Voto Nro. 2022-025167

Expediente: 22-016697-0007-CO

Tipo de asunto: Recuro de Amparo

Magistrado Ponente: Jorge Araya García

Descriptores: Libertad de expresión y prensa. Restricciones por vías o medios indirectos.

 

Transcripción de Contenido

 

Exp: 22-016697-0007-CO

Res. Nº 2022025167

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y treinta minutos de veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

RESULTANDO:

Recurso de amparo interpuesto por ARMANDO MANUEL GONZÁLEZ RODICIO, cédula de identidad 0800490965, ARMANDO MAYORGA AURTENECHEA, cédula de identidad 700740035, DANIELA CERDAS ESPINOZA, cédula de identidad 0113180033, DIEGO DE JESÚS BOSQUE GONZÁLEZ, cédula de identidad 0401930351, ESTEBAN ENRIQUE OVIEDO ÁLVAREZ, cédula de identidad 0109830215, FABRICE LE LUOS, cédula de identidad 801050436, GUISELLE MORA MORALES, cédula de identidad 0302890790, HARLEN NATASHA CAMBRONERO JIMÉNEZ, cédula de identidad 0112870182, JUAN FERNANDO LARA SALAS, cédula de identidad 0108810870, KIMBERLING TATIANA HERRERA SALAZAR, cédula de identidad 0114490425, KRISIA LORENA CHACÓN JIMÉNEZ, cédula de identidad 0115180868, ÓSCAR GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS, cédula de identidad 0205380773, RONALD ARTURO MATUTE CHARPENTIER, cédula de identidad 0107430460 VANESSA AUXILIADORA LOAIZA NARANJO, cédula de identidad 0109700875, todos periodistas, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala los recurrentes interponen recurso de amparo y manifiesta que el 29 de enero de 2022, el entonces candidato a la presidencia, Rodrigo Chaves Robles, expresó ante un grupo de seguidores reunidos en Tibás, la siguiente promesa: “(…) Somos un tsunami y sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame Ignacio Santos, óigame el otro (...) René Picado, óigame Armando González. Aquí estamos. Sígannos invisibilizando en lo nuevo, en lo bueno y acusando injuriosamente en lo malo, porque ustedes ya no ponen presidentes en Costa Rica (…)”. Acotan que, a menos de dos meses de juramentado, el 6 de julio de 2022, el presidente Chaves comenzó a materializar la amenaza. Indican que luego de semanas de violentos ataques verbales contra la prensa y los periodistas, a quienes calificó como “canallas”, aprovechó la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno para sembrar dudas sobre la salud financiera de Grupo Nación. Señalan que puso en incertidumbre la capacidad de la referida sociedad para pagar los bonos comprados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y hasta insinuó el debilitamiento de la garantía de la deuda por el futuro traspaso de algunos terrenos de la empresa a un fideicomiso para hacer un prometedor desarrollo inmobiliario. Agregan que el 5 de julio de 2022, la Ministra de Salud recibió una “denuncia anónima” atinente al Parque Viva, por lo que dicha jerarca solicitó un criterio urgente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la calle de acceso al parque, que es una vía pública. Relatan que, al día siguiente, la Ministra de Salud recibió respuesta y de inmediato se celebró una sesión extraordinaria del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, solo para conocer el caso y retirar el permiso de funcionamiento. Discuten que el informe se emitió sobre las vías públicas fuera del parque, no sobre las instalaciones o sus accesos. Aseveran que el informe de los inspectores del Ministerio de Salud, fechado 5 de julio de 2022, no evidenció incumplimiento alguno en las instalaciones de Parque Viva, documento en el que se omitió emitir criterio sobre las calles públicas aledañas, por no ser de su competencia. Arguyen que el 8 de julio de 2022, el Ministerio de Salud propinó un nuevo golpe a la “estructura” mediante la emisión de la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 atinente a la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva. Cuestionan que la referida medida se dictó sin previo aviso y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa; además, se ejecutó mientras se recababan criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja en relación con la capacidad de la vía de acceso al citado establecimiento por las unidades de primera respuesta de esas instituciones. Enuncian que la orden sanitaria ejecutada el viernes 8 de julio de 2022 exigió a la empresa aportar un plan remedial que abarque “la solución a la problemática de los accesos”. Sin embargo, afirman que, según el acta, los inspectores del Ministerio de Salud no encontraron problema alguno con los accesos. Aseguran que, al momento del cierre, el Parque Viva contaba con todos los permisos al día y con un renovado visto bueno de los aforos emitido por el Ministerio de Salud el 16 de diciembre de 2021. Incluso, el 20 de enero pasado, se amplió el aforo, mediante un oficio del Ministerio de Salud. Señalan que en declaraciones publicadas el 13 de julio de 2022 por La Nación, el Alcalde de Alajuela afirmó que los permisos concedidos en el 2014 coinciden con el inicio de un rápido desarrollo habitacional de la zona y no se puede atribuir a Parque Viva la causa de los congestionamientos viales. Mencionan que en asamblea comunal celebrada el 13 de julio de 2022, el regidor y residente de La Guácima, Alonso Castillo, señaló que las presas en la zona se dan “(…) con Parque Viva y sin Parque Viva (…)” y dijo estar “(…) muy contento de que haya pasado lo de Parque Viva, porque hoy toda la prensa nacional está hablando de un problema que La Guácima tiene todos los días (…)”. Explican que el 15 de julio de 2022, luego de las críticas formuladas públicamente y en un recurso de revocatoria interpuesto por la empresa, el Ministerio de Salud emitió un nuevo acto administrativo, con las mismas consecuencias del primero y con una clara intención de rectificar sus deficiencias más obvias, especialmente en cuanto a los criterios técnicos. Detallan que el documento No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 confirmó la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-05-0368-2022 y procuró dar la apariencia de perseguir fines públicos legítimos. Estima que lo descrito ha implicado un claro propósito de limitar la libertad de expresión por medios indirectos. Arguyen que es más que evidente la amenaza de destruir a las empresas, como represalia por las líneas editoriales de los medios de su propiedad y las actuaciones de sus directores periodísticos, mencionados con nombre y apellido en el discurso del 29 de enero de 2022 pronunciado por el actual presidente de la República. Indican que la promesa, tal y como se constata en el video aportado como prueba, es destruir las “estructuras” temerariamente calificadas como corruptas, para castigar la supuesta invisibilización de lo bueno y la divulgación de lo malo. La amenaza se dirige a los directores periodísticos de los medios, cuya función se limita a lo editorial. Añaden que en esa ocasión se mencionó a un accionista de Canal 7, René Picado, a quien el mandatario increpó por una línea editorial, cuya independencia los propietarios de los medios profesionales se han comprometido a respetar. Detallan que el disgusto del entonces candidato se debía a la publicación de informaciones de evidente interés público sobre las sanciones de las que había sido objeto en el Banco Mundial por acoso sexual, así como de la crítica a otras propuestas y declaraciones, como la de gobernar mediante referendo. Aseveran que luego el enojo del presidente aumentó con motivo de la información publicada sobre las estructuras paralelas de financiamiento de la campaña política de su partido y otros temas, como las referencias a un fraude electoral que la democracia costarricense no toleraría. Expresan que lo anterior se trató de publicaciones periodísticas serias, bien documentadas y pertinentes, de manera tal que el hecho de no difundirlas habría afectado directamente el derecho de los ciudadanos a informarse sobre temas de interés público, así como el principio del votante informado. Afirman que como consecuencia del cumplimiento de ese deber y el ejercicio de ese derecho, a los directores y colaboradores periodísticos se les advirtió de la destrucción de las estructuras que permiten ejercer el periodismo independiente. Sostienen que Parque Viva fue una de las estructuras de periodismo independiente de Grupo Nación que resultó afectada como consecuencia de la amenaza emitida por el actual mandatario. Al respecto, pormenorizan que Parque Viva fue creado para diversificar las fuentes de ingresos de la empresa y compensar la pérdida de entradas experimentada por los medios de comunicación en todo el mundo, debido a la migración de la publicidad hacia los gigantes de la internet. Este hecho es público y consta en diversas manifestaciones de la empresa y sus personeros desde al menos el año 2013. Mencionan que Parque Viva fue creado como una fuente complementaria de ingresos, menos dependiente de la venta de publicidad. Por ende, se invirtieron importantes recursos y esfuerzos en la creación del citado Parque. Indican que el Presidente lo sabe perfectamente y como economista también conoce el daño que puede causar a una empresa poniendo en duda la capacidad de pago a los inversionistas. Afirman que esto fue precisamente lo que hizo el Presidente en la conferencia de prensa celebrada dos días antes del cierre del Parque Viva con el evidente propósito de cumplir su promesa de destruir las estructuras que permiten a los recurrentes ejercer libremente el periodismo. En este caso, el golpe lo dirigió a la estructura financiara del Grupo Nación, y confesó haber sido él, personalmente, quien pidió al Presidente Ejecutivo de la CCSS formular preguntas a Grupo Nación mediante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), en lugar de acudir directamente al emisor de los bonos adquiridos por esa institución en el mercado de valores; lo anterior, sin conocimiento de Grupo Nación, contrario a lo que estipula la ley. Agregan que luego, sin esperar la respuesta a las preguntas, dedicó una conferencia de prensa a informar que las había formulado en defensa de la pensión de “la abuelita”. Aluden que cuando el presidente ejecutivo de la CCSS reconoció el cumplimiento de los pagos, el mandatario lo calificó de “diplomático” y tornó la palabra para insistir en la desinformación y en las insinuaciones. Manifiestan que la novedad de la conferencia de prensa fue el anuncio de la presentación a la SUGEVAL de las preguntas que la CCSS pudo haber formulado sin intermediarios a la empresa. Declaran que quedó claro que el accionar del mandatario no tuvo otro fin que perjudicar al Grupo Nación, poniendo en duda sus finanzas, para coartar la libertad de expresión porque “la práctica habitual de inversionistas institucionales” es consultar directamente al emisor y valerse de la información publicada por mandato de ley. Al respecto, señalan que se debe tomar en cuenta que la SUGEVAL contestó a la CCSS que debía formular sus consultas directamente a La Nación S.A.; además, se recordó que la información sobre la situación legal, financiera y de negocios de un emisor autorizado, así como de los valores que ofrecen, pueden accederse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Revelan que nunca antes un presidente se había ocupado personalmente de la suerte corrida por inversiones de una institución pública que ninguna autoridad financiera ha cuestionado. Tampoco ningún mandatario había dedicado buena parte de una conferencia de prensa presidencial a informar que se le formularon preguntas al emisor mediante SUGEVAL, en lugar de hacerlo directamente. Describen que el cierre de Parque Viva, dos días después de la conferencia, se dispuso para ver “si a La Nación se le ahorca el flujo de caja”. Exponen que en el caso Ríos y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ocupó de expresiones semejantes, pronunciadas desde la palestra del poder, para limitar de forma directa o indirecta la expresión y difusión del pensamiento, en los siguientes términos: “(…)139. En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado. (…)”. Alegan que en su caso, como es público y notorio, además del constante uso de la palabra “canalla”, que constituye una injuria para deslegitimar, amedrentar y estimular repudio a la prensa entre los seguidores del gobierno, las irresponsables referencias a la salud financiera de Grupo Nación envuelve manifestaciones que han resultado ser contrarias al criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo señalado anteriormente. Afirman que el Presidente, según lo dicho por la Corte, debe hacer esta referencias “(…) con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos (…)”. Sostienen que la prueba de la arbitrariedad está en las manifestaciones mismas: anuncian inusitadamente el planteamiento de una serie de preguntas y, sin esperar respuesta, lanzan al aire afirmaciones, especulaciones e insinuaciones infundadas, falsas y temerarias. De otra parte, acusan que en este caso hay una clara desviación de poder y deviene en arbitraria la suspensión del permiso sanitario otorgado a Parque Viva. Exponen que con las medidas adoptadas no se persigue la satisfacción de intereses públicos, sino la de intereses espurios consistentes en intimidar a un medio de comunicación para que no ejerza libremente su derecho a informar. Apuntan que esos actos no solo afectan económicamente a la empresa dueña de Parque Viva, sino también al medio de información en el que laboran, por ende, se les lesiona su derecho a informar. Afirman que este es el verdadero fin que tienen los actos adoptados. Indican que las actuaciones resultan arbitrarias, precipitadas, discriminatorias y absurdas y son distantes de la tutela a los fines públicos. Anotan que el cierre del Parque Viva se ejecutó a partir de una “denuncia anónima” contra instalaciones abiertas hace más de cuatro décadas para albergar el autódromo La Guácima. Aclaran que Parque Viva ya tiene más de siete años de operar en el sitio, sin ningún incidente, al amparo de permisos y patentes oportunamente concedidos por las autoridades competentes sobre la base de estudios exigidos en su momento. Incluso, confirman que la inspección más reciente concluyó que las instalaciones son idóneas para las actividades celebradas en el lugar; no obstante, la Ministra de Salud solicitó un criterio “urgente” sobre la capacidad de la vía pública que conduce al parque y “preventivamente” canceló en tiempo récord el permiso de funcionamiento del sitio. Mencionan que la premura de las actuaciones con intervención directa e insistente de la Ministra ante una denuncia anónima con petición de criterios urgentes, inspecciones instantáneas y reuniones de emergencia, llama la atención por inusual. En lo que atañe a las vías públicas, señalan que las calles aledañas son las mismas de los estudios iniciales exigidos hace años para tramitar los permisos del Parque Viva, lo que denota que el establecimiento ya estaba en el sitio cuando comenzó la explosión inmobiliaria de la zona. Puntualizan que, desde el 2014, se ha aprobado la construcción de 44 condominios y otras edificaciones. Refieren que el Estado creó el problema con su anuencia a la vertiginosa expansión urbanística de la zona sin proveer la infraestructura pública necesaria. Narran que hace pocos días, la Contraloría General de la República publicó una “auditoría operativa sobre la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos de la red vial cantonal en la Municipalidad de Alajuela”, en cuyo informe se concluyó, entre muchas cosas lo siguiente: “(…) En relación con la ejecución de recursos para la atención de la RVC, se identificó que en el periodo 2019-2021 la Municipalidad ejecutó en promedio el 36,48% de los recursos asignados por año, en otras palabras, quedaron ociosos un total de ¢4.870,61 millones, ¢4.874,56 millones y ¢7.947,83 millones por año, respectivamente. Lo expuesto muestra la ineficiencia en el uso de los recursos pese a las necesidades existentes en cuanto a la mejora de superficie de ruedo, atención de puentes y aceras. (…)”. Asimismo, el informe señaló: “(…) En complemento a lo anterior, el porcentaje de ejecución promedio del periodo 2019-2021 reflejado por la Municipalidad (36,48%), alcanza niveles muy inferiores al promedio de ejecución de las ocho municipalidades consultadas por la Contraloría General, el cual es de 85,47% (…)”. Ante tal panorama cuestionan: ¿A cuánto más asciende la sub ejecución desde el 2014, cuando se estableció Parque Viva y el Alcalde marca el inicio del desarrollo acelerado? Comentan que en los tiempos en que operaba en el lugar el autódromo La Guácima, se llevaron a cabo múltiples eventos masivos y únicamente existía una salida, sin que se diera ningún inconveniente. Acotan que en la actualidad el Parque Viva tiene cuatro salidas. Afirman que, en septiembre de 2014, cuando el Alcalde sitúa el inicio del desarrollo habitacional de la zona, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprobó el estudio de planificación vial de Parque Viva. El parque obtuvo todos los demás permisos, sin faltar uno, y sobre esa base la empresa invirtió más de $40 millones, amparada al principio de confianza legítima y a la seguridad jurídica garantizada por el orden constitucional. Discuten que, a pesar de lo anterior, de pronto, el Estado procede a cancelar el permiso de funcionamiento, anular los legítimos réditos de la inversión, después de dos años de cierre por la pandemia, y exige a un particular un plan remedial para los defectos de la vía pública so pena de clausura o grave daño a sus ingresos. Aseveran que es obvio que lo pretendido por las autoridades recurridas es destruir “(…) sin razón ni derecho, las “estructuras” que no permiten ejercer a decenas de periodistas, una función indispensable para la sociedad y un derecho humano inviolable (…)”. Mencionan que el 16 de diciembre de 2021, el mismo funcionario del Ministerio de Salud que recientemente suspendió el permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, fue quien dio su visto bueno a los aforos de los diversos sectores del establecimiento. Entre ese momento y la actualidad, el único cambio en el Ministerio ha sido la conducción política que ahora tramita con urgencia denuncias anónimas, ejecuta suspensiones de permisos sin proceso ni derecho a la defensa y exige planes remediales a los particulares y no a todos, solo a uno, para los embotellamientos en la vía pública. Explican que son contadas las ocasiones en las que se dan presas en el sector a causa del Parque Viva, toda vez que la mayor parte de las actividades no atraen tanto tráfico y se llevan a cabo de noche o en fines de semana. Puntualizan que en el 2022 solo ha habido nueve conciertos y de ellos únicamente dos atrajeron más de 7000 personas. Por otra parte, aluden que en el Parque Viva hay un proyecto avanzado para contribuir a remediar el problema por cuenta de Grupo Nación, para beneficio propio y de toda la comunidad. Exponen que la idea es construir un acceso de cuatro carriles para el cual ya se adquirieron los terrenos y se tramitaron la mayoría de los permisos; sin embargo, esa propuesta está paralizada en una comisión de permisos del MOPT, mientras el gobierno alega la necesidad de un plan remedial preparado por quien precisamente le ha planteado una solución que no le cuesta un centavo al gobierno. Empero, ilustran que en conferencia de prensa del 13 de julio de 2022, el Presidente de la República planteó un argumento lleno de falsedades, para anunciar oposición al proyecto, al expresar: “(…) ¿Oyeron la mentira descarada que publicó La Nación que tiene desde hace dos años de pedir un acceso a la ruta 27 para arreglar el Parque Viva? Ah no, diay, si metemos un gol metamos cuatro goles más porque es cuatro veces el volumen de área lo que querían conseguir el permiso., ¿No les da vergüenza colapsar la Ruta 27 arriesgando todo el Occidente, Grecia, Naranjo, Atenas, San Carlos, todo Guanacaste y todo Puntarenas? (…)”. Estiman absurdas las advertencias del colapso de todo Occidente, Guanacaste y Puntarenas por la construcción de un acceso que mejoraría dramáticamente y de inmediato el tráfico en toda La Guácima hacia Parque Viva y sí, hacia un futuro desarrollo urbanístico que Grupo Nación ha anunciado desde hace años. Precisamente, aclaran que el mejoramiento de la circulación es necesario para que ese proyecto sea viable. Elucidan que el desarrollo proyectado se ejecutaría en quince o veinte años, pero el impacto benéfico del acceso se hará sentir de inmediato en toda la comunidad y sin duda facilitará el acceso a Parque Viva. Al pronosticar el colapso de la mitad del país por la construcción de un eventual proyecto urbanístico, el mandatario parece haber olvidado la promesa de su propio gobierno de ampliar la Ruta 27. Además, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de Concesiones y la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido, manifestaron su no objeción. Sin embargo, el mandatario, en un arranque frente a micrófonos, anuló esos criterios y borró los años de trámite y planificación invertidos en el proyecto. Expresan que el intempestivo rechazo a considerar siquiera la posibilidad de permitir el acceso y las razones alegadas por el mandatario, demuestran su ánimo persecutorio y su intención de cumplir la amenaza de destruir las “estructuras” de su periodismo. Afirman que solo un plan remedial le complace: un aforo suficientemente bajo para hacer inviable a Parque Viva y así golpear las “estructuras” del periodismo que tanto le molesta y prometió destruir. Exponen que Grupo Nación no está obligado a proveer ese remedio ni se le puede exigir un plan remedial como lo ordenó el gobierno. El parque fue construido con todos los permisos necesarios antes de la explosión inmobiliaria de la zona permitida por el Estado sin proveer la infraestructura necesaria y, más bien, sub ejecutando los recursos para ese fin. Señalan que el Estado supo de la cuantiosa inversión requerida para levantar el proyecto y dio, en varias ocasiones, su consentimiento. El Ministerio envió a hacer una inspección en el parque con intención de encontrar un problema, pero hallaron todo conforme. Entonces, decidieron que el defecto estaba en la vía pública, donde no corresponde a los particulares, sino al Estado, proveer el remedio. Argumentan que el propósito del “plan remedial” exigido por el gobierno es “remediar” el periodismo crítico mediante una desviación de poder para ejercer presión sobre la empresa, consecuente con la amenaza de campaña, y no enfrentar el problema de los embotellamientos. Por eso el Presidente ya expresó en su conferencia de prensa de 13 de julio, su negativa a la construcción del acceso que, de buena fe, Grupo Nación está dispuesto a financiar. Todo está listo para ejecutar la obra a cuatro carriles, pero ya la administración dejó claro su intención de no permitirlo. Narran que los estudios técnicos elaborados a posteriori por instituciones dependientes del gobierno nada dicen del verdadero origen del problema. Tampoco dice a qué hora hay presas, qué días ni cómo se forman. Enuncian que tan arbitraria fue la medida adoptada inicialmente y tan débiles los criterios técnicos, que el gobierno se vio obligado a emitir otra, basada en nuevos criterios, que de igual forma devienen cuestionables, para disimular sus intenciones e intentar rectificar los obvios defectos del acto inicial. Describen que en un oficio emitido por la Cruz Roja Costarricense se consignó que los tiempos de respuesta para la atención de emergencias se han visto afectados por la congestión vial en diversos puntos del territorio nacional, situación que también ocurre en La Guácima. Además, sostienen que la benemérita institución admitió no proveer servicios en los eventos de Parque Viva, pues lo organizadores contratan empresas privadas. Adicionan que el Cuerpo de Bomberos también enfatizó el problema de estrechez de las calles, sin hacer referencia a ningún problema propio de Parque Viva; mientras que el informe del 9-1-1 no pasó de enumerar reportes de los más diversos incidentes en la zona, sin establecer relaciones de causalidad con Parque Viva. Alegan que el informe del MOPT realizó una extraña comparación con algún sitio del Reino Unido, con “tres eventos similares” que no describió; sin embargo, pidió limitar el aforo a 2400 personas, no por las condiciones del parque sino por supuestos relacionados con la vía pública. Reseñan que, para justificar su actuación, el gobierno procuró obtener, a posteriori, quejas de la comunidad, distribuyendo a la asociación de desarrollo un machote de carta, según el testimonio de Hellen Espinoza, dirigente comunal de La Guácima, quien dijo “quieren que desembarremos lo que ellos embarraron”. Indican que en una reunión comunal realizada el 13 de julio de 2022, el regidor y residente de La Guácima, Alonso Castillo, pronunció ante sus vecinos un discurso esclarecedor, al señalar: “(…) Hay una realidad ineludible, del 2010 a la fecha, en La Guácima se han formado 48 proyectos urbanísticos en el Concejo Municipal de Alajuela, sin contar Parque Viva, sin contar desarrollos comerciales, sin contar Automercado, sin contar centros comerciales (...) cada proyecto de esos, implica (...) muchos carros. Eso nos da una realidad vehicular que no era para las carreteras que nosotros teníamos (...) Aquí hay presas todos 1os días, a las siete de la mañana y a las cinco de la tarde, con concierto, o sin concierto. Si aquí pasa un accidente hoy, colapsa La Guácima porque no hay para dónde coger. (…)”. Se cuestionan de porqué se escogió selectivamente a Parque Viva si hay congestionamientos todos los días, en varias franjas horarias y, por su parte, las actividades más concurridas de este sitio suelen celebrarse de noche y los fines de semana. Afirman que el gobierno atendió una denuncia anónima sobre el parque con la urgencia de una catástrofe nacional. Además, celebró reuniones de emergencia, pidió “criterios técnicos” inmediatos, ordenó inspecciones y emitió resoluciones. Todo esto, supuestamente, para evitar presas dos o tres veces por mes, de noche y en fin de semana. Cuestionan si esto mismo se exigirá a comercios y condominios instalados en la zona luego de Parque Viva y si también los cerrará. Indican que el ánimo de singularizar y discriminar a Grupo Nación, como represalia por su periodismo, no puede ser más obvio, además involucra la desviación de poder contra el derecho a la libre expresión de los periodistas del Grupo Nación. Sostienen que el problema no es Parque Viva, sino la infraestructura pública que poco ha avanzado para adaptarse a la densidad habitacional desarrollada después de su existencia. Señalan que no sería difícil producir similares “estudios técnicos” sobre los embotellamientos cotidianos cerca del complejo de oficinas Forum, atribuirlos a las edificaciones y cancelar los permisos de operación. Lo mismo se podría decir de la gran cantidad de centros comerciales y oficinas que atraen tráfico a Lindora por donde es imposible transitar en determinadas horas del día o de la entrada a Multiplaza Escazú en diciembre. Argumentan que los ejemplos son infinitos, pero el Ejecutivo se fija, exclusivamente, en Parque Viva. Disertan que, en síntesis, los problemas de acceso a La Guácima existen “con Parque Viva o sin él”, por omisiones y excesos del Estado. Apuntan que ningún estudio acredita que la situación cambiará con el cierre de Parque Viva o la disminución de su actividad por debajo de los niveles autorizados; por el contrario, hay evidencia de la continuidad del problema cuando no hay actividad alguna en Parque Viva. Asientan que si algo celebra la comunidad es que la desviación de poder del gobierno vertió luz sobre un problema de larga data que no se resuelve con las actuaciones administrativas arbitrarias señaladas. Reiteran que la ineficacia de esos actos desvirtúa su pretendido fin público y evidencia que el único propósito es afectar las finanzas de Grupo Nación, en represalia por el libre ejercicio del periodismo. Arguyen que con el ánimo de continuar persiguiendo e intimidando con la afectación de intereses económicos, el 20 de julio de 2022, en conferencia de prensa, el presidente citó, entre los motivos para cancelar el plan del tren eléctrico, la existencia de un ramal que pasa por Parque Viva, lo cual le “preocupa” y al parecer está entre los fundamentos de tan trascendental decisión. Al respecto, señalan que el parque tiene la suerte o tal vez la desdicha de estar situado próximo al derecho de vía del tren existente desde hace bastante tiempo, por ende, si se pretende construir un tren con aprovechamiento de ese derecho de vía, deberá pasar por ahí y sería útil que lo hiciera, porque más adelante está la zona franca del El Coyol donde laboran 16.000 personas, además de otros 16.000 ciudadanos en el área circundante. Manifiestan que, por esa razón, el ramal está en los planes del tren eléctrico desde el 2016 y, según explicó INCOFER, no cuesta ¢150.000.000,00 como lo pretende hacer creer el mandatario. Discuten que el presidente es quien menos debería albergar “preocupación” porque fue él, como Ministro de Hacienda, quien firmó el proyecto de crédito para el tren eléctrico que, según dijo ahora, será reemplazado por un proyecto anterior, mucho más caro, que solo se construirá entre San José y Paraíso de Cartago, el cual constituye el segmento de menos tránsito, de conformidad con los estudios. Consideran que las arbitrariedades apuntadas no dejan duda sobre el propósito persecutorio contra el periódico en que el que laboran, así como el carácter de represalia, con desviación de poder, contra la línea informativa y editorial, con grave lesión del derecho a la libre expresión. Refieren que la presión ejercida sobre las finanzas de la empresa pone en riesgo el ejercicio periodístico futuro e invita a entendimientos que lo comprometen. Aseveran que las acciones descritas conculcan el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto procuran coartar la libertad de expresión. Asimismo, lo apuntado deviene contrario a lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrado al bloque de constitucionalidad, en el que se contempla la prohibición de emplear mecanismos indirectos para coartar la libertad de expresión y el derecho del público a conocer informaciones de interés de la sociedad. Sustentan que esos mecanismos indirectos se disfrazan para parecer acciones legítimas, pero sus efectos sobre un derecho humano tan fundamental pueden ser devastadores. Añaden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una extensa línea jurisprudencial sobre los mecanismos indirectos de represión y tiene establecido, de larga data, que es contrario a la Convención “(…) todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención (…)”. (Opinión Consultiva No. OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 55). También sostuvo que “(…) [al] evaluar una supuesta restricción o limitación a la libertad de expresión, el Tribunal no debe sujetarse únicamente al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentaron. (…)”. (Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 154). En sentido similar, caso Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Agregan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “(…) la enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar 'cualesquiera otros medios' o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías (…)” (La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva No. OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 48. Cfr.). Asimismo, Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 340. Amplían que el alto tribunal ha manifestado que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. Sobre ese aspecto describen que se exige, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho individual, y, por otro lado, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer el pensamiento ajeno (casos La colegiación obligatoria de periodistas, La última tentación de Cristo, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C no. 107, párr. 108). Impugnan que las actuaciones objeto de este recurso también resultan discriminatorias contra La Nación y sus periodistas. Concluyen que en juego no están solamente los intereses económicos de La Nación o siquiera los de otros medios más frágiles y pequeños, sino el derecho de todos a informar y opinar libremente, así como el derecho de la ciudadanía a recibir esas informaciones y opiniones desde una pluralidad de fuentes, de conformidad con la garantía establecida en los artículos 28 y 29 de la Carta Magna. En virtud de todo lo expuesto, solicitan que se declare con lugar el recurso y se anule la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento del Parque Viva, así como los actos administrativos que la sustentan. Además, solicitan que se le ordene al Presidente de la República, abstenerse de ejecutar actos tendentes a lesionar directa o indirectamente la libertad de expresión.

