REVISTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Corte Suprema de Justicia

Nro. 5. Noviembre 2023

ISSN: 2215-5724

 

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Nota: Las opiniones expresadas en los artículos que se publiquen son de exclusiva responsabilidad de sus autores o autoras y no reflejan necesariamente la opinión de la Sala Constitucional, de la dirección de la Revista, de las personas integrantes del Consejo Editorial o del Poder Judicial.


 

Índice

 

Presentación. 4

 

Sección I. Doctrina Extranjera.

 

Sobre la reciente jurisprudencia medioambiental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Jaime Rodríguez-Arana. 8

 

Sección II. Doctrina Nacional.

 

La secesión de los Estados Confederados de América. Un breve análisis desde la óptica del derecho constitucional.

Luis Roberto Ardón Acuña. 40

 

Vínculos entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad en Costa Rica: implicaciones, desafíos y disonancias interpretativas. Reflexiones a la luz del artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.

Maricruz Barquero Kepfer y Fernando Castro Padilla. 69

 

 

Presupuestos públicos y constitucionalidad: una perspectiva administrativista de su interacción e impacto.

Rolando Bolaños Garita. 144

 

La paridad horizontal como acción afirmativa en los procesos electorales en Costa Rica. Análisis de cara a los procesos municipales 2024.

José Roberto Garita Navarro. 170

 

Las libertades de expresión y de prensa. Análisis a partir de la jurisprudencia constitucional y convencional.

Alex Rojas Ortega. 203

 

El principio de oralidad en el litigio ante la Sala Constitucional de Costa Rica: el caso del recurso de amparo y de la acción de inconstitucionalidad.

Víctor Edo. Orozco S. 244

 

Sección III. Jurisprudencia.

 

Voto Nro. 2022-025167. 262

Voto Nro. 2023-008843. 658

 


 

Presentación

El número 5 de la Revista de la Sala Constitucional da continuidad al esfuerzo institucional iniciado en el 2019, en procura de facilitar la generación y difusión de doctrina extranjera y nacional y brindar divulgación a las líneas jurisprudenciales y precedentes más significativos de este Tribunal Constitucional.

En esta ocasión, en la sección de doctrina extranjera, se cuenta con el valioso aporte de don Jaime Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo y director del grupo de investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, así como presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, quien suscribe el artículo titulado “Sobre la reciente jurisprudencia medioambiental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

En la sección de doctrina nacional se ofrecen los siguientes artículos:   

·         Luis Roberto Ardón Acuña, secretario de la Sala Constitucional y coordinador de la Oficina de Presidencia de este tribunal, escribe sobre “La secesión de los Estados Confederados de América. Un breve análisis desde la óptica del derecho constitucional”, en el que se desarrolla un tema de particular interés histórico en materia constitucional.

 

·         Maricruz Barquero Kepfer y Fernando Castro Padilla, letrados ambos de esta Sala Constitucional, analizan los retos que puede generar la implementación del control de convencionalidad en el ámbito interno de los distintos Estados, en el marco de los respectivos sistemas nacionales de justicia constitucional –con especial énfasis en el caso costarricense–, en su artículo “Vínculos entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad en Costa Rica: implicaciones, desafíos y disonancias interpretativas. Reflexiones a la luz del artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.”

 

·         Rolando Bolaños Garita, investigador universitario, expone diversos elementos históricos, políticos, jurisprudenciales y técnicos relacionados con el presupuesto público y que se relacionan con su comprensión como dispositivo para el ejercicio de la dirección gubernativa del Poder Ejecutivo, en “Presupuestos públicos y constitucionalidad: una perspectiva administrativista de su interacción e impacto”.

 

·         José Roberto Garita Navarro, magistrado suplente de la Sala Constitucional, en su artículo “La paridad horizontal como acción afirmativa en los procesos electorales en Costa Rica. Análisis de cara a los procesos municipales 2024”, examina los principales criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional emitidos con ocasión de los comicios municipales a celebrarse en febrero de 2024, en relación con la legitimidad de la norma limitativa de la reelección municipal, la posibilidad de control constitucional de los criterios reiterados del Tribunal Supremo de Elecciones y el impacto de la paridad horizontal en tales elecciones.

 

·         Alex Rojas Ortega suscribe “Las libertades de expresión y de prensa. Análisis a partir de la jurisprudencia constitucional y convencional”, en el que ofrece un análisis de tales libertades, tanto desde el punto de vista de su contenido, como de sus caracteres y alcances, a partir de los criterios emitidos por la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

·         Víctor Edo. Orozco S., coordinador de la Maestría Profesional en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica, nos explica sobre la implementación del principio de oralidad en el litigio ante la Sala Constitucional de Costa Rica, particularmente, respecto del recurso de amparo y de los procesos de control de constitucionalidad, en “El principio de oralidad en el litigio ante la Sala Constitucional de Costa Rica: el caso del recurso de amparo y de la acción de inconstitucionalidad”.

En la sección de jurisprudencia se transcriben dos pronunciamientos relevantes de esta Sala:

·         El primero (voto nro. 2022-025167), relacionado con la orden sanitaria nro. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022, en la que se dispuso la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva (adquirido por el Grupo Nación S.A.). La parte recurrente adujo una violación indirecta a la libertad de expresión, en tanto acusó que tal cierre suponía un acto arbitrario y carente de todo sustento y obedecía a la materialización de las amenazas giradas semanas antes, públicamente, por el Presidente de la República en contra del Diario La Nación. En esta sentencia se incluye un extenso análisis sobre el contenido e implicaciones de las libertades de expresión y prensa y sobre sus restricciones por vías o medios indirectos.

 

·         En el segundo (voto nro. 2023-008843), se desarrollan los principios del doble conforme y de favorabilidad en materia penal, con ocasión de la reforma el artículo 466 bis del Código Procesal Penal, mediante la Ley nro. 10200 de 5 de mayo de 2022.

Finalmente, el Consejo Editorial desea agradecer a las personas autoras de los artículos y a los miembros del grupo de revisores de la revista, pues su aporte y esfuerzo han hecho posible la publicación de este número.


 

 

 

 

Doctrina Extranjera


Sobre la reciente jurisprudencia medioambiental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Jaime Rodríguez-Arana*

 

Resumen:

Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han emitido importantes criterios jurisprudenciales en aras de la salvaguarda del medio ambiente. En este artículo se exponen sus avances jurisprudenciales más recientes.

 

Palabras clave:

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia. Salvaguarda del medio ambiente.

 

Abstract:

Both the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights have issued important jurisprudential criteria in order to safeguard the environment. This article presents its most recent jurisprudential advances.

 

 

Keywords:

Court of Justice of the European Union. European Court of Human Rights. Jurisprudence. Safeguarding the environment.


 

SUMARIO: 1.- Normativa aplicable. 2.- Derecho de la Unión Europa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 3.- Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 4.- Reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

 

1.- Normativa aplicable.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[1], la Unión Europea es competente para actuar en todos los ámbitos de la política de medio ambiente, como la contaminación del aire y el agua, la gestión de residuos y el cambio climático.

La política medioambiental europea se funda, como es bien sabido, en los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente, así como en el principio de que «quien contamina paga», expresión de ese viejo y actual principio de quien ocasiona un daño está obligado a repararlo.

Los programas de acción plurianuales en materia de medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente y se integran en estrategias horizontales, siendo tenidas en cuenta en las negociaciones internacionales en materia de medio ambiente.

La política de medio ambiente ha pasado a ocupar recientemente un papel central en la elaboración de políticas de la Unión, y la Comisión ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo (2019), el principal impulsor de su estrategia de crecimiento económico.

El ámbito de actuación de esta política se ve limitado por el principio de subsidiariedad y por el requisito de unanimidad en el Consejo en los ámbitos de asuntos fiscales, ordenación territorial, utilización del suelo, gestión cuantitativa de los recursos hídricos, elección de fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético. Una síntesis de la normativa europea sobre medio ambiente puede consultarse en EUR-Lex[2].

En relación con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[3], el reconocimiento de un derecho a la calidad de vida ambiental es fruto de la labor jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante la interpretación “dinámica” o “evolutiva” del artículo 8.1 del Convenio, cuya aplicación ha determinado el reconocimiento de obligaciones protectoras relacionadas con la contaminación ambiental.

A favor de esta interpretación ha jugado un importante papel la amplitud del concepto de “vida privada”, que se ha interpretado como el derecho “a desarrollar una vida privada normal” mediante el reconocimiento jurisprudencial de un derecho a la calidad de vida ambiental.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos iniciada con los casos Powell y Rayner c. Reino Unido, de 21 de febrero de 1990, y, sobre todo, López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994, declara que los atentados contra el medio ambiente pueden llegar a afectar al artículo 8 del convenio, al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, perjudicando su vida privada y familiar, sin, por ello, poner en grave peligro la salud de la interesada”; protegiendo como nuevo bien jurídico la calidad de vida ambiental.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha aplicado cuando la salvaguarda del medio ambiente se encuentra estrechamente vinculada a la protección de un derecho fundamental recogido en el Convenio, como es el caso del derecho al respeto de la vida privada y familiar y el domicilio. Igualmente, en supuestos en los que, en aras de la salvaguarda del medio ambiente, se legitima una injerencia en alguno de los derechos fundamentales del Convenio, en particular, el derecho a la propiedad privada.

Los últimos avances jurisprudenciales siguen esta línea, teniendo en cuenta que la protección del medio ambiente es siempre indirecta y sólo es tenida en cuenta en la medida que afecte directamente los derechos subjetivos protegidos por el Convenio Europeo. Como es sabido, reconociéndose una necesidad creciente de darle una mayor cabida al medio ambiente en este sistema de salvaguarda de derechos humanos.

Esta sensibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha conducido a la publicación de la Guía sobre la Jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos en Medioambiente[4], actualizada al 31 de agosto de 2021, esencial para profundizar en el estudio de la jurisprudencia revisada en esta nota.

En efecto, el 27 de septiembre de 2022 mediante la Recomendación sobre derechos humanos y protección del medioambiente[5], el Consejo de Europa reclama a sus cuarenta y seis Estados miembros que consideren reconocer, a nivel nacional, el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano.

 

2.- Derecho de la Unión Europa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son instituciones jurídica y competencialmente diferentes, como el Consejo de Europa y la Unión Europea. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años ha acogido y hecho propios, en ciertos casos, conceptos jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por ejemplo, los criterios de independencia judicial del TEDH se han aplicado de forma expresa por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al caso de Polonia).

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido en cuenta la normativa de la Unión Europea –y las funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente, en marzo de 2022 el TEDH dedicó una de sus habituales y utilísimas «guías» orientativas sobre jurisprudencia temática a un tema hasta ahora no recogido en ninguna «guía»: «Droit de lUE dans la jurisprudence de la CEDH»[6]

La introducción de esta guía explica que 27 Estados parte de la Convención son también miembros de la Unión Europea y han transferido a ésta determinadas competencias, que la Unión Europea como tal no es parte de la Convención y que en ocasiones ante el TEDH se plantean solicitudes que cuestionan directa o indirectamente medidas de la Unión Europea o medidas nacionales dictadas en aplicación del Derecho de la Unión. El papel del TEDH es determinar si los efectos de las decisiones en un caso específico son compatibles con la Convención.

La «guía» incluye un capítulo III sobre la larga lista de casos en los que la jurisprudencia del TEDH ha incluido referencias al Derecho UE; entre otras materias, la protección del medio ambiente. Y para ello se tiene en cuenta, por ejemplo, el llamado «principio de presunción de protección equivalente», que se aplica con determinados requisitos que resume la guía en parágrafos 17 y siguientes, partiendo de que la protección de los derechos humanos es un «pilar» de la Unión Europea y que se presume que la Unión Europea ofrece protección equivalente a la de la Convención.

En este sentido, se debe resaltar la obligación de motivar la negativa a plantear una cuestión prejudicial por un tribunal nacional, en relación con el artículo 6 de la Convención, derecho al acceso a los tribunales. La Convención no garantiza que se conceda por un tribunal nacional el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE, pero sí que se motive la denegación, con determinados requisitos y de manera no formularia, en función de las circunstancias concretas y si la cuestión prejudicial hubiera tenido impacto en el litigio.

 

3.- Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).[7]

Entre la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podemos destacar como más relevante la referida a la delimitación del derecho de acceso a la información y a la Justicia en materia de medio ambiente, con una interpretación restrictiva del concepto de “público interesado” o el recordatorio de que las excepciones al acceso han de ser siempre restringidas; una interpretación amplia y proteccionista de los “lugares de reproducción y descanso” de la Directiva sobre los hábitats y la aplicación del principio de cautela para aplicar una protección rigurosa de las especies; o sobre la imposición de las energías renovables al gravar su producción de la misma forma que el resto.

En este sentido, podemos reseñar la reciente sentencia del 25 mayo de este año 2023[8], sobre cuestión prejudicial de interpretación en relación con la Directiva 2011/92, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (arts. 4; 2; 11; y anexo III).

En este caso, el juez remitente quería saber, en síntesis, si en el caso de que un Estado haya optado por supeditar la procedencia de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos a umbrales o criterios de sujeción debe exigirse, además, un estudio individualizado en los casos en que, pese a incumplirse aquéllos, el Proyecto puede tener efectos ambientales significativos.

El Tribunal de Justicia, tras analizar las previsiones de la Directiva 2001/42 a la luz de su jurisprudencia consolidada, considera incompatible con la misma una normativa interna que solo prevea, como criterio determinante de la necesidad de someter un Proyecto de urbanización a evaluación ambiental previa, el cumplimiento de umbrales como los previstos en Austria. En la misma línea, la sentencia entiende que en caso de que deba realizarse un análisis casuístico de la posibilidad de que un proyecto tenga efectos ambientales significativos deben tenerse en cuenta todos los criterios del anexo III de dicha Directiva.

Según el Tribunal, de otra parte, la decisión sobre el sometimiento a evaluación ambiental del Proyecto tras el estudio casuístico previsto en la Directiva puede corresponder a un órgano jurisdiccional siempre que el «público interesado» pueda impugnar la legalidad de dicha decisión.

Por último, la Sentencia establece que no cabe conceder licencias de obras para proyectos individuales inscritos en el marco de proyectos de urbanización más amplios antes de realizar la preceptiva evaluación de impacto ambiental o durante esta, o antes de que finalice un estudio caso por caso de los efectos ambientales para determinar si tal evaluación es necesaria.

El 20 de abril de este año 2023[9] fue dictada la Sentencia sobre cuestión prejudicial de interpretación, sobre la Directiva 2009/28/UE, de fomento de las energías renovables (art. 16.2, letra c); cuestión a la volveremos más adelante.

El Tribunal remitente quería saber si la Directiva limita el acceso prioritario a la red eléctrica a las instalaciones que generan electricidad utilizando solo  fuentes de energía renovables; o, también se proyecta sobre las que utilizan, además, fuentes convencionales; y, si dicho acceso prioritario, en el caso de una instalación que utiliza ambos tipos de fuentes (renovables y convencionales) se proyecta solo sobre la electricidad generada a partir de fuentes renovables; y, en caso, afirmativo, las modalidades de aplicación.

