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Voto nro. 2024-026373

Voto nro. 2025-019485

Presentación

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN COSTA RICA, ENFOCADA EN LOS CASOS DE BLANQUEO DE DINERO EN COSTA RICA*

LOS EFECTOS DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

EL AMPARO EN CLAVE COMPARADA: UNA VISIÓN INTEGRAL ENTRE COSTA RICA Y ESPAÑA

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Voto nro. 2024-026373

Voto nro. 2025-019485

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN COSTA RICA, ENFOCADA EN LOS CASOS DE BLANQUEO DE DINERO EN COSTA RICA ^*