2.- Por resolución de las 16:06 hrs. de 29 de julio de 2022, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 8 de agosto de 2022, Joselyn María Chacón Madrigal, en su condición de Ministra de Salud, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) De conformidad con lo expuesto, atendiendo el presente informe de ley con sustento en el Oficio N°MS-DM-5756-2022, Expediente Administrativo relacionado con Parque Viva (adjunto como prueba), mediante el cual se afirma, en síntesis, lo siguiente: Para poner en contexto existencia de denuncia con fecha 05 de julio del 2022, misma trasladada para su atención por este Despacho Ministerial mediante Oficio N°MS-DM5756-2022 2, a la Dra. Karina Garita Montoya, Directora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, denuncia presentada contra el “Parque Viva”, ubicado en La Guácima de Alajuela, denuncia referida propiamente a condiciones estructurales y de acceso y salida de dicho lugar. Cito: “…Este recinto es comúnmente utilizado para llevar a cabo conciertos masivos, donde se reúne una gran cantidad de personas. el problema con este lugar son sus puntos de acceso y la poca capacidad que tiene las carreteras, que son de una comunidad rural para recibir una enorme cantidad de vehículos al mismo tiempo. Todas las calles que dan al Parque Viva, son calzadas de un carril por sentido, muy angostas, sin bahías para autobuses, ni condiciones para alto tránsito. Cada vez que hay un concierto, las calles de la comunidad colapsan absolutamente, al punto que las personas tardan horas en desplazarse en distancias cortas o salir del parqueo del lugar. La situación es sumamente grave, pues durante una eventual emergencia, podría verse comprometida la respuesta de los cuerpos de socorro. Y es que estamos hablando de situaciones tan riesgosas como incendios, terremotos, caídas de estructuras, entre otros eventos trágicos que podrían ocurrir en eventos masivos. Las calles de la Guácima de Alajuela no pueden soportar la afluencia masiva de vehículos, pues sus vecinos también podrían ver menoscabados sus derechos por este tipo de eventos, ya que, ante emergencias en sus hogares o comunidades, la respuesta de las autoridades de auxilio tardaría muchísimo más que lo normal, por las enormes presas que genera este lugar. En vista de lo anterior, y ante la gravedad de los hechos denunciados se solicita la clausura definitiva del lugar, hasta tanto no encuentren una solución a la problemática. La solicitud se realiza en aras de proteger la salud pública y el interés común. PARQUE VIVA NO REUNE LAS CONDICIONES PARA ALBERGAR EVENTOS DE CONVOCATORIA MASIVA. Cierro indicando que es responsabilidad del Estado, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar porque se tutelen los derechos de los habitantes de la República y otorgarles el mayor grado de bienestar. Como prueba adjuntó (sic) ocho fotografías de los únicos 2 accesos de lugar, que demuestran las condiciones de las calles circundantes. Además, se adjunta 2 notas de medidas de comunicación donde se expone la problemática con las presas provocadas por los eventos masivos”. En atención a lo denunciado, las autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, al ser las 13:50 horas del 05 de julio de 2022, llevaron a cabo una inspección físicosanitaria al inmueble de cita, incluyendo la valoración correspondiente a sus vías de acceso, concluyendo, según el informe N°MS-DRRSCN-DARSA2-1641-2022, lo siguiente: “…que las Instalaciones de Parque Viva cumplen con condiciones físico-sanitarias y estructurales adecuadas a lo interno de estas, se procederá a trasladar los planes de emergencia al Encargado Regional de Salud Ocupacional para su valoración y revisión a profundidad, además se recomienda realizar el traslado de la denuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que estos valoren las condiciones denunciadas que son competencia de esta dependencia (calles en mal estado, un solo carril por sentido vial, dificultad de acceso de cuerpos de emergencias por vía pública, entre otros...” Así las cosas, mediante el oficio N°MS-DM-5754-2022, este Despacho Ministerial, con carácter de urgencia, solicitó al señor Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, y a la señora Laura Ulloa Albertazzi, Viceministra de Transportes y Seguridad Vial, criterio técnico en relación con las calles de acceso al recinto comercial privado, denominado “Parque Viva”, ubicado en La Guácima de Alajuela, con el fin de dilucidar aspectos estructurales y de seguridad humana, específicamente en cuanto a los aspectos de capacidad que tienen sus vías de acceso, en el escenario de la enorme cantidad de vehículos y personas que asisten a los eventos masivos programados en dicho lugar, en relación con aspectos de eventuales emergencias, respuesta y acceso de cuerpos de socorro y riesgo, entre otros. Bajo esa perspectiva, mediante oficio N°DVTSV-2022-0341 de fecha 06 de julio del 2022, la Licda. Laura Ulloa Albertazzi, Viceministra de Obras Públicas y Transportes, remite el oficio N°DVT-DGIT-2022-339, suscrito por el Ing. Junior Araya Villalobos, funcionario de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el cual emite criterio señalando que: “…el establecimiento denominado “Parque Viva” empezó a funcionar en el año 2015, para la realización de varios eventos (deportivos de motores, congresos, ferias, así como eventos de concentración masiva de personas, como conciertos y festivales) el cual se localiza frente a ruta cantonal denominada “Calle Rincón Chiquito”, siendo que corresponde a la Municipalidad de Alajuela el otorgamiento de los permisos de acceso, indica que la calle Rincón Chiquito es una calle urbana de dos carriles -un carril por sentido de circulación-, donde ese tipo de vía podría alcanzar una capacidad máxima alrededor de los 1.200 vehículos por hora por sentido y, de acuerdo con las condiciones de la vía, un estudio detallado podría arrojar una capacidad menor a la mencionada, siendo que se puede asegurar que en el momento en que se realizan los eventos de concentración masiva, la vía de acceso al Parque Viva no tiene la capacidad suficiente para el manejo del tránsito generado. Refiere que, bajo un escenario conservador, sin considerar los estacionamientos periféricos al parque, ni la utilización de la pista de carreras, se tendría una generación de 4.900 vehículos por hora, lo cual representa más del doble de lo que la vía podría soportar…” Por su parte, el Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas, según Acta N°28643-S-MOPT-SP del 07 de Julio de 2022, indicó: “…Vistos los oficios mencionados, y la recomendación del Ministro de Obras Públicas y Transportes sobre tomar un curso de acción a raíz de la situación presentada con relación a la capacidad de la vía de acceso del recinto denominado Parque Viva, se acuerda proponer a las autoridades correspondientes una Orden Sanitaria de Cierre para eventos masivos, del establecimiento denominado Parque Viva, y las medidas que correspondan con otras autoridades pertinentes. Debe solicitarse un plan remedial para las condiciones denunciadas, el cual debe ser puesto en conocimiento de este Comité Asesor técnico de Concentraciones Masivas…”, lo cual fue debidamente comunicado a través del oficio N°MS-DM-5838-2022 del 08 de julio de 2022- a la Dra. Karina Garita Montoya, Directora de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Norte, procediendo, el día 08 de julio de 2022, autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, girar la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022, al señor Maykol Gómez Trejos, representante legal de “Parque Viva”, con la figura jurídica “Grupo Nación GN Sociedad Anónima”, ordenando en lo que interesa: “… en concordancia con el principio precautorio y en atención a los oficios: MS-DM5814-2022, mediante el que se remite el Informe Técnico DVT-DGIT-2022-339 emitido por la Dirección General de Ingeniería de Transito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el oficio MS-DM-5838-2022 mediante el que se remite el Acta N°28643-SMOPT-SP del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, se ordena mediante el siguiente acto administrativo la suspensión temporal del Permiso Sanitario de Funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0177-2019 (parque temático, autódromo, anfiteatro, eventos deportivos, culturales, ferias y exposiciones varias) hasta tanto se cuente para su análisis y toma de las respectivas acciones, con los Criterios técnicos emitidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, con relación a la capacidad de la vía de acceso a dicho establecimiento por las unidades de primera respuesta de esas instituciones, mismos que están siendo gestionados por el Ministerio de Salud… Así mismo, su representada deberá presentar un plan remedial que abarque la solución a la problemática de los accesos y el consecuente riesgo a la Seguridad y Salud Publica ante la realización de Actividades de Concentración Masiva, y la generación de una eventual emergencia en dichas actividades…”. Posteriormente, en respuesta a la solicitud planteada por este Despacho Ministerial según el oficio N°MS-DM-5870-2022 para cuerpos de socorro, en relación con la situación del “Parque Viva”, instituciones como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y el Sistema de Emergencias 911, remiten a este Despacho Ministerial el informe N°CRC-GG-SO-OF-074-2022 del 11 de julio de 2022, suscrito por el señor Jim Batres Rodríguez, Sub-Gerente operativo de la Cruz Roja Costarricense; informe N°CRC-GG-OF-012-2022 del 12 de Julio de 2022, suscrito por el señor José David Ruiz Piedra, Gerente General de la Asociación Cruz Roja Costarricense; Informe técnico N°CBCR-027150-2022-OPOB-00741 del 10 de Julio de 2022, suscrito por el señor Alexander Araya Mico, de Operaciones de Bomberos; Informe N°911-DI-2022-2202 del 11 de julio 2022, suscrito por la Señora María Elena Amuy Jiménez del sistema de Emergencia 9-1-1, donde la Cruz Roja Costarricense, en resumen, indican: “…que sí debe existir medidas preventivas que permita reducir riesgos, como planes de emergencia que definan rutas de acceso suficiente, con la amplitud necesaria que permita una respuesta eficaz en caso de emergencias, que dependiendo del tipo de incidente que se produzca así se requerirá de la participación interinstitucional, incluida la Cruz Roja Costarricense, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía, empresas privadas prestatarias de Servicios de Ambulancia, entre otros actores, donde las vías públicas de la comunidad de La Guácima y zonas aledañas resultan insuficientes para el rápido acceso de unidades de emergencia, situación que se puede agravar ante eventos de concentración masiva, los cuales pueden verse afectados por el alto congestionamiento vial y que es ocasionado por la gran cantidad de vehículos que se ubican en los costados de la vía, generando atrasos de hasta 30 minutos para su llegada, donde atienden accidentes de tránsito, incendios estructurales y casos médicos, donde en todos los casos está en riesgo la vida de las personas, por lo que se requiere de un acceso rápido y oportuno de las unidades de rescate especializadas; por su parte, indican los personeros de bomberos, que las unidades extintoras tienen una longitud aproximada de 11 metros y un ancho de 3 metros, lo que genera precisamente que se requiera suficiente espacio para su ingreso a los lugares donde se presentan los incidentes (emergencias como incendios, accidentes de tránsito, otros) siendo que específicamente el ingreso al “Parque Viva” se dificulta cuando deben pasar dos vehículos, en sentido contrario, al mismo tiempo, lo cual hace imposible el ingreso, o cuando existen vehículos estacionados en la vía, siendo el tiempo de respuesta mucho mayor al que se puede atender en condiciones aptas de accesibilidad…”. Por su parte es de observar, de lo informado por el sistema 911, que efectivamente existen un sin número de denuncias que son ingresadas al sistema, en mayor número cuando se están llevando a cabo en el lugar eventos de concentración masiva, así como por vehículos mal estacionados, aglomeración de personas, embotellamiento de vehículos, riñas por no poder salir, colisiones, quejas por escándalos ocasionados por actividades propias del Parque Viva”, como por ejemplo carreras en el autódromo La Guácima, problemas de tránsito vehicular, entre otros, siendo de notar que sí existe una situación de riesgo potencial en el lugar, por falta de acceso seguro y fluido al sitio, que afecta las comunidades aledañas al inmueble y que debe el Ministerio de Salud atender de manera diligente, donde el acto administrativo lo que busca precisamente es evitar ante futuras actividades de concentración masiva- poner en riesgo la salud, seguridad y la vida de las personas que asisten a los eventos, así como la de las que viven en los alrededores del Parque Viva, y que requieren de un acceso fluido a sus comunidades (casas) y de ser necesario un adecuado acceso de los medios de socorro, por lo que resulta indispensable presentar el Plan Remedial solicitado, el cual debe abarcar en su contenido la solución a la problemática de acceso en las comunidades de La Guácima de Alajuela, ante la realización de actividades de concentración masiva. Es de mencionar que los actos administrativos realizados por esta instancia Ministerial fueron recurridos y resueltos en apego de tiempo y forma, respetando así el debido procedimiento y derecho en defensa de los administrados que sintieran afectados sus derechos, recursos declarados sin lugar al considerar que se deben mantener los actos administrativos impugnados, ya que se desprende de la valoración realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de las instituciones de primera respuesta (Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y otros). Asimismo se resolvió que dicha medida de suspensión temporal de las actividades de concentración de personas se mantendrá hasta que se garantice con la presentación, aprobación e implementación de un plan remedial, que la realización de las actividades de concentración masiva de personas en Parque Viva no conlleve al colapso de las vías de acceso, no genere molestias a las comunidades vecinas y permita el ingreso de los vehículos y personal de las instituciones de primera respuesta de manera pronta y segura. Ahora bien, sobre lo señalado en el sentido de que existen otras actividades autorizadas al establecimiento que no causan el colapso de las vías, deberán los representantes legales del establecimiento, indicar en el plan remedial solicitado a la autoridad sanitaria del Área Rectora de Salud Alajuela 2, cuáles son esas actividades, así como la cantidad de personas por actividad a fin de que no superen lo señalado en el criterio técnico emitido por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para valorar, autorizar y vigilar su realización (…) FUNDAMENTO DERECHO Constitución Política, en sus artículos 21 y 50, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, así como el bienestar de la población, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. Derivado de ese deber de protección, se encuentra la necesidad de adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos están en amenaza o peligro, siguiendo el mandato constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto Fundamental. Ley 6227 denominada -Ley General de la Administración Pública-, en su artículo N°214, cito: “…-1 El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico…(o)…-2 Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final...”. Ley General de Salud N°5395 en sus artículos 1, 2 y 341 cito: “…. La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, siendo del Ministerio de Salud función esencial velar por la salud de la población… Podrán, asimismo, dentro de las atribuciones y jurisdicciones mencionadas, ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esta ley para evitar riesgos o daños a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares …” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural, la salud y vida de las personas, es un derecho fundamental, de modo que frente a los intereses particulares prevalece, sin duda alguna, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que evidencia que no existe duda de que estando de por medio el ambiente, la salud y vida de las personas y por tratarse de normativa de orden público, se hace imposible alegar la existencia de derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, cuando estos se encuentran en contraposición del derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. CONCLUSIÓN Partiendo que la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, establece que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y que es función del mismo Estado -a través del Ministerio de Salud- velar por su protección efectiva y que toda persona -natural o jurídica- está sujeta a lo que ella establece, a sus reglamentos y a las órdenes que emita la Autoridad de Salud dentro de su competencia (Artículos 1 y 4). Este bien jurídico “salud”, derivado directo del derecho a la vida, consagrado en el Artículo 21 de la Constitución Política, ha sido protegido desde “tempranas sentencias” de Nuestra Sala Constitucional, y el Ministerio de Salud en su condición de Rector de la Salud de la nación debe garantizar que su producción social, se realice de manera eficiente y contribuya a mantener y mejorar la calidad de vida de la población, en forma equitativa, solidaria y universal. Ahora bien, no podría el Ministerio cumplir con esta función de organización y coordinación suprema si no se preocupara por atender, vigilar, regular y corregir, aquellas situaciones o circunstancias que afectan o ponen en riesgo esa salud de la población. Por eso en su función rectora dicta medidas y normas sanitarias, y por medio de sus programas operativos y de sus órganos y agentes, aplica y vigila su acatamiento, denunciando o sancionando si fuera el caso, a quienes incumplen los requerimientos o ignoran las órdenes sanitarias emanadas de una Autoridad de Salud (Artículos 1 y 2, Ley Orgánica del Ministerio de Salud). Como se desprende del análisis fáctico en el abordaje del Área Rectora de Salud Alajuela 2, a la Denuncia Confidencial N°243-2022, en cumplimiento apego al principio Constitucional, en que se obtenga Justicia Pronta y Cumplida a los tramites presentados ante la administración, me permito hacer mención en lo que interesa, a la resolución N°2008-013962, dictada por la Sala Constitucional a la 9:31 horas del 19 de setiembre del 2008 sobre derecho a justicia pronta y cumplida: “…justicia pronta y cumplida. El artículo 41 de la Constitución Política estipula: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". En igual sentido, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969 indica: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". De lo anterior se colige que la Administración de Justicia está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados. El artículo 41 de la Constitución Política -antes transcrito-, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, así como las particularidades de cada tipo de proceso…” Por ende, el Ministerio de Salud no está exento en cumplir con el deber de concluir con los trámites presentados, en este caso, de la denuncia que nos ocupa, siendo necesario reforzar la seguridad jurídica tanto para el denunciante, denunciado y la misma administración, en saber que los hechos descritos tienen su seguimiento pertinente y un abordaje ajustado en tiempo y derecho, mismo dentro de una línea de tiempo determinado. Partiendo de la existencia de un orden público ambiental y de salud, propio de un Estado Social de Derecho como lo es el nuestro, donde el interés público ambiental y de salud, por regla general, prevalece por sobre los intereses particulares, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, estas no encuentran cabida cuando entran en conflicto y puedan afectar los derechos ambientales y de salud de incidencia colectiva, Siendo ayunos los recurrentes en demostrar sus aseveraciones demás temerarias, por cuanto a la luz de los hechos expuestos, se demuestra que el actuar del Ministerio de Salud esta (sic) ajustado a derecho y que están tratando de utilizar su relación patronal con los medios de comunicación conocidos, como un medio coercitivo de “ataque a la prensa”, siendo que la carga a las obligaciones y situaciones comerciales deben ser soportadas independientemente que los recurrentes ostenten algún cargo de interés público como lo es ser propietarios de un medio de comunicación, pretendiendo tener un trato diferenciado o privilegiado en relación con otro comercio que enfrente tales Ordenes (sic) Sanitarias ya que concatenan esto, con un ataque o coerción al interés de información por ver menoscabadas sus actividades comerciales e ingresos económicos, siendo contradictorio en su totalidad con el principio constitucional emanado del artículo 33; - Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana-. Estando las Autoridades Públicas en cumplimiento de ley en aplicar el Principio Precautorio en materia Sanitaria, en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes. Siendo un derecho antes mencionado la culminación de las denuncias o cualquier trámite llevado ante este Ministerio ya que los mismos no pueden quedar sin resolución final por tiempo indefinido, y es en aplicación del artículo 41 de la Constitución Política, artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública y Decreto Ejecutivo N°37045 del 22/02/2012 denominado Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que esta representación Ministerial actuó ajustada al principio de legalidad que está llamado a cumplir. Aprovecho para hacer mención al comunicado de prensa del martes 12 de julio del 2022, por parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica en sus siglas -COLPER-, donde menciona en síntesis; “…La Junta Directiva del Colper se reunió con el Presidente de la República y el Presidente del Grupo Nación, de ambas conversaciones concluimos que: 1.-La Libertad de prensa es pilar fundamental de la democracia y así lo reconocieron ambas partes. 2.- Por encima de cualquier interés individual debe imperar el interés de las mayorías. 3.- La situación del Parque Viva debe ser abordada desde el principio de legalidad en que opera la administración pública, para lo cual existe la vía recursiva de impugnación del acto administrativo que ordena la suspensión del Permiso Sanitario de Funcionamiento y se resuelve con la presentación de un plan remedial por lo que no guarda relación ni afecta la libertad de prensa toda vez que corresponde a una actividad que se ajusta al derecho comercial y al derecho público que nos rige en relación de los administrados con la administración pública máxime que la Constitución Política en su artículo 50 ordena al estado garantizar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. 4.- La presidencia de la República reiteró su compromiso de respetar a los medios de comunicación colectiva, indistintamente de su línea y de editorial o de los intereses del grupo empresarial que represente, y reafirmó el compromiso de construir un protocolo que rija las relaciones prensa gobierno para garantizar el acceso a las fuentes a la información y al respeto mutuo con los periodistas y medios de comunicación…La Junta directiva del COLPER estará vigilante del respeto a la libertad de prensa y libertad de expresión para el resguardo de nuestra institucionalidad (…)”.