El Tribunal, tras analizar las previsiones de la Directiva, concluye que la prioridad de acceso a la red eléctrica se proyecta sobre las instalaciones que generan electricidad a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales, aunque establece, en segundo lugar, que sólo la electricidad verde debe disfrutar de tal prioridad. En este sentido, los Estados deben establecer los criterios determinantes del orden de acceso de las instalaciones a la red según la cuota de fuentes renovables que utilicen.

Igualmente, el 9 de marzo de este 2023[10], en sentencia del Tribunal en cuestión prejudicial de interpretación, en relación con las Directivas 2010/75/UE, de emisiones industriales (arts. 15.4 y 18); y, 2008/50/UE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (arts. 13 y 23), señala que las excepciones puntuales concedidas en los permisos al cumplimiento de los valores límite de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles deben tener en cuenta las normas de calidad ambiental y no pueden concederse si en la zona se vulneran dichas normas. La concesión de dichas excepciones debe considerar la contaminación de la zona y denegarse si puede superar las previsiones de calidad del aire de la Directiva 2008/50 o de los planes adoptados para cumplirlas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a diversos Estados miembros por diversos incumplimientos como, por ejemplo, de la Directiva de tratamiento de las aguas residuales. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha caracterizado por garantizar la adecuada interpretación de las normas, así como su aplicación homogénea en todos los Estados miembros, además de supervisar su cumplimento.

Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe garantizar la adecuada interpretación de las normas, así como su aplicación homogénea en todos los Estados miembros. Esta función es muy relevante, máxime si se considera que los objetivos de protección deben establecerse de forma similar en todos los Estados miembros y, en coherencia, las medidas para lograr su consecución serán también similares. Por otro lado, el Tribunal debe supervisar el cumplimento por parte de todos los Estados miembros de las normas establecidas para el interés general.

La gran mayoría de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia son resultado del planteamiento de peticiones de decisión prejudicial por los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la validez o interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión y la adecuación de su ordenamiento jurídico interno a las previsiones de la normativa europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Junto a ellas, el Tribunal de Justicia resuelve procedimientos de infracción incoados por la Comisión al estimar que determinados Estados miembros habían incumplido con las obligaciones derivadas de los Tratados, haber emitido un dictamen motivado al respecto y ofrecerles la posibilidad de presentar sus observaciones. El recurso al Tribunal, tal y como se establece en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es la última vía, aplicable cuando esos Estados no se atengan al dictamen en el plazo previsto por la Comisión.

Así, una de las condenas ha recaído sobre el Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

En la sentencia del C-125/20, Comisión / España, 22 de diciembre de 2022, se revisa la aplicación de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con su anexo XI sobre valores límite para la protección de la salud humana y su anexo XV sobre información, que debe incluirse en los planes de calidad del aire locales, regionales o nacionales de mejora de la calidad del aire ambiente.

Resuelve el recurso de la Comisión Europea contra España por incumplimiento de las obligaciones sobre valores límite fijados para el dióxido de nitrógeno (NO2) en las áreas de Madrid y Barcelona. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata que, entre 2010 y 2018, tanto las áreas de Madrid como Barcelona superaron, de forma sistemática y continuada, los valores límite marcados de NO2, y que, con arreglo a la Directiva 2008/50, España no había ejecutado medidas adecuadas y eficaces para que el período de superación de los valores límite fijados para el NO2 por la Directiva fuera “lo más breve posible”.

La decisión explica que el artículo 23 de la Directiva 2008/50 establece una relación directa entre, por una parte, la superación de los valores límite fijados para el NO2 (artículo 13.1 de la Directiva, en relación con su anexo XI) y, por otra parte, la elaboración de planes de calidad del aire, que deben ser adoptados sobre la base del equilibrio entre el objeto de reducción del riesgo y los diferentes intereses públicos y privados en juego. Así, si bien los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación para determinar las medidas que han de adoptarse, estas deben, en cualquier caso, permitir que el período de superación de los valores límite fijados para el contaminante en cuestión sea lo más breve posible.

El Tribunal de Justicia señala que, a fecha de que expirara el plazo (16 de abril de 2017) para adoptar los planes a los que obligaba la Directiva, España no había puesto en marcha ningún plan de calidad del aire, si bien matiza que el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección especial del ambiente atmosférico del área de Barcelona estaba en vigor. El tribunal observa que la exigencia de la Directiva 2008/50 es más estricta que la que se aplicaba durante la vigencia de la Directiva 96/62, la cual se limitaba a imponer a los Estados miembros la obligación de adoptar, en un plazo razonable, medidas destinadas a conformar la calidad del aire a los valores límite fijados para los contaminantes de que se tratasen. Seguidamente añade que algunas de las medidas previstas con posterioridad por las autoridades españolas no son lo suficientemente concretas, ya que aluden simplemente al refuerzo del transporte público, la promoción de vehículos limpios y sostenibles, la promoción de la red de recarga eléctrica, medidas fiscales o incluso la promoción de los desplazamientos a pie y en bicicleta para la movilidad diaria. Ante la alegación de los Estados sobre el reto socioeconómico que supone mantenerse dentro de los límites, el tribunal repite que las dificultades estructurales vinculadas al reto socioeconómico y presupuestario no revisten, en sí mismas, carácter excepcional, y no excluyen la posibilidad de establecer plazos más breves.

Esta condena contra España por el incumplimiento de la directiva de calidad del aire se suma a las previamente dictadas por el Tribunal de Justicia contra Alemania, Italia y Francia (véase: C-635/18, Comisión / Alemania, 3 de junio de 2021; C-573/19, Comisión / Italia, 12 de mayo de 2022; C-636/18, Comisión / Francia, 24 de octubre de 2019).

Como vemos, se han resuelto procedimientos de infracción sobre la aplicación de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (en adelante, Directiva de calidad del aire). Además, el Tribunal de Justicia resuelve recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recursos de anulación con fundamento en el artículo 263 del TFUE.

Por otra parte, la sentencia del C-525/20, Association France Nature Environnement c. Premier Ministre y Ministre de la Transition écologique et solidaire, 5 de mayo de 2022, que revisa la aplicación del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas en relación con normativa nacional que prevé que, para apreciar la compatibilidad de los programas y decisiones administrativas adoptados en el ámbito de la política de aguas para prevenir el deterioro de la calidad de las aguas, “no se tendrán en cuenta las repercusiones temporales de corta duración y sin consecuencias a largo plazo”.

En principio, el art. 4.1.a), inciso i) de la Directiva 2000/60 obliga a los Estados miembros a aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de las excepciones que se permiten en los apartados 6 a 8 de ese mismo artículo. Se trata de una obligación vinculante que afecta a los concretos proyectos que se lleven a cabo. La obligación de prevenir el deterioro es vinculante en cada una de las etapas de aplicación de la Directiva 2000/60 y es aplicable a cualquier tipo y estado de masa de agua superficial para el que se adopte un plan hidrológico. Cuando un proyecto pueda deteriorar el estado de una masa de agua o comprometer el logro de un buen estado, se debe denegar la autorización salvo que el proyecto se pueda escoger a alguna excepción de las contempladas en el art. 4.7 de la Directiva.

El concepto de “deterioro del estado” de una masa de agua superficial no se define en la Directiva. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que se debe considerar que existe deterioro cuando el estado de al menos uno de los indicadores de calidad del anexo V de la Directiva descienda a la clase inferior, aun cuando la masa de agua en su conjunto no pase a una clase inferior. Si el indicador afectado ya se encuentra en la clase más baja, cualquier descenso que experimente supondrá también un deterioro del estado de la masa de agua.

La disposición nacional controvertida permite la autorización de proyectos que tengan solamente repercusiones temporales en el estado de una masa de agua superficial, sin que sea necesario comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse a una de las excepciones contempladas en el art. 4.7 de la Directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que, de acuerdo con el art. 4.1, los Estados no están necesariamente obligados a tener en cuenta repercusiones sobre el estado de la masa de agua que apenas tengan incidencia ni impliquen su deterioro. Sin embargo, la situación es distinta cuando se produce un deterioro, aunque sea de carácter temporal. El art. 4.1, en relación con el 4.6, implica la obligación de prevenir deterioros temporales del estado de las masas de agua. Además, el art. 1.a) fija como objetivo de la directiva la protección de las aguas frente a “todo” deterioro adicional. La obligación de prevenir el deterioro es autónoma, y no solamente un instrumento al servicio de la obligación de mejora del estado de las masas de agua.

Los apartados 6 y 7 del art. 4 solo autorizan el deterioro de una masa de agua en condiciones muy estrictas. El umbral a partir del cual se declara el incumplimiento de la obligación de prevenir el deterioro debe ser lo más bajo posible. En definitiva, la Directiva y el art. 192 TFUE, del que trae causa, quieren que se evite todo deterioro del estado de una masa de agua, aunque sea temporal. Un proyecto que cause este tipo de deterioro solo se podrá autorizar si cumple con los requisitos que impone el art. 4.7 de la Directiva.

La sentencia del C-300/20, Bund Naturschutz in Bayern contra Landkreis Rosenheim, 22 de febrero de 2022, revisa la aplicación del artículo 3, apartados 2, letra a), y 4, de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente en relación con una ordenanza relativa a un área de protección paisajística, que redujo el área protegida, realizada sin evaluación de impacto ambiental previa y sin un examen para determinar si la ordenanza podía tener efectos medioambientales significativos.

El Tribunal de Justicia determina que una ordenanza como la del litigio principal, que establece prohibiciones generales y somete actividades a autorización, sí se puede calificar como “plan o programa” en el sentido del art. 2.a) de la Directiva 2001/42, aunque se trate de una normativa de carácter general y abstracto, con prescripciones para un número indeterminado de situaciones. Precisamente el grado de abstracción y la persecución de un objetivo de transformación de una zona geográfica ilustran la dimensión programática y planificadora de un instrumento de ese carácter.

Teniendo en cuenta el objetivo de la Directiva (garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente), las disposiciones que contienen definiciones de los actos a los que se refiere, y que delimitan así su ámbito de aplicación, se deben interpretar en sentido amplio. De acuerdo con el art. 3.2.a), se deben someter a evaluación de impacto ambiental todos los planes y programas que se elaboren con respecto de los sectores mencionados en la propia disposición y que, además, establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 2011/92.

Los sectores son: la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo. Estos dos últimos sectores no se limitan a la división del territorio en zonas y la definición de actividades permitidas en cada una de ellas, sino que tienen un alcance más amplio. Un plan o programa se considerará incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva cuando se refiera o trate de uno de estos sectores. El hecho de que el objetivo principal de un plan o programa sea la protección del medio ambiente o el paisaje no excluye que trate o se refiera a alguno de los sectores enumerados.

En cuanto al requisito de la autorización de proyectos, por “proyectos” se entiende obras o intervenciones que modifiquen la realidad física del lugar, tal y como se definen en el art. 1.2.a) de la Directiva 2011/92 y se especifica en sus anexos I y II. Un “marco para la autorización en el futuro de proyectos” supone un conjunto de criterios y condiciones para la autorización y ejecución de uno o varios proyectos, en particular respecto a la ubicación, las características, dimensiones y condiciones de funcionamiento, que defina reglas y procedimientos de control aplicables.

Por tanto, para considerarse incluido en el art. 3.2 de la Directiva 2001/42, un plan o programa deberá establecer todos estos aspectos y si lo hace, deberá someterse a evaluación de impacto ambiental. Pero si no establece normas suficientemente detalladas sobre el contenido, la elaboración y la ejecución de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 2011/92, el plan o programa no se considerará incluido en el art. 3.2.a) de la Directiva 2001/42 y no precisará de evaluación de impacto ambiental. Tampoco se considerará incluido en el artículo 3.4 de la misma Directiva, de manera que no estará sujeto a la obligación de determinar si el plan o programa en cuestión puede tener efectos medioambientales significativos.

Junto a un amplio número de resoluciones en relación a la gestión y tratamiento de los residuos, hay que tener en cuenta las resoluciones que se refieren a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (en adelante Directiva de gases de efecto invernadero o GEI).

Estas resoluciones aclaran determinados conceptos clave para su aplicación, tales como la “potencia nominal” frente a la “potencia efectiva” de una instalación si la restricción efectuada en la misma es permanente y verificable; el alcance y relación de los términos “combustión” y “combustible” con la regla de agregación; la definición de instalación” y su “titular” en relación a la actualización del permiso de emisión GEI, o el régimen de los gases de efecto invernadero fluorados.

El Tribunal de Justicia también ha revisado la aplicación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005. Vinculada con ellas se puede mencionar una sentencia sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Mediante T-371/20 y T-554/20, Pollinis Francia / Comisión de 14 de septiembre de 2022, se revisó la aplicación del artículo 4.3 del Reglamento n.° 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y, en concreto, dos decisiones de la Comisión Europea para denegar el acceso a determinados documentos relativos al documento de orientación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la evaluación de los riesgos de los productos fitosanitarios para las abejas, adoptado en 2013, bajo el pretexto de la protección del proceso decisorio y la privacidad.

Entre 2018 y 2020, la ONG francesa dedicada a combatir la extinción de las abejas y otros insectos polinizadores, Pollinis, había dirigido a la Comisión Europea repetidas solicitudes de acceso a documentos referidos a las llamadas “pruebas de abejas”, protocolos científicos para evaluar mejor la toxicidad de los pesticidas sobre los polinizadores antes de ponerlos en el mercado. La Comisión Europea denegó el acceso a los documentos sobre la base de la excepción para la protección de la privacidad y la integridad individual y la excepción para la protección del proceso decisorio garantizados bajo el artículo 4.1.b y 4.3 del Reglamento n.° 1049/2001.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata que la excepción para la protección del proceso decisorio no es aplicable a los documentos solicitados porque el proceso decisorio sobre estos documentos había concluido al momento de la solicitud de información. La decisión observa que los documentos de referencia de 2013 estaban en proceso de revisión a petición de la Comisión Europea, pero que dicha revisión no constituía un proceso decisorio al carecer de objeto. La falta de objeto del proceso decisorio se explica porque, al estar la revisión en curso, era imposible establecer el contenido de cualquier documento revisado, la posible forma de la adopción o el procedimiento a seguir para ello.

Además, el Tribunal de la Unión Europea aclara su posición sobre el hipotético caso de que en efecto existiera dicho proceso decisorio. Al respecto, el mismo Tribunal declara que la legislación europea en materia de acceso a los documentos no justifica que las instituciones de la Unión Europea nieguen, por principio, el acceso a documentos sobre deliberaciones que reflejen la posición individual expresada por los Estados miembros. La decisión añade que lo anterior no obsta a las instituciones de la UE para que puedan denegar el acceso a los documentos que recojan la posición individual de los Estados miembros como parte de un proceso decisorio, en casos debidamente justificados, donde la revelación pudiera perjudicar los intereses protegidos por las excepciones del Reglamento n.° 1049/2001.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda el derecho al acceso público de los documentos institucionales garantizado por el Reglamento n.° 1049/2001 (así como por el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), que recoge el deseo de crear una Unión donde las decisiones se adoptan de la manera más abierta y más cercana a la ciudadanía que sea posible, y que ese derecho está vinculado a la naturaleza democrática de las instituciones de la Unión Europea. Por ello, este derecho se debe entender de la manera más amplia posible y cualquiera de las excepciones a dicho derecho se deben interpretar y aplicar en sentido estricto.

