Dr. Fernando Castillo Víquez
Presidente de la Sala Constitucional
Para la Presidencia de la Sala Constitucional resulta gratificante presentar la obra denominada Modelos de Justicia Constitucional Derecho Comparado, la que se publica en una edición especial de su revista con motivo del treinta y cinco aniversario de su creación, en la que han participado un grupo de juristas altamente calificados y que forman parte de la nueva generación de constitucionalistas, quienes desde la Academia hacen importantes aportes, lo que constituye toda una garantía para que esta sede siga siendo la garante de los derechos fundamentales de las personas y de los principios de supremacía constitucional y su valor normativo.
Las democracias pasan por momentos difíciles, y en algunos países están en un proceso de descomposición e, incluso, se está dando un desmontaje democrático de la democracia, pues se han iniciado procesos de reformas parciales a la constitución para desmantelar o reducir a su mínima expresión instituciones torales, nucleares, de la democracia liberal, en palabras de Pedro de Vega, un fraude constitucional, pues siguiendo las formas y los procedimientos previstos en la norma normarum se aniquila la democracia.
Las causas de ese fenómeno político y jurídico son varias y todas confluyen hacia un mismo punto: el establecimiento de una democracia iliberal. En primer término, la Administración Pública, creada y destinada a satisfacer de manera eficaz y eficiente los intereses generales, no está siendo capaz de traducir en políticas públicas que satisfagan las demandas ciudadanas de manera efectiva dentro de plazos razonables. En segundo término, los actos de corrupción que salpican a la Administración Pública y a los gobiernos de turnos tramiten una sensación a la ciudadanía de que las actuaciones de los altos funcionarios están orientadas a beneficiar sus intereses personales o del círculo de amigos, lo que deslegitima la democracia en una forma acelerada. Por otra parte, hay un divorcio muy pronunciado entre quienes detentan el poder y ejercen cargos de dirección en la Administración Pública y los habitantes de la República, por lo que la idea de una democracia participativa y una Administración Pública más dialogante no tiene una vivencia real, pese al mandato constitucional de balancear la democracia representativa con la participativa. Para mal de colmos, el crimen organizado en algunos países está tomando parte de las estructuras del Estado, reduciendo al mínimo su función social y creando “estados fallidos”, provocando una sensación real de que aquel es incapaz de garantizar la paz social y, por consiguiente, crear un estado de cosas que le permita a la persona realizarse como tal, ejerciendo sus derechos fundamentales, en el marco de una sociedad políticamente organizada. No menos importante, es la creciente desigual social que se está dando en nuestras sociedades, en las que se vive una paradoja, pues pese a que hoy se cuenta con medios más eficientes para crear riqueza, esta, lejos de distribuirse de manera más equitativa, se concentra en pocas manos. Finalmente, las cuestiones descritas y otras han creado el caldo de cultivo, la tormenta perfecta, para que movimientos políticos de corte populista promuevan un discurso antisistema y, por ende, una vez en el poder diseñan y adoptan decisiones políticas fundamentales que revierten los postulados básicos de lo que es un estado social y democrático de derecho.
Una obra, como la que se me da el honor de presentar, es un gran aporte al fortalecimiento del sistema democrático, en el estado actual de la evolución de la sociedad, la jurisdicción constitucional constituye un elemento nuclear del sistema democrático. Como es bien sabido, no hay democracia sin parlamento, ni este sin La Oposición; como tampoco la hay sin la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial. A estas máximas agregamos otra, como es la necesidad de que haya una jurisdicción constitucional que garantice de manera efectiva los derechos fundamentales que se encuentran consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República, así como los principios de supremacía constitucional y el valor normativo de la constitución. No se debe perder de vista que la constitución recoge los elementos esenciales del pacto fundacional, toda vez que en esta se regula la organización básica del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Y la misión de la jurisdicción constitucional es, nada más y nada menos, evitar que ese pacto se altere por parte de quienes transitoriamente detentan el poder sin seguir los cauces que la propia constitución establece para replantearlo sin alterar los presupuestos esenciales del sistema democrático. De ahí su importancia para el sistema democrático.
Para nadie es un secreto que la jurisdicción constitucional costarricense se nutre de una serie de instituciones que se encuentran presentes en otras jurisdicciones. Ahora bien, la obra que comentamos no está orientada a establecer concretamente cuáles son las instituciones procesales que se adoptan de las otras jurisdicciones constitucionales -una tarea pendiente-, sino que, a partir de una serie de parámetros previamente definidos, realizar un análisis comparativo entre estas y la costarricense.
Este tipo de investigaciones académicas tienen un alto valor para quienes se ocupan de estudiar la organización y el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, toda vez que les permiten visualizar similitudes, diferencias, falencias e innovaciones, con el fin de determinar si la jurisdicción nuestra requiere o no de ajuste de cara a la experiencia del derecho comparado. Ahora bien, para el lector también resulta sumamente sencillo, y adoptando los parámetros de comparación que adoptan los investigadores, tomar una jurisdicción de otro Estado y compararla con las del resto, a manera de ejemplo, la española con las demás, y así sucesivamente, todo lo cual proporciona un manejo no solo de nuestra jurisdicción, sino también de una en específico o de todas, adquiriendo los conocimientos y habilidades y, por ende, convirtiéndose en verdaderos expertos en la materia a quienes así lo decidan hacer.
Para finalizar, solo me resta invitar al lector de este número especial de la revista a sumergirse en los vastos conocimientos que se aportan y, por consiguiente, a disfrutar de una obra que ha sido realizada con precisión y rigurosidad académica y, por su metodología y la manera en que está escrita, de fácil comprensión aun para aquellas personas que no están familiarizadas con el derecho constitucional y procesal constitucional.