4.- Por escrito aportado a la Sala el 9 de agosto de 2022, Rodrigo Chaves Robles, en su condición de Presidente de la República, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) La Constitución Política de Costa Rica es absolutamente clara en que constituye una obligación ineludible del Estado garantizar, defender y preservar el mayor bienestar de todos los habitantes del país. Además, que toda persona tiene derecho a reclamar un ambiente sano. Asimismo, nuestra Carta Magna protege la libertad de decir lo que se piensa, cuando esto no constituya un exceso que violente o perjudique de manera ilegítima a un tercero, o cuando lo que se dice no encuentra respaldo en la realidad. Esta garantía abarca no solamente la libertad de los medios de comunicación de informar con la verdad, sino también la de los individuos de ejercer su pleno derecho de manifestarse. Ustedes, magistradas y magistrados de la honorable Sala Constitucional, más que nadie, conocen del deber que me fue conferido cuando juré ante el pueblo de Costa Rica como presidente de la República, en donde la protección y resguardo de la ciudadanía representan un pilar fundamental dentro del Estado Social de Derecho. Sin asombro, pero con mucha preocupación recibo el recurso de amparo interpuesto por personas afines al Grupo Nación, en donde exponen situaciones que poca o ninguna relación tienen con coartar la libertad de prensa de este medio de comunicación, y más bien pareciera que, escudados en ese equivocado discurso, exigen -sin ningún reparo- que el Estado les debe permitir operar de la manera que ellos quieran, aun cuando esto sea contrario a la ley y en detrimento del bienestar público. Señalan los recurrentes que ha puesto entredicho la capacidad financiera de Grupo Nación, por el correcto proceder de una grupo de funcionarios de la CCSS de plantear una consulta ante la SUGEVAL (Oficio GP-1193-2022/GF-575-06-2022), dada la preocupación que les generó los estados financieros reportados por Grupo Nación, y por movimientos de bienes inmuebles a un fideicomiso constituido por esta compañía, que posiblemente repercutirán negativamente en la capacidad de Grupo Nación, frente al pago de bonos comprados por la CCSS, y que esto, eventualmente, puede afectar groseramente el Fondo de Seguro de Invalidez Vejez y Muerte y el Fondo de Retiro de Empleados de la CCSS. El pago que deben realizar es de 5.950 millones de colones. La preocupación de los funcionarios de la CCSS es absolutamente válida y justificada: al cierre del primer trimestre del 2022, Grupo Nación visualiza una pérdida neta de 350 millones de colones, casi un 35% superior a la perdida reflejada en marzo de 2021. Por otra parte, es muy preocupante que el mayor activo que posee Grupo Nación, es decir, la propiedad en Llorente de Tibás esté siendo traspasada a un fideicomiso, junto con otras propiedades que este grupo ha estado adquiriendo, aun cuando vienen reportando perdidas desde hace varios años atrás. Magistradas y magistrados, ¿Es una amenaza a la libertad de prensa preocuparse y plantear consultas por el destino de los fondos de miles de costarricense invertidos en estos bonos? Grupo Nación, como cualquier otro emisor de deuda que participa en el mercado nacional de valores, está en la obligación de aportar información veraz que respalde su salud financiera, y no escudarse en su supuesta actividad central como "medio de comunicación", para alegar ataques a la libertad de prensa cuando se le exija ajustarse a la legalidad. Hoy, pese a que la CCSS dirigió una misiva al Grupo Nación desde el 20 de julio de 2022, con las mismas consultas que se plantearon ante la SUGEVAI„ no hay respuesta alguna (ver prueba documental). El alegato de los recurrentes respecto al levantamiento temporal del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, encuentra el mismo discurso, es decir, a Grupo Nación no se le puede exigir, como a cualquier otro comercio costarricense, ajustarse a los parámetros de la ley, porque inmediatamente, a su parecer, se convierte en un ataque a la libertad de prensa. De forma extraña, alega Grupo Nación que la denuncia de Parque Viva fue atendida con rapidez y celeridad por parte de las autoridades sanitarias, situación que es plausible y correcta. Estamos hablando de la vida de miles de personas, esto no puede demorarse, no puede esperar más tiempo, debe resolverse con la mayor rapidez y disposición posible; no tiene ningún tipo de fundamento venir a criticar que el gobierno actúo con la debida diligencia para proteger a la ciudadanía, se ejecutaron las acciones de la forma correcta, y es precisamente lo que la población espera, un gobierno que responda ágilmente, no con dilaciones, ni trabas. ¿Como es posible, magistradas y magistrados, que Grupo Nación venga a decir que cifran todas sus esperanzas económicas en lo que pueda generar la actividad económica de Parque Viva para poder pagarle a sus empleados, y que clausurar temporalmente ese lugar para la celebración de eventos masivos por incumplir con las condiciones mínimas de salubridad, es un ataque directo a la libertad de prensa? Eso solo demuestra que la salud financiera de la Nación no es como la quieren hacer ver, y que dependen de este lugar para subsistir financieramente. Respecto al caso en concreto de Parque Viva, vecinos de la Guácima de Alajuela plantearon ante el Ministerio de Salud una denuncia anónima, donde explican lo que han sufrido por años con este lugar, y las consecuencias que podrían ocurrir en caso de que no se tomen las medidas necesarias de manera urgente. Claro ejemplo de lo denunciado se evidenció en la nota publicada por el medio de comunicación CRhoy.com el 22 de junio de 2017 donde una vecina de La Guácima de Alajuela denunció que "Hay que estar peleando para que no nos parqueen al frente. A veces, mandan a alguien para que acomode carros, pero cuando el desorden es demasiado, desaparecen (...) Todo mundo se encierra. La gente (vecinos) no sale cuando hay concierto. Las calles tienen que hacerlas más anchas, el martes (Concierto de Ed Sheran, 6 de junio) fue tremendo". Ante esa situación, el principal temor es que una de esas noches de concierto se presente una emergencia que amerite la salida rápida de algún vecino. "¡Se muere la persona! Si se cortó, se escurrió (...) Esto se bloquea por todo lado. No solo aquí, también en Ciruelas y en el sector conocido como El Bajo (...) Es que hay semanas hasta con 3 conciertos. (Ver legajo de prueba anexo como prueba documental) Otro ejemplo de la situación que viven los vecinos de Parque Viva ocurrió el 9 de julio de 2017, de acuerdo con una nota publicada por el medio de comunicación Am Prensa el 09 de julio de 2017, donde se denunció que, durante un concierto llevado a cabo la tarde de ese día en el Parque Viva, se reportaba un fuerte congestionamiento vial en los alrededores del recinto, pero lo más grave ocurrió cuando se recibió una alerta de una amenaza de un atentado terrorista que propició la detención de una persona. (Ver legajo de prueba anexo como prueba documental) Una vez recibida la denuncia anónima, el Ministerio de Salud convocó a sesión al Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas para analizar el caso. En dicha sesión, participaron funcionarios además del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de la Cruz Rojas Costarricense, de la Dirección de la Policía de Tránsito, de la Comisión Nacional de Emergencia y del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este comité, actuando dentro de los parámetros permitidos, y analizando el informe DVT-DGlT-2022-339 (ver prueba documental) de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (previamente solicitado por el Ministerio de Salud), donde se concluye que al momento que se realizan concentraciones masivas en el Parque Viva, la vía que da acceso no tiene la capacidad suficiente para el manejo del tránsito generado, por tanto, esta comisión acordó proponerle a las autoridades sanitarias una orden de cierre para eventos masivos y solicitar un plan remedial para las condiciones denunciadas. Recibida la recomendación del comité especializado, la Dirección de Área Rectora de salud de Alajuela 2, emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 (ver prueba documental), donde suspendió de manera temporal el permiso sanitario de funcionamiento para eventos de carácter masivo hasta tanto el ente recurrido no presentara un plan remedial que abarcara la solución a la problemática con los accesos. Hoy, Grupo Nación no ha presentado el plan remedial. Cabe recordar que, las autoridades han exigido a otros grupos comerciales, la construcción de accesos de ingreso a centros comerciales de gran envergadura, cuando se proyecta que la entrada en operación de estos recintos representará un aumento en el flujo vehicular de la zona en que fueron construidos; ejemplos de esto son los casos de EPA en Desamparados y City Mall en Alajuela, quienes realizaron cuantiosas inversiones para ajustarse a los requerimientos de entrada y salida de vehículos. Además, se cuenta con el criterio de la Dirección Regional de la Fuerza Pública de Alajuela, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SBDRA-DPCAS-D26-08272022 (ver prueba documental), donde, señalan que la zona de la Guácima de Alajuela está catalogada como sensible ya que convergen diferentes acciones delictivas y que la afectación que genera aglomeraciones de vehículos y personas en las afueras de Parque Viva, reduce la movilidad policial y produce un incremento en las llamadas de vecinos al 911, debido a incidentes de alteración al orden público. Fuerza Pública hace referencia a un caso en concreto ocurrido durante un concierto en Parque Viva el 07 de mayo de 2022, donde en una emergencia médica, los cuerpos de socorro requirieron del auxilio policial para poder trasladar a la paciente ya que la cantidad de vehículos y personas en la zona impedían el movimiento de la ambulancia con la rapidez que se precisaba, por tal razón fue necesaria la intervención de doce efectivos policiales abriendo camino a pie entre los vehículos durante 40 minutos. Concluyen que la afectación al servicio policial durante los eventos masivos en Parque viva es evidente, notoria, frecuente y repetitiva, en virtud del impacto de la incidencia delictiva y la afectación en los tiempos de respuesta de las autoridades de emergencia. El Benemérito Cuerpo de Bomberos emitió su criterio mediante oficio CBCR-0271502022-0PB-00741 (ver prueba documental), donde concluyen que las comunidades de Rincón Chiquito, Rincón Herrera, Guácima centro, al igual que las instalaciones de Parque Viva, se ven afectadas debido a que el tiempo de respuesta de las unidades de Bomberos aumenta de forma considerable debido a las condiciones de las vías circundantes al reciento (sic), aunado a los bloqueos que se generarían en las carreteras durante los eventos masivos, y esto imposibilitaría el acceso a las comunidades durante emergencias, situación que pone en peligro las vidas y las propiedades. Ante la incredulidad que generó el hecho que el gobierno local le otorgara permisos de funcionarios a Parque Viva, aún con toda la evidencia de que sus condiciones de operación son perjudiciales para las comunidades circunvecinas, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo le solicitó a la Municipalidad de Alajuela el expediente del proyecto, donde se hallaron situaciones muy preocupantes que fueron expuestas en el oficio PE-243-07-2022 (ver prueba documental), a saber: 1) Los permisos municipales de uso de suelo para el campo ferial, anfiteatro, hotel y servicio de comidas, no respetan el plan regulador vigente. 2) La finca donde encuentra el Parque Viva, se ubica en una zona verde, y no es una subzona residencia de mediana densidad, tal y como se indicó en la constancia de uso de suelo, que fue emitida por la Municipalidad de Alajuela y base para la emisión de los permisos de construcción. 3) La viabilidad ambiental otorgada, fue dada para mejoras en lo que fue el Autódromo La Guácima; en ningún momento se desprende del trámite ante Setena, que la actividad a desarrollar fuera para un campo ferial, lo que evidencia que los permisos fueron gestionados de forma separada, con la intención de obviar requerimientos mínimos que debieron ser pedidos. 4) No hay registro de presentación ante el MOPT ni la Municipalidad de Alajuela, de ningún estudio de impacto vial, que mida el impacto de flujo vehicular asociado a las actividades que se desarrolla en Parque Viva. 5) El proyecto no contó con autorización del Benemérito Cuerpo de Bomberos al momento de ser aprobado. 6) NO se solicitó ninguna mejora a la vialidad cantonar (sic) que da acceso al Parque Viva, en ninguna etapa. Obviado con ello el gobierno local, lo estipulado en el artículo 70 de la ley de planificación urbana, que le permite solicitar contribuciones dado el impacto del proyecto Parque Viva, sobre la vialidad pública del cantón (casos Epa Desamparados, City Mall Alajuela). Como se ha afirmado, las actuaciones cuentan con el criterio de varias instituciones públicas especializadas, algunas de ellas beneméritas de la patria, que gozan de total credibilidad en sus actuaciones. No se trata de gestiones antojadizas, como lo quieren hacer ver los recurrentes, se trata de funcionarios y funcionarias responsables que cumplen su deber, con la debida competencia legal para hacerlo y que buscar proteger la vida de los costarricenses. Por lo expuesto, el hecho de proteger la vida de cientos de familias vecinas del Parque Viva, no tiene ninguna relación con atacar, limitar o censurar la libertad de prensa de Grupo Nación. Yo no voy a dormir con la consciencia tranquila si durante el próximo concierto hay una emergencia y muere una niña, un anciano, se pierden casas de gente humilde durante un incendio, simplemente por el beneficio económico de un grupo, que se escuda en la libertad de expresión cada vez que se les solicita ajustarse a la ley. Como aspecto relevante en apoyo de la actuación de las autoridades sanitarias, está el pronunciamiento del propio Colegio de Periodistas de Costa Rica, quienes indicaron que, una vez analizado el tema, arriban a la conclusión que la libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud, y que en ningún momento se está atentando contra este derecho. Al respecto indicó el Colegio de Periodistas en su comunicado oficial: "(...) La situación del Parque Viva debe ser abordada desde el principio de legalidad en que opera la administración pública, para lo cual existe la vía recursiva de impugnación del acto administrativo, que ordena la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento y se resuelve con la presentación de un plan remedial, por lo que no guarda relación ni afecta a la libertad de prensa, toda vez que corresponde a una actividad que se ajusta al derecho comercial y al derecho público que nos rige en la relación de los administrados con la Administración Pública, máxime que la Constitución Política en su artículo 50 ordena al Estado garantizar el mayor bienestar a todos los habitantes del país (…)” (ver legajo de prueba documental anexo). El propio Grupo Nación, en una nota publicada el 27 de abril de 2021, acepta que las condiciones de acceso de las instalaciones de Parque Viva no son las mejores. Expresamente indican que "Si bien Parque Viva cuenta con distintas rutas públicas de acceso, las mismas presentan limitaciones para asimilar el fluido movimiento de una gran cantidad de vehículos, como las que se producen cuando han presentado espectáculos a lleno completo en el Anfiteatro Coca-Cola (ver legajo de prueba documental anexo). A esto debemos sumar la nota del medio de comunicación El Guardián titulada "Parque Viva reconoció problemas de caos vial desde el 2017 y esperó hasta el 2021 para buscar solución", donde una funcionaria del Parque Viva acepta que los eventos masivos repercuten de manera negativa en el flujo vehicular propio de la zona, y que en un evento del 6 de junio de 2017, donde se convocaron 18 mil personas, un choque colapsó todo el sector de la Guácima de Alajuela, lo que agravó la salidas de los asistentes al evento. (Ver legajo de prueba documental anexo). La necesidad de sentir persecución por parte de los recurrentes defendiendo los intereses de Grupo Nación llega al punto de asegurar, de acuerdo con el recurso de amparo, que la cancelación del proyecto del tren eléctrico impulsado por el anterior gobierno pasa por el hecho que una ramificación de la ruta pasaba por el sector de Parque Viva, de ahí la decisión que se tomó y que fuera anunciada. Este argumento es absolutamente falso. La decisión de no continuar con el proyecto fue pensada en el beneficio común de la ciudadanía, donde un proyecto mejor pensando y elaborado representaría mayores beneficios para todos. Grupo Nación, como un medio de comunicación serio, debería saber que las decisiones de alta trascendencia de nivel país, no pasan -únicamente- por los colones y beneficios que pueda recibir su empresa, sino que abarca mucho más, al pueblo costarricense, por ejemplo. Donde no ahondan en el alegato los recurrentes es que, de acuerdo con la nota publicada el 20 de agosto de 2020 por el medio de comunicación CRhoy.com, en el ejercicio de su libertad de prensa, el gobierno de turno y el grupo Nación firmaron un convenio que incrementaría el costo del tren eléctrico en casi 150 mil millones de colones, para que la línea férrea pasara por las inmediaciones del Parque Viva. (Ver legajo de prueba documental anexo). Al Grupo Nación siempre se le ha respetado el debido proceso. En primera instancia, se les otorgó la posibilidad de presentar un plan remedial (que no lo han hecho) y, por otra parte, han tenido la posibilidad de recurrir la resolución administrativamente, estando pendiente por resolver el recurso de apelación. No es cierto que la Administración haya clausurado definitivamente el recinto. El diario La Nación sigue operando y seguirá haciéndolo sin ningún tipo de injerencia por parte del Estado, eso no quiere decir que no se les va a exigir ajustarse a derecho cuando sea evidente y manifiesto que están operando de manera ilegítima y en detrimento de los derechos de los costarricense. No existe, en ninguna circunstancia, un ataque indirecto a la libertad de prensa; en ningún momento he ordenado a las autoridades sanitarias actuar de determinada manera, todas las decisiones se han tomado de acuerdo con parámetros técnicos actuando sobre la base de una denuncia presentada por la misma ciudadanía. Como costarricense y funcionario público, tengo la obligación y el derecho de pronunciarme enérgicamente ante situaciones que pongan en peligro la salud pública del pueblo; paradójicamente, es un derecho constitucional que me asiste de manifestar de manera libre mis pensamiento, y lo haré de la forma más vehemente cuando se trate de proteger los derechos de las familias costarricenses, y aún más cuando se trate de las población (sic) más vulnerables; recientemente, la Sala Constitucional se pronunció sobre el derecho de los servidores públicos de expresar sus opiniones, esto mediante el voto 09855-22, indica el citado documento: “(…) no hay que perder de vista que la libertad de expresión, así como la libertad de prensa, son elementos esenciales del sistema democrático, al extremo, que es uno de sus elementos nucleares. Así lo ha reconocido este Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su amplia jurisprudencia. A partir de lo anterior, y siguiendo los precedentes de esta Sala es necesario concluir que se debe declarar con lugar el recurso de amparo. (...) Así las cosas, tomando en consideración las particularidades del cuadro fáctico de este caso, la apertura del procedimiento administrativo en sí mismo no constituye un medio razonable ni proporcional para exigir una responsabilidad ulterior, tal y como lo prescribe el numeral 29 de la Carta Fundamental y el artículo 73 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino, por el contrario, se constituye en un instrumento intimidante para la amparada y, de esa forma, se impide que exprese lo que piensa sobre el desempeño de una alta funcionaria del Poder Judicial, siendo mayores las restricciones a la libertad de expresión que los beneficios de la medida. Aunado a lo anterior, no se logró demostrar fehacientemente el interés público imperioso de abrir dicha investigación, y se constató que las críticas realizadas en el articulo de opinión se enmarcaron en lo que se espera de los habitantes de la República cuando ejercen la libertad de expresión, sea para criticar o exaltar la gestión de un funcionario público. Es importante indicar que los límites entre la potestad disciplinaria y la libertad de expresión de los funcionarios judiciales debe analizarse coso por caso (…)”. Asimismo, en el propio caso de Ríos y otros vs Venezuela, ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que hace referencia los recurrentes y que contradice su propia posición, se menciona que el caso encuentra relación con el informe de alcances y conclusiones No. 119/06 de 26 de octubre de 2006, al indicar que: “(…) la mayoría de los pronunciamientos anexados “(…) aunque pueden tener un contenido fuerte y critico que incluso puede ser valorado como ofensivo, constituyen expresiones legitimas de pensamientos y opiniones sobre las formas particulares que puede tener un medio de comunicación de ejercer el periodismo que se encuentran protegidas y garantizadas bajo el artículo 13 de la Convención Americana y la Comisión no encuentra que constituyan violación alguna de ese instrumento. " En este punto, resulta fundamental traer a colación la Declaratoria de Chapultepec, propiamente el principio noveno, donde bien se señala "que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga." Del párrafo anterior resulta inevitable cuestionarse si Grupo Nación está actuando ajustada a este precepto, y si una vez analizados todos los criterios de las entidades especializadas, la credibilidad y compromiso con la verdad no está entredicho. En conclusión, puedo afirmar que no se está ejerciendo ninguna clase de censura, ni directa, ni indirecta contra Grupo Nación; el medio de comunicación continúa operando de manera normal, informando al pueblo costarricense de acuerdo con su línea editorial, y esta garantía nunca será trasgredida. El derecho que los recurrentes alegan como violentado no encuentra sustento en la realidad como se ha demostrado, por lo que el recurso de amparo debe ser declarado sin lugar en todos sus extremos (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