Precisamente, en relación con el acceso a la justicia recordamos que, por ejemplo, en el proceso contencioso-administrativo medioambiental español, se resalta el problema en torno a la adopción de medidas cautelares y los gastos que se exigen a modo de caución o garantía. Este depósito tiene el objetivo de hacer frente a los posibles perjuicios derivados de la imposición de medidas cautelares; sin embargo, en muchas ocasiones alcanza un coste muy alto, lo cual supone un gran impedimento en el acceso a la justicia cautelar ambiental, pues las cantidades son en muchas ocasiones inasumibles para entidades sin ánimo de lucro y particulares.

En efecto, en España, el art. 133.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa establece que la cuantía deberá ser suficiente para contrarrestar los perjuicios derivados de la medida cautelar, pero en los últimos años se ha ido afianzando una corriente jurisprudencial por la que se acuerdan medidas cautelares sin necesidad de prestar caución, o imponiendo cauciones de importe meramente simbólico” (Estudio sobre acceso a la justicia en materia medioambiental en cumplimiento de la decisión IV/9(F) de la reunión de las partes del Convenio de Aarhus. Pgs. 22 a 25). Efectivamente, las Partes del Convenio de Aarhus establecieron en su artículo 9.4 que los recursos en materia de medio ambiente debían incluir la posibilidad de adoptar medidas cautelares (injunctive relief, en el texto original del Convenio en inglés) suficientes y efectivas, que deben ser objetivas, equitativas y rápidas, sin que su coste sea prohibitivo.

Otro ámbito en el que se ha pronunciado el Alto Tribunal es el referido a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, evidenciando la interconexión existente entre las normas que regulan el medio ambiente.

Por ello, en estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza diversas normas aplicables a un mismo supuesto, aplicando sistemáticamente con la anterior, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres; la Directiva marco de aguas mencionada anteriormente, y el Reglamento (CE) n.° 1120/2009 de la Comisión de 29 de octubre de 2009 que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento (CE) núm. 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (en adelante, PAC).

En este ámbito, el Tribunal sigue con su estela tradicional de interpretaciones proteccionistas vinculadas al principio de cautela y orientadas a lograr una mejor protección del medio ambiente y recuerda, para ello, resoluciones previamente emitidas en este sentido. Así sucede, por ejemplo, con el carácter amplio otorgado a los “lugares de reproducción”, los cuales incluyen las inmediaciones necesarias para que la especie se reproduzca con éxito, una acepción dilatada del alcance temporal de la protección de los lugares de reproducción e incluso los lugares que ya no están ocupados, si existe una probabilidad suficientemente elevada de que la especie retorne a ellos.

En la sentencia del C-873/19, Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland, 8 de noviembre de 2022, que revisa la aplicación del art. 9.3 del Convenio sobre Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (acceso a la justicia), aplicable a la UE mediante Reglamento (CE) n.° 1367/2006 y del Artículo 47.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial); así como el art. 5.2.a. del Reglamento (CE) n.° 715/2007 sobre homologación de tipo de los vehículos comerciales ligeros y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, se declaró que una asociación de defensa del medio ambiente goza de legitimidad para impugnar una resolución administrativa por la que se concede o se modifica una homologación que pudiera ser contraria al Reglamento n.°  715/2007, en el caso de determinados vehículos fabricados por Volkswagen AG con uso de un programa informático que reduce la recirculación de los gases contaminantes en función de la temperatura exterior.

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aporta claridad sobre los derechos que tienen las asociaciones de defensa del medio ambiente para plantear procedimientos legales ante tribunales nacionales para recurrir posibles violaciones por el Estado del Derecho medioambiental de la UE. El Tribunal europeo comienza por constatar que la resolución objeto de conflicto forma parte del derecho medioambiental en el sentido del Convenio de Aarhus. Para ello, establece que, aunque el Reglamento n.° 715/2007 fuera adoptado bajo el fundamento de una provisión sobre el establecimiento y funcionamiento del mercado interior (artículo 95 CE, actualmente artículo 114 TFUE), ello no desvirtúa su objetivo medioambiental. El tribunal hace uso del documento explicativo “Convenio de Aarhus, guía de aplicación publicado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa para confirmar que el objeto del conflicto se integra dentro de la expresión “disposiciones del derecho medioambiental nacionaldel Convenio de Aarhus.

En lo que respecta a la legitimidad para plantear recursos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que, bajo los criterios del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus (acceso a la justicia), los Estados, a través del Derecho interno, tienen la facultad de delimitar los titulares del derecho de iniciar procedimientos administrativos o judiciales, pero no así la facultad para determinar el objeto del recurso, que no es sino la vulneración de las disposiciones del Derecho medioambiental nacional, tal y como se contempla en el mencionado artículo 9.3 del Convenio de Aarhus. Por ello, se deduce que los Estados miembros no pueden reducir el ámbito de aplicación material del citado artículo 9.3, blindando a efectos de un recurso determinadas categorías de disposiciones del Derecho medioambiental nacional.

Es más, el Tribunal aclara que, cuando un Estado miembro establece normas de tipo procedimental internas para delimitar el grupo de personas titulares con derecho a interponer un recurso en materia ambiental, ese Estado miembro está aplicando el Derecho de la Unión (en el sentido del artículo 51.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), y, por tanto, debe garantizar, en particular, el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. Ante posibles dudas sobre si se aplica o no el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus, y partiendo de la base de que la UE ha ratificado el Convenio de Aarhus, el tribunal se declara a favor de su aplicación acogiéndose, por un lado, a que la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión exige dar al Derecho nacional una interpretación conforme con las exigencias de tales acuerdos y, por otro lado, que la tutela judicial efectiva está garantizada por el artículo 47 de la Carta.

De este modo, el Tribunal declara que las normas procedimentales alemanas son contrarias al acceso a la justicia contemplado por el Convenio de Aarhus, al negar a las asociaciones de defensa del medio ambiente el ejercicio del derecho de recurso contra una resolución por la que se concede o se modifica la homologación de tipo de los vehículos comerciales ligeros. Asimismo, dichas normas suponen una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, sin que dicha limitación esté justificada.

Sobre la calidad del aire, se han sentenciado condenas por no haber adoptado en tiempo y con la eficacia necesaria los planes necesarios para reducir la contaminación del aire, conforme a lo establecido en los artículos 13.1 y 23.1 de la Directiva. Así, por la superación sistemática y persistente de los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2) en dieciséis zonas y aglomeraciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (C-664/18, ECLI:EU:C:2021:171, de 4 de marzo de 2021) y en 26 zonas y aglomeraciones de la República Federal de Alemania (C-635/18, ECLI:EU:C:2021:437, de 3 de junio de 2021); y de micro-partículas PM10, en relación al NO2, en las regiones de Budapest y Pécs, y en el valle del Sajó, en Hungría (C-637/18, ECLI:EU:C:2021:92, de 3 de febrero de 2021); y de no velar por que el periodo de superación sea lo más breve posible, al no haber adoptado medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite fijados para el NO2 y PM10 en esas zonas.

Igualmente, se ha pronunciado el TJUE sobre el cumplimento de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas; condenando, por ejemplo, al Reino de Suecia y a la República Italiana. Asimismo, se ha pronunciado sobre la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE; también en relación con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (derogada por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables).

En este sentido es relevante la interpretación del artículo 9.2 del Convenio de Aarhus que realiza la sentencia de 14 de enero de 2021, Sala Primera (C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7), entendiendo que “debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los miembros del «público» a que se refiere el artículo 2, apartado 4, de dicho Convenio no tengan acceso como tales a la justicia a los efectos de impugnar una decisión que esté comprendida en el ámbito de aplicación de su artículo 6. En cambio, el artículo 9, apartado 3, de dicho Convenio se opone a que esas personas no puedan tener acceso a la justicia para invocar derechos de participación en la toma de decisiones más amplios, que pudiera conferirles únicamente el Derecho medioambiental nacional de un Estado miembro”.

Igualmente, sentencia que “el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus se opone a que la admisibilidad de los recursos judiciales a que se refiere, interpuestos por organizaciones no gubernamentales que forman parte del «público interesado», en el sentido del Convenio de Aarhus, se supedite a que estas hayan participado en el procedimiento de toma de decisiones que condujo a la adopción de la decisión impugnada”.

Así, puede afirmarse que el Tribunal Europeo realiza una interpretación restrictiva del concepto de “público interesado” recogido en el artículo 9.2 del Convenio de Aarhus, si bien es cierto que permite a las legislaciones nacionales realizar una definición más amplia del mismo. Por otro lado, rechaza la exigencia de legitimación para interponer un recurso a la previa participación en el proceso de adopción de la decisión impugnada.

No obstante, debemos resaltar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina en favor de interpretar de forma no restrictiva el Convenio de Aarhus; por ejemplo, al facilitar el acceso a la información, la verdadera participación del público en la toma de decisiones y un amplio acceso a la justicia en materia de medio ambiente; así en la sentencia de 20 de enero de 2021, Sala Primera (C-619/19, ECLI:EU:C:2021:35) y en la sentencia del 15 de abril de 2021, Sala Primera (C-470/19, ECLI:EU:C:2021:271).

También debe ponerse de relieve  la interpretación del concepto dinámico del “área de distribución natural” de la Directiva sobre los Hábitats establecido por el TJUE en su sentencia de 11 de junio de 2020, Sala Segunda (C-88/19, ECLI:EU:C:2020:458); como la interpretación amplia, proteccionista, de los “lugares de reproducción” y las “zonas de descanso” de la Directiva sobre los Hábitats, mediante la sentencia de 28 de octubre de 2021, Sala Segunda (C-357/20, ECLI:EU:C:2021:881); abarcando sus inmediaciones y extendiéndose tanto a los lugares efectivamente ocupados como a aquellos en los que concurra una probabilidad suficientemente elevada de que la especie protegida vuelva.

El Tribunal Europeo no limita la aplicación de sus prohibiciones a determinadas especies, sino que en aplicación del principio de cautela y de acción preventiva, regirán para todas las especies, también aquellas que hayan alcanzado un estado de conservación favorable, independientemente de que las actividades de que se trate no tengan como objetivo la captura o muerte, la perturbación de especies animales o la destrucción o la recogida intencionales de huevos. Así, las medidas de explotación forestal se deberán basar en un enfoque preventivo que tenga en cuenta las necesidades de conservación de las especies tomando en consideración las exigencias económicas, sociales, culturales, regionales y locales.

La sentencia del C-659/20, ET / Ministerstvo životního prostředí (Guacamayos jacinto), 8 de septiembre de 2022, revisa la aplicación del Reglamento n.° 865/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio; así como la aplicación del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (derecho a la propiedad). 

En la decisión prejudicial, a petición del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Checa, en el caso de la solicitud de dispensa para comercializar especímenes protegidos nacidos y criados en cautividad en su establecimiento, pero cuyos ascendientes habían sido transportados de forma irregular por un tercero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea constata que no se puede considerar que un espécimen de una especie protegida en posesión de un criador ha nacido y se ha criado en cautividad cuando sus ascendientes -los cuales no forman parte del plantel reproductor de ese criador- se adquirieron de un modo perjudicial para la supervivencia en la naturaleza de la especie en cuestión. En esta sentencia, el Tribunal aclara el concepto de “plantel reproductor” y delimita el alcance de la potestad de dispensar la prohibición de comercializar especies nacidas y criadas en cautividad. Para ello, interpreta el contenido del Reglamento n.° 865/2006, el cual garantiza el pleno cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés) de 1973. El apéndice I de la CITES incluye la especie objeto de este caso, el guacamayo jacinto.

La sentencia recuerda que el concepto de “plantel reproductor” no se refiere a un mero proceso de reproducción, desvinculado de cualquier instalación física concreta. Un establecimiento de cría en cautividad requiere la identificación precisa del establecimiento, su propietario y gerente, y las instalaciones destinadas a albergar el plantel. Por ello, no están comprendidos en el concepto de “plantel reproductor” unos ascendientes que nunca han sido de la propiedad ni han estado en posesión del establecimiento de que se trate.

Además, el Tribunal europeo subraya que tanto la regla general de prohibición de toda utilización comercial de especímenes de las especies amenazadas de extinción, como las condiciones en las que se permite considerar que un espécimen de una especie animal ha nacido y se ha criado en cautividad, deben interpretarse en sentido estricto. La sentencia aclara que es preciso tener en cuenta el estado del ascendente de ese plantel reproductor en el momento de la separación de su entorno natural para determinar si el plantel se obtuvo o no de modo perjudicial para la supervivencia en la naturaleza de la especie. Si la especie estuviera incluida en la CITES, entonces debe considerarse que la extracción de su entorno menoscaba la supervivencia en la naturaleza de la especie y, por lo tanto, ningún Estado miembro tiene potestad para conceder una exención a la prohibición de vender los especímenes procedentes de ese ascendiente.

Por otra parte, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es un derecho absoluto y por lo tanto su ejercicio puede someterse a restricciones justificadas por un objetivo de interés general reconocido por la Unión, que en este caso concurre en la protección de las especies silvestres. Al establecer una ponderación equilibrada entre el derecho de propiedad y las exigencias ligadas a la protección de las especies silvestres, el TJUE explica que la comercialización de los especímenes de especies amenazadas de extinción contribuye a la creación, mantenimiento o expansión de un mercado dedicado a la adquisición de esos especímenes. Sentado esto, concluye que la propia existencia de ese mercado constituye, en cierta medida, una amenaza para la supervivencia de especies amenazadas de extinción.

Deben resaltarse igualmente las resoluciones en relación con las energías renovables y la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales; vinculada con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

En relación con la desestimación de una solicitud de rectificación de las autoliquidaciones del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, se pronuncia la sentencia de 3 de marzo de 2021 (C-220/19, ECLI:EU:C:2021:163). En este caso, el juzgador, considera que el impuesto no constituye un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad a que se refiere la Directiva 2003/96, por lo que no puede estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.2 de la Directiva 2008/118 (apartado 59). Y, además, el Tribunal expone que ninguna de las disposiciones de la Directiva 2009/28 prohíbe a los Estados miembros establecer un impuesto, como este, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables (apartado 67).

Dicha Directiva no obliga a los Estados miembros a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables. En coherencia con ello, en el supuesto de que decidan aplicar dichos sistemas, tampoco les obliga a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales.

Y en relación a la posible distorsión de la competencia, el TJUE afirma que el principio de no discriminación contemplado en los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72 no se aplica a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro (apartado 78).

En el mismo sentido de otorgar un amplio margen a los Estados miembros, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 15 de abril de 2021 (C- 798/18 y C-799/18, ECLI:EU:C:2021:280). Uno de los aspectos novedosos de esta sentencia es que valora también la incidencia del derecho de propiedad, sin que se trate de meros intereses o expectativas de índole comercial y carácter aleatorio (apartado 33).

Son evidentes las consecuencias que puede tener para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables la consideración de estos impuestos como compatibles con las directivas, pese a que, entre otros aspectos, no discrimina entre la electricidad producida a partir de fuentes renovables o no. Los Estados miembros tienen plena libertad para gravar de la misma forma la producción de energía, independientemente de que provenga de fuentes renovables o no, y su incorporación al sistema, así como para aplicar o no, sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables, como pueden ser las exenciones o desgravaciones fiscales.