5.- Por escrito aportado a la Sala el 17 de agosto de 2022, el recurrente González Rodicio se refirió al informe rendido por las autoridades recurridas. Alude a la premura con la que se tramitó, el 5 de julio de 2022, la presunta denuncia formulada en contra de Parque Viva, ante diversas instancias y en menos de seis horas (sea, desde presuntamente las 8:00 hrs. y las 13:50 hrs.). Sobre este punto en particular aduce expresamente lo siguiente: “(…) 1 -En la copia del expediente aportado por los recurrentes, folio 2, figura el formulario de denuncia anónima recibido a las 12:41 del 5 de julio en Alajuela. No obstante, si nos dejamos guiar por el Oficio en que la Ministra la traslada a la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Regional, la denuncia fue recibida en San José, el mismo 5 de julio. NO podemos saber la hora, porque el documento no tiene sello de recibido en las oficinas centrales del Ministerio, contrario a las normas usuales de recepción y manejo de documentos en la administración pública, pero no pudo ser presentada antes de las 8 am., porque a esa hora abren las oficinas. 2- Entre las 8 am, suponiendo que el denunciante estaba ahí cuando se abrieron las puertas, y las 12:24:14 cuando la señora Ministra solicita criterios técnicos urgentes a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas según el oficio MS-DM-5754-2022 visible a folio 26 de la copia del expediente aportado por los recurridos, hubo tiempo para formular y recibir la denuncia, decidir que era de atención urgente por la señora Ministra en persona, elevarla a su despacho y redactar el oficio enviado al MOPT. No parece haber habido tiempo para estampar un recibido que nos permita saber la hora de presentación de la denuncia para aquilatar la verdadera celeridad de los trámites, que quizá sea mucho mayor. 3- En la copia del expediente aportado por los recurridos, folio 1, figura el oficio MS-DM-5756-2022 firmado electrónicamente el 5 de julio a las 12:38:24 mediante el cual la Ministra traslada el formulario de denuncia a la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Regional. Eso ocurre 2 minutos y 36 segundos antes del recibido estampado en el formulario en Alajuela. Lo más extraordinario es que la Dirección Regional Central Norte, que comprende Alajuela y Heredia, está en esta última Ciudad, desde donde sería imposible el traslado físico del documento en un par de minutos. Si el traslado fue electrónico, también se hizo en tiempo récord. En 2 minutos y 36 segundos se recibió el correo electrónico, se leyó el contenido, se despachó a Alajuela donde se imprimió la denuncia y se le puso un recibido físico que habría sido innecesario si la ruta electrónica hubiera quedado documentada. Si la celeridad con que al parecer ahora se tramitan las denuncias anónimas hubiera aconsejado enviar copia del documento a Alajuela mientras se notificaba a la jerarca en Heredia, irrespetando las cadenas de mando, cabe preguntarse por qué en el expediente figura como única copia —por lo que debemos entenderla como Original la que tiene el recibido de Alajuela. 4- En la copia del expediente aportado por los recurridos figura el ya citado Oficio MS-DM-5754-2022 firmado el 5 de julio a las 12:24:14 mediante el cual la Ministra solicita criterios técnicos urgentes a los jerarcas del MOPT, más de 14 minutos antes del traslado de la denuncia anónima a la Dirección Regional, en Heredia, y casi 17 minutos antes de recibida la denuncia en Alajuela. 5- En la copia del expediente aportado por los recurridos, folio 19, figura el acta de inspección firmada a las 13:50 del 5 de julio en Parque Viva. Es decir, entre la recepción de la denuncia en Alajuela y el fin de la inspección en el sitio habrían transcurrido 69 minutos. Aparentemente, los inspectores estaban listos, a la hora de almuerzo, para salir como un relámpago hacia La Guácima instantes después de recibida la denuncia anónima en el centro de Alajuela y ejecutar su tarea a una velocidad extraordinaria, desplazándose por todos los rincones del parque (…)”. Menciona que, en su informe, la Ministra de Salud da a entender que, en virtud de la inspección realizada por autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 el 5 de julio de 2022, se procedió posteriormente a solicitar criterio al MOPT. Sin embargo, señala que ese criterio había sido solicitado casi una hora y media antes de concluida dicha inspección. Agrega que el informe oficial de los inspectores de Alajuela 2 (donde se recomienda trasladar la denuncia al MOPT para que valoren las condiciones denunciadas de su competencia), fue firmado fuera de horas de oficina, el propio 5 de julio de 2022, a las 17:26:59 hrs. (cuando habían pasado más de cinco horas desde que la Ministra de Salud había pedido criterios técnicos urgentes al MOPT). Sobre este último aspecto, señala expresamente lo siguiente: “(…) No sabemos a qué hora fue recibida la denuncia ni cómo llegó al despacho de la Ministra sin pasar el proceso habitual de recepción de documentos Es una hoja que cualquiera pudo haber llenado en cualquier momento, pero desató una actividad extraordinaria. Unas horas de la mañana del 5 de julio bastaron para desplegar todas las actuaciones registradas en los Oficios. ¿Qué trasladó la Ministra al despacho de la Dra. Ramos, en Heredia, si 2 minutos y 36 segundos después se le estaba estampando el recibido a la denuncia en Alajuela? ¿Por qué es esa la única constancia de recibido en el formulario de la denuncia y por qué figura únicamente ese formulario en el expediente? ¿Para qué hizo la Ministra el traslado a Heredia y para qué se envió la denuncia a Alajuela si ya se había consultado al MOPT sobre las vías aledañas a Parque Viva y se sabe que el Ministerio de Salud no tiene jurisdicción sobre esa materia? ¿Cómo llegaron con tanta celeridad los inspectores de Alajuela a Parque Viva? Esta crónica de lo sucedido en menos de seis horas (quizá mucho menos, dependiendo de la hora de presentación de la denuncia) en tres sedes del Ministerio de Salud y las instalaciones de Parque Viva, precede al resto de la frenética actividad que culminó con la suspensión de los permisos sanitarios. No es así como se tramitan las denuncias, especialmente anónimas, en ningún sector de la administración pública. La arbitrariedad, el ensañamiento y la desviación de poder no admiten duda (…)”. De otra parte, indica que, como parte de la costumbre de pedir a las instituciones públicas documentos para justificar a posteriori las arbitrarias actuaciones en este caso, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, semanas después del cierre, emitió un informe de irregularidades presuntamente cometidas hace ocho o nueve años. Menciona que la Municipalidad de Alajuela lo desmintió ese mismo día, pero eso no importó para que el Presidente lo presentara como parte de su informe rendido a la Sala. Sostiene que cada uno de los argumentos señalados en el informe por el INVU carecen de veracidad y, en ese particular, afirma lo siguiente: “(…) 1-Según el INVU, los permisos municipales de uso de suelos irrespetan el plan regulador. Como bien dijo Municipalidad de Alajuela en comunicado oficial del 3 de agosto de 2022, el artículo 60 del Plan Regulador Urbano dispone que si pasados cinco años desde la publicación de dicho plan la Municipalidad no adquiere los terrenos destinados a zonas verdes, éstos adquieren la zonificación cercana que menos afecte al usuario y eso fue lo que sucedió. Los usos de suelo, autorizados Oportunamente, cumplen a cabalidad con el Plan Regulador vigente, Se aportan como Prueba # 1. Como consta en los usos de suelo autorizados por la Municipalidad de Alajuela en junio del año 2013, la zonificación de la propiedad donde se ubica Parque Viva (folio real matrícula 198873-000, partido de Alajuela) era una zona clasificada como residencial de media densidad. 2- Según el INVU, la finca donde está Parque Viva se ubica en una zona verde y no en una sub zona residencial de mediana densidad, como se indicó en la constancia de uso de suelo emitida por la Municipalidad de Alajuela para emitir los permisos de construcción. Falso, según lo acabamos de explicar y probar. La verdad no solo la acreditan los usos de suelo debidamente emitidos, sino también la normativa del Plan Regulador. No existe ningún argumento para poner en duda la validez de los usos de suelo otorgados a Parque Viva. (Se aportan como prueba los usos de suelo aprobados) 3- Según el INVU, la viabilidad ambiental fue otorgada para mejoras en el Autódromo La Guácima. En ningún momento se desprende del trámite ante Setena que la actividad a desarrollar fuera un campo ferial, lo que evidencia la tramitación separada de los permisos para obviar requerimientos mínimos. La afirmación es absolutamente falsa, para comprobarlo, basta la lectura de la resolución que otorga la viabilidad al proyecto. Esa resolución, aportada como Prueba #2, fue emitida por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental SETENA, # 3088-2013 de fecha 19 de diciembre del 2013, en el Proyecto entonces conocido como "Mejoras al Autódromo La Guácima". La cláusula 5 del por tanto enumera las obras a realizarse en lo que era el Autódromo La Guácima La minuciosa descripción general del proyecto aprobado es la recogida en la resolución número 3088-2013 de Setena, adjunta como prueba. Esas fueron las obras autorizadas y esas fueron las Obras construidas, Como debería ser obvio, SETENA otorga viabilidad ambiental a las obras, no al nombre comercial presente o futuro. En aquel momento, Grupo Nación no se había decidido por la denominación Parque Viva y para identificar el proyecto utilizó el nombre de la actividad anterior. Mañana, podría decidir llamarlo de cualquier otra forma sin violentar la viabilidad ambiental concedida por Setena hace casi nueve años. El comunicado de la municipalidad dice al respecto "SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL, la resolución de aprobación de la viabilidad ambiental revisada por la Municipalidad de Alajuela para la tramitación del permiso de construcción del Proyecto Parque Viva, es correcta y describe las obras de manera general, mismas que coinciden con los planos presentados y debidamente aprobados por las otras instituciones de manera previa y por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, según consta en la plataforma APC, El título del proyecto, es decir, el nombre con el que se conoce el mismo en el expediente, fue el que varió con el tiempo, lo que no afectó la naturaleza de lo analizado, y mucho menos la naturaleza de las obras (nombre de fantasía). No porque la empresa cambiara el nombre del proyecto, cambia la naturaleza de las Obras 4- Según el INVU, no hay registro de presentación ante el MOPT ni la Municipalidad de Alajuela de ningún estudio de impacto vial que mida el impacto del flujo vehicular asociado a las actividades de Parque Viva. Grupo Nación presentó oportunamente un estudio vial, entregado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para su revisión y análisis, Prueba de ello es el Oficio DGIT-ED-5935-2014 del 01 de diciembre del 2014 donde la Dirección General de Ingeniería de Tránsito emite formal aprobación del estudio (Ver prueba). 5- Según el INVU, el proyecto no contó con autorización del Cuerpo de Bomberos al ser aprobado. Falso. Los planos cuentan con la aprobación de las instituciones competentes, a saber el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela. La aprobación de marras es visible en la plataforma digital de APV, donde se almacenan todos los documentos relacionados con desarrollos Inmobiliarios cuyos trámites son revisados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arqutectos (sic) (Ver prueba). Al respecto, la municipalidad declaró: "La Municipalidad de Alajuela no sustituye en sus labores a otras instituciones las cuales pueden revisar el expediente y realizar las inspecciones respectivas en campo para el cumplimiento de estas Es importante indicar en todo caso que, según se observa en el expediente cada anotación fue subsanada por la institución respectiva lo que genero la aprobación por parte del CFIA. Según el expediente el contrato OC626867, con fecha del 13-11-2013, se determina que "el proyecto se aprueba con las observaciones institucionales subsanadas por el profesional". El involucramiento del Cuerpo de Bomberos en el desarrollo del proyecto queda demostrado con el oficio fechado 16 de junio del 2014 donde se acepta la eliminación de hidrantes y se pide subsanar defectos menores. 6- Según el INVU, no se solicitó ninguna mejora a la vialidad cantonal que da acceso a Parque Viva en ninguna etapa. Obvió con ello el gobierno local lo estipulado en el artículo 70 de la ley de planificación urbana que le permite solicitar contribuciones dado el impacto del proyecto sobre la vialidad del cantón. NO es cierto. Parque Viva desarrolló mejoras en media vía cantonal que corresponden a inversiones para la ampliación de asfaltado, construcción de cordón de caño, aceras, parada de autobuses y bahía para buses, entre Otras (…) El MOPT, mediante oficio DVT-DGlT-ED-2015-4056 acepta la finalización del proyecto de construcción y deja constancia de la recepción de la obras. (…)”. De otra parte, afirma que lo informado por el Presidente respecto al tren no es cierto. Sostiene que dicha autoridad sabe que no hay ningún ramal valorado en 150.000 millones para favorecer a Parque Viva, porque él mismo participó activamente de la estructuración financiera y presentación legislativa del proyecto. Indica que el convenio suscrito entre Grupo Nación e Incofer, se traduce en una carta de intenciones en virtud de la cual Grupo Nación se compromete a promover entre las empresas privadas la rehabilitación de la vía existente, para extender el servicio actual hasta el Coyol, donde laboran más de 32.000 personas en las zonas francas y empresas conexas de los alrededores. Narra que el beneficio para esas empresas y la atracción de inversiones, como lo ha dicho CINDE, es mejorar el acceso a la zona, especialmente para los trabajadores. Igualmente afirma que el beneficio para Parque Viva es también obvio, tanto como para la comunidad de La Guácima y sus alrededores. Aclara, entonces que “(…) Grupo Nación manifiesta su intención de buscar colaboración de las empresas que se podrían beneficiar de la rehabilitación de la línea de tren trazada por don Rafael Yglesias a fines del siglo XIX. Incofer, por su lado, podría extender su servicio sin invertir en la vía y recabaría valiosa información de la demanda del servicio. El convenio no hace referencia alguna a la fantasía incorporada al informe del señor Presidente y la única mención del tren eléctrico es para describirlo como una de las prioridades del gobierno y aclarar, acto seguido, que "en el tanto esos procesos avanzan, el Incofer manifiesta su interés en reaperturar servicios ferroviarios en los trayectos de la vía férrea que paulatinamente puedan irse rehabilitando, y que permitan promover la utilización de los servicios ferroviarios y arrojen importantes datos acerca de la demanda de los servicios ferroviarios (…)” y agrega que “(…) el señor Presidente ni siquiera necesita necesita (sic) ver el convenio para reconocer la falsedad incorporada a su informe. En el Alcance No. 112 a La Gaceta No. 110, 14 de mayo del 2020, página 83, aparece Su firma, como Ministro de Hacienda, en el proyecto de ley de aprobación del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar parte del tren eléctrico, En la página 9 del Alcance, adjunta a este escrito como prueba, se afirma: "En definitiva, el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros consiste en una mejora sustancial del servicio de transporte ferroviario que discurre entre San José y la poblaciones de Alajuela, Belén y Paraíso en tres líneas respectivas, junto con la extensión desde Belén a Ciruelas y dos nuevos tramos desde Alajuela a Ciruelas y desde Ciruelas a El Coyol, respectivamente. En la misma página se lee, entre los Objetivos específicos del proyecto: "Diseñar y construir una nueva infraestructura ferroviaria en el GAM en los derechos de vía que actualmente posee el INCOFER..." "Más abajo, dice: "La inversión aproximada del proyecto es de US$1 550.000.000 (…) Como queda demostrado, el señor Presidente siempre ha sabido que el ramal de C150.000 millones nunca existió, que no hay un convenio entre Incofer y Grupo Nación que lo contemple, que el costo total era de USS1.550.000.000 (sin los supuestos C150.000 millones adicionales) y que la obra se desarrollaría sobre los derechos de vía existentes. Todo eso lo apoyó, además, con su firma y solemnes manifestaciones ante los diputados. (…)”. Afirma que el ánimo persecutorio y el propósito de cumplir la amenaza de campaña de destruir las estructuras que sustentan nuestro periodismo, apartándose de la verdad si es necesario, queda confirmado por las manifestaciones del informe relacionadas con el caso del tren que, inicialmente se citó como uno de los elementos de la presión destinada a limitar su libertad de expresión en los términos prohibidos por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a lo manifestado por el Presidente respecto a los bonos comprados por el Estado, señala expresamente lo siguiente: “(…) En otra parte del informe, el señor Presidente expresa: "Señalan los recurrentes que ha puesto entredicho la capacidad financiera de Grupo Nación por el correcto proceder de un grupo de funcionarios de la CCSS de plantear una consulta ante la Sugeval… dada la preocupación que les generó los estados financieros reportados por Grupo Nación, y por movimientos de bienes inmuebles a un fideicomiso constituido por esta compañía. Nunca dijimos semejante cosa, pero ni el proceder de los funcionarios de la Caja fue correcto ni actuaron, sin más, por decisión propia La incorrección del procedimiento queda en evidencia con la respuesta de Sugeval que los manda a contactar directamente al emisor. La participación del Presidente en la gestión está demostrada por la grabación de la conferencia de prensa donde confesó haber sido él, personalmente, quien pidió al presidente ejecutivo de la Caja formular las preguntas a Grupo Nación mediante la Sugeval. El Presidente parece haberse dado cuenta del carácter inusitado de esa llamada y añadió que el funcionario respondió que ya lo estaban haciendo. Lo que sí dijimos los recurrentes es que esas actuaciones solo sirvieron para montar una conferencia de prensa donde, sin esperar la respuesta a las preguntas, el Presidente dio a conocer la gestión y cuestionó la solvencia de Grupo Nación con el evidente propósito de cumplir sus amenazas de campaña de castigar nuestro periodismo destruyendo las estructuras que lo posibilitan, Según dijo, con evidente intención de tocar la emotividad, las preguntas fueron formuladas en defensa de la pensión de "la abuelita". (Ver video en soporte de prueba electrónica). También dijimos que ninguna autoridad financiera ha expresado las mismas dudas, Grupo Nación mantiene la clasificación “A”, otorgada por la calificadora Fitch, y los activos de la empresa duplican sus pasivos. Los estados financieros son públicos, porque Grupo Nación está inscrito en bolsa, y en ellos consta la reserva de los recursos necesarios para cancelar el próximo vencimiento, luego de haber pagado puntualmente los dos anteriores y sus intereses. Como queda claro, dijimos, "el espectáculo no tuvo otro fin que perjudicar al Grupo Nación, poniendo en duda sus finanzas, para coartar nuestra libertad de expresión porque "la práctica habitual de inversionistas institucionales" es consultar directamente al emisor y valerse de la información publicada por mandato de ley" "Magistradas y magistrados, ¿Es una amenaza a la libertad de prensa preocuparse y plantear consultas por el destino de los fondos de miles de costarricenses invertidos en estos bonos?", pregunta el señor Presidente. Evidentemente no, pero cuando el mandatario que juró destruir las estructuras de nuestro periodismo monta una conferencia de prensa para publicitar, desde su alta tribuna, una consulta planteada a su solicitud mediante el procedimiento errado, que además no había tenido respuesta, lo cual no le impidió sembrar duda sobre las finanzas de la empresa y decir que todo es para defender la pensión de la abuelita, luego de calificar de "diplomático" al presidente de la Caja por afirmar que el emisor siempre ha pagado puntualmente, la respuesta es otra. Y cuando todas esas circunstancias se suman al cierre del Parque Viva dos días después, además de lo dicho sobre el tren y la posterior denegatoria sumarísima del remedio que Grupo Nación tiene planteado para el tránsito en la zona (…) no puede caber duda del cumplimiento de la amenaza anunciada desde la campaña. Vale señalar que al día siguiente de la conferencia sobre los bonos, el director ejecutivo de Grupo Nación, Pedro Abreu, dio amplias explicaciones públicas y mencionó el papel de Parque Viva en el flujo de la empresa. un día después, el gobierno cerró precipitadamente Parque Viva (…)”. Agrega que es una falacia el supuesto objetivo de La Nación de pretender estar por encima de la ley, según los términos señalados por el Presidente. Afirma que esto nunca fue alegado y, tanto Grupo Nación como ellos como individuos, se encuentran sometidos a las leyes. Indica que no pretenden que se realice una excepción odiosa o antidemocrática. Señala que, en este caso, se dio una desviación de poder para limitar indirectamente la libertad de expresión, cumpliéndose así con la amenaza girada en campaña, a la cual, aclara, el informe presidencial no hizo referencia en ningún momento. Agrega, respecto a la falacia de los alegatos sobre el cumplimiento del deber de proteger intereses sociales con el cierre de Parque Viva que “(…) NO es que los recurrentes pretextamos la libertad de expresión para eximir a Grupo Nación de cumplir la ley, es que el señor Presidente y la señora Ministra de Salud pretextan el cumplimiento del deber para materializar el propósito de silenciarnos expresado en la campaña electoral y debidamente documentado. Esa es, precisamente, la definición de desviación de poder. Como es evidente a partir de su arbitrariedad, precipitación, ensañamiento, carácter discriminatorio y empleo propagandístico, las medidas adoptadas no persiguen la satisfacción de intereses públicos, sino la de intereses espurios consistentes en represaliar a un medio de información, amenazarlo e intimidarlo para que no ejerza libremente su derecho a informar. Este el verdadero fin que tienen los actos administrativos adoptados. Nada tienen que ver con defender la pensión de la abuelita, impedir el ramal de 150.000 millones de colones del 'trencito", o mejorar el acceso de cuerpos de socorro a una zona donde el colapso vial se produce todos los días, como en tantos otros lugares, al menos dos veces al día, con concierto o sin él, según testimonio de los residentes y experiencia de cualquiera que haya transitado por el sitio (…)”. Igualmente, se refiere a la falacia del plan remedial. Indica al respecto que, tanto el señor Presidente como la señora Ministra de Salud, insisten en sus informes en el carácter temporal de la suspensión de permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva y la exigencia de un plan remedial "que abarcara la solución a la problemática con los accesos" y añaden que Grupo Nación no lo ha presentado. Sostiene que la temeridad del argumento resulta obvia cuando se constata que los informes de inspección no encuentran problema con los accesos al parque (que son cuatro, no dos como dice el informe de la señora Ministra), ni con las instalaciones. El problema son las calles fuera del parque y ya se hizo referencia sobre la permisividad del Estado frente al desarrollo urbanístico de la zona, sin proveer la infraestructura necesaria. Argumenta que buena parte de ese desarrollo se produjo después de la instalación de Parque Viva y décadas después del Autódromo La Guácima donde se celebraban, con todos los permisos, actividades masivas, incluso mayores. Afirma que no le corresponde a Grupo Nación construir la infraestructura necesaria para adecuar las vías al desarrollo actual y futuro, pero tiene planteado un plan para hacerlo por su cuenta. La iniciativa tiene las cartas de no objeción necesarias y está pendiente de aprobación por las instancias que el mandatario ha criticado en otros casos por lentitud. Reitera que, pese a lo anterior, el mandatario, en conferencia de prensa del 13 de julio, sin ningún estudio y contra los criterios ya externados por los expertos, anunció su oposición a la idea con la absurda noción de que colapsaría la Ruta 27 "arriesgando todo el Occidente, Grecia, Naranjo, Atenas, San Carlos, todo Guanacaste y todo Puntarenas." Señala expresamente que “(…) Así las cosas, el problema es externo a Parque Viva, pero la solución que plantea Grupo Nación es, de pronto, inaceptable y el único plan remedial es adentro de las instalaciones, donde el Ministerio de Salud no encontró ningún problema, pero solo así puede exigir un plan remedial que haga inviable la operación del parque mediante un drástica (sic) reducción del aforo. Ese es el verdadero objetivo. La posición es tan irracional, que el señor Presidente sostiene una distinta en su informe, "Cabe recordar que, las autoridades han exigido a otros grupos comerciales, la construcción de accesos de ingreso a centros comerciales de gran envergadura, cuando se proyecta que la entrada en operación de estos recintos representará un aumento en el flujo vehicular de la zona en que fueron construidos, ejemplos de esto son los casos de EPA en Desamparados y City Mall en Alajuela, quienes realizaron cuantiosas inversiones para ajustarse a los requerimientos de entrada y salida de vehículos", dice el informe. ¡Estupendo! Obviemos señalar que los ejemplos son de establecimientos a los que se les exigieron las obras de acceso para permitir la construcción. Ese no es el caso de Parque Viva, construido hace más de ocho años con todos los permisos necesarios. Obviemos, también, que la misma exigencia no se le hizo a los establecimientos y proyectos habitacionales que llegaron a La Guácima después. Grupo Nación, lejos de situarse por encima de la ley, pretende el mismo trato, si bien extemporáneo y discriminatorio en relación con otros establecimientos de la zona. Quiere la oportunidad de realizar "cuantiosas inversiones para ajustarse a los requerimientos de entrada y salida de vehículos", pero el Presidente lo considera, al mismo tiempo, necesario en el informe a la Sala e imposible en el podio de sus conferencias de prensa. Las contradicciones son tan evidentes que el señor Presidente presenta como prueba una noticia de un medio afín a su administración con el título "Parque Viva reconoció problemas de caos vial desde el 2017 y esperó hasta el 2021 para buscar solución". La solución a la cual se refiere la publicación es la construcción del moderno acceso a cuatro carriles que el señor Presidente declara imposible en conferencia de prensa y, al mismo tiempo, exige, según él, para aplicar la ley igual que se hizo con EPA en Desamparados y City Mall en Alajuela. No obstante su declarada oposición al acceso, cita una noticia que reprocha a Grupo Nación haber esperado cuatro años para resolver el problema de infraestructura pública. La noticia es imprecisa en lo relativo a fechas. Como se constata en el texto, La Nación informó sobre el acceso el 27 de Abril del 2021. Eso no significa que esperara hasta el 2021 para procurar una solución. Para esa fecha, los diseños ya estaban listos y la compra de terrenos se había iniciado a inicios del 2020. El "master plan" diseñado con ayuda de asesores estadounidenses, se hizo en el 2019, pero no hay motivo para detenerse en la falsedad de la espera hasta el 2021 "para buscar solución". Si lo damos por cierto, tenemos que Grupo Nación planteó un "plan remedial" no solo para Parque Viva sino para la comunidad entera, un año antes de la suspensión de los permisos de funcionamiento. ¿Qué espera el gobierno para la supuesta aplicación de la ley como se hizo "con EPA en Desamparados y City Mall en Alajuela"? "¿Qué espera para actuar con la misma urgencia aplicada a "Evolution Free Zone"? En ese caso, el presidente afirmó, en conferencia de prensa: "Voy a contar una anécdota. una de las empresas más importantes del mundo, literalmente: quiere construir en Costa Rica 80,000 metros cuadrados de planta para contratar a 5.000 costarricenses en la zona occidental, en puestos de altísimo valor agregado y salarios. ¡24 meses pegados para ver si les dejaban hacer una salida de la ruta 1 hacia esa planta enorme!" (Ver noticia titulada "Los mandos medios a cada rato se atraviesan", La Nación, 4 de junio 2022. Ya para el 18 de junio, La Nación titulaba: "Zona franca en Grecia iniciará obras después de 24 meses varada por rechazo de acceso a ruta 1". Luego de severas críticas públicas a la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y de su intervención por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el problema se resolvió. La zona franca atraerá 5,000 personas diarias en su primera etapa, pero el plan es crear 18.000 empleos. Ese es, por día, el número de personas que excepcionalmente asiste, un par de veces al año, a un concierto en Parque Viva. La noticia citada por el señor Presidente como prueba solo demuestra que Grupo Nación está dispuesto a resolver por su cuenta un problema de la comunidad que el Estado no ha querido solucionar, que la empresa ha sido transparente en su valoración de la vía pública circundante y que el "plan remedial" está planteado desde el 2021. Pero el verdadero propósito del "plan remedial" exigido por el gobierno, como dijimos en el recurso, es "remediar" el periodismo crítico mediante una desviación de poder para ejercer presión sobre la empresa, consecuente con la amenaza de campaña, y no enfrentar el problema de los embotellamientos (…)”. Reitera que son un grupo de profesionales a quienes se les pretenden limitar la libertad de expresión mediante acciones arbitrarias contra las “estructuras” que sustentan su libre ejercicio del periodismo, tal y como lo prometió el mandatario. Señala que se trata de un ataque indirecto, el cual prohíbe el artículo 13.3 de la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Afirma que nunca se ha dicho que el pago de sus salarios depende de Parque Viva, como se afirmó en el comunicado de prensa de la Presidencia. Menciona que, para constatar todo lo dicho, basta leer el recurso, pero conviene señalar la insistencia en la supuesta demostración de que "dependen de este lugar para subsistir financieramente". Aduce que la infundada obsesión con las finanzas de la empresa se extiende hasta la interpretación de lo que no han dicho. Indica que “(…) si los deseos transparentados por el pasaje resultaran ciertos, el cierre de Parque Viva pondría fin al molesto periodismo que hacemos los recurrentes y que motivó la amenaza proferida en campaña (…)”. Agrega que, como si se tratara de una autoridad incontestable, el Presidente citó al presidente del Colegio de Periodistas para rebatir que estemos ante un abuso contra la libertad de expresión. Señala que lo único que demuestra este apartado del informe es que el presidente del referido colegio, al cual no están afiliados gran cantidad de periodistas y nunca ha condenado los conocidos ataques del señor Presidente a la prensa "canalla", tampoco quiere contradecirlo en esta materia o ignora las disposiciones de la Convención Americana y la jurisprudencia de la corte hemisférica Afirma que se debe tomar en cuenta que seis expresidentes del ciado colegio se han manifestado con posiciones contrarias a lo dicho por el actual presidente de esa corporación. En resumen, señala expresamente que “(…) El informe rendido a la sala por el señor Presidente carece de fundamentos fácticos; se basa en una serie de informes que, lejos de haber servido como base legítima para el cierre del Parque Viva, se utilizaron con posterioridad para justificarlo; distorsiona con frivolidad incompatible con los estrados judiciales una serie de hechos, y, por tanto, en ningún momento justifica la acción ante la que nos hemos amparado los recurrentes. Lo anterior demuestra sin asomo de duda razonable que estamos, simple y llanamente, ante un uso ilegitimo de las potestades administrativas del Estado para vulnerar el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión Esto, a la vez, constituye una vulneración de normas elementales de la convivencia democrática (…)”.

6.- Por resolución de las 12:55 hrs. de 1° de septiembre de 2022, el Magistrado Instructor de este asunto le solicitó a la Ministra de Salud aportar ante la Sala una copia física y legible de la documentación enviada junto con el informe, a saber, 164 folios relacionados con la denuncia formulada en contra de Parque Viva y la orden sanitaria finalmente girada.

7.- El 5 de septiembre de 2022, la Ministra recurrida cumplió lo requerido mediante resolución de 1° de septiembre de 2022.

8.- Por escrito aportado a la Sala el 13 de octubre de 2022, Joselyn María Chacón Madrigal, en su condición de Ministra de Salud, señala expresamente lo siguiente: “(…) ADICIÓN A LAS CONCLUSIONES: Solicito se tenga por demostrado que las autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, en atención a denuncia realizada en fecha 05 de julio del 2022, al ser las 13:50 horas del 05 de julio de 2022, llevaron a cabo una inspección físico-sanitaría al inmueble de cita “Parque Viva”, ubicado en La Guácima de Alajuela, incluyendo la valoración correspondiente a sus vías de acceso, desprendiéndose del informe N°MS-DRRSCN-DARSA2-1641-2022 en lo que interesa, que se hicieran traslado de la denuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que estos valoraran las condiciones denunciadas, por ser competencia de esa dependencia (calles en mal estado, un solo carril por sentido vial, dificultad de acceso de cuerpos de emergencias por vía pública, entre otros). Teniendo como efecto lógico la elaboración del oficio N°MS-DM-5754-2022, por parte de este Despacho Ministerial y con carácter de urgencia, se solicitó al Sr. Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, y a la señora Laura Ulloa Albertazzi, Viceministra de Transportes y Seguridad Vial, criterio técnico en relación con las vías de acceso y colindantes al recinto comercial privado, denominado “Parque Viva”, con el fin de dilucidar aspectos estructurales y de seguridad humana, específicamente en cuanto a los aspectos de capacidad que tienen sus vías de acceso, entre otras. Como resultado de lo anterior mediante memorial N°DVTSV-2022-0341 de fecha 06 de julio del 2022, la Licda. Laura Ulloa Albertazzi, Viceministra de Obras Públicas y Transportes, remite el oficio N°DVT-DGIT-2022-339, suscrito por el Ing. Junior Araya Villalobos, funcionario de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el cual emite criterio indicando en lo que interesa, para la atención de este asunto, lo siguiente: “…la calle Rincón Chiquito es una calle urbana de dos carriles -un carril por sentido de circulación-, donde ese tipo de vía podría alcanzar una capacidad máxima alrededor de los 1.200 vehículos por hora por sentido y, de acuerdo con las condiciones de la vía, un estudio detallado podría arrojar una capacidad menor a la mencionada, siendo que se puede asegurar que en el momento en que se realizan los eventos de concentración masiva, la vía de acceso al Parque Viva no tiene la capacidad suficiente para el manejo del tránsito generado. Refiere que, bajo un escenario conservador, sin considerar los estacionamientos periféricos al parque, ni la utilización de la pista de carreras, se tendría una generación de 4.900 vehículos por hora, lo cual representa más del doble de lo que la vía podría soportar…” No está de más señalar que el Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas, mediante Acta N°28643-S-MOPT-SP del 07 de Julio de 2022, indica a esta representación Ministerial, lo que sigue: “…se acuerda proponer a las autoridades correspondientes una Orden Sanitaria de Cierre para eventos masivos, del establecimiento denominado Parque Viva, y las medidas que correspondan con otras autoridades pertinentes. Debe solicitarse un plan remedial para las condiciones denunciadas, el cual debe ser puesto en conocimiento de este Comité Asesor técnico de Concentraciones Masivas…” Siendo así, ante observaciones y recomendaciones de especialistas en la materia, en fecha 08 de julio de 2022, según se mencionó ampliamente en Informe N°MS-DM-AU-3985-2022, las autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, giraron la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022, todo bajo el principio precautorio y en atención a los oficios: MS-DM-55814-2022, mediante el que se remite el Informe Técnico DVT-DGIT-2022-339, emitido por la Dirección General de Ingeniería de Transito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el oficio MS-DM-5838-2022 mediante el que se remite el Acta N°28643-SMOPT-SP del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, donde se ordenó, en lo pertinente, lo que sigue: “…la suspensión temporal del Permiso Sanitario de Funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0177-2019 (parque temático, autódromo, anfiteatro, eventos deportivos, culturales, ferias y exposiciones varias) hasta tanto se cuente para su análisis y toma de las respectivas acciones, con los Criterios técnicos emitidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, con relación a la capacidad de la vía de acceso a dicho establecimiento por las unidades de primera respuesta de esas instituciones, mismos que están siendo gestionados por el Ministerio de Salud… Así mismo, su representada deberá presentar un plan remedial que abarque la solución a la problemática de los accesos y el consecuente riesgo a la Seguridad y Salud Publica ante la realización de Actividades de Concentración Masiva, y la generación de una eventual emergencia en dichas actividades…” Adicional a esto es preciso recordar que existió informe N°CRC-GG-SO-OF-074-2022 del 11 de julio de 2022, suscrito por el señor Jim Batres Rodríguez, Sub-Gerente operativo de la Cruz Roja Costarricense; informe N°CRC-GG-OF-012-2022 del 12 de Julio de 2022, suscrito por el señor José David Ruiz Piedra, Gerente General de la Asociación Cruz Roja Costarricense; Informe técnico N°CBCR-027150-2022-OPOB-00741 del 10 de Julio de 2022, suscrito por el señor Alexander Araya Mico, de Operaciones de Bomberos; Informe N°911-DI-2022-2202 del 11 de julio 2022, suscrito por la Señora María Elena Amuy Jiménez del sistema de Emergencia 9-1-1, donde la Cruz Roja Costarricense, donde en síntesis se afirma que: “…las vías públicas de la comunidad de La Guácima y zonas aledañas resultan insuficientes para el rápido acceso de unidades de emergencia, situación que se puede agravar ante eventos de concentración masiva, los cuales pueden verse afectados por el alto congestionamiento vial y que es ocasionado por la gran cantidad de vehículos que se ubican en los costados de la vía, generando atrasos de hasta 30 minutos para su llegada, donde atienden accidentes de tránsito, incendios estructurales y casos médicos, donde en todos los casos está en riesgo la vida de las personas, por lo que se requiere de un acceso rápido y oportuno de las unidades de rescate especializadas…” explicado con detalle mediante informe MS-DM-AU-3985-2022. Detalles importantes como los informes también suministrados por parte del 9-1-1 donde efectivamente existen un sin número de denuncias que son ingresadas al sistema, en mayor número cuando se están llevando a cabo en el lugar eventos de concentración masiva, así como por vehículos mal estacionados, aglomeración de personas, embotellamiento de vehículos, riñas por no poder salir, colisiones, quejas por escándalos ocasionados por actividades propias del “Parque Viva”. Por parte de esta representación Ministerial se dio atención a todos y cada uno de los recursos presentados contra la Orden Sanitaria aquí denunciada, siempre atendiendo en tiempo y dentro del principio de legalidad exigido, no dejando duda que ante el mandato Constitucional y los miramientos y recomendaciones de las Instituciones involucradas, debiendo actuar de manera inmediata esta representación Ministerial en aplicación al marco normativo que la regula, todo en apego a la Misión y Visión de mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de la población. ADICIÓN A LA PETITORIA: A la luz de los hechos manifestados y la prueba existente y presentada mediante el Informe N°MS-DM-AU-3985-2022 y el presente, respetuosamente solicito a la honorable Sala Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente recurso de amparo, pues resulta evidente de lo informado, que la suscrita en acatamiento con el mandato Constitucional y la aplicación del principio precautorio, no puede ni debe obviar las recomendaciones técnicas existentes y las denuncias presentadas ante este Ministerio, es por ello que al no violar ninguno de los derechos constitucionales que tienen los actores, y se actúa acorde a nuestra legislación, solicito de manera respetuosa se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD, COMO AL MINISTERIO DE SALUD Y SE DECLARE SIN LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO (…)”.

9.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente, en su condición de Director del Diario La Nación y otros periodistas de ese medio, acusan que el pasado 8 de julio de 2022 –a modo de materializar las amenazas giradas por el Presidente de la República públicamente semanas atrás en contra de dicho diario–, el Ministerio de Salud ordenó el cierre de Parque Viva (adquirido por el Grupo Nación S.A. para diversificar las fuentes de ingreso de la empresa y compensar así la pérdida de ganancias sufrida debido a la migración de la publicidad hacia sitios de internet), a través de un acto arbitrario y carente de todo sustento, lo cual, a su vez, representa una violación indirecta a la libertad de expresión y, por ende, contraviene lo dispuesto en el ordinal 29 constitucional y en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

A. HECHOS RELACIONADOS CON LA ORDEN SANITARIA GIRADA A PARQUE VIVA:

1) El Parque Viva se ubica en La Guácima de Alajuela. En dicho sitio funcionaba anteriormente –específicamente desde los años setenta–, el denominado Autódromo La Guácima (ver prueba).

2) El referido sitio fue adquirido en el año 2013 por el Grupo Nación S.A. (corporación de la cual forma parte también el Periódico La Nación), como medio para diversificar las fuentes de ingreso de la empresa y compensar así la pérdida de ganancias sufrida debido a la migración de la publicidad hacia sitios de internet (ver prueba).

3) Por oficio No. DGIT-ED-5935-2014 de 1° de septiembre de 2014, la ingeniera de la Unidad de Permisos y el Jefe del Departamento de Estudios y Diseños, ambos de la Dirección General de Ingeniería de Transito del MOPT, señalaron lo siguiente respecto al entonces proyecto Parque Viva: “(…) SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Una vez realizada la revisión del estudio de impacto vial presentado (para las condiciones de funcionamiento típico del Centro de Eventos La Guácima), esta Unidad indica que desde el punto de vista funcional no tiene objeción alguna con el proyecto. Lo anterior se debe a que esta Unidad comprobó que con la implementación de las medidas de mitigación planteadas a partir del análisis de capacidad realizado, los niveles de servicio (NDS) y longitudes de cola logran mantenerse en niveles adecuados. La aprobación del presente EIV tiene vigencia durante un año si las condiciones del tránsito y la vialidad aledaña no cambian significativamente y el proyecto es construido antes de finalizado este periodo, en caso contrario esta Dirección General se reserva el derecho de solicitar la actualización del estudio. Además, se le recuerda que la autorización corresponde exclusivamente para el proyecto presentado, por lo que cualquier modificación en tamaño, uso o de cualquier otra índole debe ser analizada por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito para evaluar las nuevas condiciones, de lo contrario esta autorización pierde su validez (…)” (ver prueba).

4) Por oficio No DVT-DGIT-ED-2015-4056 de 8 de octubre de 2015, ingenieros de la Unidad de Permisos de la Dirección General de Ingeniería de Transito del MOPT, señalaron lo siguiente respecto al proyecto bajo estudio: “(…) Se les comunica que, se les recibe las ampliaciones y la señalización en la intersección # 3 con la Ruta Nacional N° 124 para el Proyecto: Centro de Eventos La Guácima. ubicada en el Distrito N° 05: la Guácima, Cantón NB 01: Alajuela, Provincia N° 02: Alajuela, en la propiedad inscrita ante el Catastro Nacional con el numero SJ-1244439- 2007, cuyo permiso fue tramitado por este Departamento bajo el expediente ED-AC-13-0081, según el diseño que consta en las láminas 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10. 06/10, 07/10, 08/10, 09/10, 10/10 firmadas por el profesional responsable, la ingeniera Natalia Marín Villalobos, IC-16371. Lo anterior debido a que en inspección se constató la realización por parte del interesado de la respectiva señalización vertical y horizontal a satisfacción, acorde con las directrices del Departamento de Señalización Vial de esta Dirección General, y de conformidad con el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, (SIECA). Con base en lo anterior, esta Unidad Técnica no tiene objeción alguna, desde el punto de vista funcional y de señalización (no incluye calidad de la demarcación horizontal y vertical), en el uso del acceso en referencia (…)” (ver prueba).

5) El Parque Viva obtuvo los permisos requeridos, por lo que en el año 2015 le fue otorgado el respectivo permiso sanitario de funcionamiento. En ese mismo año 2015, se llevó a cabo la reinauguración del mencionado sitio (ver prueba).

6) Las autoridades del Ministerio de Salud renovaron al Parque Viva el permiso sanitario de funcionamiento No. MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0177-2019 con vigencia hasta febrero de 2024 (ver prueba).

7) Desde aproximadamente el año 2019, Grupo Nación S.A. dio inicio a un proyecto para construir, en los próximos años, un acceso de cuatro carriles que comunica la Ruta No. 27 con el Parque Viva (o el proyecto a futuro denominado Ciudad Viva) (ver prueba).

8) El 27 de abril de 2021, en la sección de entretenimiento del medio periodístico La Nación, se publicó la siguiente nota: “Parque Viva por la pista: así será el acceso directo previsto desde la Ruta 27”. Adicionalmente, dicha noticia consignó expresamente lo siguiente: “(…) Desde su inauguración, en el 2015, Parque Viva se ha consolidado como uno de los espacios predilectos para la producción de actividades masivas en Costa Rica, sean conciertos, competencias de motores, ferias y exposiciones y más. Si bien Parque Viva cuenta con distintas rutas públicas de acceso, las mismas presentan limitaciones para asimilar el fluido movimiento de una gran cantidad de vehículos, como las que se producen cuando han presentado espectáculos a lleno completo en el Anfiteatro Coca-Cola (…) Por esto Grupo Nación, propietario de Parque Viva, se dio a la tarea de diseñar una vía directa desde la cercana ruta 27 que comunica a San José con Caldera, así como de adquirir los terrenos necesarios para poder concretar dicho acceso. Esa etapa del proceso ya se completó y la empresa ahora se abocará a tramitar los permisos correspondientes para echar a andar la obra (…) El diseño de la nueva ruta, que será de uso público plantea una mejora sustancial en los accesos que unen a la Ruta 27 con La Guácima. En dicha intersección se propone construir dos rotondas, así como una moderna y amplía vía pública de cuatro carriles (dos en cada sentido) que conducirá hasta Parque Viva, con una extensión de más de 1.2 kilómetros (…)” (ver prueba).

9) El citado proyecto vial, en el año 2021 y a inicios de 2022, contó preliminarmente con el visto bueno de una serie de instancias gubernamentales. Así, mediante oficio No. DVT-DGIT-ED-2021-1845 de 21 de septiembre de 2021, un ingeniero y el sub jefe del Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, consignaron lo siguiente: “(…) Esta Dirección mantiene su criterio de no objeción con la propuesta realizada desde el punto de vista funcional y de seguridad vial, emitida el 13 de julio del año en curso mediante oficio DVT-DGIT-ED-2021-1347; por lo que razona pertinente la aprobación del anteproyecto en mención (…)”. Por oficio No. GCTT 34-2021-0340 de 28 de septiembre de 2021, el Gerente a.i. de Contratación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, señaló lo siguiente “(…) En relación al proyecto indicado en la referencia, una vez revisado por los ingenieros de las diferentes áreas técnicas de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, se determina que: Se cumplió con la información solicitada; sin embargo, se aclara que, en la etapa de diseño se deben respetar los radios mínimos de rotondas, radios de giro y ejes geométricos para el vehículo de diseño del proyecto. En virtud de lo anterior indicado, se recomienda aprobar este Anteproyecto (…)”. Por oficio No. CNC-APM-SJC-0608-2021 de 12 de octubre de 2021, la Gerente de Proyecto del Concejo Nacional de Concesiones, entre otros aspectos, dispuso otorgar la “No objeción” al anteproyecto de acceso desde la ruta nacional No. 27 a Ciudad Viva. Mediante oficio No. CCAR-2021-373 de 28 de octubre de 2021, el Secretario de la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido del Consejo Nacional de Viabilidad indicó que dicha comisión había acordado “(…) aprobar el anteproyecto de conformidad con los informes de las unidades técnicas (…)”. Por oficio No. DVT-DGIT-ED-2022-0088 de 18 de enero de 2022, un ingeniero y el sub jefe del Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes señalaron lo siguiente: “(…) Esta Dirección no tiene objeción con la propuesta realizada desde el punto de vista funcional y de seguridad vial, por lo que razona pertinente la aprobación del proyecto en mención (…)” (ver prueba).

10) Por oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-4070-2021 de 16 de diciembre de 2021, el Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud otorgó a Parque Viva visto bueno a los aforos declarados para las instalaciones de anfiteatro, salones y graderías del autódromo. En ese particular, se permitieron 18203 ocupantes en el anfiteatro, 12450 ocupantes en salones y 2901 ocupantes en graderías (ver prueba).

11) Mediante oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-0163-2022 de 20 de enero de 2022, autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 dispusieron la ampliación del aforo de graderías de Parque Viva a 8841 ocupantes (ver prueba).

12) A una hora no precisa del 5 de julio de 2022, se presentó ante el Despacho de la Ministra de Salud una denuncia anónima en contra del funcionamiento del Parque Viva, a la cual se le asignó el número 243-2022. En tal oportunidad, el denunciante marcó o completó, en el machote o formulario establecido para presentar dicha gestión, los siguientes aspectos relacionados con el motivo de su denuncia “2.1. Denuncias por asuntos relacionados con condiciones estructurales de edificios: a) Problemas estructurales (estado de paredes, techos, pisos, entre otros) (…) c) Incumplimiento de plan de emergencias para prevención y protección contra incendios (…) f) Condiciones de seguridad e higiene”. Adicionalmente, el denunciante expuso expresamente lo siguiente: “(…) Este recinto es comúnmente utilizado para llevar a cabo conciertos masivos, donde se reúne una gran cantidad de personas. El problema con este lugar son sus puntos de acceso y la poca capacidad que tiene las carreteras, que son de una comunidad rural para recibir una enorme cantidad de vehículos al mismo tiempo. Todas las calles que dan al Parque Viva, son calzadas de un carril por sentido, muy angostas, sin bahías para autobuses, ni condiciones para alto tránsito. Cada vez que hay un concierto, las calles de la comunidad colapsan absolutamente, al punto que las personas tardan horas en desplazarse en distancias cortas o salir del parqueo del lugar. La situación es sumamente grave, pues durante una eventual emergencia, podría verse comprometida la respuesta de los cuerpos de socorro. Y es que estamos hablando de situaciones tan riesgosas como incendios, terremotos, caídas de estructuras, tiroteos, entre otros eventos trágicos que podrían ocurrir en eventos masivos. Las calles de la Guácima de Alajuela no pueden soportar la afluencia masiva de vehículos, pues sus vecinos también podrían ver menoscabados sus derechos por este tipo de eventos, ya que, ante emergencias en sus hogares o comunidades, la respuesta de las autoridades de auxilio tardaría muchísimo más que lo normal, por las enormes presas que genera este lugar. En vista de lo anterior, y ante la gravedad de los hechos denunciados se solicita la clausura definitiva del lugar, hasta tanto no encuentren una solución a la problemática. La solicitud se realiza en aras de proteger la salud pública y el interés común. PARQUE VIVA NO REUNE LAS CONDICIONES PARA ALBERGAR EVENTOS DE CONVOCATORIA MASIVA. Cierro indicando que es responsabilidad del Estado, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar porque se tutelen los derechos de los habitantes de la República y otorgarles el mayor grado de bienestar. Como prueba adjunto 8 fotografías de los únicos 2 accesos de lugar, que demuestran las condiciones de las calles circundantes. Además, adjunto 2 notas de medios de comunicación donde se expone la problemática con las presas provocadas por los eventos masivos (…)” (ver informe y prueba).

13) Por oficio No. MS-DM-5754-2022, rubricado digitalmente a las 12:24:14 hrs. de 5 de julio de 2022, la Ministra de Salud, con carácter de urgencia, solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a la Viceministra de Transportes y Seguridad Vial, criterio técnico en relación con las calles de acceso al recinto comercial privado, denominado Parque Viva. En tal ocasión, se indicó expresamente lo siguiente: “(…) El criterio técnico se requiere para dilucidar aspectos estructurales y de seguridad humana. Por ello, deben considerarse los aspectos de capacidad que tienen las carreteras en el escenario de la enorme cantidad de vehículos y personas que al mismo tiempo asisten a los eventos masivos de dicho lugar, en relación con aspectos de eventuales emergencias, respuestas de acceso de cuerpos de socorro, riesgos por situaciones de conflictos, etc. (…)” (ver informe y prueba).

14) Por oficio No. MS-DM-5756-2022, rubricado digitalmente el 5 de julio de 2022 a las 12:38:24 hrs, la Ministra de Salud trasladó dicha denuncia para su atención a la Directora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte de ese mismo Ministerio (oficina ubicada en Heredia) (ver informe y prueba).

15) La mencionada denuncia fue recibida en el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 a las 12:41 hrs. de 5 de julio de 2022, según consta en el respectivo sello físico consignado en el documento (ver prueba).

16) Las autoridades del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, al ser las 13:50 hrs. de 5 de julio de 2022, llevaron a cabo una inspección físico sanitaria en el Parque Viva (acta de inspección No. MS-DRRSCN-DARSA2-1639-2022). Producto de dicha inspección se elaboró el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-1641-2022 de fecha 5 de julio de 2022, donde se consignó lo siguiente “(…) Según consta en el acta de inspección ocular MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1639-2022 el día 05 de julio del 2022 al ser las 13:50 horas se realizó la visita específica en sitio para valorar lo expuesto por la parte denunciante. Respecto a la problemática denunciada, en cuanto al apartado de problemas estructurales, a lo interno de las instalaciones del recinto durante el recorrido realizado no se constataron problemas estructurales visuales relacionados con aspectos físico-sanitario, el estado de las paredes, pisos, servicios sanitarios y demás espacios de convivencia humana no presentaba problemas observables. En el apartado de incumplimiento del plan de emergencia, en sitio se evidenció la presencia de cuatro planes de emergencias, correspondientes a la propia sectorización que la empresa implementa para sus instalaciones, teniendo un plan específico para el Centro de Eventos, El anfiteatro Coca Cola, el Circuito de Competencias y las Áreas Comunes, en sitio se corroboró que las señalizaciones respectivas se encontraban instaladas, se evidenció la presencia del equipo de combate contra incendios y de los respectivos implementos (comida, botiquín, férulas, entre otros). Con respecto a las condiciones de seguridad e higiene, durante el recorrido no se evidencia presencia de riesgos o condiciones inseguras que puedan afectar la integridad de los colaboradores de la empresa. En cuanto a lo señalado por el denunciante sobre el problema vial, cabe resaltar que éste no es competencia del Ministerio de Salud, sin embargo, se realizó el análisis de los puntos de acceso y salida de las instalaciones, como se muestra en el anexo 1, las instalaciones cuentan con cuatro puntos de acceso para ingreso y salida de vehículos y se cuenta con una capacidad de 940 automóviles en el parqueo cercano al acceso 2, además de contar con espacio para 3000 vehículos en el sector del circuito de competición que se encuentra cerca del acceso 3 y 4 del Parque Viva, además de esto se muestra que los cuatro accesos se encuentran interconectados a lo largo de las instalaciones (se realizó un recorrido para comprobar esto), lo cual favorece la salida de los vehículos. 3. CONCLUSIÓN. Por lo expuesto, se puede concluir que las instalaciones de Parque Viva cumplen con condiciones físico-sanitarias y estructurales adecuadas a lo interno de estas, se procederá a trasladar los planes de emergencia al Encargado Regional de Salud Ocupacional para su valoración y revisión a profundidad, además se recomienda realizar el traslado de la denuncia al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que estos valoren las condiciones denunciadas que son competencia de esta dependencia (calles en mal estado, un solo carril por sentido vial, dificultad de acceso de cuerpos de emergencias por vía pública, entre otros) (…)” (ver informe y prueba).

17) Por oficio No. DVT-DGIT-2022-DVT-DGIT-2022-334 (enviado el 5 de julio de 2022) las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se refirieron a la solicitud formulada por la Ministra de Salud mediante oficio No. MS-DM-5754-2022 (ver informe y prueba).

18) Mediante oficio No. DVTSV-2022-0341 de fecha 6 de julio del 2022, la Viceministra de Obras Públicas y Transportes remitió a la Ministra de Salud el oficio No. DVT-DGIT-2022-339, suscrito ese mismo día por el Director General de Ingeniería de Tránsito dando respuesta a lo solicitado por oficio No. MS-DM-5754-2022. Asimismo, en este primer oficio se solicitó dejar sin efecto el oficio No. DVT-DGIT-2022-DVT-DGIT-2022-334 enviado por correo electrónico el día anterior en la tarde (sea, el 5 de julio de 2022), con el objetivo de incluir más información al análisis del acceso al Parque Viva. En el oficio No. DVT-DGIT-2022-339 se indicó expresamente lo siguiente: “(…) 1. El Parque Viva es un recinto que abrió sus puertas en el 2015 y se utiliza para realizar diversos tipos de eventos, como por ejemplo: eventos deportivos de motores, congresos, ferias, así como eventos de concentración masiva como conciertos y festivales. 2. De acuerdo a la información brindada en la página Web del Parque Viva, la capacidad del recinto es de hasta 20.000 mil personas. Además, cuenta con 4.900 espacios para estacionamiento privado, que se puede ampliar hasta en 6.000 espacios utilizando la pista de carreras. 3. En la actualidad, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito no tiene ninguna solicitud relacionada con el acceso existente del Parque Viva. Tampoco ha realizado ningún estudio funcional en las vías con el escenario de un evento masivo como los que se realizan en el lugar. 4. El Parque Viva de (sic) localiza frente a una ruta cantonal denominada Calle Rincón Chiquito. Al ser una ruta cantonal, le corresponde a la Municipalidad de Alajuela el otorgamiento de los permisos de acceso (…) 5. La Calle Rincón Chiquito es una calle urbana de dos carriles, un carril por sentido de circulación. Este tipo de vías podría alcanzar una capacidad máxima alrededor de los 1.200 vehículos por hora por sentido. De acuerdo a las condiciones de la vía, un estudio detallado podría arrojar una capacidad menor a la mencionada. De acuerdo a los datos antes indicados, se puede asegurar que en el momento en que se realizan eventos de concentración masiva, la vía que da acceso al Parque Viva no tiene la capacidad suficiente para el manejo del tránsito generado. Bajo un escenario conservador, sin considerar estacionamientos periféricos al parque ni la utilización de la pista de carreras, tendríamos una generación de 4.900 vehículos por hora, lo cual representa más del doble de lo que la vía podría soportar (…)” (ver informe y prueba).

19) Los anteriores oficios Nos. DVTSV-2022-0341 y DVT-DGIT-2022-339 fueron remitidos por parte de la Directora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte del Ministerio de Salud al Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante oficio No. MS-DRRSCN-1831-2022 de fecha 6 de julio de 2022 (ver prueba).

20) Por oficio No. MS-DM-5814-2022 de 7 de julio de 2022, la Ministra de Salud remitió a la Directora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, lo consignado en el citado oficio No. DVT-DGIT-2022-339 (ver prueba).

21) El Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas celebró una sesión extraordinaria el 7 de julio de 2022 a las 14:30 hrs. con la presencia de la Ministra de Salud en calidad de coordinadora, del Ministro de Obras Públicas y Transportes, de funcionarios de la Cruz Roja Costarricense, de la Dirección de la Policía de Tránsito, de la Comisión Nacional de Emergencias, del Cuerpo de Bomberos, del Sistema de Emergencias 9-1-1 y de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud. En el acta de dicha sesión No. 28643-S-MOPT-SP, se consignó lo siguiente: “(…) Con base en las competencias que establece el artículo 4° del decreto ejecutivo 28643 se procede a conocer el caso. El señor Keylor Castro Chacón del Ministerio de Salud, a petición de la señora Ministra, lee el documento del Área Rectora de Salud Alajuela número MS-DRRSCN-DARSA2-1641-2022 y que se relaciona con el oficio MS-DM-5756-2022 de la Ministra de Salud. El señor Luis Amador interviene. Pone en perspectiva la situación de las calles de acceso. El señor Keylor Castro lee el informe DVT-DGIT-2022-339 (dirigido a la Ministra de Salud con la nota DVTS-2022-0341). La señora Ministra interviene. Don Alexander Araya del Cuerpo de Bomberos interviene y apunta las dificultades que tiene el cuerpo de bomberos para ingresar, por el tipo de unidades de emergencias que se tienen, las cuales miden 11 metros de largo y 3 metros de ancho, por lo que se nos dificulta el paso en las condiciones de tener vehículos a ambos lados. Tiene que ampliarse las vías de acceso o que exista otro acceso donde haya espacio para el tránsito y acceso de unidades de emergencia. El señor Luis Amador interviene. Señala lo inadecuado del uso del suelo. Debe ser ampliada la ruta para garantizar un flujo adecuado en los eventos y en las emergencias durante los eventos. Debe mejorarse esa ruta cantonal terciaria. Hay riesgo para la vida humana. Interviene don Jorge Rovira de la Comisión Nacional de Emergencias. Hay un permiso de funcionamiento vigente. Hay que tener cautela y ver la realidad del País. Interviene don Keylor Castro Chacón. Hay otros lugares con situaciones similares. Interviene la señora Ministra de Salud, haciendo una réplica de lo manifestado por don Keylor. Interviene don Felipe Venegas. El recinto ha presentado problemas desde que era el autódromo la Guácima. Solo tiene una calle de acceso y eso presenta un problema porque hay que pasar por zonas residenciales. Aún no hay un reglamento de eventos masivos. En este caso Parque Viva no es adecuado para eventos masivos. Johnny Hidalgo González, Interviene he (sic) indica que desde el 01 de enero del 2022, hay 18 reportes en lo que va del año de problemas de tránsito, más de 30 colisiones, 4 reportes de vehículos mal estacionados, 5 riñas, 3 incidentes de eventos contra el orden, entre otros reportes. Interviene don Jim Batres. Manifiesta preocupación por la cantidad de ambulancias que atienen cada evento, donde a veces no supera una sola unidad. ACUERDO: Vistos los oficios mencionados, y la recomendación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre tomar un curso de acción a raíz de la situación presentada con relación a la capacidad de la vía de acceso del recinto denominado Parque Viva, se acuerda proponer a las autoridades correspondientes una orden sanitaria de cierre para eventos masivos del establecimiento denominado Parque Viva, y las medidas que correspondan con otras autoridades pertinentes. Debe solicitarse un plan remedial para las condiciones denunciadas, el cual de ser puesto en conocimiento de este Comité Asesor Técnico de Concentraciones Masivas (…)”. Las autoridades del Ministerio de Salud, del MOPT, del Cuerpo de Bomberos, de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Cruz Roja Costarricense, votaron a favor de dicha propuesta (ver informe y prueba).

22) Lo dispuesto en el referido acuerdo fue comunicado por la Ministra de Salud a la Directora Regional Rectoría de Salud Central Norte a través del oficio No. MS-DM-5838-2022 de 8 de julio de 2022. En tal oficio se indicó lo siguiente: “(…) Se remite tal insumo para su valoración y atención, y para que se proceda conforme a la normativa interna institucional, dentro del marco de la legalidad (…)” (ver informe y prueba).

23) El 8 de julio de 2022, las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, emitieron la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 (rubricada electrónicamente a las 12:37:21 hrs. del mismo 8 de julio de 2022). En tal orden se consignó expresamente lo siguiente: “(…) En atención a denuncia anónima N° 243-2022, traslada (sic) mediante oficio MS-DM-5756-2022 desde el Despacho de la Ministra de Salud, por aparentes problemas estructurales, incumplimientos del plan de emergencia y condiciones de seguridad e higiene en el Parque Viva, y según consta en el acta de inspección ocular MS-DRRSCN-DARSA2-1639-2022 del día 05 de julio del 2022 al ser las 13:50 horas se realizó la respectiva visita en el sitio para valorar lo señalado en la denuncia. Así mismo, en concordancia con el principio precautorio y en atención a los oficios: MS-DM5814-2022, mediante el que se remite el Informe Técnico DVT-DGIT-2022-339 emitido por la Dirección General de Ingeniería de Transito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el oficio MS-DM-5838-2022 mediante el que se remite el Acta N°28643-SMOPT-SP del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, se ordena mediante el siguiente acto administrativo la suspensión temporal del Permiso Sanitario de Funcionamiento MS-DRRSCN-DARSA2-RPSF-0177-2019 (parque temático, autódromo, anfiteatro, eventos deportivos, culturales, ferias y exposiciones varias) hasta tanto se cuente para su análisis y toma de las respectivas acciones, con los Criterios técnicos emitidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, con relación a la capacidad de la vía de acceso a dicho establecimiento por las unidades de primera respuesta de esas instituciones, mismos que están siendo gestionados por el Ministerio de Salud. Así mismo, su representada deberá presentar un plan remedial que abarque la solución a la problemática de los accesos y el consecuente riesgo a la Seguridad y Salud Publica ante la realización de Actividades de Concentración Masiva, y la generación de una eventual emergencia en dichas actividades (…)”. Adicionalmente, se hizo referencia a las consecuencias de no cumplir lo señalado y se indicó que contra dicha orden procedía la interposición de los recursos de revocatoria con apelación en subsidio dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación. Esta orden sanitaria fue notificada, vía correo electrónico, al representante de Parque Viva el 8 de julio de 2022 a las 12:40 hrs., indicándose que se adjuntaban “anexos de importancia”. Igualmente, esa comunicación se realizó de forma personal ese mismo día a las 14:15 hrs. (ver informe y prueba).