El Reino de Suecia fue condenado mediante sentencia de 2 de septiembre de 2021 (C-22/20, ECLI:EU:C:2021:669) al incumplir la obligación de comunicarle la información necesaria para verificar la exactitud de las alegaciones de que las aguas residuales urbanas vertidas por las instalaciones de tratamiento de dos aglomeraciones urbanas cumplen lo exigido en la Directiva; que las aguas residuales de seis aglomeraciones urbanas no son objeto de un tratamiento secundario o proceso equivalente antes de verterse y que otras cuatro aglomeraciones urbanas (en las que se comprenden las dos relacionadas con la información), no han sido objeto de un tratamiento más riguroso antes de verterse, pese a tratarse de zonas sensibles.

Mediante sentencia de 6 de octubre de 2021 el TJUE condenó a la República Italiana (C-668/19, ECLI:EU:C:2021:815) por un incumplimiento masivo de la exigencia de que las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas (artículo 3 de la Directiva); que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente (artículo 4 de la Directiva), y que se cumplan las especialidades establecidas para las zonas sensibles; y que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas construidas para cumplir los requisitos de los artículos 4 a 7 de la Directiva se diseñen, construyan, exploten y mantengan de forma que alcancen una eficacia suficiente en todas las condiciones climáticas normales del lugar en que estén situadas; y que su diseño tenga en cuenta las variaciones estacionales de la carga de conformidad con el artículo 10 de la Directiva.

La sentencia del C-525/20, Association France Nature Environnement c. Premier Ministre y Ministre de la Transition écologique et solidaire, de 5 de mayo de 2022[11], revisa la aplicación del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por la normativa nacional que prevé que, para apreciar la compatibilidad de los programas y decisiones administrativas adoptados en el ámbito de la política de aguas para prevenir el deterioro de la calidad de las aguas, no se tendrán en cuenta las repercusiones temporales de corta duración y sin consecuencias a largo plazo”.

En principio, el art. 4.1.a), inciso i) de la Directiva 2000/60 obliga a los Estados miembros a aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de las excepciones que se permiten en los apartados 6 a 8 de ese mismo artículo. Se trata de una obligación vinculante que afecta a los concretos proyectos que se lleven a cabo. La obligación de prevenir el deterioro es vinculante en cada una de las etapas de aplicación de la Directiva 2000/60 y es aplicable a cualquier tipo y estado de masa de agua superficial para el que se adopte un plan hidrológico. Cuando un proyecto pueda deteriorar el estado de una masa de agua o comprometer el logro de un buen estado, se debe denegar la autorización salvo que el proyecto se pueda escoger a alguna excepción de las contempladas en el art. 4.7 de la Directiva.

El concepto de “deterioro del estado” de una masa de agua superficial no se define en la Directiva. El TJUE ha dictaminado que se debe considerar que existe deterioro cuando el estado de al menos uno de los indicadores de calidad del anexo V de la Directiva descienda a la clase inferior, aun cuando la masa de agua en su conjunto no pase a una clase inferior. Si el indicador afectado ya se encuentra en la clase más baja, cualquier descenso que experimente supondrá también un deterioro del estado de la masa de agua.

La disposición nacional controvertida permite la autorización de proyectos que tengan solamente repercusiones temporales en el estado de una masa de agua superficial, sin que sea necesario comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse a una de las excepciones contempladas en el art. 4.7 de la Directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que, de acuerdo con el art. 4.1, los Estados no están necesariamente obligados a tener en cuenta repercusiones sobre el estado de la masa de agua que apenas tengan incidencia ni impliquen su deterioro. Sin embargo, la situación es distinta cuando se produce un deterioro, aunque sea de carácter temporal. El art. 4.1, en relación con el 4.6, implica la obligación de prevenir deterioros temporales del estado de las masas de agua. Además, el art. 1.a) fija como objetivo de la directiva la protección de las aguas frente a “todo” deterioro adicional. La obligación de prevenir el deterioro es autónoma, y no solamente un instrumento al servicio de la obligación de mejora del estado de las masas de agua.

Los apartados 6 y 7 del art. 4 solo autorizan el deterioro de una masa de agua en condiciones muy estrictas. El umbral a partir del cual se declara el incumplimiento de la obligación de prevenir el deterioro debe ser lo más bajo posible. En definitiva, la Directiva y el art. 192 TFUE, del que trae causa, quieren que se evite todo deterioro del estado de una masa de agua, aunque sea temporal. Un proyecto que cause este tipo de deterioro solo se podrá autorizar si cumple con los requisitos que impone el art. 4.7 de la Directiva.

La sentencia del C-43/21, FCC Česká Republica, s.r.o. c. Ministerstvo životního prostředí y otros, de 2 de junio de 2022[12], revisa la aplicación del Artículo 3.9 de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) en relación con la modificación de un permiso de explotación de un vertedero concedido a una empresa para prolongar el periodo de depósito de residuos en dos años sin participación del público, por no considerarse una “modificación sustancial” del permiso ya que no se modificaron ni las dimensiones máximas autorizadas ni la capacidad del vertedero.

Una modificación sustancial de un vertedero que supere determinadas dimensiones (10 toneladas de residuos al día o capacidad de más de 25.000 toneladas) está sujeta a la obtención de un permiso, de acuerdo con el art. 20.2 de la Directiva 2010/75. Cuando se requiere un permiso, el art. 24.1.a) obliga a garantizar la posibilidad de participación al público interesado en una fase temprana del procedimiento. De acuerdo con el art. 25, el público interesado puede también interponer recursos judiciales contra el permiso.

De acuerdo con el art. 3.9 de la Directiva, una modificación sustancial es “una modificación de las características o el funcionamiento, o una ampliación, de una instalación o una instalación de combustión, una instalación de incineración de residuos o una instalación de coincineración de residuos que pueda tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o en el medio ambiente”. Por tanto, los requisitos acumulativos son el contenido de la modificación y sus consecuencias potenciales.

Una prolongación del periodo de depósito no constituye, por sí misma, una ampliación de la instalación, porque no modifica el perímetro ni la capacidad. Tampoco modifica por sí misma las características ni funcionamiento de la instalación. Ninguna disposición de la Directiva 2010/75 menciona la duración del periodo de explotación como una característica del funcionamiento que deba figurar en el permiso. Por tanto, el primer criterio acumulativo no se cumple. Dado que la Directiva no exige que el permiso inicial prevea la duración del periodo de explotación, no se puede considerar que exija un nuevo permiso para la mera prolongación. Esto basta para concluir que la prolongación del periodo de vertido no supone una “modificación sustancial” de acuerdo con el art. 3.9. Por tanto, no es necesario un nuevo permiso ni obligatoria la participación del público interesado.

 

4.- Reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).[13]

A raíz de la línea jurisprudencial abierta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia López c. España, 16798/90, de 9 de diciembre de 1994[14]/[15], se ha declarado la obligación de proteger a los particulares frente a inmisiones contaminantes de origen no estatal. Actualmente, la «obligación positiva» del Estado en materia ambiental se encuentra ampliamente consolidada en la jurisprudencia de Estrasburgo y son numerosos los casos en los que se ha condenado a las administraciones públicas (o a actores privados) por las consecuencias dañinas sufridas por el medio ambiente y las personas derivadas de decisiones o acciones tomadas por ellas.

El Tribunal sentó el criterio de que los atentados contra el medio ambiente pueden llegar a afectar al artículo 8 del Convenio europeo: «ni que decir tiene que los atentados graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, perjudicando su vida privada y familiar, sin, por ello, poner en grave peligro la salud de la interesada». El nuevo bien protegido es la calidad de vida ambiental, y la intensidad de su protección abarca un espectro más amplio, como se puede apreciar, que la noción de «grave peligro para la salud»; resaltando el propio TEDH la relevancia que, en el juicio sobre una posible lesión del derecho, posee en estos casos el cumplimiento de la legalidad ambiental.[16]

Así, en el marco del sistema europeo de derechos humanos, podemos destacar las resoluciones del TEDH Öneryıldız c. Turquía [GC], 48939/99, 30 de noviembre de 2004; Kyrtatos c. Grecia, 41666/98, 22 de mayo de 2003, 2003-VI; tar c. Rumanía, 67021/01, 27 de enero de 2009.

Además, en esta materia, hay que tener presente la tendencia jurisprudencial a reconocer el derecho a la organización y al procedimiento que se inició al aplicar el convenio de Aarhus de 1998, como derechos en materia ambiental acceso a la justicia, acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente; de forma que arbitrar procedimientos adecuados para la tutela del entorno puede llegar a ser una auténtica obligación iusfundamental.

En particular, la corrección de los procedimientos de adopción de decisiones de riesgo posee una importante «función de compensación» de las incertidumbres inherentes a este tipo de decisiones, según jurisprudencia que ha sido ampliamente desarrollada por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, entre otras, mediante las sentencias Balmer y Schafroth y otros c. Suiza, de 26 de agosto de 1997; Athanassoglou y otros c. Suiza, de 6 de abril de 2000; Zander c. Suecia, de 25 de septiembre de 1993; Hatton y otros c. Reino Unido, de 8 de julio de 2003; Okyay y otros c. Turquía, de 12 de julio de 2005; Lemke c. Turquía, de 5 de junio de 2007; Taçkin y otros c. Turquía, de 10 de noviembre de 2004; Giacomelli c. Italia, de 2 de noviembre de 2006, o Tatar c. Rumanía, de 27 de enero de 2009.

En la actualidad, pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se encuentran dos litigios climáticos en los que se han agotado las vías de recurso internas. Se trata de KlimaSeniorinnen c. Suiza[17] y de Greenpeace Norden y Natur og Ungdom c. Noruega[18].

En este segundo caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos remitió toda una serie de preguntas a las partes, en las que considera que el caso reviste especial relevancia por cuanto podría tener un impacto sobre la eficacia del sistema derivado del Comisión Europea de Derechos Humanos o sobre los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Por otro lado, hay dos litigios adicionales en los que la parte demandante ha decidido acudir directamente ante la Corte europea, lo cual supone una circunstancia excepcional, que dificulta en gran manera el posible éxito procesal en ambos casos. Se trata de Mex M. c. Austria y Duarte y otros c. Portugal y otros. En el primero de ellos, el demandante alega que no existe en Austria una vía procesal para contestar la falta de actuación por parte de las autoridades administrativas o del legislador. El segundo está dirigido contra treinta y tres Estados parte, y los demandantes, seis jóvenes portugueses, alegan que tanto el tiempo necesario para agotar los recursos internos en todos esos países como las dificultades de acceder directamente a esas vías de recurso para los no nacionales hacen imposible cumplir con esta condición de admisibilidad de las demandas ante el TEDH. En ese sentido, resulta importante destacar que el Tribunal ha aceptado a trámite la demanda a través de un procedimiento prioritario (fast track).

En su jurisprudencia más reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos profundiza en los derechos procesales ambientales, la “doctrina López Ostra sobre el impacto de las actividades molestas en el respeto pacífico del domicilio, el derecho de acceso a la información medioambiental como instrumento para la protección de la libertad de expresión y la consideración de los valores ecológicos como elementos que limitan los derechos individuales.

En Burestop y otros c. Francia, de 1 de julio de 2021, el Tribunal dice que la denegación del derecho de acceso al proceso judicial a una ONG ambiental para denunciar una instalación de residuos nucleares porque esta finalidad no consta específicamente en sus estatutos, constituye una interpretación demasiado restrictiva que implica una violación del derecho de acceso a un tribunal.

En Stichting Landgoed Steenbergen y Otros c. Holanda, de 16 de febrero de 2021, el Tribunal reconoce que el alto nivel de implantación de internet en un país permite la sustitución de la notificación personal por la notificación por internet de licencias de actividades molestas que inciden en los derechos de los demás sin que quepa considerar que ello viola el derecho a un proceso justo.

Desde la perspectiva del derecho al respeto del domicilio subraya en la sentencia Kapa y Otros c. Polonia, de 14 de octubre de 2021, que las autoridades han privilegiado los derechos de los conductores frente a los de los vecinos al no adoptar planes adecuados para mitigar el ruido del tráfico por un desvío de carretera, que superaba lo permitido por la Ley.

En la decisión de inadmisión Ilona GULYÁSNÉ SZENDREI c. Hungría, de 14 de septiembre de 2021, por el contrario, el Tribunal considera que la demandante debe tolerar el ruido de un campo de tiro ya que construyó su casa en una zona no residencial cerca de dicha actividad recreativa que, por lo demás, atiende a un fin económico de interés general.

Desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, en la sentencia recaída en el caso Rovshan Hajiyev c. Azerbaiyán, de 9 de diciembre de 2021, el TEDH ofrece una importante argumentación acerca del derecho de acceso a la información medioambiental. Condena por denegar ilegalmente a un periodista el acceso a la información no restringida de interés público sobre el impacto ambiental y sanitario de una antigua estación de radar militar soviética. Como el derecho de acceso a la información tiene carácter instrumental para ejercer la libertad de expresión ha habido una violación del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Desde la perspectiva del derecho de propiedad, en la Decisión de Inadmisión Giovanni CANÈ y Otros c. Malta, de 13 de abril de 2021, el Tribunal Europeo considera que la densidad de población constituye un criterio que delimita el contenido del derecho de propiedad en el bien entendido de que puede justificar la prevalencia del uso público del suelo frente al crecimiento urbanístico. Los intereses generales relativos al medio ambiente, sin embargo, no justificarán una limitación del derecho de propiedad de tal intensidad que impida incluso el acceso a la misma (sentencia Bērziņš y Otros c. Letonia, de 21 de septiembre de 2021).

El principio de buen gobierno, que reconoce el derecho nacional, es relevante a este respecto. La interpretación y aplicación de la normativa interna aplicable deberá realizarse de conformidad con este principio y la alegada falta de una previsión normativa de indemnización. Analizará la actuación de las autoridades estatales y la conducta de los demandantes en el caso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera si los demandantes, al adquirir la propiedad, sabían o debían conocer razonablemente si estaba afectada por limitaciones de uso o sobre posibles futuras restricciones, la existencia de expectativas legítimas en relación con el uso de la propiedad o la aceptación del riesgo al adquirir la propiedad, el alcance de la restricción y la posibilidad de discutir la necesidad de la restricción.

El Tribunal considera que los demandantes no se dieron realmente cuenta de la situación en la que quedaron desde la compra de su propiedad en 2004. Los demandantes solicitarían sin éxito la permuta de su propiedad con otra, así como la expropiación. Por ello, el juzgador enfatiza que las autoridades internas no han adoptado pasos para resolver las interferencias graves que se han dado en este caso durante más de una década. No se ha instituido un procedimiento formal de expropiación, no se les ha permutado la propiedad ni se les ha ofrecido indemnización. Teniendo en cuenta estos factores, especialmente, la falta de previsiones normativas de indemnización en la normativa regulatoria de las zonas protegidas y la manera en la que el caso se ha llevado en el ámbito interno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observa que las autoridades internas no han asegurado una ponderación justa entre las demandas del interés general de la comunidad y las exigencias de la protección de los derechos de propiedad de los demandantes, que han sufrido una interferencia significativa durante más de 10 años en su propiedad a la que ni siquiera han podido acceder. La interferencia ha sido desproporcionada en relación con el fin legítimo perseguido. Por todo ello, concluye que ha habido una violación del art. 1 del protocolo no 1 al Convenio.