24) Por oficio No. MS-DM-5870-2022 de 8 de julio de 2022, rubricado digitalmente a las 17:05:24 hrs., la Ministra de Salud solicitó al Director del Cuerpo de Bomberos y a la Presidenta de la Cruz Roja Costarricense lo siguiente: “(…) informes detallados y amplios, desde sus respectivos campos de competencias, con relación a la situación de Parque Viva en La Guácima de Alajuela, en el marco de la realización de eventos masivos y las situaciones de riesgo para la salud y la vida humana. Lo anterior como complemento al tema tratado en la reunión del Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas del pasado jueves 7 de julio de 2022. Lo anterior a la mayor brevedad posible (…)” Lo dispuesto en este oficio le fue informado al Director del Área de Rectora de Salud Alajuela 2 por oficio No. MS-DRRSCN-1858-2022 de 11 de julio de 2022, suscrito por parte de la Dirección Regional de la Rectoría en la Salud Central Norte (ver prueba).

25) El 10 de julio de 2022, en la sección de política del medio periodístico La Nación, se consignó la noticia titulada “Quieren que desembarremos lo que ellos embarraron, dice dirigente comunal de la Guácima”. Un extracto de dicha noticia se cita a continuación: “(…) Mediante una llamada telefónica completamente inusual, el sábado 9 de julio, la dirigente comunal de la Guácima, Hellen Espinoza, recibió la petición del Gobierno para que se pronunciara a favor del cierre de Parque Viva, negocio propiedad de Grupo Nación. El hombre que la llamó, a quien no pudo identificar, le indicó que se encontraban en una reunión valorando el tema e, incluso, le facilitó el machote de una carta dirigida a la ministra de salud, Josselyn Chacón, con el único propósito de que le estampara la firma. La idea, le comentaron, es que la carta estuviera en manos de la ministra este mismo sábado, Espinoza, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de la Guácima, negó esa solicitud (…) Por el contrario, convocó a una sesión extraordinaria de la junta de vecinos para ver si se pronuncian o no. En todo caso, advirtió, no replicarán el contenido del machote de la carta que les pasó el funcionario de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco). La dirigente comunal reconoció que deben haber mejoras en las cercanías del Parque Viva, debido a las presas que se generan. No obstante, advirtió que, a su opinión, el Gobierno quiere “desembarrar” lo que ellos “embarraron”, con el cierre del centro de eventos (…)” (ver prueba).

26) Por oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SBDRA-DPCAS-D26-0827-2022 de 10 de julio de 2022, el Subdirector Regional de la Dirección de la Fuerza Pública de Alajuela le informó el Viceministro de Seguridad Pública lo siguiente: “(…) La Dirección de la Fuerza Pública de Alajuela, ha venido enfrentando una situación de entorpecimiento en la atención de incidentes de carácter policial, en el perímetro externo inmediato del Parque Viva, situado en Rincón Chiquito en el distrito de La Guácima de Alajuela, en momentos en que se realizan actividades en ese lugar. Esta zona está catalogada por la Fuerza Pública como un área sensible; ya que convergen diferentes acciones delictivas, entre las que destacan delitos contra la vida (homicidios y heridos), asaltos, riñas, accionamiento de armas, robo y tacha de vehículos. Con relación al frecuente desarrollo de eventos masivos en el local comercial Parque Viva, durante este año; le refiero lo siguiente: Estas actividades tienen una capacidad dinámica de hasta un máximo de 27.000 personas, siendo el promedio por evento, de aproximadamente 18.500 personas (capacidad máxima del anfiteatro destinado a esos fines). Siendo que dichos eventos se realizan con una frecuencia Semanal; tal cantidad de personas desplazándose al sitio, y permaneciendo en él durante el desarrollo de las actividades, generan enormes embotellamientos en el entorno inmediato y en la zona circundante; lo que repercute en un aumento sustancial de los tiempos de respuesta policial, a las emergencias reportadas al 911 y que son resorte de la Fuerza Pública; resultando con el menoscabo del servicio policial. Como ejemplo concreto; en el concierto denominado Karol G Tour, realizado el sábado 07 de mayo del año en curso; ante una emergencia médica, la Cruz Roja Costarricense requirió el auxilio policial para poder trasladar un paciente, dado que la cantidad de vehículos y personas en Vía pública impedían el movimiento de la ambulancia, siendo necesaria la intervención del Grupo de Apoyo Operativo, con aproximadamente doce oficiales para lograr la extracción del paciente, abriendo camino a pie durante largos 40 minutos. Además de la tardanza en la atención de la emergencia ese recurso policial debió haber estado abocado al servicio de seguridad Ciudadana. Asimismo, es importante agregar que estos eventos masivos de alta frecuencia, provocan en las horas de su realización, un incremento ostensible en los delitos contra la propiedad. La afectación que generan las aglomeraciones de vehículos y personas, en las afueras del parque, durante el desarrollo de los eventos como se indicó anteriormente, reduce la movilidad policial, y produce un incremento de llamadas de vecinos al 911, por incidentes de alteración al orden público, riñas, violencia contra las mujeres, menores de edad expuestos al peligro, conducción temeraria, consumo de alcohol y drogas en vía pública. Es criterio de esta Dirección Regional, que la afectación al servicio policial durante los eventos masivos en la zona referida, es evidente, notoria, frecuente y repetitiva; dado que el impacto de incidencia delictiva diversa, que se genera por el conglomerado enorme de visitantes; afecta el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de la zona, y las acciones policiales de carácter diaria. Debido a la cantidad de participantes en los eventos, debe destinarse recurso policial ordinario y extraordinario en diferentes puntos del distrito, y normalmente cualquier incidente en un día normal se responde en un término de 10 a 15 minutos, sin embargo; cuando se llevan a cabo actividades en el Parque Viva el tiempo de respuesta ante una emergencia es superior a los 40 minutos, aunque se activen dispositivos de emergencia como luces y sirenas, ya que las calles de este sector son sumamente estrechas, son de un carril por sentido, sin islas para buses o espaldones. La Situación se complica aún más, cuando hay accidentes de tránsito o bien, los vehículos de las personas que asisten a las actividades, son estacionados de manera irresponsable a la orilla de la calle, en entradas a cocheras, e incluso en cruces o esquinas, tornándose materialmente imposible transitar por las calles principales o las secundarias que llevan a cualquier lugar no solo de Rincón Chiquito sino al resto del distrito de la Guácima, ya que pese que los conductores de vehículos que transitan en estas calles quieran ceder el espacio para que pasen las radio patrullas los vehículos no tienen para donde maniobrar y hacer espacio. Durante una actividad a principio de año, un autobús que iba a recoger personas al lugar se fue en un hueco a la orilla de la intersección de la calle principal y calle Rincón Chiquito. Precisamente ese día habían ingresado alertas de pelea dual, con armas blancas, siendo que se tardó más de dos horas en llegar al lugar y cuando se llegó ya se habla concretado la riña. En este hecho, los vecinos fueron parte de los hechos por la situación imperante de obstrucción de las vías y entorpecimiento de la circulación de vehículos, lo que produce además una mala interpretación a la hora de analizar la respuesta policial. Por todo lo antes expuesto, se emite este criterio técnico concluyendo que efectivamente existe afectación y menoscabo del servicio policial, en el perímetro externo inmediato del Parque Viva cuando se realizan actividades de carácter masivo. Asimismo, existe un impacto negativo en la incidencia delictiva aumentando algunos fenómenos delictivos en ese lugar. Por último, la afectación que sufren los vecinos de la zona son evidentes y los tiempos de respuesta de las autoridades de emergencia, aumentan además significativamente (…)” (ver prueba).

27) El 10 de julio de 2022, con ocasión de lo requerido en el oficio No. MS-DM-5870-2022, se emitió el informe técnico No. CBCR-027150-2022-OPB-00741, suscrito por un funcionario de Operaciones de Bomberos y dirigido a la Ministra de Salud, mediante el cual se consignó lo siguiente: “(…) Con relación a la situación del Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela, en el marco de la realización de eventos masivos y situaciones de riesgo para la salud y la vida Humana, indicó (sic): Las unidades extintoras del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tienen una longitud aproximada de 11 metros y un ancho de 3 metros; esto hace que se requiera de suficiente espacio para poder maniobrar, ya sea cerca de la escena de incendio o durante la trayectoria hacia el lugar de la emergencia. La medida de ancho de la calle que se utiliza de forma normal para llegar a Parque Viva en la mayoría de su trayectoria mide aproximadamente seis metros, como se puede observar en esta fotografía, un autobús y un vehículo liviano, no pueden transitar de forma normal, para transitar, uno de ellos dos debe detenerse y dar paso (…) Igualmente existen tramos donde las medidas se reducen casi a cuatro metros, es decir una unidad de Bomberos requiere de todo el espacio para poder transitar, tomando como referencia las siguientes fotografías (…) Debido al ancho de la calle, existen tramos donde no se puede realizar las maniobras de adelantamiento (…) Debido a las situaciones planteadas anteriormente, como consecuencia, existen varias comunidades como Rincón Chiquito, Rincón Herrera, Guácima centro, al igual que las propias instalaciones del Parque Viva, se podrían ver afectadas debido a que el tiempo de respuesta de las unidades de Bomberos aumenta de forma considerable, además, cuando se dan bloqueos en las carreteras, se imposibilita el acceso a las comunidades, situación que pone en riesgo las vidas y las propiedades (…)” (ver informe y prueba).

28) En el informe técnico No. CRC-GG-SO-OF-074-2022 de 11 de julio de 2022, suscrito por el Sub Gerente Operativo de la Cruz Roja Costarricense y dirigido a la Ministra de Salud con motivo de lo requerido a través del oficio MS-DM-5870-2022, se señaló lo siguiente: “(…) Como institución de primera respuesta se cuenta con amplia experiencia en la atención de eventos masivos en diferentes eventos y lugares, la Cruz Roja Costarricense ha tenido que atender pacientes en función de las actividades realizadas en el mismo, esto obedece a la cantidad de personas que asisten a las diferentes actividades que dependiendo del mismo, pueden ser varios miles de personas. (…) En el caso de los eventos que se desarrollan en el Parque Viva, es necesario aclarar que la Cruz Roja Costarricense no cubre tales actividades, sino que las empresas organizadoras del evento, contratan empresas privadas de ambulancias que brindan este tipo de servicios, siendo necesario indicar que en el país existen cerca de 70 empresas privadas que brindan servicio prehospitalario de traslado de pacientes, en consecuencia se aclara los videos de varias ambulancias que circulan en redes sociales, ligadas a la atención de casos de emergencia en Parque Viva no son de Cruz Roja. Así las cosas, nuestra recomendación en este Comité Asesor Técnico ha sido históricamente manifestar la importancia de que se genere una regulación para el tema de eventos masivos, sabemos que el Ministerio de Salud tiene el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con el Manual de Tramitación para la Aprobación de los Planes de Seguridad los Eventos Temporales con Asistencia Masiva de Personas. Sin embargo, hace unos 6 años se sugirió trabajar con el Algoritmo de Maurer que lo trabajan en Alemania. En términos generales, según la experiencia de la Cruz Roja Costarricense, cualquier lugar en el que se realizan eventos masivos debe tener una entrada y una salida para todos los vehículos que asisten a los eventos, y que permitan una adecuada circulación para los vehículos de emergencia, tanto para atender incidentes en el lugar del evento, como en zonas circundantes, así como vías que permitan la evacuación masiva de los participantes en caso de activarse alguna amenaza y contar con un Plan de Emergencias actualizado, que contemple una adecuada proporción de ambulancias en función de la cantidad de asistencias al evento (…)” (ver informe y prueba).

29) Mediante el oficio No. 911-DI-2022-2202 de 11 de julio de 2022, la Directora del Sistema de Emergencias 9-1-1 remitió a la Ministra de Salud un informe sobre eventos acaecidos en zonas circundantes al Parque Viva durante unas fechas específicas, sea, 7, 14 y 21 de mayo y 17 y 18 de junio de 2022 (v. gr. situaciones relacionadas con problemas de tránsito, vehículos mal estacionados, riñas de personas, una persona inconsciente y otra extraviada, etc.) (ver informe y prueba).

30) Por oficio No. DM-2022-3121 de 11 de julio de 2022, el Ministro de Obras Públicas y Transportes le indicó a la Ministra de Salud lo siguiente: “(…) En relación con la situación que se ha presentado con el cierre temporal sujeto a acciones remediales del Parque Viva, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes emite el siguiente criterio considerando que: El Parque Viva contiene múltiples usos de suelo que pueden producir concentración masiva, entendida como eventos temporales que reúnen extraordinariamente a una cantidad de personas bajo condiciones de aglomeración en espacios físicos abiertos y/o cerrados, que por sus características de sitio suponen un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso del espacio. El Parque Viva tiene 9000 m2 de nave industrial, lo cual tiene una atracción estimada de 6593 vehículos basado en referencia de 3 eventos similares en Reino Unido (…) El Parque Viva tiene una capacidad de 20.000 personas y usando una tasa de ocupación de 3 personas por vehículo (…) nos da 6667 vehículos por hora. Se estima que la calle adyacente tiene capacidad máxima de 800 vehículos por hora para un nivel de servicio E, pues es una vía de 4 m a 6 m de ancho en doble sentido de circulación. SE RECOMIENDA: Una concentración máxima de 2400 personas en evento (sic) masivos de acuerdo a situación actual de accesos y vías aledañas para poder garantizar un flujo adecuado de vehículos de acceso y salida al sitio (…)” (ver prueba).

31) El 12 de julio de 2022 se emitió el informe técnico No. CRC-GG-OF-012-2022, suscrito por el Gerente General de la Asociación Cruz Roja Costarricense –en seguimiento a lo señalado en el anterior informe No. CRC-GG-SO-OF-074-2022–, mediante el cual se le informó a la Ministra de Salud lo siguiente:“(…) En el caso específico objeto de la presente consulta, se conoce que las vías públicas de la comunidad de La Guácima de Alajuela y zonas aledañas son insuficientes para el rápido acceso de nuestras unidades de emergencia en la atención ordinaria de incidentes, que se puede agravar cuando se realizan eventos masivos, puesto que hemos conocido de situaciones en las cuales el simple desperfecto mecánico de un vehículo particular atrasa sustancialmente el ingreso de nuestras ambulancias. Históricamente los tiempos de respuesta para atender emergencias por parte de las diferentes instituciones se han visto afectados por la congestión vial en diversos puntos del territorio nacional, situación que sucede también en La Guácima de Alajuela, experimentando un incremento en el tiempo de traslado de los vehículos de emergencia de forma variable, generándose atrasos que van desde 10 minutos hasta los 30 minutos. En algunos casos específicos, el tiempo de llegada o salida de nuestros vehículos se ha extendido hasta más tiempo, ocasionado por la cantidad de vehículos que se ubican en los costados de las vías públicas aledañas al sitio del evento, e incluso por personas que transitan en las vías públicas, lo cual hace que se tenga que circular con mayor cautela. Para el caso concreto la estructura operativa de la Benemérita Cruz Roja Costarricense ha trabajado en tres escenarios que se atienden para un análisis de la situación que le permite a las autoridades tomar las decisiones según sus competencias. 1. Accidentes de tránsito: en la atención de un accidente de tránsito dependiendo de la gravedad del mismo, se hace necesario la llegada de diferentes recursos, ambulancias, camiones de rescate, e incluso la presencia del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Cabe destacar que se pueden presentar casos en lo que los pacientes se encuentran prensados consecuencia del incidente, requiriéndose que a la escena se sume el equipo de rescate especializado según las necesidades. En cualquiera de los casos los pacientes requieren ser atendidos de forma inmediata, ya que en algunos casos la vida puede estar en riesgo inminente. 2. Incendios estructurales: en la atención de incendios estructurales generalmente responde el Cuerpo de Bomberos para extinguir el fuego y la Cruz Roja Costarricense acude a la escena para la atención de pacientes, por lo que dependiendo del tamaño del incidente, la cantidad de recurso que se hace presente se podría ver afectado por la dificultad de acceso a las instalaciones en riesgo y la evacuación de pacientes. Casos médicos: Dependiendo de la gravedad del caso, se requiere que el paciente reciba atención de forma expedita dado que el retraso en los tiempos de respuesta genera un impacto negativo en el pronóstico de la persona, afectando potencialmente la vida. Por ejemplo, en el caso de un paro cardiorespiratorio se requiere acceso al paciente idealmente en menos de 10 minutos. Por otro lado, dependiendo de las circunstancias, existe la posibilidad de que la Unidad de Soporte Avanzado de Vida (USAV), en sitio, requiera del apoyo de una Unidad de Soporte Avanzado de Vida (USAV), dado que esta segunda ambulancia cuenta con personal de mayor nivel de capacitación, más equipamiento y por ende, mayor nivel resolutivo, ofreciéndole así una mejor oportunidad a la salud del paciente. Caba destacar que al haber dos unidades o más en el lugar del siniestro se requerirá un espacio amplio y seguro para que los socorristas puedan brindar su atención (…)” (ver informe y prueba).

32) Por oficio No. MS-DM-5902-2022 de 12 de julio de 2022, la Ministra de Salud dio acuse de recibido a los informes técnicos No. CBCR-027150-2022-OPB-00741 del Cuerpo de Bomberos, No. CRC-GG-SO-OF-074-2022 de la Cruz Roja Costarricense, No. 911-DI-2022-2202 del Sistema de Emergencias 9-1-1 y el No. DM-2022-3121 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y los remitió a la Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte, como complemento a lo dispuesto en el oficio No. MS-DM-5838-2022 de 8 de julio de 2022 (ver prueba).

33) Por oficio No. MS-DM-5945-2022 de 13 de julio de 2022, la Ministra de Salud remitió a la Dirección Regional Rectoría de Salud Central Norte el informe técnico No. CRC-GG-OF-012-2022 de la Cruz Roja Costarricense (ver prueba).

34) En conferencia de prensa de 13 de julio de 2022, el Presidente de la República, respecto al proyecto vial propuesto por Grupo Nación, señaló lo siguiente: “(…) ¿Oyeron la mentira descarada que publicó La Nación que tiene desde hace dos años de pedir un acceso a la ruta 27 para arreglar el Parque Viva? Ah no, diay si metemos un gol metamos cuatro goles más porque es cuatro veces el volumen de área lo que querían conseguir el permiso., ¿No les da vergüenza colapsar la Ruta 27 arriesgando todo el Occidente, Grecia, Naranjo, Atenas, San Carlos, todo Guanacaste y todo Puntarenas? (…) (ver prueba).

35) El 13 de julio de 2022, en la sección de política del medio periodístico La Nación, se consignó la noticia titulada “Alcalde de Alajuela: Parque Viva recibió permiso antes de expansión urbanística en la Guácima”. El contenido de esta noticia es el siguiente: “(…) Humberto Soto, alcalde de Alajuela, aseguró que el congestionamiento vial que se genera en la Guácima, Alajuela, no es causado únicamente por el Parque Viva, sino que se debe también al gran crecimiento habitacional del distrito y a los nuevos condominios que se levantaron en la zona. “Ha habido un crecimiento muy importante en el distrito de la Guácima que, sumado a las actividades a la gran cantidad de personas que ingresan al distrito, pues sí, es evidente que genera un congestionamiento vial. “Estoy abierto a negociar y poner el tema sobre la mesa; que hay que generar soluciones viables para el distrito, no hay que achacarlos a X o Y, ni generalizarlo”, explicó Soto. “Hay que ver la realidad. El parque tiene casi diez años de construido y, en estos diez años, ha habido un cambio sustancial en el desarrollo urbanístico del distrito de La Guácima, es decir, hay más población y más condominios”, agregó. Desde el 2014, se han aprobado 44 condominios en el distrito, por ejemplo. Asimismo, el jerarca municipal dijo que, aunque el ayuntamiento ha invertido en ese distrito casi 1000 millones y pronto se iniciará la construcción de un puente que conduce a la comunidad de San Antonio de Alajuela, eso no es suficiente y necesitan más recursos para todo el cantón. “El municipio ha hecho unas inversiones, pero tal vez no las suficientes. ¿Por qué? Porque como gobierno local tenemos recursos limitados y 14 distritos, con una red de más de 421 kilómetros a nivel cantonal que atender. Para esa red, en un municipio como el de Alajuela, no hay recursos suficientes y hay que atender los 14 distritos del cantón, no sólo uno. Hay que hacer mejoras; de eso como alcalde estoy consciente”, informó Soto. En setiembre del 2014, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprobó el estudio de planificación vial del Parque Viva y solicitó que se construyeran accesos al sitio desde las distintas rutas que llevan al lugar y se instalara señalización vertical y horizontal, las cuales debían estar listas un año después. En una inspección realizada por el Ministerio en el 2015, se constató que el inmueble había cumplido lo solicitado. Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves, aseguró en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que el permiso nunca debió darse y que solicitará el expediente a la Municipalidad de Alajuela, al tiempo que solicitará la intervención de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo. En aquella época, el hoy alcalde era regidor y dijo al respecto: “El permiso se dio por competencia de la administración municipal que era el órgano competente de la aprobación del mismo; en el expediente hay permiso de Salud y de muchas instituciones (…)” (ver prueba).

36) En sesión de concejo de distrito ampliada celebrada el 13 de julio de 2022, el regidor y residente de La Guácima de Alajuela, Alonso Castillo, se refirió al problema relacionado con el crecimiento urbanístico en dicha zona. Apuntó que, de 2010 a fecha, en la Guácima se han aprobado 48 proyectos urbanísticos “(…) sin contar Parque Viva, sin contar desarrollos comerciales, sin contar Automercado, sin contar centros comerciales (…)”, lo cual refleja una realidad vehicular que no es acorde con las carreteras diseñadas hace treinta años. Expresamente, dicho regidor, en tal oportunidad, señaló: “(…) Aquí hay presas todos los días, a las siete de la mañana y a las cinco de la tarde, con concierto, o sin concierto. Si aquí pasa un accidente en Guácima centro hoy, colapsa La Guácima porque no hay para dónde coger. Si hoy pasa un accidente o se cae un poste como pasó hace unos meses (…) tenemos que ir a dar la vuelta por San Miguel, con el riesgo de que el carro que tengamos no tenga las condiciones para poder ir a dar esa vuelta (…) Esa es la realidad del distrito, que tiene serias limitaciones viales. Cuando yo llegué al Concejo Municipal de Alajuela, prometí que no iba a votar un solo proyecto urbanísticos más en el Concejo Municipal hasta que se aprobaran las rutas alternas (…) Al día de hoy (…) La municipalidad me dice que no tiene presupuesto para rutas alternas, entonces ¿qué quiere decir esto? La realidad continúa en las mismas condiciones que estamos hoy, con Parque Viva o sin Parque Viva, porque no hay presupuesto, no hay dinero para estas rutas alternas (…) Yo sinceramente me siento muy contento de que haya pasado lo de Parque Viva (…) porque hoy toda la prensa nacional está hablando de un problema que La Guácima tiene todos los días. Porque fue Parque Viva, porque si (…) se hubiera volcado un bus o hubiera pasado lo que sea, a nadie le interesa, el problema sigue. Y por dicha fue Parque Viva, porque Parque Viva tiene la voz para poder decir aquí hay un problema, pero hay problema real, que cuando hay un evento también colapsamos (…)” (ver prueba).

37) Mediante oficio No. MS- DRRSCN-1897-2022 de fecha 14 de julio de 2022, la Directora Regional de la Rectoría de Salud Central Norte remitió los informes técnicos señalados por la Ministra recurrida en el oficio No. MS-DM-5902-2022, al Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 (ver prueba).

38) El 14 de julio de 2022, representantes del Grupo Nación S.A. formularon ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2, un recurso de revocatoria y de apelación en subsidio en contra de lo dispuesto en la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 de fecha 8 de julio de 2022 (ver prueba).

39) El 14 de julio de 2022, la Contraloría General de la República emitió el denominado Informe de Auditoría Operativa Sobre la Eficacia y la Eficiencia en el Uso de los Recursos de la Red Vial Cantonal en la Municipalidad de Alajuela (informe No. DFOE-LOC-IF-00014-2022). En el apartado de conclusiones, se consignó lo siguiente: “(…) 3.1. Se determinó a partir de los indicadores y criterios establecidos, que no es posible garantizar que la gestión del servicio de red vial cantonal a cargo de la Municipalidad de Alajuela sea eficaz en el cumplimiento de sus fines y objetivos relacionados con la movilidad, la seguridad vial y la resiliencia de esta red, y que el uso de los recursos asignados se realice en apego al principio de eficiencia. 3.2. En este sentido, si bien se han realizado intervenciones de conservación vial principalmente en la superficie de ruedo y actividades de seguridad vial, aún persisten importantes limitaciones en la cobertura y mejora de la superficie de ruedo, en la atención de otras estructuras esenciales en la infraestructura vial (puentes y aceras) y en el abordaje de la seguridad vial y la resiliencia de la red vial cantonal, sustentado en elementos técnicos que garanticen razonablemente la eficacia de las acciones municipales en estas materias. 3.3. En cuanto a la eficiencia, se evidenció que la Municipalidad de Alajuela carece de elementos mínimos fundamentales y de sanas prácticas necesarias para implementar una gestión orientada al cumplimiento de este principio; situación que refleja la necesidad de generar una cultura organizacional que considere el uso de datos e indicadores de gestión como un mecanismo indispensable para la mejora de la gestión en aras de satisfacer el interés público. 3.4. Finalmente, para cumplir con los retos que enfrenta nuestro país como el Objetivo del Desarrollo Sostenible n.° 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y avanzar en el propósito de no dejar a nadie atrás, se hace necesario ampliar la visión con la que se gestiona la red vial cantonal, de manera que esta gestión tenga una perspectiva integral de las problemáticas y una visión inclusiva y participativa de todas las poblaciones que habitan en el territorio, con especial énfasis en aquellas poblaciones con mayores rezagos y más vulnerables (…)” (ver prueba).

40) Para este año 2022 se estaban organizando al menos cuatro eventos en el Parque Viva (conciertos con Jesús Adrián Romero, Danny Ocean y Ana Gabriel en el mes de septiembre y concierto con Sebastián Yatra el 2 de diciembre). Por oficios No. MS-DRRSCN-DARSA2-1713-2022 de 14 de julio de 2022 y MS-DRRSCN-DARSA2-1728-2022 de 15 de julio de 2022, el Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 informó a los representantes legales de las productoras organizadoras de tales eventos, la medida sanitaria de cierre girada al Parque Viva y, por ende, la imposibilidad de otorgar las certificaciones de aforos solicitados (ver prueba).

41) Por oficio No. MS-DRRSCN-1904-2022 de 15 de julio de 2022, la Directora Regional de la Rectoría de Salud Central Norte remitió al Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, el informe técnico No. CRC-GG-OF-012-2022 de la Cruz Roja Costarricense (ver prueba).

42) Por oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 de 15 de julio de 2022, el Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, le indicó al representante legal del Parque Viva que, como seguimiento a lo dispuesto en la supra citada orden sanitaria, se remitían los informes técnicos No. CBCR-027150-2022-OPB-00741 del Cuerpo de Bomberos, No. CRC-GG-SO-OF-074-2022 y No. CRC-GG-OF-012-2022 de la Cruz Roja Costarricense, No. 911-DI-2022-2202 del Sistema de Emergencias 9-1-1 y el No. DM-2022-3121 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Adicionalmente, en este oficio se indicó expresamente lo siguiente: “(…) Una vez conocidos y analizados dichos documentos de acuerdo con lo indicado en la orden de cita, queda demostrado que los mismos señalan que existe un evidente problema para la atención de emergencias (accidentes de tránsito, incendios estructurales, casos médicos, entre otros), por parte de las Instancias de Primera Respuesta tanto en las comunidades aledañas, como para los mismos asistentes a los eventos de concentración masiva que se realizan en el Parque Viva, debido a problemas de tránsito y acceso al lugar, por lo tanto, en concordancia con el principio precautorio y en aras de garantizar el cumplimiento de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, el artículo 11, 152, 153 y 154 de la Ley General de la Administración Pública y los artículos 1, 2, 3, 37, 38, 39, 322, 325, 348, 355, 356, 357 y 364 de la Ley General de Salud, se confirma en todos sus extremos y alcances la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0386-2022 (sic) (…)” (ver prueba).

43) El citado oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 y varios anexos fueron notificados al representante de Parque Viva el 15 de julio de 2022, a las 11:48 hrs., vía correo electrónico (ver prueba).

44) Por oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1755-2022 de 20 de julio de 2022, el Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 corrigió el número de la orden sanitaria señalada en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022. Este oficio le fue notificado al representante legal del Parque Viva el 20 de julio de 2022 (ver prueba).

45) En fecha no precisa, las autoridades del Ministerio de Salud resolvieron los citados recursos de revocatoria y apelación, desestimándolos (ver informe).

46) El 29 de julio de 2022, los recurrentes formularon el presente amparo (ver escrito de interposición).

47) Por oficio No. PE-243-07-2022 de 29 de julio de 2022, la Presidenta Ejecutiva del INVU le informó al Presidente Rodrigo Chaves, los siguientes hallazgos, luego de haberse realizado una revisión al expediente del llamado “Proyecto Viva” (Parque Viva), que se encontraba en poder de la Municipalidad de Alajuela: “(…) 1. Los usos de suelo otorgados para el campo ferial, anfiteatro, hotel, servicios de comidas, no son conformes según el Plan Regulador aprobado en la Gaceta No. 182 del 19 de setiembre de 2004. 2. La finca plano de catastro A-2995065-2005, se ubica en una zona denominada "Zona Verde" y no en una "Subzona Residencial de Mediana Densidad", tal y como se indicó en la constancia del uso de suelo, emitida por la Municipalidad y base para la emisión de los permisos de Construcción. Lo anterior, de acuerdo con el Mapa de Zonificación vigente en el momento en el cual se solicitaron los usos de suelo, misma que no presenta modificaciones a la fecha, dado que el Plan Regulador no ha sido actualizado desde su publicación en el año 2004. 3. La viabilidad ambiental otorgada mediante resolución 3083-2013, fue dada para mejoras en el AUTÓDROMO LA GUÁCIMA En ningún momento se desprende del trámite realizado ante la SETENA, que la actividad a desarrollar se enmarcada dentro de la dinámica de un campo ferial, dado precisamente que la gestión de los diferentes permisos fue realizada de manera separada, lo que en alguna medida permitió obviar los requerimientos mínimos que debieron ser solicitados para mitigar las externalidades y efectos derivados de la operación de una actividad de las características conocidas. 4. NO hay registro de presentación de ningún Estudio de Impacto Vial al MOPT o a la Municipalidad que mida el impacto del flujo vehicular asociado a las actividades que se desarrollan en el sitio (construcción de la sala de eventos y anfiteatro según trámite APC 626867). Dicho estudio debió haber sido solicitado de acuerdo con lo indicado en el artículo 12.7 del Plan Regulador del Cantón de Alajuela, que indica textualmente: Artículo 12.7. Los edificios mayores o iguales a cinco pisos de altura o su equivalente en metros, así como los centros comerciales, industrias, terminales de autobuses u otros que generen concentración masiva deberán presentar adicionalmente para su aprobación final lo siguiente: 1. Estudio de impacto vial. Estudio de acceso, congestión vehicular, soporte de las vías adyacentes a la propiedad, flujos promedios diario y mensual. 2. Infraestructura:estudio de la demanda oferta de la infraestructura existente y la propuesta y la conexión con la existente. Mediante Oficio PE-221-07-2022 se consultó a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) y a la Secretaria de Planificación Sectorial (SPS) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), respectivamente, dependencias que indican que no se ha recibido ningún estudio para valoración sobre este proyecto. 5. No se solicitó ninguna mejora a la vialidad cantonal que da acceso al complejo tramitado en los diferentes permisos de construcción, ni siguiera mejoras a media vía. En este sentido, se extraña la aplicación por parte de la Municipalidad de Alajuela del artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. en referencia a la posibilidad que tenia de solicitar contribuciones especiales dado el impacto evidente en la vialidad pública cantonal del proyecto. El fundamento técnico de esta solicitud debió estar basada en un estudio técnico de impacto vial que considerara las características específicas del proyecto. 6. En lo que respecta a los permisos de construcción, el registro del APC indica que se aprobaron 3 permisos: A. Obras de infraestructura del complejo del Campo Ferial (área de construcción 12608 ma.) APC655432, oficio MA-ACC-3B33-2014 con fecha 07 de mayo de 2014 B. Construcción de planta de tratamiento (área de construcción 144m2) APC 634113, oficio MA-ACC-3835-2014 con fecha 07 de mayo de 2014. C. Construcción de estructura, envolventes, cerramiento del Complejo Ferial (área de construcción 22.164m2) APC62ô867, oficio MA-ACC-5032-2014 con fecha 12 de Junio de 2014. Las obras de infraestructura del complejo del Campo Ferial (área de construcción 12608 m2) tramitado mediante el APC 655432. aprobado con el oficio MA-ACC-3833-2014 el 07 de mayo de 2014, fueron aprobadas sin contar con la disponibilidad de agua, como se evidencia en el Oficio CCP-2013-304 del AYA. Si bien es cierto, se cuenta con un pozo, su concesión fue otorgada hasta el 18 de diciembre de 2014. Otro aspecto importante, de acuerdo con la documentación aportada, es que el proyecto tramitado bajo el código APC-625432, no contaba con la autorización de Bomberos al momento de ser aprobado. De acuerdo con el informe de cumplimiento correspondiente a la primera revisión, habían observaciones de varias instituciones, sin embargo, no se ubica la segunda revisión con las respectivas correcciones. Esta afirmación se respalda con el informe de Bomberos oficio CBCR-0018379-2014-lNB-00736 de fecha 16 de junio de 2014 y el reporte de cumplimiento del proyecto descargado el 7 de Julio de 2022 como consta en el expediente digital aportado. Aún con esta inconsistencia, la Municipalidad de Alajuela, aprobó la solicitud de permiso. Bomberos exonera al proyecto APC-655432, de la colocación de hidrantes. Lo anterior mediante oficio CBCR-0018379-2014-lNB-00736 de fecha 16 de junio de 2014, indicando en los interesa: "se acepta la propuesta de presentada (sic) en planos de eliminar la colocación de hidrantes dado que la capacidad de los 5.251,6 no es suficiente para cubrir el cauda/ de los hidrantes". Según se desprende del oficio referido hubo correcciones indicadas por Bomberos, de las cuales no se tiene registro dado que no se incluyeron en el expediente. Adicionalmente, se hace de su conocimiento algunas observaciones generales de forma identificadas en este proceso: El expediente aportado no está foliado ni cuenta con consecutivos de ningún tipo que permitan llevar un orden cronológico, secuencial y una trazabilidad en los trámites realizados. El expediente se aportó fraccionado, lo que dificultó su revisión, dada la falta de trazabilidad sobre el desarrollo de los distintos permisos y/o etapas del Proyecto. A pesar de que la certificación emitida por la Secretaria de Actas del Concejo Municipal, indica por una parte 70 folios y por otra 178, la realidad es que el total de documentos aportados asciende a un total de 2172. Por otra parte, los planos correspondientes a los 3 trámites realizados mediante la plataforma APC, presentan fecha de descarga: 13/17/2022, lo que hace pensar que dicha documentación no formaba parte del expediente que debe custodiar la Municipalidad, pues de lo contrario. la fecha de descarga, debió coincidir con el momento en que dichos permisos fueron tramitados, es decir, 21 de Diciembre de 2013. Finalmente, al momento de recibir la información digital, se encontraron carpetas vacías e información incompleta, lo cual fue consignado en el oficio de recibido devuelto a la Municipalidad (…)” (ver prueba).

48) El 3 de agosto de 2022, en la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Alajuela, se publicó lo siguiente: “(…) CON RELACIÓN A LAS PUBLICACIONES DEL CRITERIO EMITIDO POR EL INVU SOBRE PARQUE VIVA, QUE HAN CIRCULADO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL DÍA DE HOY. Sobre la información que ha circulado en diversos medios de comunicación sobre el proyecto PARQUE VIVA basado en un informe emitido por Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU, como primero de los aspectos, debe indicarse que la Municipalidad de Alajuela no ha sido notificada de dicho informe, de manera que nuestro conocimiento se limita a las publicaciones realizadas por esos medios de comunicación, asimismo, se trata de apreciaciones de dicha institución sin consultas a este municipio. Es de importancia aclarar algunos puntos. 1. USO DE SUELO. La zonificación de la finca 2-198873, no fue modificada, pues según el Plan Regulador Urbano vigente que aplica a la especie, la mencionada finca se encuentra en una zona denominada zona verde, Regulada en el Art 56, Plan Regulador Urbano. Pasa por alto en el análisis el INVU, lo establecido en el artículo 60 del Plan Regulador Urbano, que señala que, si pasados 5 años desde la publicación del Plan Regulador la Municipalidad no adquiere estos terrenos destinados a zonas verdes, estos adquieren la zonificación cercana que menos afecte al usuario, lo que fue aplicado en este caso, tal como y se indicó en los usos de suelo, se trata de zona residencial de media densidad. Por lo tanto, los usos de suelo del proyecto son correctos. 2. SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL, la resolución de aprobación de la viabilidad ambiental revisada por la Municipalidad de Alajuela para la tramitación del permiso de construcción del Proyecto Parque Viva, es correcta, y describe las obras de manera general, mismas que coinciden con los planos presentados y debidamente aprobados por las otras instituciones de manera previa y por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, según consta en la plataforma APC. El título del proyecto, es decir, el nombre con el que se conoce el mismo en el expediente, fue el que varió con el tiempo, lo que no efecto la naturaleza de lo analizado, y mucho menos la naturaleza de las obras (nombre de fantasía). No porque la empresa cambiara el nombre del proyecto, cambia la naturaleza de las obras. 3. SOBRE “LA FALTA DE UNIFORMIDAD EN LOS USOS DE SUELO” El análisis se realizó de forma coincidente y consistente en todos los casos, bajo el principio de legalidad y de inderogabilidad singular de las leyes. Lo único que varió desde el año 2014 y en los sucesivos usos de suelo fue la forma en que se presentó la información. Al expediente se adjuntó una minuta de los usos de suelo que puede corroborarse para confirmar lo indicado. 4. IMPACTO VIAL, El Plan regulador urbano de Alajuela en su articulo (sic) 12.7 solicita la presentación de un estudio de impacto vial para LA APROBACION (sic) FINAL del proyecto, no para el otorgamiento de usos de suelo, es decir, aplica para el permiso de construcción. Sobre el tema puede observarse los requisitos que solicita la Municipalidad para este proyecto o cualquiera otro, y con base en la normativa que regula la materia. Para la aprobación del final del permiso (sic) de construcción este gobierno local revisa la Viabilidad ambiental otorgada por SETENA, siendo que dicha entidad en su análisis, siempre verifica el impacto vial de los nuevos proyectos. Según la revisión del expediente de SETENA, esta entidad consideró que con lo presentado en planos fue suficiente, y con ello dieron la respectiva aprobación, por lo que se respeta lo indicado en la Ley 8220 y sus reformas, y su Reglamento, de manera que, en apego al principio de respeto de competencias, se respetó el criterio de SETENA. Además, es importante recordar que el proyecto contó con la debida aprobación del Estudio de Impacto Vial por parte de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT, mediante resolución N° DGIT-ED-5935-2014. 5. ACTAS SOBRE PROCESO CONSTRUCTIVO, Si se otorgó el permiso final, implica la corrección de cualquiera situación que pudo haberse notificado. 6. SOBRE LAS ANOTACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES, La Municipalidad de Alajuela no sustituye en sus labores a otras instituciones las cuales pueden revisar el expediente y realizar las inspecciones respectivas en campo para el cumplimiento de estas. Es importante indicar en todo caso que, según se observa en el expediente cada anotación fue subsanada por la institución respectiva lo que genero (sic) la aprobación por parte del CFIA. Según el expediente el contrato OC626867, con fecha del 13-11-2013, se determina que “el proyecto se aprueba con las observaciones institucionales subsanadas por el profesional”. En definitiva, este gobierno local a través de la Actividad Control Constructivo está en la mejor disposición de aclarar cualquier duda que se genere al respecto de este proyecto, ratificamos que todas nuestras actuaciones han sido consecuentes y ajustadas a la normativa que regula la materia (…)” (ver prueba).

49) El proyecto vial propuesto por Parque Viva (construcción de cuatro carriles que comunican dicho recinto con la Ruta 27), no ha sido aprobado a la fecha (los autos).

B. OTROS HECHOS DE INTERÉS:

1) El Diario La Nación realizó varias publicaciones respecto al entonces candidato a la Presidencia de la República Rodrigo Chaves Robles, relacionadas, entre otras, con las sanciones que le fueron impuestas en el Banco Mundial por acoso sexual, la crítica a la práctica de gobernar mediante referendos por este propuesta y las estructuras paralelas de financiamiento de la campaña política de su partido. La noticia respecto al tema de acoso sexual se publicó el 30 de agosto de 2021 y, posteriormente, se emitieron algunas otras relacionadas con esta los días 31 de agosto de 2021, 4 y 7 de septiembre de 2021, 18 y 19 de octubre de 2021, 4 de febrero de 2022, 8 y 28 de marzo de 2022, 1° y 25 de abril de 2022. Una noticia referente a la improcedencia de gobernar mediante referendos fue publicada el día 13 de febrero de 2022. Las noticias tocantes al financiamiento de la campaña política del hoy Presidente fueron publicadas por dicho medio, entre otros, los días 5 de marzo y 29 de marzo de 2022 (consulta realizada al medio digital La Nación www.nación.com).

2) El 29 de enero de 2022, el entonces candidato a la Presidencia Rodrigo Chaves Robles, manifestó ante un grupo de seguidores lo siguiente: “(…) Somos un tsunami y sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Óigame Ignacio Santos, óigame el otro (...) René Picado, óigame Armando González. Aquí estamos. Sígannos invisibilizando en lo nuevo, en lo bueno y acusando injuriosamente en lo malo, porque ustedes ya no ponen presidentes en Costa Rica (…)” (ver prueba).

3) El 30 de enero de 2022, en cierre de campaña (correspondiente a la primera ronda electoral), el candidato presidencial Rodrigo Chaves, manifestó públicamente lo siguiente: “(…) pasamos de la sociedad más igualitaria de América Latina a una de las más desiguales del mundo (…) para ser más millonarios a (…) quienes controlan a esos medios de desinformación de difamación y de mentira (…) lo dijimos, dijimos que había que limpiar la casa y se asustaron porque al principio ¿a quién le importaba Rodrigo Chaves? a nadie (…) el mismo día que Pilar Cisneros anunció su candidatura empezaron a soltar el veneno, el odio, la mentira y la calumnia, ahí fue donde (…) empezaron a temblar, por eso lo hacen (…) por este tsunami que los va a barrer como la basura de la casa (…) tinta y no sangre, pero que no va a tener menos relevancia histórica (…) porque aquí le estamos diciendo a los mismos de siempre: se les acabó la fiesta se les acabó la fiesta (…)” (consulta realizada al medio digital La Nación www.nación.com).

4) El 6 de febrero de 2022, el entonces candidato Chaves Robles, al momento de emitir su voto, manifestó expresamente al medio AM Prensa lo siguiente: “(…) Yo no dije que la prensa fuera canalla. En Costa Rica hay prensa canalla (…) porque hay prensa que miente (…) que está al servicio de los grupos poderosos, que han estado dedicados a quitar y poner presidentes y eso se les acabó (…)”. Además, ante una consulta planteada al efecto por el periodista, aclaró concretamente que se refería a “(…) La Nación, Canal 7, CRhoy (…)” y sostuvo que esto lo decía “(…) transparente y claramente (…)” (ver prueba).

5) El 7 de febrero de 2022, el medio de comunicación Columbia publicó en su plataforma digital la noticia titulada “Rodrigo Chaves: Hay tres medios importantes que están al servicio de intereses afectados con mi Gobierno”En esta noticia, se consignaron las siguientes manifestaciones realizadas por Rodrigo Chaves: “(…) En Costa Rica, óigame claro y duro, hay prensa canalla comprada y vendida, no toda la prensa es así, aquí hay gente honesta en este país, la enorme mayoría, pero hay gente que no es honesta, lo mismo con la prensa (…) en Costa Rica (…) existen dos o tres medios muy importantes que están al servicio de intereses que se van a ver muy afectados en un gobierno de Rodrigo Chaves y que nos han hecho lo imposible por un fusilamiento y un linchamiento político (…)” (consulta realizada al medio digital Columbia www.columbia.co.cr).

6) El 6 de julio de 2022, en conferencia de prensa, un periodista del medio El Guardián CR, consultó al Presidente de la República su criterio respecto al tema de la Caja Costarricense de Seguro Social y la solicitud que se hizo a la SUGEVAL respecto a los bonos emitidos por Grupo Nación. Al respecto, el mandatario manifestó que efectivamente existe un tema muy serio con bonos que gobiernos anteriores compraron emitidos por La Nación. También indicó que se encuentra preocupado respecto a la capacidad de pago que tendría ese medio (la cual, en su criterio, “parece muy muy leve”), en virtud de algunas acciones contables y de desviación de activos que debilitan la probabilidad que el pueblo de Costa Rica pueda recuperar esos recursos que son sustanciosos. Luego de emitir criterio al respecto Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Presidente de la República señaló expresamente lo siguiente: “(…) La rentabilidad de la Nación va en caída libre y eso significa que está incurriendo en pérdidas constantes, constantes, constantes. Y entonces uno se pregunta si esa tendencia de pérdidas continúa, yo no sé, tal vez tengan una varita mágica y logren levantar el flujo de caja (…) ¿qué pasa si a la Nación se le ahorca el flujo de caja y no está la propiedad porque está en otra parte? Esa es la pregunta y yo creo que don Álvaro lo expresó en términos técnicos muy bien pero diay, él tiene la obligación de hacer eso. Y yo le pedí, además, de que ya lo estaba haciendo cuando yo lo llamé para preguntarle, me dice no, ya lo estamos haciendo y está la consulta (…)” (ver prueba).

7) El 7 de julio de 2022, en la sección de política del Diario La Nación, se publicó la siguiente nota: “Chaves ataca a La Nación con datos distorsionados”, en la cual, a su vez, se consignó lo siguiente: “(…) Presidente confirma que ordenó al jerarca de la CCSS solicitar información a la Sugeval sobre bonos de la empresa (…) El presidente Rodrigo Chaves atacó el miércoles al diario La Nación utilizando datos distorsionados sobre los bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre el 2013 y el 2014. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su operadora de pensiones adquirieron parte de la colocación. Esas entidades invirtieron por decisión propia con el fin de ganar intereses. Los rendimientos siempre los han recibido puntualmente, admitió el mismo Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS. La tasa actualmente es de un 8%. La CCSS invirtió ¢2.950 millones del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), mientras que la operadora de pensiones complementarias adquirió otros ¢750 millones. En el momento de la colocación, La Nación S. A. desconocía quiénes adquirieron los valores, pues la operación se realiza mediante un puesto de bolsa, porque así lo establecen las reglas bursátiles. Sin embargo, Chaves usó la conferencia de prensa del miércoles, posterior a la sesión del Consejo de Gobierno, para poner en duda, públicamente, si la empresa podría devolver el capital de los bonos que no han expirado, lo cual está previsto, desde un principio, para los años 2024 y 2025. Horas antes de la conferencia de prensa, fuentes confiables informaron a La Nación de que el mandatario llevaba en agenda el ataque a este medio. Lo abordaría ante una consulta que formularía uno de los periodistas. Finalmente, la pregunta la realizó Richard Molina, del sitio El Guardián. Entonces, Chaves asintió: “Sí, tenemos un tema muy serio con los bonos que gobiernos anteriores compraron, emitidos por La Nación, y que financiaron con dos fuentes: la pensión de su mamá, de su abuelita, de su tío, del IVM; y las pensiones de los empleados de la Caja, en el Fondo de Retiro de Empleados (FRE)”, comenzó el mandatario. Al respecto, Pedro Abreu, director ejecutivo de Grupo Nación, dijo no entender la preocupación, pues los intereses se han pagado puntualmente: ya se pagaron dos emisiones de bonos en su totalidad, se tienen los recursos para saldar una tercera y se trabaja en los de la última, que vence en tres años. Además, declaró que el patrimonio de la empresa supera por mucho el valor de los bonos. Abreu explicó que, en este momento, la relación de deuda patrimonio de la empresa es de 1 (deuda) a 2 (patrimonio) y que, para el 2024, será de 1 a 4 luego de cancelarse el vencimiento de bonos de ese año. Chaves dio la orden a Álvaro Ramos. Chaves confirmó que él mismo fue quien pidió al presidente de la CCSS plantear preguntas a la Sugeval para revisar las condiciones financieras de la compañía de medios de comunicación. “Yo le pedí la obligación de hacer eso (...) y bueno, él me dijo que ya lo estaba haciendo”, expresó el mandatario. Durante lapsos de su discurso, el presidente miraba fijamente al periodista de este medio que se encarga de la cobertura de Casa Presidencial. Los bonos de ‘La Nación’. Entre el 2013 y el 2014, La Nación S.A. hizo cuatro emisiones de bonos, mediante operaciones reguladas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), por un total de ¢39.000 millones, principalmente, para financiar el proyecto Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Diversos inversionistas decidieron aceptar la oferta. Dos emisiones, la del 2013 y una del 2014, ya fueron canceladas del todo por un total de ¢18.000 millones. En cuanto a las otras dos emisiones, la compañía ya dispone de los ¢10.000 millones para pagar la que vence en el 2024. La verificación puede hacerla con facilidad la CCSS o cualquiera capaz de leer unos estados financieros porque la información es pública dada la participación de la empresa en la Bolsa Nacional de Valores. Para encontrarla, basta entrar al sitio de La Nación, luego a “información de accionistas”, después a “información financiera” y, por último, escoger el estado de situación financiera. Para pagar la última emisión, que vence en el 2025, faltan ¢9.015 millones. Según Abreu, la compañía ya tiene, entonces, recursos líquidos para cubrir un 72% de la obligación pendiente, a falta de tres años. No obstante, Rodrigo Chaves prosiguió con su respuesta: “Tenemos mucha preocupación de la capacidad de pago que tendría ese medio, que parece muy, muy leve, y, segundo, de algunas acciones contables y desviación de activos o contribución de activos a otros, que debilitan la probabilidad de que el pueblo de Costa Rica, desde nuestro punto de vista, pueda recuperar los recursos que son sustanciosos”. Las infundadas insinuaciones de Chaves, que durante la campaña electoral prometió hacer daño a la empresa por sus informaciones, se refieren a la decisión del grupo empresarial de impulsar un proyecto inmobiliario en una propiedad ubicada en Llorente de Tibás, tal como lo había hecho público la empresa en el 2020 mediante un hecho relevante comunicado a la Sugeval. Abreu relató que el negocio se prepara mediante un codesarrollo utilizando el modelo de fideicomiso junto a la empresa Portafolio Inmobiliario, que ha ejecutado enormes y exitosos proyectos como Avenida Escazú o Escazú Village. En ese modelo de negocio, La Nación S. A. aporta la tierra y la desarrolladora su experiencia en desarrollo inmobiliario. “Venimos valorando el proyecto desde hace muchísimos años y ya, en el 2020, logramos firmar el fideicomiso, que es como marcar la cancha o poner las reglas del juego. En realidad, nosotros no hemos traspasado nuestras propiedades al fideicomiso. El acuerdo que tenemos con Portafolio Inmobiliario es que eso se va a hacer hasta que tengamos todos los permisos y estemos listos para desarrollar”, afirmó Abreu. “Ahora, si la preocupación está por ahí, tenemos muchísimas propiedades. Estamos hablando de cinco hectáreas en Tibás, pero tenemos 35 hectáreas en La Guácima y, en esas 35 hectáreas, tenemos edificios por $30 millones. Estamos hablando de que la deuda restante, ese 28%, podría andar ahorita entre $8 millones y $9 millones, depende del tipo de cambio; entonces, en garantías, tenemos más que suficientes”, acotó el director ejecutivo. Pagos están al día. En la conferencia de prensa, luego de dar su primera respuesta sobre este tema, el presidente Chaves cedió el podio a Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, para que ampliara sobre el tema. El funcionario afirmó que plantearon una consulta a la Sugeval para conocer la realidad financiera de Grupo Nación para afrontar los pagos de las inversiones, programados para 2024 y 2025. A diferencia del mandatario, Ramos afirmó: “De ninguna manera estamos indicando que, a priori, no van a poder repagar; simplemente queremos saber cómo lo van a hacer”. Además, insistió en que los pagos de los intereses están al día. Años atrás, en el 2008, La Nación S. A. colocó otras dos emisiones por ¢5.700 millones que fueron canceladas en su totalidad en el 2015 y el 2017. Solo por intereses, la empresa pagó a los inversionistas ¢13.130 millones por las colocaciones ya canceladas, y ha pagado ¢14.050 millones por las que vencen en 2024 y 2025. Chaves a presidente de la Caja: Usted es muy diplomático Apenas Ramos finalizó su intervención, Chaves retomó el podio e indicó: “Vamos a ver, don Álvaro es muy diplomático”. Enseguida, continuó haciendo su exposición sobre cómo, según él, los repagos de las inversiones están en peligro. Cada vez que el mandatario daba un dato, consultaba al jerarca de la CCSS si este era de acceso público. Durante su intervención, Ramos indicó que “nosotros en la Caja no estamos trabajando con información privada, estamos trabajando con información pública y, a partir de la información pública, no podemos determinar el efecto de este fideicomiso”. Chaves prosiguió: “¿La rentabilidad de La Nación es pública, verdad? Sí, la rentabilidad de La Nación es pública, va en caída libre y eso significa que está incurriendo en pérdidas constantes, constantes, constantes. “Y entonces uno se pregunta, yo no sé, tal vez tengan una varita mágica y logren levantar el flujo de caja. ¿Qué pasa? Es el deber de cuidar la pensión de su abuelita, qué pasa si a La Nación se le ahorca el flujo de caja, y no está la propiedad, porque está en otra parte… esa es la pregunta”. Las propiedades que eventualmente pasarán al fideicomiso para desarrollar el proyecto no se desvanecerán en el aire. La participación de la empresa el fideicomiso estará incorporada a su patrimonio y contribuirá a responder por sus obligaciones. Por otra parte, 1.5 valiosas hectáreas no pasarán al fideicomiso porque en ellas seguirán operando la redacción y el área de producción industrial. Todo eso sin mencionar las 35 hectáreas en La Guácima con sus edificios valorados en $30 millones que, por sí solos, representan varias veces el vencimiento total del 2025 y no solo de la fracción de ese vencimiento que corresponde a los bonos comprados por la Caja. En cuanto a los resultados, Abreu manifestó: “Se habla de que La Nación solo arrastra pérdidas. Es muy importante hacer la distinción entre pérdida contable y generación de flujo de caja. Nosotros estamos arrastrando pérdidas contables, cierto, pero estamos generando flujo de caja. Esto quiere decir que, entre la operación y las inversiones financieras, estamos generando flujo de caja suficiente para pagar la deuda, para pagar todos los intereses, para pagar todas las inversiones y, además, estamos ahorrando para hacerle frente a vencimientos del futuro. Eso se puede ver en nuestros estados financieros que son públicos” El director ejecutivo de Grupo Nación recordó que Parque Viva volvió a tener actividad, a partir de marzo de 2022, después de estar dos años sin eventos producto de la pandemia de coronavirus. Asimismo, recordó que la crisis sanitaria provocó una afectación generalizada en el mundo. Pese a ello, enfatizó, la compañía logró generar flujo de caja. “Los números de este año van a ser mucho mejores que los del año pasado y esa va a ser la tendencia de aquí al 2025″, afirmó. Abreu concluyó invitando a la CCSS a revisar directamente todos los datos y hacer cuantas preguntas estime convenientes a los personeros de la empresa. La Nación recibe regularmente a otros inversionistas y estaría encantada de conversar con los funcionarios de la Caja (…)” (consulta realizada al medio digital La Nación www.nación.com).