Igualmente, el Derecho a una Buena Administración es considerado en la sentencia recaída en el caso Gavrilova y Otros c. Rusia, de 16 de marzo de 2021. Los títulos de propiedad de los demandantes referidos las fincas que adquirieron fueron anulados con carácter posterior a su inscripción en el registro de la propiedad al entenderse que formaban parte del demanio forestal y, por consiguiente, se trataba de propiedades intransmisibles.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, finalmente, subraya que los demandantes, que no fueron declarados culpables de infracción alguna, sufrieron las consecuencias de los errores y omisiones de la Administración y no se les ofreció indemnización alguna. No se ha realizado una ponderación justa entre el interés general y la necesidad de proteger los derechos de propiedad de los demandantes. Por todo ello, concluye que ha habido una violación del art. 1 del protocolo adicional n.° 1.

 

 


 

 

 

 

Doctrina Nacional

 


La secesión de los Estados Confederados de América. Un breve análisis desde la óptica del derecho constitucional.

 

Luis Roberto Ardón Acuña*

 

Resumen:

La secesión de varios estados del Sur de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, constituye un tema tan interesante como polémico. En ese sentido, se han planteado discusiones desde distintos ámbitos con respecto a la validez o no de esa separación. En el presente trabajo, se pretende analizar la temática desde la óptica del derecho constitucional, revisando los antecedentes jurídicos previos al proceso de secesión, así como la validez o no de tal decisión, desde el punto de vista de la Constitución Política de los Estados Unidos.

 

Palabras claves:

Secesión. Constitución Política. Estados Confederados de América. Artículos de la Confederación. Esclavitud.

 

 

Abstract:

The secession of various states in the South of the United States during the second half of the 19th century constitutes a subject as interesting as it is controversial. In this sense, discussions have been raised from different areas regarding the validity or not of this separation. In the present work, it is intended to analyze the subject from the perspective of constitutional law, reviewing the legal background prior to the secession process, as well as the validity or not of such a decision, from the point of view of the Constitution of the United States of America.

 

Keywords:

Secession. Political Constitution. Confederate States of America. Articles of Confederation. Slavery.


 

SUMARIO: I.- Introducción. II.- Una breve noción sobre la secesión. III.- Antecedentes histórico-normativos de la secesión de los Estados Confederados de América. IV.- La secesión. V.- ¿Fue constitucional la secesión? VI.- Conclusiones. VII.- Bibliografía.

 

I.- Introducción.

La Guerra de Secesión de los Estados Unidos de América (1861-1865) constituye sin lugar a dudas un parteaguas en la historia de esa nación, debido a la influencia directa o indirecta que tuvo en muchos de los aspectos que hoy definen a ese país. De esta forma, las pérdidas de vidas humanas en el campo de batalla fueron más que cuantiosas (es el conflicto que más vidas estadounidenses ha costado) y, además, los daños materiales como consecuencias del conflicto, hicieron necesario reconstruir prácticamente la mitad del país. Por otra parte, desde la óptica jurídica, el conflicto armado tuvo como consecuencia más conocida la abolición de la esclavitud como figura legal, por medio de la inclusión de la XIII Enmienda a la Constitución Política. Aunado a esto, indirectamente del conflicto surgieron una serie disposiciones normativas como son las denominadas Leyes Jim Crow, que mantuvieron vigente la segregación racial un siglo después de concluida la guerra.

Ahora bien, la causa principal por la que estalló la guerra civil de los Estados Unidos, radica en la decisión de Carolina del Sur, Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tenesese de separarse del país y fundar los Estados Confederados de América.  Los motivos que justifican este acto han sido revisados desde las más variadas ópticas, no obstante, para efectos del presente trabajo, nos centraremos en el campo jurídico, específicamente, en el derecho constitucional. De esta forma, en primer lugar se analizará la figura de la secesión desde una óptica general, sin entrar a analizar su validez o no como institución jurídica, pues esa no es la finalidad de este trabajo. Posteriormente, se hará alusión a los antecedentes histórico-normativos que tuvieron incidencia en la separación de los estados mencionados y, finalmente, se valorará si tal decisión encontraba o no asidero en la Constitución Política de 1787.

 

 

II.- Una breve noción sobre la secesión.

A nivel doctrinario, la secesión ha sido entendida como el acto en virtud del cual una parte de un territorio y su población, se separan de una nación de la que forman parte. Carlos Ruiz Miguel (2022)[19], indica que este fenómeno se caracteriza por dos aspectos: a) tiene su fuente en el derecho nacional (principalmente el constitucional), y b) busca quebrar una unidad política. El citado autor considera que al tratarse de un tema que tiene su fuente en el derecho nacional, no es posible reconocer un derecho de secesión como garantía en supuestos de violaciones graves a los derechos humanos, ni tampoco en el derecho internacional.

Por otra parte, Ruiz Miguel aduce que a diferencia de lo que sucede con el derecho a la autodeterminación (concepto que algunos autores tienden a equiparar con el de secesión), este fenómeno no conlleva necesariamente que el grupo que se separa para crear un nuevo Estado, de previo hubiera tenido un Estado o formara parte de una unidad política independiente. En caso de ser así, el autor presupone que el grupo se fusionó de forma libre y legítima para dar lugar al Estado, del que busca ahora separarse.

 

III.- Antecedentes histórico-normativos de la secesión de los Estados Confederados de América.

Luego de hacer una breve explicación sobre el fenómeno de la secesión, resulta necesario centrarnos ahora en el proceso secesionista de los Estados Unidos. Sobre el particular, debe mencionarse que existen varios antecedentes que sirvieron de base para la formación de los Estados Confederados de América. Si bien, muchos de ellos tienen un fundamento moral, económico o social, para los efectos del presente trabajo nos centraremos en aquellos relacionados con el derecho.

 

 

a) La legalidad de la esclavitud.

En la década 1730 se produce un altercado entre las colonias de Maryland y Pensilvania, con respectos a los límites de cada uno de ellas. Ante dicha disyuntiva, las autoridades británicas solicitaron al astrónomo Charles Mason y al agrimensor Jeremiah Dixon que procedieran a fijar adecuadamente el límite entre ambos estados. El resultado de este trabajo fue la conocida como “Línea Mason-Dixon”, que posteriormente se convertiría en el punto que dividiría el norte y sur de los Estados Unidos.[20]

Ahora bien, este límite toma particular importancia luego de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuando se empieza a analizar la validez de la esclavitud como figura legal. En ese sentido, los estados que se ubicaban al norte de la Línea Mason-Dixon, comienzan a considerar que la idea de que una persona estuviera en una condición de esclavitud chocaba abiertamente con los ideales que habían justificado el proceso independentista. Esta idea también se veía influenciada por aspectos socio económicos, pues el norte tenía una economía de tipo industrial que no requería del trabajo de esclavos. Así, en ese sentido Ablanedo Reyes (2021), sostiene que:

la esclavitud podía proscribirse fácilmente en esta región puesto que eran pocas las explotaciones agrícolas que recurrían a la mano de obra esclava y, además, no era un factor relevante de la economía norteña, pues el Norte tenía abundancia de mano de obra blanca para realizar este tipo de trabajo. La mayor oposición a la esclavitud provenía, precisamente, de las clases trabajadoras, y no por razones morales, sino porque percibían como una competencia desleal que les podría acabar expulsando del mercado laboral. (pp. 19-20)

A diferencia de lo que pasaba en el norte de los Estados Unidos, los estados que se encontraban al sur de la Línea Mason-Dixon tenían una noción totalmente distinta con respecto a la validez de la esclavitud como figura legal. De esta forma, la naturaleza eminentemente rural de la economía sureña hacía necesario contar con mano de obra esclava para mantener a flote las plantaciones que abarcaban gran parte del territorio. A esto, debe sumarse el hecho de que en el imaginario de las personas de la región, los afroamericanos eran vistos como casi salvajes que no podían ser emancipados, pues en caso de hacerlo, se generaría una situación de caos incontrolable. Esta idea se reforzaba por lo sucedido con la revolución de esclavos de Haití, cuyas consecuencias estaban frescas en la memoria de los habitantes del Sur.    

Esta visión con respecto a la legalidad de la esclavitud, se va a ver reflejada en el denominado Compromiso de Misuri de 1820. En este acuerdo, Maine sería admitido en la Unión como un estado en el que se garantizaba la libertad de todas las personas, mientras que Misuri también sería incluido, pero como un estado esclavista. De esta forma, el compromiso fijaba que la frontera sur de Misuri (36° 30´), sería la línea que delimitaría la esclavitud, siendo que al norte estaría prohibida, mientras que al sur permitida.

 

b) El choque de visiones entre federalistas y republicanos.

Como se explicó en el punto anterior, uno de los elementos principales que fundamentaba la aceptación o no de la esclavitud como figura legal, radicaba en la visión socioeconómica del Norte y el Sur. Precisamente, este choque de criterios venía presentándose desde el nacimiento de los Estados Unidos, específicamente en los conflictos que existían entre los dos grandes partidos políticos de la época: los federalistas y los demócratas (conocidos como demócratas-republicanos).

Según plantea Ablanedo Reyes (2021), los:

federalistas representaban los intereses del comercio y de la industria manufacturera, a la que consideraban la base del progreso mundial. Su ideario se basaba en la necesidad de políticas que protegiesen y fomentases estas actividades, y para ello, resultaba insoslayable crear un Gobierno central fuerte, con capacidad de dotar al nuevo país de sólidos instrumentos públicos de crédito y de una moneda estable. (pp. 31 y 32)

Es claro a partir de la explicación anterior, que las ideas federalistas, representadas inicialmente por Alexander Hamilton, partían de la necesidad de contar con un gobierno fuerte y centralizado, que interviniera cuando fuera necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del país. Estas creencias tenían su principal fuente de apoyo en el norte de los Estados Unidos.

Contrario a la visión de los federalistas, el partido Demócrata, encabezado por Thomas Jefferson, partía de la necesidad de tutelar los intereses del sector agrícola sobre el comercio y las manufacturas. Esto, por cuanto consideraba que la libertad y la democracia se facilitaban en pequeñas comunidades de agricultores que pudieran satisfacer sus propias necesidades. Así, chocaban contra la idea de la centralización del poder en un Gobierno Federal, toda vez que creían que existía el riesgo de que éste adoptara un carácter autoritario y, por ende, desconociera las libertades individuales de las personas. De esta forma, sostenían que los estados que se habían unido para conformar el país mantenían sus derechos (state rights), ante el Gobierno Central. Estas ideas encontraban apoyo principalmente en los territorios del sur de los Estados Unidos.

Ahora bien, una de las manifestaciones del choque de ideas entre federalistas y demócratas, se dio en el gobierno de George Washington. Durante esta etapa, Thomas Jefferson habían sido designado como Secretario de Estado, mientras que Alexander Hamilton asumió la Secretaría de Hacienda. Desde su puesto, este último presentó una propuesta al Congreso que consistía en la creación de un banco central, aduciendo que facilitaría la política económica de la nación. Esta idea fue rechazada por los partidarios de Jefferson, argumentando que el Gobierno Federal solo estaba autorizado para asumir aquellas competencias que estaban expresamente previstas para él por la Constitución Política, y entre ellas no estaba la propuesta por Hamilton.

Ante el rechazo, los federalistas alegaron que si bien la Constitución Política de 1787 no preveía expresamente la posibilidad de que el Congreso creara un banco central, las cláusulas generales de la Constitución sí le permitían emitir las leyes que se requirieran para el ejercicio de los poderes específicamente garantizados al Gobierno Central. De esta forma, partían de la idea de que al asignar la Constitución Política en forma expresa al Gobierno Central las funciones relacionadas con la recaudación de impuestos, pago de deudas y gestión de créditos, resultaba necesario contar con un banco central para poder cumplir de manera eficiente con las mismas. Esto justificaba que el Congreso pudiera atender el requerimiento de Hamilton, pues la ausencia del órgano mencionado impediría cumplir adecuadamente con una función asignada constitucionalmente al Gobierno Central.

Cabe destacar que la disputa se zanjó con una victoria para los partidarios de Hamilton, lo que permitió la creación del banco central y, además, la aceptación de la posibilidad de que la Constitución Política pudiera ser interpretada en favor del ejercicio de las potestades del Gobierno Federal. Ablanedo sostiene que estas ideas permitieron que en los primeros años de los Estados Unidos se formara un Gobierno Central fuerte, pero con el consecuente rechazo de varios sectores del país, debido a sus políticas fiscales y leyes que restringían la posibilidad de emitir opiniones críticas del gobierno. Esto, incluso generó en su momento la amenaza de independencia de estados que se encontraban al norte, como Virginia, pero que no tuvo mayores consecuencias, contrario a lo que sucedería tiempo después.

 

c) La teoría de los derechos de los estados.

Como se mencionó en el punto anterior, los demócratas mostraban desconfianza ante la existencia de un gobierno central fuerte, razón por la cual sostenían que los estados mantenían derechos sobre el Gobierno Federal. De esta forma, surge la teoría de los derechos de los estados, la cual, en resumen, sostenía que la Unión que se había conformado a partir del proceso de independencia y que se encontraba reconocida por la Constitución Política de 1787, era realmente una simple confederación de estados soberanos, y no una unión indisoluble. De esta forma, se partía de la idea de que el Gobierno Federal únicamente era un órgano al que se confiaba el ejercicio de algunos poderes específicos y limitados, siendo que los estados mantenían siempre el ejercicio del poder soberano. Por esto, podían abandonar la unión, simplemente mediante una convención especial que fuera convocada para tales efectos.

Cabe destacar que la teoría mencionada no era compartida por todos los estados, pues para los que se ubicaban en el norte del país, la unión que preveía la Constitución Política de 1787 era indisoluble y perpetua, de ahí que no fuera posible la separación de los estados con una simple convención, como se sostenía. De esta forma, las personas que refutaban la teoría consideraban que al aceptar el modelo previsto por la Constitución de 1787, los estados habían renunciado a su soberanía para incorporarse a la Unión, de ahí que no existía un fundamento jurídico que justificara la secesión.

Algunos autores consideran que este choque de posiciones radicaba en el hecho de que la propia Constitución Política era ambigua al responder la pregunta de si la soberanía residía en los estados o la Unión. Varios académicos consideran que esto resultaba necesario, pues en caso de haber definido una posición específica, no hubiera sido posible aprobar la Constitución Política durante la Convención de Filadelfia, dado los conflictos existentes entre los sectores nacionalistas y estatales.

 

d) La crisis de las nulidades.

Como se ha explicado a lo largo de este texto, las nociones socioeconómicas del Norte y Sur, -y los partidos políticos que representaban a ambos sectores-, resultaban diversas entre sí. De esta forma, los federalistas, apoyados principalmente por el norte del país, partían de la idea de un gobierno central fuerte y una economía de tipo industrial, por lo que habían sido partidarios de una política tributaria proteccionista, mediante la imposición de aranceles a las importaciones, como un medio de proteger a la industria nacional ante los productos que venían de Europa. Por el contrario, los demócratas, al representar principalmente a un Sur de corte agrícola, abogaban por la reducción de aranceles, como un medio de facilitar sus exportaciones y competitividad.

Teniendo claro el panorama anterior, cabe mencionar que en 1832 los aranceles impuestos a los productos importados a territorio estadounidense eran sumamente altos, por lo que los estados del Sur tenían fe en que el presidente de aquel entonces, Andrew Jackson, los eliminaría o bajaría, tomando en cuenta que era uno de los grandes líderes del partido demócrata. Lamentablemente para los intereses de estos estados, Jackson no atendió los requerimientos que le hicieran, por lo que los estados del Sur valoraron acoger una teoría propuesta en su momento por el abogado John Calhoum, que partía de la idea de que si un estado consideraba, en el ejercicio de su soberanía, que una norma federal era inconstitucional, simplemente podía dejar de aplicarla e incluso anularla.

Partiendo de esta idea, Carolina del Sur declaró que los aranceles que habían sido aprobados entre 1828 y 1832 eran inconstitucionales, por lo que no tenían ningún efecto en su territorio, al considerarlos nulos. Esta situación, generó un choque con el Gobierno Federal, al punto de que en 1833, el Congreso autorizó el uso de la fuerza, en caso de ser necesario y, además, aprobó tarifas arancelarias más bajas, como una forma de tratar de disminuir el conflicto. Con base en la autorización del Congreso, el entonces presidente Jackson envió barcos de guerra al sector, lo que generó que Carolina del Sur dejara sin efecto su decisión de anular los aranceles, evitando así la confrontación.

De esta forma, ambos sectores consiguieron atender, al menos en parte, sus pretensiones. Esto, por cuanto Carolina del Sur consiguió que se fijaran aranceles más bajos, mientras que el Gobierno Federal logró eliminar la posibilidad de que los estados dejaran sin efectos leyes federales.

 

e) El caso Estados Unidos vs Schooner Amistad.

La goleta española La Amistad, era un barco utilizado para el transporte de esclavos(as) desde África para su posterior venta. En 1839 se encontraba viajando por la costa de Cuba, con un grupo de personas que habían sido secuestradas de la zona de Sierra Leona en África Occidental para ser vendidas como esclavas. Luego de una rebelión por parte de los(as) cautivos(as), el barco terminó siendo aprendido cerca de Long Island, Nueva York por el Revenue-Marine de los Estados Unidos (antecesor de la Guardia Costera de ese país).

El destino de los(as) tripulantes de la Amistad fue llevado ante un Tribunal de Distrito Federal, que en 1840 dictaminó que el traslado de las personas capturadas violaba las leyes de los Estados Unidos, por lo que estas contaban con la posibilidad de ejercer las acciones que fueran necesarias para garantizar su libertad, entre las que se encontraban el uso de la fuerza. La principal decisión que adoptó el Tribunal, fue la de ordenar la libertad de los(as) cautivos(as) para que fueran entregados(as) a la custodia del presidente de los Estados Unidos para su regreso a África.

Debido a la presión internacional y de los estados del Sur, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, ordenó que el caso fuera apelado ante el Tribunal de  Circuito y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ante dicha disposición, el Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut apeló la decisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual ratificó la sentencia del Tribunal de Distrito. Posteriormente, el Fiscal General impugnó el caso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, que el 9 de marzo de 1841 mantuvo la decisión del Tribunal de Distrito, salvo la orden de que el gobierno de los Estados Unidos financiara el viaje de regreso de las personas.

Cabe destacar que la decisión de la Suprema Corte se convirtió en un elemento esencial para la lucha de los abolicionistas del Norte, que consideraban como inmoral a la que en sus palabras denominaban “peculiar institución del Sur”. No está de más decir que esta decisión de la Suprema Corte y la respectiva reacción de los partidarios abolicionistas, generaron gran descontento en el Sur, tomando en cuenta la importancia que la esclavitud tenía para la región. Todo esto, no hizo más que echar leña al conflicto que estaba por estallar.

 

f) La Ley del Esclavo Prófugo.

En el año 1793, fue promulgada en los Estados Unidos la denominada Ley del Esclavo Prófugo o Esclavo Fugitivo, cuya finalidad era hacer efectiva la Cláusula de esclavos fugitivos que la Constitución Política preveía en ese momento (Artículo IV, Sección 2, Cláusula 3). Cabe destacar que esa cláusula constitucional garantizaba el derecho del propietario de personas de esclavas, de recuperar a aquellas que hubieran escapado.

Ahora bien, con base en la norma de 1793, los estados debían colaborar con la devolución de aquellas personas esclavas que habían huido y se encontraran en sus territorios. No está de más decir que la aplicación efectiva de la norma enfrentó gran resistencia en el norte de los Estados Unidos, donde se recurrió a todo tipo de acciones legales para evitar devolver a las personas detenidas a los lugares de donde salieron. Estas disposiciones estatales llegaron a conocerse como leyes de libertad personal, y básicamente preveían la obligación de que los dueños de esclavos(as) y cazadores de fugitivos(as), aportaran evidencias de que las personas capturadas realmente había escapado. Esta decisión se fundamentó principalmente en el hecho de que se presentaron muchos casos de personas afroamericanas que habitaban en estados del Norte, y que eran secuestradas para ser vendidas como esclavas en el Sur.  Un ejemplo famoso, es el caso de Solomo Northup, cuya historia sirvió de inspiración para la película 12 años de esclavitud.

Ahora bien, la aplicación de estas disposiciones estatales que chocaban contra una ley federal no estuvo exenta de controversias. Así, en ese sentido, puede citarse el caso de Prigg contra Pensilvania. En 1788, el Estado de Pensilvania aprobó una enmienda para la Ley para la Abolición Gradual de la Esclavitud (1780), disponiendo lo siguiente: “Ningún esclavo, negro o mulato… será sacado de este estado, con el diseño y la intención de que el lugar o domicilio o residencia de dicho esclavo o sirviente sea alterado o cambiado”. Posteriormente, en 1826, Pensilvania aprobó una ley que sancionaba a quien secuestrara a una persona afroamericana o mulata en el estado, para llevarla a otro lugar con el fin de venderla.

En 1832, una mujer afroamericana llamada Margaret Morgan se había mudado desde Maryland hasta Pensilvania. Si bien había nacido en la esclavitud bajo la propiedad de John Ashmore, en la práctica había vivido en libertad, aunque nunca había sido emancipada formalmente. Luego de que saliera de Maryland, los herederos de Ashmore decidieron reclamarla como esclava, por lo que contrataron a Edward Prigg para recuperarla.

El 1 de abril de 1837, Prigg capturó a Morgan y a cuatro de sus hijos en el condado de York, Pensilvania, y los trasladó a Maryland donde fueron vendidos como esclavos (cabe destacar que uno de los hijos de Morgan había nacido libre). Las personas involucradas en el secuestro fueron arrestadas y juzgadas con base en la legislación de Pensilvania de 1826. Prigg se declaró inocente y alegó que simplemente había actuado cumpliendo un trabajo que le había sido encomendado, sin embargo, fue condenado por el Tribunal de Sesiones Trimestrales de York, el 22 de mayo de 1839.

Prigg apeló su caso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, argumentando que las disposiciones que justificaban su condena resultaban inconstitucionales. En un fallo divido, la Suprema Corte revocó la condena de Prigg, justificando su decisión en el hecho de que la legislación de Pensilvania era inconstitucional, ya que “negaba el derecho de los dueños de esclavos a recuperar sus esclavos bajo el Artículo IV, como la Ley Federal de Esclavos Fugitivos de 1793.

Cabe destacar que los efectos de la Ley de Esclavo Fugitivo fueron reforzados en el Compromiso de 1850, que constituía un pacto para la admisión de California en la Unión, como estado no esclavista. De esta forma, como parte de los acuerdos a los que se llegó, se encontraban una reforma a la norma de 1793, para la imposición de sanciones a aquellas autoridades que no colaboraran en la aprensión y devolución de personas esclavas que se habían fugada. Asimismo, se acordó que no se permitiría a la persona esclava comparecer a juicio para defenderse. Estas regulaciones tuvieron como consecuencias prácticas la dificultad para los estados del Norte de adoptar medidas legales para evitar la aplicación de la norma mencionada y, además, un aumento en el secuestro de personas afroamericanas de los estados del Norte para ser vendidas en el Sur. Esto, ante la imposibilidad para estos de poder demostrar su estatus de libertad.

 

g) La Ley Kansas-Nebraska.

Como se explicó líneas atrás, con el Compromiso de Misuri de 1820, se proscribía la esclavitud por encima del paralelo 36° 30´, por lo que cualquier nuevo estado al norte de esa latitud debía incorporarse a la Unión, como un lugar donde fuera prohibida la esclavitud. Ahora bien, en 1854 comenzó a tramitarse la denominada Ley Kansas-Nebraska, que pretendía organizar la parte norte del territorio de Luisiana, que había sido adquirido a principios del siglo XIX, y fundar ahí los estados de Kansas y Nebraska.  Si bien, en un principio dicha norma no pareciera resultar trascendente, lo cierto es que en la práctica tenía consecuencias importantes en el funcionamiento de los Estados Unidos, ya que en caso de respetarse lo dispuesto por el Compromiso de Misuri, esos territorios deberían ser considerados como no esclavistas, lo que rompería el equilibrio que existía entre el número de estados que apoyaban o no la esclavitud. Esta situación causó temor en el Sur, pues se generó la idea de que los estados antiesclavistas ganarían terreno y, por ende, se pondría en peligro la existencia de esa figura.

Ante dicha situación, y dado que existía un fuerte interés en la aprobación de la ley por parte de varios senadores, se acordó dejar en la práctica sin efecto el Compromiso de Misuri, y disponer que cada estado, mediante una votación libre, dispusiera si en su territorio se aceptaba o no la esclavitud. La ley fue finalmente aprobada por escaso margen, sin embargo, tuvo como consecuencia una gran desaprobación por parte de los estados del Norte, lo que generó el nacimiento del partido Republicano y la eventual desaparición del partido Whig.

 

h) El caso Dred Scott contra Sandford.

El señor Dread Scott era una persona que había nacido como esclava y que había intentado infructuosamente comprar su libertad. A raíz de lo anterior, en 1846 presenta una demanda ante el Tribunal de Circuito de St. Louis en la que pedía que se ordenara su libertad. Scott justificaba su decisión en el caso Winny contra Whitesides de 1824, conocido como la doctrina “Una vez libre, siempre libre” (once free, always free). Conforme dicho criterio, aquellas personas esclavas que habían vivido por un tiempo prolongado en un estado libre (no esclavista), permanecían libres cuando fueran llevados nuevamente a Misuri, que era el sitio de donde era originario el señor Scott.  El demandante sostenía que él y su familia habían vivido por más de dos años en estados libres, y que incluso su hija mayor había nacido en un territorio de esa naturaleza.

Si bien en un principio obtuvo una decisión favorable, Scott sufrió un revés en la Corte Suprema de Misuri, donde incluso se llegó a anular el precedente de Winni contra Whitesides.  Posteriormente, en 1853, Scott presentó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, que en 1857 resolvió en su contra, en un fallo dividido. Cabe mencionar que al resolver la disconformidad planteada, la Suprema Corte no se limitó a decidir sobre el estatus del señor Scott, sino que fue más allá, y podría decirse que en la práctica declaró que la figura de la esclavitud era constitucional. En dicho fallo, la Suprema Corte dispuso en resumen lo siguiente:

a)     Un hombre esclavo como Scott no podía ser considerada como ciudadano de los Estados Unidos, al menos, en el sentido en que la Constitución emplea esa palabra y, en consecuencia, no tenía derecho a acudir a los tribunales federales.

 

b)     Al retornar Scott a Misuri, las leyes de ese estado eran las que podían regular su estatus jurídico como esclavo, independientemente de que se le hubiera catalogado como persona libre, conforme la legislación de Illinois.

 

c)      El compromiso de Misuri era inconstitucional, dado que el Congreso Federal no estaba autorizado por la Constitución Política para emitir tal disposición. En ese sentido, el fallo considera que al permitir la liberación de personas esclavas en algunos territorios, se desconocía el derecho de propiedad de sus dueños.[21]

De esta forma, el fallo de la Suprema Corte en resumen consideró que las personas afroamericanas en general no podían ser catalogadas como ciudadanas de los Estados Unidos y, además, estimó que aquellas que tenían el estatus de esclavas, en el fondo debían ser catalogadas como propiedad.  Este fallo, considerado por algunos autores como el peor de la Suprema Corte en toda su historia, no hizo más que atizar el fuego del conflicto entre el Norte y el Sur. 

 

i) Las ideas de John Calhoun.

Muchos de los criterios utilizados para justificar la secesión de los estados confederados, partían de las ideas de John Calhoun. Este jurista, quien fungió como vicepresidente de los Estados Unidos entre 1828 y 1832, desarrolló en la década de 1820 la doctrina de los derechos de los estados, de la que ya se habló en este trabajo. Partiendo de lo expuesto en esa teoría, Calhoun sostenía que era en las poblaciones donde residía la soberanía, por lo que éstas tenían la posibilidad de tomar decisiones por ellas mismas, en caso de que consideraran que el Gobierno Federal estaba desconociendo las instrucciones que le habían sido otorgadas por los estados, al momento que aceptaran formar parte de la Unión.

Calhoun también fue un defensor de la teoría de la nulidad, que Carolina del Sur había aplicado al momento de desconocer los aranceles impuestos por el Gobierno Federal en 1832.  En ese sentido, el jurista consideraba que los estados contaban con la posibilidad de analizar la constitucionalidad, y eventualmente anular o desaplicar las disposiciones federales que atentaran contra sus intereses.

Cabe destacar que las ideas de Calhoun fueron adoptadas por varios estados para justificar su decisión de separarse de la Unión en 1861, once años después de que el jurista falleciera.

 

j) La fallida cláusula Wilmot.

Luego de finalizada la guerra entre México y Estados Unidos, el congresista de Pensilvania, David Wilmot, intentó el 8 de agosto de 1846 introducir en el proyecto de ley que asignaba recursos para las negociaciones finales del conflicto, una cláusula que prohibía la esclavitud en todos los territorios adquiridos por los Estados Unidos como consecuencia del conflicto mencionado (la mayor parte del sudoeste hasta California).

La propuesta de Wilmot fue aprobada en la Cámara, pero no tuvo la misma suerte en el Senado, dado que los estados sureños eran mayoría ahí. Fue planteada nuevamente por Wilmot en 1847, pero también fue rechazada en el Senado, a pesar de una aprobación inicial en la Cámara. El congresista hizo un último intento en 1848, cuando procuró incorporar su propuesta al Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero nuevamente no obtuvo una respuesta positiva.

Si bien, la propuesta nunca llegó a tener efectos, de haberlo hecho hubiera cambiado radicalmente el panorama, toda vez que hubiera implicado la cancelación del Compromiso de Misuri, pero con efectos diversos a los que llegaron a presentarse en la realidad. Esto, por cuanto se habría prohibido la esclavitud en una serie de territorios en los que dicha institución tendría que estar permitida, conforme los términos de dicho acuerdo. Por otra parte, cabe destacar que las ideas de Wilmot generaron a nivel del Congreso y el Senado fuertes discusiones sobre el tema de la esclavitud, las cuales continuaron hasta el Compromiso de 1850.

 

k) La enmienda de Corwin.