8) El 20 de julio de 2022, en conferencia de prensa, el mandatario señaló, entre los motivos para cancelar el plan del tren eléctrico, la existencia de un ramal que pasa por Parque Viva. Expresamente, en dicha ocasión, indicó lo siguiente: “(…) Entendemos que el gran área metropolitana necesita una solución al transporte. Cuando uno ve que a este trencito le tenían un ramal de 150.000 millones de colones al Parque Viva, uno todavía se preocupa más. Entonces todo junto nos dice “esto no va” (…)” (ver prueba).

9) El 3 de agosto de 2022, en conferencia de prensa, el Presidente de la República comparó a los medios de la prensa con ratas y “otras especies de la fauna”. Expresamente, en tal ocasión, dicha autoridad, dirigiéndose a la Ministra de Salud, señaló lo siguiente: “(…) La veo afectada con los medios y la entiendo, pero le voy a ser muy franco, yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie (…) la gente habla de la prensa, eso es como hablar de la fauna, hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves (…) A la especie de prensa que usted está hablando yo no les creo (…) no se moleste con ellos, déjelos que sigan hundiéndose (…)” (consulta realizada al medio de prensa digital CRhoy www.crhoy.com).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por indemostrados los siguientes:

1) Que de previo a entrar en funcionamiento Parque Viva se les haya exigido a sus representantes presentar e implementar un plan que solventara los problemas de índole vial hoy imputados (v.gr. construir –fuera del recinto–, accesos de ingreso o alguno otro de mayor importancia) (los autos).

2) Que se les haya notificado a los representantes de Parque Viva lo dispuesto en los oficios No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SBDRA-DPCAS-D26-0827-2022 de la Dirección de la Fuerza Pública de Alajuela y No. PE- 243-07-2022 de la Presidencia Ejecutiva del INVU (los autos).

IV.- SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La libertad de expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado de Derecho y comprende, tanto la garantía fundamental y universal de manifestar los pensamientos o las opiniones propias, como conocer los de otros. En otros términos, refiere a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente o por escrito. Por esto se dice que la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con una doble dimensión: una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a buscar información y expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. Sobre esta doble dimensión de la libertad bajo estudio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), en el caso Herrera Ulloa vs. el Estado de Costa Rica (sentencia de 2 de julio de 2004), sostuvo lo siguiente:

“(…) 109. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

110. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

111. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención (…)”.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, diciembre 2009), se refirió a este derecho conforme los siguientes términos:

“(…) se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud que acompaña –y caracteriza– a los seres humanos: la virtud única y preciosa de pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir a través de un proceso deliberativo, no solo el modelo de vida que cada uno tiene derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en fin, toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva, depende, fundamentalmente, de que se respete y promueva el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Se trata entonces de un derecho individual sin el cual se estaría negando la primera y más importante de nuestras libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento (…)”.

Nuestra Constitución Política garantiza la libertad de expresión y pensamiento en los artículos 28 y 29, los cuales señalan lo siguiente:

“ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

“ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

En el ámbito internacional, la libertad de expresión ha sido consagrada en diversos instrumentos. En lo que respecta al sistema interamericano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 19 lo siguiente:

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su ordinal 19 señala también:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, consigna lo siguiente:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

En el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”.

Asimismo, instrumentos internacionales de soft law han resguardado esta libertad. Así, la Declaración de Chapultepec (adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994), en su primer principio refiere que:

“1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 período ordinario), dispone lo siguiente:

“1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

En otro contexto, dentro del ordenamiento jurídico europeo, se destaca la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que en su ordinal 10 precisa la titularidad universal de este derecho, conforme los siguientes términos:

“Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

Igualmente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su ordinal 11, cita lo siguiente:

“Artículo 11 Libertad de expresión y de información

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades pœblicas y sin consideración de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

El derecho a la libertad de expresión ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional costarricense. Así, en la Sentencia No. 8196-2000 de las 15:08 hrs. de 13 de septiembre de 2000, el Tribunal Constitucional hizo referencia a las distintas formas en que se puede manifestar la libertad de expresión, conforme los siguientes términos:

“(…) IV.- De la Libertad de Expresión. La doctrina caracteriza a la libertad de expresión como una libertad presupuesto del ejercicio de otras libertades, que opera como legitimadora del funcionamiento del sistema democrático y de la eficacia de sus instituciones y que jurídicamente adopta pluralidad de formas. La vinculación más clara se da con la libertad de pensamiento, que es la condición previa e indispensable para la existencia de la libertad de expresión. En ejercicio de ambas libertades, el individuo puede escoger o elaborar las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le plantea la conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas respuestas sus actos y, comunicar a los demás aquello que considera verdadero, sin censura previa. El ámbito de acción de esas libertades es muy amplio, pues comprende las manifestaciones de los individuos sobre política, religión, ética, técnica, ciencia, arte, economía, etc. La libertad de expresión, entonces, implica la posibilidad de que el sujeto transmita sus pensamientos (ideas, voliciones, sentimientos), y comprende la libertad de creación artística o literaria, la libertad de palabra, la libre expresión cinematográfica y también las manifestaciones vertidas por medio de la prensa escrita, la radio y la televisión, en tanto son medios de difusión de ideas. Así también, de la libertad de expresión se infiere el derecho de dar y recibir información y el derecho a comunicar con propósito diverso ya sea económico, político, recreativo, profesional, etc., sin que se impongan medidas restrictivas que resulten irrazonables. La libertad de expresión no sólo protege al individuo aislado, sino las relaciones entre los miembros de la sociedad y es por ello que tiene una gran trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión pública. Es a su vez presupuesto de la libertad de prensa y de la libertad de información, pues de la libertad de expresión derivaron en sucesión histórica la libertad de prensa (o de escritos periódicos dirigidos al público en general) y la libertad de información, que es como hoy día se denomina a la libertad de expresión concretada en los medios de comunicación social. La libertad de información entonces, comprende la prensa escrita, oral, audiovisual y por su naturaleza, se encuentra relacionada con el derecho de crónica, de crítica, a la industria o comercio de la prensa y al fenómeno de la publicidad. Este aspecto ha adquirido mucha importancia en las últimas décadas, pues debido al alto costo de instalación y mantenimiento de los medios de comunicación colectiva, cuando son propiedad privada sólo pueden subsistir por el uso intensivo de la publicidad. Asimismo, existe el fenómeno del derecho social a la información, que reside precisamente en la comunidad y en cada uno de sus miembros, y que les da la posibilidad de ajustar su conducta a las razones y sentimientos por esa información sugeridos, para la toma de decisiones y a la vez cumple una función de integración, ya que unifica una multitud de opiniones particulares en una gran corriente de opinión, estimulando así la integración social (…)”. (El destacado no forma parte del original).

Asimismo, en ese mismo voto, la Sala Constitucional se pronunció sobre la prohibición de la censura previa, así como a los límites a los que está sometida la libertad bajo estudio:

“(…) V.- Una de las principales garantías que protegen la libertad de expresión es la prohibición de censura previa, ocurriendo así, que cualquier control debe darse a posteriori. Como censura previa entiende esta Sala aquel control, examen o permiso a que se somete una publicación, texto u opinión, con anterioridad a su comunicación al público, mediante el cual se pretende realizar un control preventivo de las manifestaciones hechas por un medio de comunicación colectiva, ya bien sea radiofónico, televisivo o impreso. Este concepto no sólo está plasmado en nuestra Constitución Política en el artículo 29, sino que también se incorporó en el Pacto de San José, cuyo artículo 13 inciso 2, dispone que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar ya sea el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. El artículo 29 de la Constitución Política consagra lo que parte de la doctrina califica como libertad de prensa, mientras que otra señala como libertad de información, y dispone:

"Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca."

La Sala se refirió a este tema en la sentencia No. 1292-90 de las horas del de mil novecientos noventa y dijo:

"La libertad de expresión contenida en el artículo 29 de nuestra Constitución, permite la comunicación de pensamientos de palabra o por escrito y su publicación sin previa censura, garantía que refuerza el artículo 28 del mismo cuerpo normativo al prohibir la persecución por el ejercicio de esa libertad. No obstante, como todo derecho, esa libertad no es absoluta, y tiene su límite, de tal forma que el abuso que se haga de ella hará incurrir en responsabilidad a su autor, según la legislación que rige la materia." (…)

Ahora bien, a pesar de la gran libertad de que goza el individuo para formar opiniones basado en criterios personales y a su vez comunicarlas con toda amplitud, no debe pensarse que el ejercicio de estas libertades no tiene límite alguno, pues la libertad de expresión, al igual que el resto de las libertades públicas no es irrestricta: sus límites vienen dados por el mismo Orden Constitucional, y así lo consideró esta Sala en la sentencia N° 3173-93, al indicar que “II.- Los derechos fundamentales de cada persona, deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros- no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos "moral", concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros-, y "orden público", también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales. VI- No escapa a esta Sala la dificultad de precisar de modo unívoco el concepto de orden público, ni que este concepto puede ser utilizado, tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones en nombre de los intereses colectivos a los derechos. No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, sino también del mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social, conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la seguridad de las personas, de los bienes, la salubridad y la tranquilidad.” Asimismo, en la sentencia N° 3550-92 de las dieciséis horas de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, este Tribunal desarrolló el tema de los límites legítimos a las libertades públicas y se refirió al principio de reserva de ley enfatizando que " solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables (…)”. El destacado no forma parte del original).

Asimismo, más recientemente, en el Voto No. 9512-2020 de las 13:02 hrs. de 22 de mayo de 2022, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“(…) V.- SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS LÍMITES IMPONIBLES.- Este Tribunal ha entendido la libertad de expresión e información tal y como se dispuso en la sentencia No. 8109-98 de las 14:21 horas del 13 de noviembre de 1998, en la que se indicó lo siguiente: “...IV.- El Derecho de Información es aquel que permite a todas las personas recibir información suficientemente amplia sobre determinados hechos y sobre las corrientes de pensamiento y a partir de ellos escoger y formarse sus propias opiniones. Ello se logra a partir de dos vías diferentes: mediante la exposición objetiva de los hechos y por el pluralismo de las corrientes ideológicas. Asimismo, la Libertad de Expresión y de Pensamiento constituye un derecho fundamental que le permite al individuo dentro de un amplio ámbito de libertad, formular criterios personales de lo que éste considere adecuado o no, para responder a determinadas situaciones; permitiendo a la vez, poder comunicar sin censura previa, el resultado de su planteamiento ideológico. Este derecho tiene una gran trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión pública, mediante los aportes intelectuales del individuo que ejerce opiniones o conceptos ya establecidos, o bien criticándolos. El ámbito de libertad es muy amplio, pues en él se comprenden todas las manifestaciones que realizan los individuos sobre política, religión, ética, técnica, ciencia, arte, economía, etc, por lo que de lo anterior se desprende que el ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de Pensamiento excluye la censura previa, ocurriendo que el control existente se da a posteriori y sobre los excesos sujetos al abuso de tales libertades, excluyéndose de tal prohibición los considerados espectáculos públicos.” Aunado a ello, en la misma sentencia se señaló que: “... La libertad de expresión forma parte de la libertad de información y en un Estado de Derecho, implica una ausencia de control por parte de los poderes públicos, y de órganos administrativos al momento de ejercitar ese derecho, lo que quiere decir que no es necesaria autorización alguna para hacer publicaciones, y que no se puede ejercer la censura previa, salvo que este de por medio la salud, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres, como es el caso de los espectáculos públicos. El ejercicio de la libertad de expresión no puede ser ilimitado, ya que de ser así, los medios de comunicación ó cualquier sujeto de derecho, se podría prestar para propagar falsedades, difamar o promover cualquier tipo de desordenes y escándalos. Es por ello que la libertad de información trae implícito un límite, que funciona como una especie de autocontrol para el ciudadano que ejercita ese derecho, en el sentido de que si comete un abuso será responsable de él, en los casos y del modo en que la ley lo establezca. De allí que existan, en nuestro ordenamiento, figuras penales como la injuria, la calumnia o la difamación, que pueden ser la consecuencia de un abuso en el ejercicio del derecho de información. (…)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica, en su sentencia del 2 de julio de 2004, sobre la libertad de expresión, indicó que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. (…)

Ahora bien, la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática, es un tema que como ya se ha mencionado supra, ha sido desarrollado en la Convención Americana, específicamente, en su artículo 13.2, que prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho de libertad de pensamiento y de expresión, no se debe de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de dichos derechos.

Se ha mencionado que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, por lo que se debe escoger aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido.

Además, para que deban justificarse, es necesaria su ponderación sobre la necesidad social del pleno goce del derecho y no limitar el derecho tutelado más allá, de lo estrictamente necesario. Es decir, que la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información (ver en este sentido la Opinión Consultiva OC-5/85). (…)”. (El destacado no forma parte del original).

Por su parte, la Corte IDH en el caso Moya Chacón y otros vs. Costa Rica (sentencia de 23 de mayo de 2022), indicó lo siguiente:

“(…) b.3 Restricciones permitidas a la libertad de expresión y la aplicación de responsabilidades ulteriores en casos que haya afectación de la honra y de la dignidad en asuntos de interés público

71. El Tribunal recuerda que, con carácter general, el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa sino, en todo caso, a responsabilidades ulteriores en casos muy excepcionales y bajo el cumplimiento de una serie de estrictos requisitos. Así, el artículo 13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

72. Respecto a la estricta legalidad, la Corte ha establecido que las restricciones deben estar previamente fijadas en la ley como medio para asegurar que las mismas no queden al arbitrio del poder público. Para esto, la tipificación de la conducta debe ser clara y precisa, más aún si se trata de condenas del orden penal y no del orden civil. Sobre los fines permitidos o legítimos, los mismos están indicados en el referido artículo 13.2 y son (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Asimismo, las restricciones a la libertad de expresión deben ser idóneas, esto es, efectivamente conducentes para alcanzar la finalidad legítimamente permitida. En lo que respecta al análisis de necesidad, el Tribunal ha sostenido que, para que una restricción a la libre expresión sea compatible con la Convención Americana, aquella debe ser necesaria en una sociedad democrática, entendiendo por “necesaria” la existencia de una necesidad social imperiosa que justifique la restricción. En este sentido, la Corte deberá examinar las alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquéllas. Finalmente, en relación con la proporcionalidad de la medida, la Corte ha entendido que las restricciones impuestas sobre el derecho a la libertad de expresión deben ser proporcionales al interés que las justifican y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo goce del derecho. En ese sentido, no es suficiente que tenga una finalidad legítima, sino que la medida en cuestión debe respetar la proporcionalidad al momento de afectar la libertad de expresión. En otras palabras, “en este último paso del análisis se considera si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación”. El Tribunal recuerda que estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

73. En este sentido, la Corte ha establecido que se pueden imponer tales responsabilidades ulteriores en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación. Así, el artículo 11 de la Convención establece, en efecto, que toda persona tiene derecho a la protección de su honra y al reconocimiento de su dignidad. La Corte ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques”. En términos generales, este Tribunal ha indicado que “el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona”. En este sentido, este Tribunal ha sostenido que, “tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, derechos ambos protegidos por la Convención, revisten suma importancia, por lo cual es necesario garantizar ambos derechos, de forma que coexistan de manera armoniosa”. El ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. Por ende, la Corte ha señalado que “la solución del conflicto que se presenta entre ambos derechos requiere de una ponderación entre los mismos, para lo cual deberá examinarse cada caso, conforme a sus características y circunstancias, a fin de apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio”.

74. El Tribunal recuerda a este respecto que, para determinar la convencionalidad de una restricción a la libertad de expresión cuando este colisione con el derecho a la honra, es de vital importancia analizar si las declaraciones efectuadas poseen interés público, toda vez que en estos casos el juzgador debe evaluar con especial cautela la necesidad de limitar la libertad de expresión. En su jurisprudencia, la Corte ha considerado de interés público aquellas opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. Determinar lo anterior tiene consecuencias en el análisis de la convencionalidad de la restricción al derecho a la libertad de expresión, toda vez que las expresiones que versan sobre cuestiones de interés público -como, por ejemplo, las concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores- gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático.

75. Así, la Corte ha señalado que, en una sociedad democrática, aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público están más expuestas al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público y, por tanto, se han expuesto voluntariamente a este escrutinio más exigente. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de las personas participantes en asuntos de interés público no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.

76. Por otro lado, en relación con el carácter necesario y el riguroso análisis de proporcionalidad que debe regir entre la limitación al derecho a la libertad de expresión y la protección del derecho a la honra, se deberá buscar aquella intervención que, siendo la más idónea para restablecer la reputación dañada, contenga, además, un grado mínimo de afectación en el ámbito de la libertad de expresión. A este respecto, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Ahora bien, esto no significa una exigencia estricta de veracidad, por lo menos en lo que hace referencia a cuestiones de interés público, reconociendo como descargo el que la publicación se haga de buena fe o justificadamente y siempre de conformidad con unos estándares mínimos de ética y profesionalidad en la búsqueda de la verdad. Asimismo, el Tribunal advierte que, para que exista el periodismo de investigación en una sociedad democrática, es necesario dejar a los periodistas “espacio para el error”, toda vez que sin ese margen de error no puede existir un periodismo independiente ni la posibilidad, por tanto, del necesario escrutinio democrático que dimana de este.

77. Adicionalmente, la Corte también considera que nadie podrá ser sometido a responsabilidades ulteriores por la difusión de información relacionada con un asunto público y que tenga como base material que es accesible al público o que proviene de fuentes oficiales.

78. Por último, también se debe destacar la necesidad de que, en caso de estimarse adecuado otorgar una reparación a la persona agraviada en su honra, la finalidad de esta no debe ser la de castigar al emisor de la información, sino la de restaurar a la persona afectada. A este respecto, los Estados deben ejercer la máxima cautela al imponer reparaciones, de tal manera que no disuadan a la prensa de participar en la discusión de asuntos de legítimo interés público (…)”.

Aunado a lo anterior cabe destacar que la libertad de expresión, conforme lo dispone el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede ser restringida o coartada a través del uso de medidas o vías indirectas. Sin embargo, este aspecto en particular, será desarrollado más adelante.

V.- EN CUANTO A LA LIBERTAD DE PRENSA COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La libertad de prensa se fundamenta en la libertad de expresión y, al mismo tiempo, es uno de sus vehículos naturales. Es una de las principales y más importantes manifestaciones de la libertad de expresión. La ya citada Declaración de Chapultepec ha sido contundente en el resguardo que merece particularmente la libertad de prensa, por lo que, en su primer principio dispone que “1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

Se trata de un derecho fundamental que defiende que cualquier persona pueda, de una parte, acceder a información y, de otra, difundir esta a través de cualquier medio de expresión, sea medios impresos (publicaciones periodísticas, revistas, folletos, etc.), radio, televisión e, incluso, más modernamente, haciendo uso del internet y de las plataformas digitales, entre otros. Particularmente, esta Sala ha definido este derecho como aquel que tienen los administrados “(…) de buscar y difundir las informaciones y las ideas a un número indeterminado de personas sobre hechos que por su naturaleza son de interés de la generalidad por considerarse noticiosos (...)” (Sentencias Nos. 5977-2006 de las 15:16 hrs. de 3 de mayo de 2006 y 8396-2018 de las 12:40 hrs. de 25 de mayo de 2018).

En virtud de lo anterior, esta libertad permite a las personas la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los cuales tienen el derecho de expresarse libremente, sin censura. Todo esto, además, sin temor a las represalias del Estado o de otras entidades o individuos. La finalidad de este este derecho, es garantizar a la población recibir y difundir una información que no está manipulada ni, tampoco, al servicio de una persona, entidad o interés particular.

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte IDH, al resolver la opinión consultiva No. OC-5/85 sobre la colegiatura obligatoria de periodistas mediante sentencia de 13 de noviembre de 1985, aludió a esta libertad desde el ejercicio periodístico e indicó que:

“(…) 72. (...) La profesión de periodista -lo que hacen los periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención (...)

74. (...) El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado (...)”.

Asimismo, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (sentencia de 2 de julio de 2004), la Corte IDH sostuvo, sobre el rol de los medios de comunicación y el periodismo en relación con la libertad de expresión, lo siguiente:

“(…) 117. Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan.

118. Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de los conocimientos o la capacitación adquiridos en la universidad. Al contrario, los periodistas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicación social. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención.

119. En este sentido, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca. (…)”.(El destacado no forma parte del original).

Más recientemente, en el caso Moya Chacón y otros vs. Costa Rica (sentencia de 23 de mayo de 2022), la Corte IDH reiteró parte de lo anteriormente citado y sostuvo, sobre este mismo tema, lo siguiente:

“(…) b.2 Importancia del rol del periodista en una sociedad democrática

66. La Corte ha destacado que el ejercicio profesional del periodismo “no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”. El Tribunal ha afirmado que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. En efecto, la Corte ha caracterizado los medios de comunicación social como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y, además, ha señalado que “[s]on los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”.

67. El Tribunal recuerda que, para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico, debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. En su informe de 2012 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas se refirió a que las personas que desarrollan una actividad periodística “observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto”. Lo anterior implica que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas de personas que están cumpliendo con su función obstruirá inevitablemente con el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva.

68. Adicionalmente, en el marco de la libertad de información, esta Corte considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes. Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a los periodistas, inclusive en asuntos de interés público. En efecto, dicho Tribunal ha indicado que, aun cuando están amparados bajo la protección de la libertad de expresión, los periodistas deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios de un “periodismo responsable” y ético, lo cual resulta de particular relevancia en una sociedad contemporánea donde los medios no sólo informan sino también pueden sugerir, a través de la manera cómo presentan la información, la forma en que dicha información debe ser entendida.

69. Además, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Por último, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.

70. En el marco de esta protección que deben otorgar los Estados, resulta fundamental la protección de fuentes periodísticas, piedra angular de la libertad de prensa y, en general, de una sociedad democrática, toda vez que permiten a las sociedades beneficiarse del periodismo de investigación con el fin de reforzar la buena gobernanza y el Estado de Derecho. La confidencialidad de las fuentes periodísticas es, por lo tanto, esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público (…)”. (El destacado no forma parte del original).

Así las cosas, la libertad de prensa en relación con la libertad de expresión, hacen referencia al derecho de toda persona, y de los medios de comunicación en particular, a través de sus periodistas, de investigar e informar, sin limitaciones irrazonables o coacciones.