A finales de diciembre de 1860, existía un ambiente cada vez más tenso entre el Norte y el Sur, que llevó al inicio del proceso de secesión. Con el fin de alivianar la situación y garantizar la permanencia de la Unión, el Senado y el Congreso formaron comités cuya finalidad era encontrar soluciones legislativas para afrontar la crisis.[22]

El 14 de enero de 1861, el comité de la Cámara presentó una propuesta de enmienda a la Constitución, tendiente a proteger la esclavitud, garantizar el cumplimiento de las leyes de esclavos(as) fugitivos(as) y dejar sin efecto las leyes estatales relativas a la libertad personal. Dicha propuesta disponía lo siguiente:

Ninguna reforma de esta Constitución, que tenga por objeto cualquier injerencia dentro de los Estados en las relaciones entre sus ciudadanos y los descritos en el inciso segundo del artículo primero de la Constitución como “todas las demás personas”, podrán proceder de cualquier Estado que no reconozca la relación dentro de sus propios límites, o será válida sin el asentimiento de cada uno de los Estados que componen la Unión.

Mientras la propuesta se discutía en la Cámara, varios estados del Sur decidieron abandonar la Unión, lo que llevó a que el 26 de febrero de 1861, el congresista Thomas Corwin presentara el siguiente texto sustitutivo:

No se hará ninguna enmienda a la Constitución que autorice o dé al Congreso el poder de abolir o interferir, dentro de cualquier Estado, con las instituciones internas del mismo, incluyendo la de las personas sujetas a trabajo o servicios por las leyes de dicho Estado.

La propuesta original fue sometida a votación en la Cámara, obteniendo una votación a favor de 123 a 71, por lo que no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para ser aceptada. Ante esto, se sometió a votación la propuesta planteada por Corwin, la cual fue aceptada con una votación de 133 a 65, lo que le permitió llegar al mínimo requerido para su aprobación. Posteriormente, la propuesta fue conocida en el Senado, donde fue aprobada con una votación de 24-12, que equivalía a los dos tercios requeridos. Finalmente, conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la enmienda fue remitida a los estados para su ratificación, sin embargo, a la fecha no ha alcanzado el número de ratificaciones necesario para ser incluida en el texto constitucional.[23]

Ahora, si bien la propuesta de Corwin no utiliza expresamente la palabra esclavitud, lo cierto es puede entenderse que los términos “instituciones domésticas” y “personas sujetas a trabajo o servicio”, claramente hacen referencia a esa figura. De esta forma, es claro que la finalidad de la enmienda era regular de forma más precisa el tema a nivel constitucional, con el fin de satisfacer las pretensiones de los estados del Sur, y así evitar la guerra.

 

IV.- La secesión.

a) Las elecciones de 1860.  

Como se explicó líneas atrás, una de las consecuencias de la Ley Kansas-Nebraska fue la aparición del partido Republicano, como una suerte de sucesor del partido Whig, luego de que este desapareciera. De esta forma, muchas de las personas que apoyaron el surgimiento del partido Republicano, eran partidarios de las ideas abolicionistas que se habían sentido defraudados con el apoyo que varios congresistas y senadores del partido Whig le habían dado a una legislación que consideraban favorecía la esclavitud.  El partido Republicano participó por primera vez en las elecciones legislativas del mes de noviembre de 1854 y obtuvo 46 miembros en la Cámara de Representantes, lo que equivalía a casi el 20% del total de sus miembros.

Cabe destacar que el partido Republicano tomó como bandera la lucha contra la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios de los Estados Unidos. De esta forma, en las elecciones presidenciales presentó como candidato a John Fremont, que si bien fue derrotado por James Buchanan, contó con un apoyo bastante importante en el Norte (11 de los 16 estados) y, además, obtuvo 90 escaños en la Cámara de Representantes y 20 en el Senado. Este pensamiento permeó la ideología del partido, y sería esencial para la escogencia del Abraham Lincoln como candidato para las elecciones presidenciales de 1860, ya que había obtenido fama nacional con sus discursos con respecto al tema de la esclavitud, durante la contienda que sostuvo con el demócrata Stephen A. Douglas por un escaño en el Senado.

Precisamente, la participación de Lincoln en el proceso electoral de 1860 generó temores entre los estados sureños, debido a las posiciones que había expuesto con respecto al tema de la esclavitud. Esto generó que varios estados comenzaran a barajar la posibilidad de separarse de la Unión, en caso de que el candidato republicano ganara las elecciones. Dicha situación fue la que finalmente aconteció, luego de que Lincoln triunfara con un total de 180 votos electorales, superando así a John C. Breckinridge, candidato del partido Demócrata Sur, que obtuvo 72 votos electorales. Cabe destacar que Lincoln obtuvo únicamente el 39% del voto popular, pero debido a la forma en que está previsto el sistema electoral en los Estados Unidos, resultó electo presidente al conseguir el número de votos electorales requerido para ello. Lo anterior, se explica principalmente por el triunfo arrasador que obtuvo en los estados del Norte, así como en la división que existía en el partido Demócrata para esa elección, y que se vio reflejada en el hecho de que se presentaran tres candidatos distintos que representaban los intereses de las diversas facciones del partido.

 

b) El proceso de secesión.

Los resultados de la elección de 1860 fueron la gota que derramó el vaso con respecto a la tensión que existía entre el Norte y el Sur, y que tuvo como consecuencia el inicio del proceso de secesión. En ese sentido, el discurso que había caracterizado a Lincoln constituía una amenaza para la esclavitud, y ponía en riesgo el modus vivendi de gran parte del Sur. Esto, sumado a los cuestionamientos y la legislación de los estados del Norte sobre el tema, constituyeron motivos suficientes para que iniciara el proceso de secesión.

Una vez conocido el resultado de la elección, el primer estado que decidió separarse de la Unión fue Carolina del Sur. Para ello, el 6 de diciembre de 1860 se realizó la elección de delegados, quienes se reunieron el 17 de diciembre de ese año. Cabe mencionar que todos los delegados eran partidarios de la secesión, por lo que no se incluyeron personas que deseaban mantenerse en la Unión, a pesar de que si existían.[24] El 20 de diciembre de 1860, los 169 delegados aprobaron la ordenanza de secesión y tuvieron por creada la Commonwealth de Carolina del Sur.[25] Dicho documento dispone lo siguiente:

Nosotros, el Pueblo del Estado de Carolina del Sur, reunidos en la Convención declaramos y ordenamos, y por la presente se declara y ordena, que la ordenanza adoptada por nosotros en la Convención, el veintitrés de mayo del año de nuestro Señor mil setecientos ochenta y ocho, por la cual se ratificó la Constitución de los Estados Unidos de América, así como todas las Actas y partes de Actas de la Asamblea General de este Estado, ratificando enmienda a dicha Constitución, quedan aquí derogados; y que se disuelva la unión que ahora subsiste entre Carolina del Sur y otros Estados, bajo el nombre de “Los Estados Unidos de América”.

Si bien la declaración de secesión no explica en forma profusa las razones que justifican la decisión de separarse, la Convención de Carolina del Sur había acordado la redacción de una declaración separada en la que constarían los razonamientos que explicaban la secesión. Este documento fue conocido como la Declaración de las Causas Inmediatas que Inducen y Justifican la Secesión de Carolina del Sur de la Unión Federal, y fue adoptada el 24 de diciembre de 1860. En dicho documento, se explica que entre Carolina del Sur y los Estados Unidos existía un acuerdo que fijaba obligaciones y derechos para ambas partes, y que podía ser revocado en caso de incumplimiento. Agrega que el derecho a separarse está implícito en la Constitución y que fue reafirmado por Carolina del Sur en 1852. El documento indica que el Gobierno Federal y otros estados de la Unión no habían cumplido con sus deberes con Carolina del Sur, pues irrespetaron lo dispuesto por la Ley del Esclavo Fugitivo y las cláusulas de la Constitución Política que protegían a la esclavitud. También se hace alusión a la elección de Lincoln como presidente (aunque no hace mención directa a él), como una causa que justifica la secesión, tomando en cuenta su posición con respecto a la esclavitud. 

Posteriormente, otros estados del Sur proclamaron su separación de la Unión, siguiendo en la mayoría de los casos un proceso similar al de Carolina del Sur, en el que un grupo de delegados tomaba la decisión de proceder o no con la secesión. El documento que surgía de esta convención era conocido como orden o declaración de secesión, y se caracterizaba por ser una manifestación general sobre la decisión de separarse de la Unión, indicando las consecuencias esto traía. Ejemplos de lo anterior, además de la de Carolina del Sur, son las órdenes de secesión de Luisiana y Mississippi, que a continuación se transcriben:

Una Ordenanza para disolver la unión entre el Estado de Luisiana y otros Estados unidos con ella bajo el pacto titulado “La Constitución de los Estados Unidos de América”.

Nosotros, el pueblo del Estado de Luisiana, reunidos en convención, declaramos y ordenamos, y por la presente se declara y ordena, que la ordenanza aprobada por nosotros en convención el 22 de noviembre del año mil ochocientos once, por la cual se adoptaron la Constitución de los Estados Unidos de América y las enmiendas a dicha Constitución, y todas las leyes y ordenanzas por las que el Estado de Luisiana se convirtió en miembro de la Unión Federal, quedan por la presente derogadas y abrogadas; y que por la presente se disuelve la unión que subsiste entre Luisiana y otros Estados bajo el nombre de “Los Estados Unidos de América”.

Además, declaramos y ordenamos que el Estado de Luisiana por la presente retoma todos los derechos y poderes hasta ahora delegados al Gobierno de los Estados Unidos de América; que sus ciudadanos quedan absueltos de toda lealtad a dicho Gobierno; y que está en plena posesión y ejercicio de todos los derechos de soberanía que corresponden a un Estado libre e independiente.

Además, declaramos y ordenamos que todos los derechos adquiridos y conferidos en virtud de la Constitución de los Estados Unidos, o cualquier acto del Congreso, o tratado, en virtud de cualquier ley de este Estado, y que no sean incompatibles con esta ordenanza, permanecerán en vigor y tendrá el mismo efecto que si esta ordenanza no hubiera sido aprobada.

 

Una ordenanza para disolver la unión entre el Estado de Mississippi y otros Estados unidos con ella bajo el pacto titulado “La Constitución de los Estados Unidos de América”

El pueblo del Estado de Mississippi, reunido en convención, ordena y declara, y por la presente se ordena y declara, a saber:

Sección 1. Que todas las leyes y ordenanzas por las cuales dicho Estado de Mississippi se convirtió en miembro de la Unión Federal de los Estados Unidos de América sean, y las mismas sean por la presente, derogadas, y que todas las obligaciones por parte de dicho Estado o la gente del mismo para observar el mismo, y que dicho Estado por la presente retoma todos los derechos, funciones y poderes que por cualquiera de dichas leyes u ordenanzas fueron otorgados al Gobierno de dichos Estados Unidos, y está absuelto de todas las obligaciones, restricciones y deberes contraídos por dicha Unión Federal, y será en adelante un Estado libre, soberano e independiente.

Segundo. 2. Que tanto de la primera sección del artículo séptimo de la Constitución de este Estado como requiere que los miembros de la Legislatura y todos los funcionarios, ejecutivos y judiciales, presten juramento o afirmación para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, y la misma queda por la presente, derogada y anulada.

Segundo. 3. Que todos los derechos adquiridos y conferidos en virtud de la Constitución de los Estados Unidos, o en virtud de cualquier ley aprobada por el Congreso, o tratado realizado, en cumplimiento de la misma, o en virtud de cualquier ley de este Estado, y que no sean incompatibles con esta ordenanza, permanecerán en vigor y surtirán los mismos efectos que si esta ordenanza no hubiera sido aprobada.

Segundo. 4. Que el pueblo del Estado de Mississippi por la presente consiente en formar una unión federal con los Estados que se hayan separado o puedan separarse de la Unión de los Estados Unidos de América, sobre la base de la presente Constitución de dichos Estados Unidos. Estados, excepto las partes de los mismos que abarquen otras partes distintas de los Estados que se separan.

Cabe destacar que el proceso de secesión se dio en dos etapas. Un primer momento, en el que un grupo de estados siguieron el ejemplo de Carolina del Sur y se separaron de la Unión, y una segunda etapa, que se presentó cuando varios estados se unirían a la Confederación de Estados de América, luego de que el presidente Lincoln llamara a las tropas para mantener la unidad del país. A continuación, se describe el orden en que los estados decidieron abandonar la Unión.

A. Estados que se separaron siguiendo el ejemplo de Carolina del Sur:

Estado

Fecha de la secesión

Misisipi

9 de enero de 1861

Florida

10 de enero de 1861

Alabama

11 de enero de 1861

Georgia

19 de enero de 1861

Luisiana

26 de enero de 1861

Texas

1 de febrero de 1861

 

B.- Estados que se separaron luego del llamado a las tropas por parte de Abraham Lincoln:

Estado

Fecha de la secesión

Virginia

17 de abril de 1861

Arkansas

6 de mayo de 1861

Carolina del Norte

20 de mayo de 1861

Tennessee

8 de junio de 1861

 

Además de los casos mencionados, es necesario hacer alusión a Misuri y Kentucky, donde algunos grupos proclamaron la secesión en octubre y noviembre de 1861, aunque esta nunca llegó a ser efectiva, toda vez que esos estados eran controlados por gobiernos afines a la Unión. Sin embargo, dicha situación no impidió que la Confederación los reconociera como estados miembros.

Debe mencionarse que en la mayoría de los estados que decidieron separarse de la Unión, lo hicieron por medio de asambleas de delegados y no mediante el voto popular. Algunos historiadores explican esta situación, en el hecho de que los sistemas electorales en algunos estados del Sur eran controlados por grupos que formaban parte de la élite de la sociedad, lo que permitía que estos pudieran manipularlos a favor de sus intereses.

A pesar de lo anterior, conviene indicar que existieron tres excepciones a la regla mencionada: Texas, Virginia y Tennessee. En el caso de Texas, en primera instancia se gestionó la convocatoria a una asamblea, sin embargo, dicha petición fue denegada por el gobernador Sam Houston, quien era partidario de mantener la Unión. Ante esto, los separatistas convocaron a una convención el 1 de febrero de 1861, cuyos resultados fueron aprobados en referéndum popular el 23 de febrero de 1861. En el caso de Virginia, la ordenanza fue sometida a aprobación de voto popular, sin embargo, fue rechazada por una parte importante de la población. Esto tuvo como consecuencia la separación del estado en Virginia y Virginia Occidental, permaneciendo este último fiel a la Unión. Finalmente, en el caso de Tennessee, el referéndum se llevó a cabo por decisión propia, aunque hubo oposición en el este del estado.

Ahora, si bien las ordenanzas de secesión no especifican los motivos por los cuales los estados decidieron separarse de la Unión, del estudio de la Declaración de las Causas Inmediatas que Inducen y Justifican la Secesión de Carolina del Sur de la Unión Federal, así como del análisis de las declaraciones de Luisiana y Mississippi, parece desprenderse que la motivación principal para tal acción se fundamenta en la teoría de los derechos de los estados. Lo anterior, por cuanto los separatistas creían que existía un derecho implícito en la Constitución Política que les permitía salir de la Unión, en caso de que se presentaran situaciones que atentaran contra sus intereses. De esta forma, consideraban que las acciones adoptadas por los estados del Norte en contra de la expansión de la esclavitud, y la omisión del Gobierno Federal de hacer cumplir las leyes relativas a esa figura, implicaban un incumplimiento a las obligaciones que los Estados Unidos de América tenían con ellos y, por ende, los facultaba a separarse del resto del país.

 

V.- ¿Fue constitucional la secesión?

En el presente trabajo se han esbozado una serie de antecedentes que sirvieron de base para que varios estados del Sur de los Estados Unidos se separaran de la Unión. No obstante, persiste la pregunta de si tal decisión encontraba o no asidero desde el punto de vista del derecho constitucional. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos era ambigua en cuanto al tema, a nuestro parecer existen más razones para considerar que la intención de esa norma era garantizar la permanencia de la Unión sobre los derechos de los estados.

Una de las primeras razones que tenemos para realizar dicha afirmación, la encontramos en el año 1777 durante el II Congreso Continental, específicamente, con la aprobación de los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua. Dicho documento constituye el antecesor de la Constitución Política de 1787, y en él se regulaban las relaciones entre las trece colonias[26].  En el mismo se daba prioridad a la independencia de los estados con respecto al Gobierno Central, al disponer en su artículo 2 que: “Cada Estado conserva su soberanía, libertad e independencia, así como todo su poder, jurisdicción y derecho no delegados expresamente por esta Confederación…. Asimismo, prácticamente limitaba los poderes del Gobierno Central a dirigir las relaciones exteriores y a emitir declaratorias de guerra, pues incluso la recaudación de impuestos recaía en cada uno de los estados.

Ahora, a pesar de que los Artículos de la Confederación se caracterizaban por prever un Gobierno Central débil y darle prioridad a la soberanía de los estados, lo cierto es que también deja claro el carácter perpetuo de la Unión, al disponer en su artículo 13 lo siguiente:

Artículo XIII

Los Estados acatarán las determinaciones del Congreso y observarán fielmente estos artículos: la unión será perpetua.

De esta forma, es claro que, desde los inicios de la nación, existía un deseo de garantizar la permanencia de la Unión, pues de lo contrario, lo dispuesto por el artículo 13 podía haberse dejado de lado, sobre todo, si se toma en cuenta que el contenido de la normativa priorizaba la soberanía de los estados sobre el Gobierno Central.

Los Artículos de la Confederación van a mantener su vigencia hasta el 21 de junio de 1788, cuando son reemplazados por la Constitución Política de 1787, luego de que esta alcanzara el número de ratificaciones requerido para su vigencia. Ahora, si bien dicho documento no hace referencia expresa al carácter perpetuo de la Unión, como sí lo hacía su antecesor, lo cierto es que sí menciona que mediante la Constitución se forma “una unión perfecta”. Asimismo, del preámbulo de la Constitución Política, se desprende que el fundamento sobre el que recae dicha norma no son los estados, sino el pueblo de los Estados Unidos[27], lo que deja entrever la importancia de la Unión.

Por otra, debe mencionarse que si el deseo de los estados hubiera sido priorizar su soberanía con respecto a la Unión, tal y como sostienen las ideas de Calhoun, los Artículos de la Confederación hubieran mantenido su vigencia, o se hubiera planteado una norma de similar contenido como su sustituta. Esto, tomando en cuenta que dicho documento preveía un Gobierno Central débil y una mayor libertad para los estados en la toma de decisiones. De esta forma, al aprobar y ratificar un documento como la Constitución Política de 1787, que daba mayores poderes al Gobierno Federal que los previstos en su antecesor, es claro que la intención de los estados era procurar una forma de gobierno en el que se priorizara la unidad sobre el carácter individual de los estados, lo que deja entrever la importancia que se le daba a la vigencia de la Unión.

Otro aspecto que puede tomarse en cuenta para afirmar la inconstitucionalidad de la secesión radica en la opinión de algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, con respecto al carácter perpetuo o no de la Unión. Así, en su discurso inaugural, George Washington hizo referencia a una “unión indisoluble” al referirse al nuevo país, y en su despedida sostuvo que los estadounidenses “deberían estimar adecuadamente el inmenso valor de su Unión nacional para su colectivo y felicidad individual”.

Por otra parte, James Madison, en su carta a Alexander Hamilton del 20 de julio de 1788, se refirió a los planteamientos hechos por varios estados de reservarse el derecho de salir de la Unión, en caso de sentirse perjudicados. Sobre este punto Madison indicó:

Lamento que su situación lo obligue a escuchar proposiciones de la naturaleza que describe. Mi opinión es que una reserva del derecho a retirarse si las enmiendas no se deciden bajo la forma de la Constitución dentro de un cierto tiempo, es una ratificación condicional, que o convierte a N.York en miembro de la Nueva Unión y, en consecuencia, que ella no podía ser recibida en ese plan. Los pactos deben ser recíprocos, este principio no se preservaría en tal caso. La Constitución exige una adopción in toto, y para siempre. Así ha sido adoptada por los demás Estados ….

Por último, si bien no se trata de uno de los padres fundadores, Abraham Lincoln explicó en su discurso inaugural del 4 de marzo de 1861, los razonamientos que justificaban la prevalencia de la Unión. Así, señaló sobre este punto lo siguiente:

La Unión es mucho más antigua que la Constitución. Fue formada, de hecho, por los Artículos de Asociación en 1774. Fue madurado y continuado por la Declaración de Independencia de 1776. Fue madurado aún más y la fe de todos los entonces trece Estados y se comprometió y comprometió expresamente a que debería ser perpetua, por los Artículos de la Confederación de 1778. Y finalmente, en 1787, uno de los objetos declarados para ordenar y establecer la Constitución era formar una unión más perfecta.

De lo expuesto anteriormente, se desprende entonces que varios de los políticos más influyentes de la historia de los Estados Unidos, tenían clara la necesidad de garantizar la permanencia de la Unión sobre todas las cosas, lo que refuerza los argumentos con respecto a la inconstitucionalidad de la secesión.

Por último, pero no menos importante, resulta necesario hacer alusión al caso de Texas contra White. Como consecuencia del Compromiso de 1850, Texas había recibido diez millones de dólares en bonos de los Estados Unidos, parte de los cuales fueron vendidos durante el lapso en que el estado se separó de la Unión. En ese momento, la legislación estatal disponía que el gobernador debía firmar el endoso de los bonos que se vendieran, sin embargo, la legislatura derogó ese requisito para ocultar el origen de los bonos, dado el temor que existía de que perdieran valor, en caso de que el Tesoro de los Estados Unidos se negara a honrarlos, ya que habían sido vendidos por un estado confederado.

Precisamente, el Tesoro de los Estados Unidos realizó un aviso legal en un diario, en el que informaba que no honraría los bonos de Texas, a menos de que fueran respaldados por el gobernador que estaba en el puesto antes de la guerra civil. A pesar de esto, 136 bonos fueron comprados por la corredora propiedad de George White y John Chiles, luego de lo cual fueron revendidos.

Luego de la guerra, el nuevo gobierno estatal inició un proceso para recuperar los bonos, considerando que estos habían sido vendidos ilícitamente para financiar la Guerra Civil. En virtud de esto, se presentó una demanda ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, con base en lo dispuesto en el Artículo IIII, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que otorgaba jurisdicción originaria para conocer las controversias entre un Estado y un ciudadano.  Dicho criterio fue refutado por los abogados de la parte demandante, alegando que al momento del juicio Texas no era un estado, tal y como lo pensaron los Padres Fundadores, sino un territorio conquistado a nivel militar. Asimismo, adujeron que la venta de bonos, a pesar de ser realizada por un gobierno que se había separado, no implicaba una lesión a la Constitución, pues la transacción tenía como fin beneficiar a la población.

En un fallo dividido de cuatro a dos, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Texas. La opinión mayoritaria de la Corte fue redactada por el juez presidente Salmon Chase, quien, al resolver sobre las cuestiones previas, consideró que la Corte sí era competente para conocer el caso, dado que Texas nunca había dejado de formar parte de los Estados Unidos. En ese sentido, el juez Chase deja claro el carácter perfecto y permanente de la Unión, al disponer lo siguiente:

La Unión de los Estados nunca fue una relación puramente artificial y arbitraria. Comenzó entre las Colonias y surgió de un origen común, simpatías mutuas, principios afines, intereses similares y relaciones geográficas. Fue confirmado y fortalecido por las necesidades de la guerra, y recibió forma y carácter definidos y sanción de los Artículos de la Confederación. Por estos, la Unión fue solemnemente declarada "perpetua". Y cuando estos artículos resultaron inadecuados a las exigencias del país, se ordenó la Constitución "para formar una Unión más perfecta". Es difícil transmitir la idea de unidad indisoluble con más claridad que con estas palabras. ¿Qué puede ser indisoluble si una Unión perpetua, perfeccionada, no lo es?

Asimismo, reiteró que Texas nunca había salido de la Unión, por lo que los decretos que dispusieron su separación resultaban inconstitucionales. Sobre estos puntos, el juez Chase dispuso:

Cuando, por tanto, Texas se convirtió en uno de los Estados Unidos, entró en una relación indisoluble. Todas las obligaciones de la unión perpetua y todas las garantías del gobierno republicano en la Unión, unidas de una vez al Estado. El acto que consuma su ingreso en la Unión fue algo más que un pacto; fue la incorporación de un nuevo miembro al cuerpo político. Y fue definitivo. La unión entre Texas y los demás estados fue tan completa, tan perpetua e indisoluble como la unión entre los estados originales. No había lugar para reconsideración o revocación, excepto por revolución o por consentimiento de los Estados.

(…)

Por lo tanto, considerada como transacciones bajo la Constitución, la ordenanza de secesión, adoptada por la convención y ratificada por la mayoría de los ciudadanos de Texas, y todas las leyes de su legislatura destinadas a dar efecto a esa ordenanza, fueron absolutamente nulas. Estaban completamente sin operación en la ley. Las obligaciones del Estado, como miembro de la Unión, y de todo ciudadano del Estado, como ciudadano de los Estados Unidos, permanecieron perfectas e intactas. De ello se desprende ciertamente que el Estado no dejó de ser Estado, ni sus ciudadanos dejaron de ser ciudadanos de la Unión. De no ser así, el Estado debe haberse convertido en extranjero y sus ciudadanos en extranjeros. La guerra debe haber dejado de ser una guerra para la represión de la rebelión y debe haberse convertido en una guerra para la conquista y el sometimiento.

De esta forma, resulta claro que, para la Suprema Corte, nunca existió la posibilidad real de que los estados pudieran legítimamente separarse de los Estados Unidos, pues la Unión ha sido perfecta incluso desde antes de la adopción de la Constitución Política, lo que reafirma aún más que la secesión fue un proceso que riñó con la Carta Fundamental.

 

VI.- Conclusiones.

El proceso de secesión que llevó a la creación de los Estados Confederados de América constituye un tema tan polémico como interesante. Su importancia fue tal, que permeó distintos ámbitos de la vida de los Estados Unidos, entre ellos el jurídico. De esta forma, las ideas económicas y sociales del Norte y el Sur, y especialmente su visión sobre la esclavitud, marcaron la legislación y la jurisprudencia de la época. Precisamente estos elementos tuvieron una influencia importante en la toma de la decisión por parte de varios estados del Sur de separarse de los Estados Unidos, partiendo de la idea de que su soberanía debía prevalecer sobre la Unión.

Ahora bien, la pregunta de si dicha decisión fue acorde o no con la Constitución Política, se puede responder con la afirmación hecha por el ex juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Antonin Scalia, cuando contestó una pregunta que se le hiciera con respecto a la posibilidad de que Maine pudiera separarse de la Unión. En esa oportunidad, el juez Scalia simplemente indicó: “No puedo imaginar que una pregunta así pueda ni siquiera llegar a la Suprema Corte. Para empezar la respuesta es clara. Si existe un problema constitucional que resolvió la Guerra Civil, es que no existe un derecho a la secesión”.

 

VII.- Bibliografía.

Ablanedo Reyes, E. (2021). Confederación. Los Estados Confederados de América y la Guerra Civil. 1861-1865. España. Editorial Actas.

Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua. 15 de noviembre de 1777. Estados Unidos de América.

Bárcena, J. (2014). Secesión y Constitución en los Estados Unidos. España. Cuadernos Manuel Giménez Abad número 8.

Carbonell, M. (2007). La peor sentencia: a 150 años de Dread Scott versus Sandford. Colombia. Revista Derecho del Estado número 20.

Constitución Política de los Estados Unidos de América (Const). 17 de septiembre de 1787. Estados Unidos de América

Madison, J. (1788). Carta a Alexander Hamilton del 20 de julio de 1788. https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-05-02-0012-0086

Ruiz Miguel, C. (2022). El (excepcional) reconocimiento del derecho de secesión en el derecho comparado. España. Cuadernos Constitucionales N° 3.

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Estados Unidos vs Schooner Amistad. 9 de marzo de 1841.

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Prigg vs Pennsylvania. 1 de marzo de 1842.

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Texas vs White. 12 de abril de 1869.

 


Vínculos entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad en Costa Rica: implicaciones, desafíos y disonancias interpretativas.

Reflexiones a la luz del artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.

 

Maricruz Barquero Kepfer *

Fernando Castro Padilla **

 

Resumen:

El surgimiento de la figura del control de convencionalidad en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha generado, entre otras consecuencias, la necesidad de articular su engarce e interacción con los distintos sistemas de justicia constitucional ya existentes en los diversos estados.  Articulación que puede presentar no pocas dificultades, en tanto supone la participación de múltiples intérpretes. En tal marco, adquiere particular interés una adecuada comprensión del principio de subsidiariedad y un uso razonable y prudente del concepto del margen nacional de apreciación.

 

Palabras claves:

Control de convencionalidad. Control de constitucionalidad. Principio de subsidiariedad. Margen nacional de apreciación.

 

Abstract:

The emergence of the figure of conventionality control within the framework of the Inter-American Human Rights System has generated, among other consequences, the need to articulate its connection and interaction with the different constitutional justice systems already existing in the various states. Articulation that can present many difficulties, since it involves the participation of multiple interpreters. In such a framework, an adequate understanding of the principle of subsidiarity and a reasonable and prudent use of the concept of the national margin of appreciation acquires particular interest.

 

Keywords:

Conventionality control. Constitutional control. Principle of subsidiarity. National margin of appreciation.


 

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Obligaciones impuestas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3.- Control de convencionalidad: contenido y consecuencias.  4.- El Derecho de la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 5.- Engarce entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en Costa Rica. 6.- Caso Herrera Ulloa y su impacto en Costa Rica.  a) Antecedentes regulatorios de la segunda instancia en materia penal. b) Evolución normativa y de las líneas jurisprudenciales de la Sala Constitucional. c) Juzgamiento por la Corte IDH.  d) Reacción nacional por el juzgamiento de la Corte IDH. e) Resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH. f) Valoración actual de la Sala Constitucional. g) A modo de colofón. 7.- Principio de subsidiariedad, margen nacional de apreciación y diálogo jurisprudencial. 8.- Conclusiones.  9.- Bibliografía

 

1.- Introducción.

Resulta indudable el interés que ha generado la figura del control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), por su impacto en el ámbito judicial latinoamericano. Como lo revela el título del presente artículo, el propósito de las próximas páginas es formular una serie de reflexiones sobre un aspecto específico derivado del citado fenómeno, como lo es la eventual relación entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Pero, más en concreto, interesa destacar los posibles conflictos que puedan surgir entre los distintos actores que participan de tal relación, sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y los órganos jurisdiccionales encargados de realizar el control de constitucionalidad. Actores que participan en la interpretación de los mismos textos jurídicos, pero pueden disentir en su interpretación y en la comprensión concreta de sus contenidos y alcances.